Ivonne Banda Narváez
Expediente 1111/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ivonne Banda Narváez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Archivo Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Destrucción. Acorde a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. No existen documentos originales Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asunto de no relevancia documental En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de demanda Vista la demanda de amparo que promueve Ivonne Banda Narváez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro respectivo bajo el número progresivo Fijación de los actos reclamados Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo1 , es necesario precisar en qué consiste el acto de autoridad reclamado, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda2 , se colige que la parte quejosa reclama: 1) La determinación de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 306/2023, por el Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, a través de la cual admitió a trámite las pruebas ofrecidas por las partes; y, 2) La notificación realizada el diez de julio del presente año, respecto a la determinación señalada en el punto que antecede, por el Actuario Judicial adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil de esta ciudad. Desechamiento Tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo3 , impone la obligación de examinar la demanda para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, página 32, registro 192097. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que, se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio4 . - Primera causal de improcedencia Marco jurídico En la especie, este órgano jurisdiccional estima que en relación al acto reclamado consistente en la determinación de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 306/2023, por el Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, a través de la cual admitió a trámite las pruebas ofrecidas por las partes, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] 4 Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, registro 194725, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Interpretación de marco jurídico Ahora, es menester indicar que de los preceptos antes trascritos se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta procederá contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; concepto que la propia norma define como una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos. Lo anterior claramente excluye la afectación a los derechos adjetivos o procesales, en tanto que son conceptos antagónicos, de ahí que, para dilucidar la procedencia de la vía indirecta debe atender a la naturaleza y efectos de la violación cometida en el curso del procedimiento, con motivo de lo cual habrá distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación sobre la esfera jurídica del quejoso. Efectivamente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También, de forma destacada precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Concluyendo así, que para delimitar esa irreparabilidad, era necesario establecer dos condiciones: 1) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Caso concreto Con base en ello, la determinación reclamada de siete de julio del presente año, dictada en el juicio ordinario civil 306/2023, contrario a lo señalado por la parte quejosa en la parte final del capítulo de antecedentes, no constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, pues en ella únicamente se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes. En efecto, de lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta, es improcedente, toda vez que del análisis de dicha determinación en vinculación con lo actuado en el juicio de origen, se advierte de manera indudable y manifiesta que sus consecuencias, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato en forma presente alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, tales como la vida, la libertad o sus posesiones. Toda vez que la violación que en su caso produjera únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, pues la consecuencia del acto reclamado únicamente es el desahogo de las pruebas que las partes ofertaron, consistentes en confesionales, testimoniales, inspección ocular, pericial en topografía, documentales, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, como se desprende de la transcripción del acto reclamado que efectuó la quejosa, por ende, no surte algún efecto en sus derechos sustantivos en forma presente y de modo tal que el perjuicio aducido no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse a través del medio de defensa correspondiente que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e incluso, a través del juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Cobra puntual apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia P. /J. 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así como, la tesis aislada 2a. L/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1069, correspondiente a la Décima Época, registro 2009477, que expresa: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.- Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales". De ahí que, a criterio de la suscrita, la determinación reclamada no constituye un acto de aquéllos contra los que pueda promoverse el juicio de amparo indirecto, pues no se trata de una resolución que sea de imposible reparación, por no afectar de manera cierta, inmediata e irreparable algún derecho sustantivo de la parte quejosa, ya que se trata de una violación procesal, mas no de un acto cuya ejecución sea de imposible reparación; violaciones, las de éste tipo, que sí harían procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo expuesto, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto es improcedente, es así, dado que las violaciones que se cometan durante un procedimiento, por regla, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra el acto definitivo, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo a su resultado; y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. Decisión En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del diverso 107 de la citada ley, en sentido contrario, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la invocada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata en relación al acto consistente en la determinación de siete de julio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 306/2023. - Segunda causal de improcedencia Desechamiento que, además, debe relacionarse con la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que respecto al diverso acto reclamado consistente en la notificación realizada el diez de julio del presente año, respecto del proveído de siete del mismo mes y año, la parte quejosa no agotó previamente el principio de definitividad. Marco jurídico En primer lugar, resulta viable traer el texto de la porción normativa en que se contiene la previsión de la causa de improcedencia, esto es, la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo; dice así: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [...]." Interpretación del marco jurídico Numeral que estatuye la improcedencia del juicio de amparo contra resoluciones de tipo jurisdiccional, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que se conoce como principio de definitividad. Lo anterior, implica que previo a la promoción del juicio de amparo, deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios de defensa establecidos en la ley que rige el acto y que tienen el alcance de dejarlo sin efectos o variar la sustancia del acto reclamado, salvo las excepciones establecidas en el precepto trascrito de la Ley de Amparo. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ahora bien, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse, asimismo, la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios. Caso concreto En el caso, se advierte que la quejosa Ivonne Banda Narváez no tiene el carácter de tercera extraña a juicio, toda vez que así se advierte de la lectura íntegra del escrito inicial de demanda; por lo que, es inconcuso que debe soportar las cargas procesales, entre otras, la de agotar los medios de defensa ordinarios. En el caso de las notificaciones que no se hagan acorde con la normativa aplicable, los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, prevén lo siguiente: "ARTÍCULO 72.- Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales que prescribe este Código; y cuando la Ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada una nulidad por la parte que dió lugar a ella. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra.". "ARTÍCULO 73.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio, sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha.". "ARTÍCULO 74.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario, aquella queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento.". "ARTÍCULO 75.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo juez o tribunal que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia, sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por falta de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, que serán apelables. En el caso de que proceda la nulidad se impondrá al responsable una multa de uno a tres días de salario mínimo vigente en la región y se le condenará al pago de las costas y gastos.". Los artículos precitados prevén el incidente de nulidad de actuaciones, el cual constituye un medio de defensa previsto por la codificación adjetiva civil, ley que rige el acto reclamado, mediante el cual pueden ser nulificadas las notificaciones que fuesen practicadas incorrectamente. Por ende, a través de dicho medio de defensa la promovente del amparo se encontraba en posibilidad de nulificar la actuación que estima le fue incorrectamente practicada, y así poder obtener la reposición del procedimiento a efecto de esgrimir argumentos relativos a la defensa de sus intereses; circunstancia que evidencia que previo a la promoción del presente juicio de amparo, la quejosa debió promover el anotado incidente. Decisión Por tanto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la presente demanda de amparo en relación al acto reclamado en estudio. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a José de Jesús Pacheco Rodríguez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Ivonne Banda Narváez, contra actos del Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad y otra autoridad. Notifíquese personalmente.
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