J. Concepcion Galvan Loera
Expediente 1553/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1553/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- J. Concepcion Galvan Loera
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; por lo que se provee: Vista con el cumplimiento a la ejecutoria Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de los autos Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en el informe justificado rendido por la Administradora Desconcentrada Jurídica de San Luis Potosí "1", de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le comunicó que la cuenta de cheques 0190399636, perteneciente a la quejosa Combustibles y Lubricantes de Charcas, Sociedad Anónima de Capital Variable, se encuentra bloqueada por diversos embargos; por lo que mediante oficio 400-51-00- 02-03-2023-6011, le solicitó le informara cuál autoridad ordenó dichos embargos y la fecha en que quedaron registrados. Requerimiento En consecuencia, a fin de emitir una resolución conforme a derecho e integrar debidamente el expediente en que se actúa, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada Administradora Desconcentrada Jurídica de San Luis Potosí "1", para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio respectivo, comunique el resultado de la solicitud que efectuó a la Comisión Nacional 18/02/24 13:24:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.69.de ANA LAURA AGUILERA MENA Bancaria y de Valores mediante comunicación oficial 400- 51-00-02-03-2023-6011. Apercibimiento Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia.. Diferimiento de audiencia constitucional Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Téngase recibido y agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Jefa del Centro de Reparto Salvador Nava, del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad. Determinación En atención a su contenido, se tiene a la oficiante informando que la pieza postal con registro RA031704319MX, misma que le fue requerida mediante proveído de nueve de noviembre del año en curso, se encuentra en proceso de devolución a este juzgado, estimando un periodo de cinco días hábiles para tal efecto; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Formación de expediente Vista la demanda promovida por **************, contra actos del Director del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto" y otra autoridad, con anexos que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo1553/2023-V. Antecedentes De lo relatado bajo protesta de decir verdad en los antecedentes del acto reclamado en el escrito de demanda y sus anexos, se desprende esencialmente lo siguiente: a) J. Concepción Galván Loera se encuentra internado en la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Matehuala, San Luis Potosí. b) Sufre un padecimiento médico que, refiere, consiste en el "sangrado del tubo digestivo alto Pb no variceal derivado de la presencia de úlceras gástricas severas" y, consecuentemente, para su tratamiento se le ordenó de forma urgente una endoscopia diagnóstica y terapéutica, sin embargo el Hospital de Matehuala no cuenta con las posibilidades materiales de llevar a cabo estos procedimientos, por lo que se ordenó el traslado del paciente, ahora quejoso al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto". c) Subsecuentemente, manifiesta que el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", le indica que no hay espacio y que no le van a dar apertura; ocasionando que no se haya hecho el tratamiento adecuado para el padecimiento del quejoso. Atendiendo a lo anterior, se tiene que el reclamo de la parte quejosa se basa esencialmente en la omisión de las autoridades responsables de proporcionarle una atención médica integral para su padecimiento; en concreto, en la omisión de trasladar al quejoso al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a fin de realizarle la endoscopia diagnóstica y terapéutica que le fue solicitada para efectos de llevar a cabo su valoración y tratamiento correspondiente. Suspensión de plano Ahora bien, debe destacarse que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, que es en lo que al caso concreto interesa, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. A fin de lograr lo anterior, el derecho a la salud consagrado en la Constitución General de la República, impone deberes complejos a todos los poderes públicos dentro del Estado, desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico, hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales como los médicos, hospitales privados, empleadores y administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. Además, numerosos instrumentos de derecho internacional reconocen el derecho del ser humano a la salud. En el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se afirma que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho a la salud. En virtud del párrafo 1 del artículo 12 del Pacto, los Estados Partes reconocen "el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental", mientras que en el párrafo 2 del artículo 12 se indican, a título de ejemplo, diversas "medidas que deberán adoptar los Estados Partes a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho". Varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea de 1961 en su forma revisada (artículo 11), la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981 (artículo 16), y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988 (artículo 10), también reconocen el derecho a la salud. Análogamente, el derecho a la salud ha sido proclamado por la Comisión de Derechos Humanos, así como también en la Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 y en otros instrumentos internacionales. En la Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el que precisan los estándares que derivan del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece que el derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud. También se señala que el derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. El concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo 1 del artículo 12, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Uno de los elementos esenciales e interrelacionados que integra el derecho a la salud, de conformidad con la aludida Observación General 14, se refiere a la accesibilidad económica (asequibilidad), que se refiere a que los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaigan una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos. Si bien el Pacto establece la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representan los limitados recursos disponibles, también impone a los Estados Partes diversas obligaciones de efecto inmediato. Los Estados Partes tienen obligaciones inmediatas por lo que respecta al derecho a la salud, como la garantía de que ese derecho será ejercido sin discriminación alguna (párrafo 2 del artículo 2) y la obligación de adoptar medidas (párrafo 1 del artículo 2) en aras de la plena realización del artículo 12. Esas medidas deberán ser deliberadas y concretas e ir dirigidas a la plena realización del derecho a la salud. Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone tres tipos o niveles de obligaciones a los Estados Partes: la obligación de respetar, proteger y cumplir. A su vez, la obligación de cumplir comprende la obligación de facilitar, proporcionar y promover. La obligación de respetar exige que los Estados se abstengan de injerirse directa o indirectamente en el disfrute del derecho a la salud. La obligación de proteger requiere que los Estados adopten medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación de las garantías prevista en el artículo 12. Por último, la obligación de cumplir requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole para dar plena efectividad al derecho a la salud. A efecto de cumplir con las medidas apropiadas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 476/2014, estableció que cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: I) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; II) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; III) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; IV) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; V) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación u omisión de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.) de la Segunda Sala del alto tribunal del país, publicada en la página 1192 del libro 12, noviembre de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2007938, del rubro y texto siguientes: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado." En el caso concreto, se alega violación al derecho a la vida digna y a la salud de la parte quejosa, en la medida en que las autoridades responsables, han sido omisas de proporcionarle una atención médica integral para su padecimiento; en concreto, en la omisión de trasladar al quejoso al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a fin de realizarle la endoscopia diagnóstica y terapéutica que le fue solicitada para efectos de llevar a cabo su valoración y tratamiento correspondiente a su padecimiento. En concepto de la suscrita, tal negativa pone de manifiesto que en la especie podría estarse transgrediendo el derecho a la salud de la parte quejosa, en la medida en que constituye un obstáculo para que aquélla disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él En consecuencia, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que atenta directamente contra la vida de la parte quejosa, además de que la negativa de proporcionar atención médica integral para atender su padecimiento constituye una clase de tormento, así como un trato cruel, inhumano y degradante, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se decreta de plano la suspensión de los actos y omisiones reclamadas, y se ordena a las autoridades responsables que, en el ámbito de sus funciones, atribuciones y competencias: 1. Bajo su más estricta responsabilidad, tomando las medidas necesarias, realicen las gestiones necesarias para trasladar al quejoso al Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", a fin de realizarle la endoscopia diagnóstica y terapéutica que le fue solicitada para efectos de llevar a cabo su valoración y tratamiento correspondiente a su padecimiento. 2. Asimismo, una vez hecho lo anterior, se le brinde el tratamiento pertinente para lidiar de la manera más Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. Párrafo 144. efectiva con su padecimiento, para lograr el más alto nivel posible de salud. Sin que en el caso, el otorgamiento de la suspensión de plano implique el suministro forzoso de un medicamento o tratamiento en específico, sin haber elaborado el diagnóstico adecuado y bajo la orden y autorización del médico tratante, ya que tal circunstancia podría generar resultados adversos a la salud del paciente. Como se precisó con antelación que, de no contar con los elementos médicos necesarios para la realización del tratamiento que le sea prescrito por el médico tratante, a efecto de garantizar el más alto nivel posible de salud de la parte quejosa y su existencia digna, deberán realizar las gestiones necesarias para que sea atendido eficaz y eficientemente, aun cuando se deba hacer uso de la subrogación de servicios. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas acrediten ante este Juzgado de Distrito, que iniciaron las gestiones necesarias para otorgar la atención médica a la parte quejosa, que le prescriba su médico tratante para su padecimiento y el resultado de dichas gestiones para el cumplimiento de la suspensión aquí decretada; apercibidas que de no cumplir con lo ordenado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase saber a las autoridades responsables que el cumplimiento de la suspensión decretada en este proveído es de orden público y, por ende, la suscrita juzgadora está obligada a velar por su acatamiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, además de que en caso de incumplir con lo aquí ordenado se puede dar lugar a que se proceda en términos del Título Quinto, Capítulo III, de la citada legislación, e incurrir en el delito previsto en el artículo 262, fracción III, del mismo cuerpo legal, el cual prevé una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, por desobedecer un auto de suspensión debidamente notificado, con independencia de cualquier otro delito en el que se incurra. Además, de que, de conformidad con el numeral 66 de la Ley de Amparo, podrá ordenarse de oficio la apertura del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, previsto por el artículo 206 de la ley en cita. Admisión Con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, XII, y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite en sus términos. Incidente de suspensión Sin tramitar incidente de suspensión al haberse decretado la suspensión de plano en el presente expediente. Requerimiento de informe justificado Pídase informe justificado a las autoridades caso de que sea cierto el acto que se les atribuye, al rendir el respectivo informe justificado, se remitan las constancias a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la ley de la materia, enviando el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva del expediente de que se trate, a fin de analizar su constitucionalidad. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la ley en consulta. Indíquese a las autoridades responsables que preferentemente deberán remitir el informe de ley y las constancias solicitadas en el párrafo anterior, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal) del servidor público que lo suscriba. Vista al agente del Ministerio Público Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, de la ley reglamentaria, a quien se le exhorta para que su actuación se dé desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Audiencia constitucional Se señalan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Alegatos En la inteligencia de que las partes podrán comparecer a formular alegatos por escrito, salvo en los supuestos expresamente previstos en el segundo párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, pues en estos casos preferentemente se procurará que se formulen por escrito y en la hipótesis de que el deseo de las partes sea hacerlo de manera verbal, entonces, deberán presentarse minutos previos a la celebración de la aludida audiencia. Causas de sobreseimiento Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de referencia, de lo contrario se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente de conformidad con el numeral 251 de la citada legislación. Devolución de documentos Asimismo, se hace de su conocimiento que la devolución de los documentos originales que aquí se ofrezcan, será hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que se adjuntaron al escrito de demanda, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y podrán ser consideradas al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizada en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a **************, con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en los términos restringidos a las diversas personas que señala por no encontrarse registradas en el aludido sistema. Consulta expediente electrónico De conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en el diverso 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al usuario "**********", la consulta del expediente electrónico. Datos de contacto Se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona, a efecto de entablar comunicaciones no procesales. Medios electrónicos Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Diferimientos En otro orden, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notificación a las autoridades responsables Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a las autoridades responsables, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Por último, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele copia certificada del presente proveído. No obstante lo anterior, se precisa a la parte quejosa que la copia del documento a que alude puede obtenerla a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, e incluso las que incluyan evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas3, de conformidad con el artículo 36, segundo párrafo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la "Artículo 36. [.] Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente." Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
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