J.Matilde Ortiz de Gante

Expediente 613/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
613/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
15/01/2019

Partes del expediente

  • J.Matilde Ortiz de Gante
  • Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Causa estado cumplimiento. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes en proveído de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 140 a 144), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Depurable. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte se concedió la protección constitucional en el juicio; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión. En el entendido de que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión definitiva solicitada, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, y deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento. En otro aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billetes de depósito o documentos al no obrar éstos en autos.

  2. Principal

    Se agregan sin mayor proveído. Agréguense únicamente para que obren como correspondan los oficios signados por el Oficial en auxilio a las funciones del Cuarto Grupo del Departamento de Policía de Investigación e Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación, ambos del Estado de Tlaxcala, por los cuales informan que dejaron sin efectos la orden de reaprehensión 63/2018 de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, decretada por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, ello toda vez que mediante proveído de doce de diciembre del año que transcurre, se calificó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Análisis cumplimiento sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Efectos concesión amparo. En la sentencia terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil dieciocho (fojas 68 a 89), en el presente juicio de amparo indirecto número 613/2018-VII, promovido J. Matilde Ortiz de Gante, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: " (.)1. Deje insubsistente el proveído de quince de junio de dos mil dieciocho, -en el que ordena la reaprehensión del aquí quejoso J. Matilde Ortiz de Gante-, dictado dentro de la causa penal 63/2018, y; 2. Emita una nueva determinación en la que se pronuncie sobre la solicitud planteada por el aquí inconforme, en el entendido de que se le otorga libertad de jurisdicción, con la salvedad de fundar y motivar su nueva resolución. Cabe resaltar que la presente sentencia no prejuzgó sobre la procedencia o improcedencia de lo pedido por el quejoso J. Matilde Ortiz de Gante; sino que, ese análisis corresponde al juez del proceso con base en las particularidades y circunstancias del caso en concreto. La concesión que se otorga hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, al no haber sido impugnados por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de reaprehensión reclamada y respecto de la cual se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada." (sic) Causó ejecutoria. Dicha sentencia causó ejecutoria el veintitrés de noviembre del año en curso, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo (fojas 106 a 108). Análisis cumplimiento ejecutoria. Mediante acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho (foja 129), se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, a la ejecutoria de amparo (fojas 124 a 128). Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que la parte quejosa desahogó la vista ordenada en acuerdo de tres de diciembre de dos mil dieciocho (foja 129), con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, por lo que se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Se tiene por cumplida sentencia de amparo. Ahora, mediante oficios sin número y 2374, recibidos el veintisiete de noviembre (fojas 115 y 117) y treinta de noviembre (fojas 123 a 128), ambos del año en curso, registrados en este Juzgado Federal con los folios 16783, 16785 y 16979, el Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación del Estado, oficial encargado del Onceavo Grupo del referido departamento y Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, informaron lo conducente respecto al cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo para ello las constancias respectivas a fin de acreditar su dicho, el cual, en la parte que interesa dice: Por lo que hace al Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes: "(.) se deja insubsistente y sin efecto la referida orden de reaprehensión librada en contra de J. Matilde Ortiz de Gante, como probable responsable del delito de HOMICIDIO cometido por CULPA, en agravio de quien en vida respondió el nombre de Ofelia Estudillo Bernal, Alan Brava Ramírez y Roció Ortega Méndez, ilícito previsto y sancionados por los artículos 82, 224 y 225 del Código Penal vigente en el Estado, mediante oficio número 1443, de fecha quince de junio de dos mil dieciocho y recibido en esa dependencia el veintidós de junio de este año; en consecuencia, siguiendo los lineamientos de la resolución emitida por la autoridad federal, se procede a dictar una nueva determinación en la que se pronunciara sobre la solicitud planteada por J. Matilde Ortiz de Gante, con libertad de jurisdicción, con la salvedad de fundar y motivar la nueva resolución, correspondiendo a este órgano jurisdiccional analizar la procedencia o improcedencia de lo pedido por el procesado J. Matilde Ortiz de Gante, con base en las particularidades y circunstancias del caso en concreto, lo deberá comunicarse al Juez Tercero de Distrito en el Estado, para los efectos a que haya lugar, dentro del juicio de garantías precisado en líneas anteriores, así como al Procurador General de Justicia del Estado y al Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para las consecuencias legales correspondientes y. .en contestación a la vista antes aludida el procesado J. Matilde Ortiz de Gante, por escrito fechado y recibido el trece de junio de dos mil dieciocho, solicita le sean otorgadas las medidas cautelares que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que en atención a los lineamientos señalados por la autoridad federal y a los siguientes criterios jurisprudenciales, con número de registro 2015309 y 2013660.. Como lo solicita el procesado J. Matilde Ortiz de Gante, de conformidad con el contenido del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, que establece que tratándose de aquellas medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por mandamiento de autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal penal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el inculpado o imputado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas; por lo que, en términos de los artículos 153 a 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habiéndose dado vista a las partes, para que el Ministerio Público investigue y acredite lo conducente, y efectuada la audiencia correspondiente, el órgano jurisdiccional, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales. En caso de sustituir la medida cautelar, aplicará en lo conducente la vigilancia de la misma, en términos de los artículos 176 a 182 del citado código". De su interpretación literal se concluye que el legislador estableció que los artículos 153 a 171 y 176 a 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan lo relativo a la imposición y supervisión de medidas cautelares, pueden ser aplicados al sistema de justicia penal tradicional, por ser éste el que estaba vigente con anterioridad al sistema acusatorio oral, lo que se corrobora con el hecho de identificar al sujeto activo como inculpado o imputado como la persona que podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de las medidas cautelares, trascendiendo que se identifica como inculpado al sujeto activo en el procedimiento tradicional, vocablo que no fue acogido en el indicado código adjetivo, ya que este la define como imputado, acusado o sentenciado; y con lo previsto en el artículo tercero transitorio del decreto por el cual se reformó la Constitución Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el que se precisó que las legislaciones que ya contaban con un sistema procesal penal acusatorio, la reforma constitucional entraría en vigor al día siguiente de la publicación del decreto. En tal razón, el suscrito juzgador, en términos del artículo quinto transitorio y de los artículos 155, fracciones I y II y 157, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales en atención al desenvolvimiento procesal del hoy procesado J. Matilde Ortiz de Gante, se le concede el beneficio de su libertad bajo las siguientes medidas cautelares, que deberá realizar dentro del término de cinco días hábiles siguientes al en que cause estado cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 613/2018-VII, de los del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, presentarse cada ocho días a firmar el libro non de control de procesados de este órgano jurisdiccional y exhibir la cantidad de DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, en efectivo que se le fija como garantía económica; apercibiéndolo que de no sujetarse a procedimiento en término antes señalado se ordenara su reaprehensión." Por lo que hace al Inspector General Encargado del Departamento de Policía de Investigación del Estado y oficial encargado del Onceavo Grupo del referido departamento, informaron: "(.) en cumplimiento a la ejecutoria así como a lo establecido en el artículo 192, de la Ley de Amparo me permito comunicar a Usted que con esta fecha se ha dejado sin efecto legal alguno de los actos de ejecución de la orden de reaprehensión, decretada por el Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, dictada el quince de junio de dos mil dieciocho, derivada de la causa penal 63/2015, que se instruye en contra de J. Matilde Ortiz de Gante." Documentales a las cuales se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 93, fracción II, 129 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese tenor, de su análisis se acredita que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal. En consecuencia, es evidente que la autoridad responsable acreditó el cumplimiento -en el núcleo esencial- de los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; esto sin prejuzgar sobre la legalidad o no del nuevo acto emitido, en términos del tercer párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, lo manifestado por la parte quejosa J. Matilde Ortiz de Gante, mediante escrito de diez de diciembre de dos mil dieciocho, en el sentido de que la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo no se encuentra cumplida en atención a que no se siguieron los lineamientos que se precisaron en la misma; pues considera que no se emitió dicha resolución con apego a derecho, y que no se encuentra debidamente establecido quién fue la autoridad que dio cumplimiento a la ejecutoria. En atención a sus manifestaciones, dígase a la parte quejosa que la responsable se ajustó a los lineamientos por los cuales se otorgó el amparo y protección a la parte quejosa, tal como quedó de manifiesto en párrafos precedentes, acuerdo que como se advierte de la copia que remitió la responsable, fue emitido por el Juez Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes, ante el secretario de acuerdos; por lo que no hay duda de que la referida autoridad jurisdiccional acató en sus términos la ejecutoria de este juicio. Aunado a lo anterior, debe precisarse al quejoso, que la concesión del amparo, se realizó dejando al juez responsable, libertad de jurisdicción para resolver de manera fundada y motivada lo que considerara procedente, con base en los lineamientos que marcó dicho fallo, lo que así realizó. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.

  4. Principal

    Se desahoga vista sobre el cumplimiento de sentencia. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa J. Matilde Ortiz de Gante, a través del cual desahoga la vista concedida en proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho (foja 129) y al efecto se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso de cuenta, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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