J. Ascencion Miranda Velazquez
Expediente 625/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 625/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J. Ascencion Miranda Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de junio de dos mil veintitrés. Estado procesal. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Semanario Judicial de la Federación el dos de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente al no ser de relevancia documental es susceptible de destrucción una vez que transcurra el lapso de tres años a que se refiere el acuerdo de mérito, teniendo en consideración que no se entró al fondo de la litis planteada, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Notifíquese.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido el escrito de cuenta asi como el anexo y las copias con las que se acompaña, agréguense a los autos. Aclaración de demanda Se tiene al quejoso por aclarando su demanda de amparo y al efecto, señala que en cuanto al acto reclamado, se trata del citatorio girado por la autoridad responsable ordenadora, mismo que le apercibe para el caso de no atenderlo, con remitir la carpeta respectiva al Agente del Ministerio Público Investigador. Precisión del acto Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar en que consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda y su escrito aclaratorio; así como del anexo acompañado a la misma, se colige que la parte quejosa reclama el citatorio contenido en el oficio que obra dentro del expediente CSC/FGE/I/D01/01912/2023, de veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Desechamiento Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del o la Jueza de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia En el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXII, así como la contemplada en la fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, las cuales constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. I. Antecedentes. Del citatorio de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés, correspondiente al expediente CSC/FGE/I/D01/01912/23, proporcionado por el quejoso, se advierte que el agente responsable la citó para invitarle el día once de mayo de dos mil veintitrés, a las catorce horas, para la celebración de una sesión de mediación y/o conciliación con Edgar Velázquez Noyola, por hechos con apariencia de delito de fraude, de la cual se deriva la carpeta de investigación CSC/FGE/I/D01/01912/23. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. a.Marco normativo. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". Sobre esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto reclamado, a pesar alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Esto último, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Es pertinente destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere para su actualización que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, verbigracia por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales. b. Análisis del caso concreto. El agente responsable citó al quejoso para que compareciera a la celebración de una sesión de mediación y/o conciliación con Edgar Velázquez Noyola, el día once de mayo de dos mil veintitrés Lo cual implica que la hora y fecha fijadas para que tuviera verificativo la comparecencia del quejoso ya transcurrió. En ese contexto, es inconcuso que aún ante la existencia del acto reclamado, consistente en el citatorio de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, derivado de la carpeta de investigación CSC/FGE/I/D01/01912/23, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por el solo transcurrir del tiempo. Esto es, la circunstancia de que en un momento dado se concediese el amparo y la protección constitucional a la quejosa, sería para que se dejase sin efecto la orden de citación reclamada, sin embargo, lo cierto es que ésta ya jurídicamente no tiene efectos por la terminación de su eficacia por el simple hecho de que la hora y fecha citada ya ha transcurrido, lo que representa que ha dejado de existir el objeto o materia del acto combatido al sobrevenir la mencionada modificación del entorno en el cual aquél se emitió. De ahí que no tendría caso alguno examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aun cuando se concediese la protección federal su vigencia ha expirado, esto es, en la actualidad no tiene efectos la orden de citación para día y hora específica, porque la aludida citación ha dejado de tener validez para el mundo del derecho, de ahí que se actualice en la especie la causal de improcedencia señalada. Máxime, si no se apercibió a la quejosa con la imposición de algún medio de apremio, como lo son arresto, multa o presentación por medio de la fuerza pública. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable está en aptitud de volver a citar al peticionario de amparo, sin embargo, podrá impugnar una diversa citación o comparecencia a través del medio de defensa legal que sea procedente. III. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. i. Marco normativo. Los referidos numerales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley...". De lo anterior se advierte que la parte quejosa en el juicio de amparo es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y el acto reclamado vulnere sus derechos humanos, produciendo una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de situación frente al orden jurídico. ii. Análisis del caso concreto. Como se dijo, el acto reclamado consiste en el citatorio de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, derivado de la carpeta de investigación CSC/FGE/I/D01/01912/23 Al respecto, debe decirse que la citación a comparecer ante el agente del Ministerio Público no constituye un acto que implique, per se, una afectación de imposible reparación en bienes o derechos del quejoso, esto es, sus consecuencias no son inmediatas, reales y actuales, que son las características que distinguen a los "actos de imposible reparación", contra los cuales procede el amparo indirecto. Pues bien, no obstante que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público compete la investigación de los delitos y, en ejercicio de esa potestad, está en condiciones de emitir actos coercitivos y unilaterales que podrían resultar atentatorios de derechos humanos o fundamentales, en el caso concreto, la citación reclamada no genera una consecuencia perniciosa real e inmediata o actual en algún bien o derecho del quejoso. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)6, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Con base en lo anterior, puede decirse que el acto reclamado -citación para rendir declaración ministerial-, no tiene el carácter de imposible reparación, esto es, no afecta de manera actual algún derecho sustantivo de quejoso, de ahí que no le genera un efecto pernicioso real e inmediato. Lo anterior, aun cuando la citación para rendir declaración ministerial se hubiese realizado bajo el apercibimiento de imponer una medida de apremio -lo que en el caso no aconteció-, pues para que el efecto pernicioso sea real e inmediato, debe hacerse efectiva la medida de apremio, lo que dependerá de la determinación que en su caso emita el Ministerio Público, una vez que analice lo relativo a la incomparecencia del imputado y verifique que la citación respectiva se haya realizado conforme a derecho, para que entonces sí, el nuevo pronunciamiento traiga consigo una afectación actual y real. En apoyo de las anteriores consideraciones, se cita, por identidad de razones, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.),de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la diversa PC.VI.P. J/5 P (10a.)8, que dice: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados". IV. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase por recibido el escrito de cuenta asi como el anexo y las copias con las que se acompaña, agréguense a los autos. Aclaración de demanda Se tiene al quejoso por aclarando su demanda de amparo y al efecto, señala que en cuanto al acto reclamado, se trata del citatorio girado por la autoridad responsable ordenadora, mismo que le apercibe para el caso de no atenderlo, con remitir la carpeta respectiva al Agente del Ministerio Público Investigador. Precisión del acto Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, es necesario precisar en que consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Del estudio integral que se efectúa a la demanda y su escrito aclaratorio; así como del anexo acompañado a la misma, se colige que la parte quejosa reclama el citatorio contenido en el oficio que obra dentro del expediente CSC/FGE/I/D01/01912/2023, de veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Desechamiento Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del o la Jueza de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Causa de improcedencia En el caso se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXII, así como la contemplada en la fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, todos de la Ley de Amparo, las cuales constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. I. Antecedentes. Del citatorio de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés, correspondiente al expediente CSC/FGE/I/D01/01912/23, proporcionado por el quejoso, se advierte que el agente responsable la citó para invitarle el día once de mayo de dos mil veintitrés, a las catorce horas, para la celebración de una sesión de mediación y/o conciliación con Edgar Velázquez Noyola, por hechos con apariencia de delito de fraude, de la cual se deriva la carpeta de investigación CSC/FGE/I/D01/01912/23. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. a.Marco normativo. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y". Sobre esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto reclamado, a pesar alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, dicho acto queda sin materia, y de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Esto último, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del quejoso. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. Es pertinente destacar que es factible distinguir que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, requiere para su actualización que ante la existencia del acto reclamado, exista imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir o desaparecer totalmente el objeto o la materia del acto, por lo que a pesar de que implica también una cesación de efectos como la que alude la diversa fracción XXI del precepto indicado, esto debe acontecer, como condición, por virtud de que dejó de existir totalmente el objeto o la materia del acto reclamado por causas ajenas a la voluntad de la autoridad, es decir, no requiere participación alguna de la autoridad responsable para que se actualice, verbigracia por el simple transcurso del tiempo, por un acto volitivo del particular mediante el cual cambia su esfera jurídica, por acontecimientos naturales. b. Análisis del caso concreto. El agente responsable citó al quejoso para que compareciera a la celebración de una sesión de mediación y/o conciliación con Edgar Velázquez Noyola, el día once de mayo de dos mil veintitrés Lo cual implica que la hora y fecha fijadas para que tuviera verificativo la comparecencia del quejoso ya transcurrió. En ese contexto, es inconcuso que aún ante la existencia del acto reclamado, consistente en el citatorio de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, derivado de la carpeta de investigación CSC/FGE/I/D01/01912/23, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por el solo transcurrir del tiempo. Esto es, la circunstancia de que en un momento dado se concediese el amparo y la protección constitucional a la quejosa, sería para que se dejase sin efecto la orden de citación reclamada, sin embargo, lo cierto es que ésta ya jurídicamente no tiene efectos por la terminación de su eficacia por el simple hecho de que la hora y fecha citada ya ha transcurrido, lo que representa que ha dejado de existir el objeto o materia del acto combatido al sobrevenir la mencionada modificación del entorno en el cual aquél se emitió. De ahí que no tendría caso alguno examinar la constitucionalidad del acto reclamado, si aun cuando se concediese la protección federal su vigencia ha expirado, esto es, en la actualidad no tiene efectos la orden de citación para día y hora específica, porque la aludida citación ha dejado de tener validez para el mundo del derecho, de ahí que se actualice en la especie la causal de improcedencia señalada. Máxime, si no se apercibió a la quejosa con la imposición de algún medio de apremio, como lo son arresto, multa o presentación por medio de la fuerza pública. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable está en aptitud de volver a citar al peticionario de amparo, sin embargo, podrá impugnar una diversa citación o comparecencia a través del medio de defensa legal que sea procedente. III. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. i. Marco normativo. Los referidos numerales dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley...". De lo anterior se advierte que la parte quejosa en el juicio de amparo es aquella que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y el acto reclamado vulnere sus derechos humanos, produciendo una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de situación frente al orden jurídico. ii. Análisis del caso concreto. Como se dijo, el acto reclamado consiste en el citatorio de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, derivado de la carpeta de investigación CSC/FGE/I/D01/01912/23 Al respecto, debe decirse que la citación a comparecer ante el agente del Ministerio Público no constituye un acto que implique, per se, una afectación de imposible reparación en bienes o derechos del quejoso, esto es, sus consecuencias no son inmediatas, reales y actuales, que son las características que distinguen a los "actos de imposible reparación", contra los cuales procede el amparo indirecto. Pues bien, no obstante que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ministerio Público compete la investigación de los delitos y, en ejercicio de esa potestad, está en condiciones de emitir actos coercitivos y unilaterales que podrían resultar atentatorios de derechos humanos o fundamentales, en el caso concreto, la citación reclamada no genera una consecuencia perniciosa real e inmediata o actual en algún bien o derecho del quejoso. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.)6, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que con base en la redacción del artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en razón de que en tales disposiciones normativas precisó que ese tipo de actos adquieren la calidad de irreparables, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias son de tal magnitud que impiden en forma actual el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Esa postura la dedujo al interpretar que el legislador secundario dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento, las cuales consisten: a) La exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que semeja a situar el asunto en aquellas hipótesis en los que el acto desplegado por el poder público impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Los derechos afectados materialmente sean de carácter sustantivo; expresión opuesta a los de naturaleza formal o adjetiva, cuya afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender a la conclusión del juicio o procedimiento, instante en el que sus secuelas se consuman de manera efectiva. Con base en lo anterior, puede decirse que el acto reclamado -citación para rendir declaración ministerial-, no tiene el carácter de imposible reparación, esto es, no afecta de manera actual algún derecho sustantivo de quejoso, de ahí que no le genera un efecto pernicioso real e inmediato. Lo anterior, aun cuando la citación para rendir declaración ministerial se hubiese realizado bajo el apercibimiento de imponer una medida de apremio -lo que en el caso no aconteció-, pues para que el efecto pernicioso sea real e inmediato, debe hacerse efectiva la medida de apremio, lo que dependerá de la determinación que en su caso emita el Ministerio Público, una vez que analice lo relativo a la incomparecencia del imputado y verifique que la citación respectiva se haya realizado conforme a derecho, para que entonces sí, el nuevo pronunciamiento traiga consigo una afectación actual y real. En apoyo de las anteriores consideraciones, se cita, por identidad de razones, la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.),de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como la diversa PC.VI.P. J/5 P (10a.)8, que dice: "ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados". IV. Decisión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de mayo de dos mil veintitrés. Se informa adscripción de la Titular. Se hace del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/903/2023, de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaría Ejecutiva de Adscripción autorizó la comisión temporal de Norma Angélica Ávila Veyna, como Jueza Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y de conformidad con el criterio plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 312 del tomo XXXII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2010, Novena Época, con registro digital 164217, que dispone lo siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estado de los autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, particularmente el oficio registrado bajo el número de correspondencia interna 3490 signado por el quejoso Luis Alberto Muñoz Saucedo, mediante el cual se advierte que el especialista en endocrinología ordenó se le practicaran exámenes o estudios de laboratorio al quejoso y señaló las siete horas con quince minutos del nueve de mayo de dos mil veintitrés, para la realización de los referidos estudios. En consecuencia, requiérase a las autoridades responsables, para que en el término de tres días, informen si se llevó a cabo dicho examen o estudio de laboratorio al quejoso, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa de DOSCIENTOS DÍAS del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; con independencia de que se hagan efectivos los apercibimientos contenidos en la última resolución de referencia. Notifíquese.
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