IVAR EDELSO RODRIGUEZ y Otros.
Expediente 1355/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1355/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- IVAR EDELSO RODRIGUEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por Divuan Méndez y Emmanuel Eliab Leal Rivera, en representación de los directamente agraviados Ivar Edelso Rodríguez y otros, del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; ello, en virtud de la competencia decretada por este órgano judicial; quedando registrado bajo el consecutivo 1076/2022-II de su estadística. En ese sentido, como lo solicita el referido órgano de control constitucional, remítansele las constancias que obran en el presente cuadernillo, vía electrónica, para que se encuentre en la posibilidad de continuar con la substanciación del juicio respectivo. Asimismo, toda vez que mediante acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto del informe relativo a la suspensión de plano remitido vía electrónica por la Jefa del Departamento de Asunto Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, en virtud de la legal incompetencia decretada por la suscrita juzgadora; y, siendo que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo de la que deriva este cuaderno, por ende, remítasele el aludido informe; así como copia autorizada del proveído de referencia. Por otro lado, téngase recibido y glósense a los autos la comunicación oficial de cuenta remitida vía electrónica por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, por la que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 140/2022-III, derivado del presente asunto, por el que se le solicitó que en apoyo a las labores de este órgano judicial, notificara los oficios 24280/2022 al 24283/2022 derivados del juicio en se actúa y dirigidos a las autoridades señaladas responsables de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Guadalupe, por las que se les solicitó su informe relativo a la suspensión de plano decretada en el asunto de mérito; y se diligenciara dicha suspensión. Consecuentemente, tal como se ha precisado en párrafos que anteceden alléguense dichas constancias al Juzgado competente para que proceda conforme a derecho. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno correspondiente. Asimismo, acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este cuaderno de antecedentes, es susceptible de destrucción, al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído, sin que obren en el citado expediente documentos susceptibles de devolución. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto se desprende que mediante acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso, se giró el exhorto electrónico 140/2022-III, orden 198/2022-III, al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, para que en apoyo de este órgano judicial notificara las comunicaciones oficiales 24280/2022 a la 24283/2022 derivadas del juicio en se actúa y dirigidas a las diversas autoridades señaladas responsables de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, con residencia en Guadalupe, por las que se les solicitó su informe relativo a la suspensión de plano decretada en el asunto de mérito; y se diligenciara dicha suspensión. En ese sentido, siendo que hasta la fecha no obra diligenciado el aludido exhorto y, toda vez que de acuerdo a la información recabada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que la referida comunicación oficial le correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en Estado de Nuevo León, registrándola bajo el consecutivo 307/2022; por tanto, mediante atento oficio, solicítese al Juzgado previamente referido, que de no tener inconveniente, dentro del término de tres días, informe a este órgano judicial el estado en que se encuentra la citada comunicación oficial. Lo anterior, a fin de estar en la posibilidad de continuar con la substanciación del juicio en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido y agréguese a los autos el informe relativo a la suspensión de plano remitido vía electrónica por la Jefa del Departamento de Asunto Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León; en ese sentido, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, informe sí acepta o no la competencia para conocer del juicio de mérito, ello, en virtud de la legal incompetencia decretada por este órgano judicial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito signado electrónicamente por Emmanuel Eliab Leal Rivera, quien promueve en representación de los directamente agraviados, mediante el cual da cumplimiento a una de las prevenciones ordenadas en autos; y, en consecuencia, se provee: Atento a lo manifestado por la referida parte procesal se le tiene ampliando su demanda de amparo respecto a las autoridades señaladas como responsables siguientes: 1. Titular y/o representante de la Oficina de Representación. 2. Subdirector de Control y Verificación Migratoria. 3. Encargado y/o responsable de la Estación Migratoria. 4. Jefe (a) del Departamento de Asuntos Jurídicos. Todas ellas de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León. En ese sentido, en virtud de los actos reclamados sobre los que versa el asunto de mérito, se decreta la suspensión de plano de los mismos, por lo que dichas autoridades se deberán a estar a lo determinado en el acuerdo de diecinueve de los actuales, con el cual se les deberá correr traslado con copia autorizada, así como copia simple del escrito inicial y aclaratorios de demanda, a fin de que den cumplimiento a lo determinado en el mismo. Ahora bien, toda vez que las aludidas autoridades responsables tienen su domicilio en el Municipio de Guadalupe, del Estado de Nuevo León, esto es, fuera de la residencia de este órgano judicial; por tanto, en atención a la naturaleza de los actos reclamados y en aras de la impartición de una justicia pronta y expedita, con fundamento en los numerales 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN TURNO, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, haga entrega a las autoridades precisadas con anterioridad, las comunicaciones oficiales que al efecto se acompañan, así como con copia autorizada del acuerdo de diecinueve de octubre del año en curso y copia simple del escrito inicial y aclaratorios de demanda, respectivamente, y copia autorizada del presente proveído, mismos que se acompañan a la comunicación oficial de referencia, a fin de que queden debidamente vinculadas a la presente contienda; debiendo apercibir a las citadas autoridades que en caso de no dar cumplimiento a lo solicitado en el comunicado que se le notifica, se harán efectivos los apercibimientos con los que se le conminó en el proveído de referencia. Asimismo, siendo que mediante acuerdo de veintiuno de los presentes mes y año, se reservó acordar respecto a la a lo informado por el diligenciario adscrito a este Juzgado, respecto a que no fue posible localizar a la parte directamente agraviada, a fin de que ratificaran de la demanda de mérito y, siendo que, Emmanuel Eliab Leal Rivera, quien promueve en representación de la referida parte procesal, mediante escrito recibido en este órgano judicial el veinte de octubre siguiente, manifestó que los mismos, se encuentran detenidos en la Estación Migratoria del Estado de Nuevo León. Por tanto, de la misma manera, solicítese al Juzgado exhortado para que en auxilio de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda se constituya en el domicilio que ocupa la Estación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León, en donde podrían encontrarse los quejosos; y en el acto de la notificación del presente auto, los requiera para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor -de la cual se acompaña copia simple-, o bien, lo hagan por escrito en el término de tres días, apercibiéndolos que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada. Por otra parte, la suscrita estima que en lo particular, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención de lo que a continuación se expondrá. En efecto, el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes, porque avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente declaratoria de nulidad de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar, no obstante carecer de aptitud legal para hacerlo. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Con base en el anterior ordinal, para fijar la competencia de un Juez de Distrito para conocer de un juicio de amparo, cuando los actos reclamados requieran de ejecución material, debe atenderse al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado tal acto. Ahora, de la lectura integral de la demanda constitucional, se obtiene que la parte quejosa señala como autoridades tanto ordenadoras como ejecutoras a diversas dependencias del Instituto Nacional de Migración, residentes en la ciudad de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, lugar en donde se dice, probablemente se encuentran detenidos los directamente agraviados; por tanto, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución en aquella localidad (Guadalupe, Nuevo León), en la que ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado De Nuevo, en turno, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; de manera que resulta evidente que este Juzgado es legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer sobre la demanda de amparo promovida por Divuan Méndez y Emmanuel Eliab Leal Rivera, en representación de Ivar Edelso Rodríguez y otros. Sustenta lo anterior, la tesis I.2º.P.J/4º, que aparece publicada en la página 36, de Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y dos, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. Luego, es inconcuso que este órgano judicial carece de competencia legal, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior, no sólo porque las consecuencias del acto reclamado, requieren ejecución material y ésta se materializará en el lugar en que se encuentra detenido (Guadalupe, Nuevo León), esto es, fuera del ámbito de competencia territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción; sino además, porque considerar lo contrario implicaría contravenir la teleología de las reglas establecidas por el legislador en el artículo 37 de la Ley de Amparo, al disponer que debe conocer del amparo el Juez de Distrito del lugar donde tenga ejecución el acto reclamado, lo que pone de manifiesto que la voluntad del legislador ha sido facilitar al solicitante el acceso a la justicia, para ocurrir ante el Juez de amparo del lugar en el que tendrá ejecución el acto reclamado, que en este caso será en Guadalupe, Nuevo León, poniendo así a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos fundamentales, lo que impide a este órgano de control constitucional hacer cualquier pronunciamiento respecto de las violaciones alegadas en la demanda. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, declara su incompetencia legal, por razón de territorio, para conocer del presente asunto y declina competencia al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, que por turno corresponda, el cual se estima legalmente competente en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, y con apoyo además en lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que se refiere a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, y se ordena remitir los presentes autos de forma inmediata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, en aras de una justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, recabando las copias de las constancias que resulten necesarias para formar el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno; solicitando el acuse de recibo de estilo al Juez de Distrito que le corresponda conocer del presente asunto, y en el que comunique si acepta o no la competencia declinada a su favor. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente, vía electrónica.
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