Ithze Itthay Hernandez Ramirez
Expediente 1290/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 21/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ithze Itthay Hernandez Ramirez
- Agente del Ministerio Público Adscrito A la Unidad Especializada En Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla
- Gabriel Angel Moreno Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones se advierte que mediante proveído de doce de julio de dos mil dieciocho (fojas 244 y 245), se ordenó el archivo del presente controvertido constitucional como asunto totalmente concluido; por lo que se ordenó devolver la copia cotejada del expediente único de atención Temprana (NUAT) 1597/2016/UAT-04 (anexo I) a la autoridad responsable Trinidad Carmona Morales, agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla por pertenecer a su índice. Así mismo se requirió a la autoridad responsable mencionada, para que en el término de veinticuatro horas contadas a partir de que surtiera efectos la notificación del referido auto, acusara de recibo el oficio CUMP. 1018-1, mediante el cual se devolvió la aludida documental; sin que a la fecha en que se actúa lo haya hecho, a pesar de estar notificada del oficio respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuse recibo de la documental que le fue devuelta. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable requerida y cúmplase.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA AVISO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiuno de junio al once de julio de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado consistente en copia cotejada del expediente único de atención temprana (NUAT) 1597/2016/UAT-04 de su índice, devuélvasele el anexo I, que se formó con dicha documental y se le requiere para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntó a su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 54 a 58), así como los las diversas documentales anexadas a su ocurso recibido el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mismas que fueron ofrecidas dentro del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo (fojas 22 a 26); apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de julio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintiuno de junio al once de julio de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado consistente en copia cotejada del expediente único de atención temprana (NUAT) 1597/2016/UAT-04 de su índice, devuélvasele el anexo I, que se formó con dicha documental y se le requiere para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, la parte quejosa deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que adjuntó a su escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete (fojas 54 a 58), así como los las diversas documentales anexadas a su ocurso recibido el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, mismas que fueron ofrecidas dentro del incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo (fojas 22 a 26); apercibida que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil dieciocho Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho (foja 219), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Trinidad Carmona Morales a la sentencia de amparo En ese sentido, la quejosa desahogó la vista concedida mediante escrito presentado ante este juzgado el ocho de junio de la presente anualidad (foja 222); además, mediante diverso ocurso presentado ante la oficialía de partes de este juzgado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, esto es, con anterioridad a la vista otorgada (fojas 203 y 204), la quejosa realizó diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la sentencia amparadora En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento En principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 61 a 71), se negó el amparo a Ithze Itthay Hernández Ramírez Inconforme con tal resolución, la quejosa de mérito interpuso recurso de revisión (foja 77), del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que lo radicó con el número de expediente R-76/2018 de su índice (foja 132) y, en ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho (fojas 136 a 163) revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo y protección a Ithze Itthay Hernández Ramírez para el efecto de que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Trinidad Carmona Morales, realizara lo siguiente: "En consecuencia, al ser violatorio el acuerdo reclamado de los artículos 8 y 16 constitucionales, se debe conceder el amparo para el efecto de que el Agente del Ministerio Público responsable deje insubsistente dicho acuerdo y, en su lugar, dicte otro, con libertad de jurisdicción, pero dando respuesta debidamente fundada y motivada a cada uno de los argumentos que expresó la aquí recurrente en su escrito donde solicitó la devolución del vehículo de que se trata, esto es, que ha acreditado que es propietaria de tal vehículo, que lo adquirió de buena fe, que el denunciante no ha demostrado la propiedad que alega y que por ello debe entregarse a la aquí quejosa dicho vehículo Además el acuerdo que se dicte al cumplimentar el amparo que se concede habrá de notificarlo personalmente a la referida quejosa" Por lo anterior, en acuerdo ocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 164 a 166), se requirió el cumplimiento del fallo protector Así, mediante oficio 956/2018/UETI de quince de mayo de dos mil dieciocho (fojas 183 a y 184), el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Técnicas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Trinidad Carmona Morales, remitió copia autorizada del registro de actuación de catorce de mayo de dos mil dieciocho y de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación NUAT: 1597/2016/UAT-04 (fojas 186 a 198); sin embargo, como omitió remitir la constancia de notificación respectiva, en acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo al representante social responsable dando cumplimiento parcial a la sentencia de amparo y se le requirió para que cumpliera con la totalidad de los efectos del fallo protector Por oficio 1064/2018/UETI de uno de junio de dos mil dieciocho (foja 208), el fiscal responsable envió copia de la notificación realizada a la quejosa Ithze Itthay Hernández Ramírez, del registro de actuación de catorce de mayo de dos mil dieciocho en la carpeta de investigación aludida (foja 210 a 218) Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo el agente del Ministerio Público responsable realizó lo siguiente: 1 Dejó insubsistente el oficio 889/2017/UETI de siete de noviembre de dos mil diecisiete, en la carpeta de investigación NUAT: 1597/2016/UAT-04 (foja 183) 2 En constancia de registro de catorce de mayo, el representante social responsable proveyó sobre la petición de la quejosa en los siguientes términos (fojas 188 y 189): "De lo anterior se desprende que si bien es cierto la ciudadana ITHZE ITTHAY HERNÁNDEZ RAMÍREZ, manifiesta que acreditó la propiedad con los documentos que exhibió en original () Así demostrado que tales documentos originales fueron entregados, documentos que los mismos probables imputados de los hechos realizados sobre la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, las personas que se hicieron llamar Víctor Julio Pérez Muñoz, y el señor Walter Haadad Sairim, hecho que queda demostrado con el mismo documento factura que exhibió la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, que consiste en la factura número 01658, de fecha 18 de septiembre de año 2004, expedida por el Liderazgo Automotriz de Puebla SA de CV, a favor de Marcos Wastein Crespo, que en su reverso se observa los endosos a favor del ciudadano Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez, con fecha 18 de agosto del año 2014, así como se observa el endoso a favor de la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, de fecha 28 de julio del año 2016, siendo esta la consecuencia de que el Ciudadano Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez, no cuente con los documentos originales que acrediten la propiedad del citado vehículo, por lo que este es la primer víctima del delito de fraude, procediendo a denunciar a las personas que dijeron llamarse Joaquín Haadad Torres y José Antonio De la entrevista rendida por la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez se desprende que fue compradora de buena fe, y también de la misma entrevista se desprende que la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, también fue víctima del delito de fraude, por lo que se deja a salvo su derecho para realizar su denuncia por el delito que desee ejercer en contra de las personas que dijeron llamarse Víctor Julio Pérez Muñoz, y el señor Walter Haadad Sairim, quedando así acreditado que la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez fue víctima en segundo lugar de las persona que dijeron llamarse Víctor Julio Pérez Muñoz, y el señor Walter Haadad Sairim, por lo que en caso de que esta autoridad, se pronunciara en devolver el vehículo a la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, se conculcarían sus garantías constitucionales del ciudadano Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez Ahora bien lo manifestado por la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, en su escrito de fecha dieciséis de noviembre del año 2016, consistente en cuatro fojas útiles, en donde refiere que la determinación de entregar el vehículo al ciudadano Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez, es contraria a derecho, toda vez que ha acreditado la propiedad del vehículo con la factura del citado vehículo agregando tesis jurisprudenciales más sin en cambio es necesario establecer que si bien es cierto que la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, exhibió los documentos originales, es debido a que el primer denunciante el señor Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez, refiere en su entrevista inicial que dichos documentos en original, fueron entregados en el momento en que fue víctima de los hechos con apariencia de delito de fraude Ahora bien en el caso de que la ciudadana Ithze Itthay Hernández Ramírez, es compradora de buena fe, esto no exime a esta autoridad a realizar actos de investigación Por lo que esta Representación Social por el momento no considera pertinente pronunciarse sobre la devolución del vehículo Marca Toyota, tipo Rav 4, color rojo, modelo 2004, número de serie JTEGD20VX40045121, número de motor 2AZ4929580, placas de circulación TZJ-1714 particulares del Estado de Puebla, toda vez que se requiere de más actos de investigación para determinar o pronunciarse con respecto al esclarecimiento de los hechos no puede concederse su petición a los ciudadanos Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez y Ithze Itthay Hernández Ramírez, no obstante que haya asegurado que el propietario del vehículo en mención y más aún haya presentado en original y copia de los documentos con el que acredita dicha propiedad ya que su dicho resulta contrario al que el agraviado menciona por lo que es evidente que a fin de no conculcar derecho alguno de los ciudadanos Ithze Itthay Hernández Ramírez y Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez, se requiere mayor investigación de los hechos por lo que la carpeta de investigación no guarda estado para proveer de conformidad lo solicitado" De lo anterior, se aprecia que la autoridad dio respuesta a los argumentos que la quejosa Ithze Itthay Hernández Ramírez plasmó en su escrito donde solicitó la devolución del vehículo que se trata, esto es, que ha acreditado que es propietaria de tal vehículo, que lo adquirió de buena fe, que el denunciante no ha demostrado la propiedad que alega y que por ello debe entregarse a la aquí quejosa dicho vehículo 3 Lo que notificó a la quejosa de mérito el veintidós de mayo de la presente anualidad (foja 215), por conducto de su asesor jurídico José de Jesús Gómez Guerrero (quien fue autorizado por la quejosa en este juicio de amparo en términos restringidos) Por otra parte, en relación con las manifestaciones contenidas en el escrito presentado por la quejosa ante esta autoridad el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (fojas 203 y 204), en el que expresó que la sentencia no está cumplida en virtud de que la autoridad responsable omitió pronunciarse sobre su derecho de propiedad y fundar su determinación ministerial Resultan infundadas tales afirmaciones, en virtud de que, en primer término, como se destacó en lo transcrito, la autoridad responsable sí hizo referencia a los documentos con los que la aquí quejosa acreditó la propiedad del vehículo y señaló que el motivo por el que Gabriel Ángel Moreno Gutiérrez no tiene en su poder dichos documentos, se debe a que éste los entregó en el acto de compraventa celebrado el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, es decir, entregó los documentos que acreditan la propiedad del vehículo que se trata a los activos de los hechos con apariencia de delito de fraude que investiga, y por ello consideró que, aun cuando la peticionaria de amparo demostró ser compradora de buena fe y que también fue víctima de fraude, determinó que, por el momento, no puede devolverle el automotor, dado que existen diligencias pendientes por desahogar Así mismo, el representante social responsable citó como fundamento de su determinación los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 2, 6, 129 y 131 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y, 127, 128, 131, 212, 213, 221, 229, 230, 239, 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales Por lo que, contrario a lo afirmado por la peticionaria de amparo, la autoridad responsable sí invocó los preceptos legales en que fundó su decisión, y las cuestiones de fondo no son susceptibles de ser vigiladas en este juicio de garantías En similar sentido, por cuanto hace a la afirmación de la quejosa en el sentido que el fiscal responsable contravino los artículos 239, 240 y 246 debido a que el delito por el que se sigue la carpeta de investigación de origen no procede el decomiso y, en consecuencia, debió ordenar la devolución del automotor Resulta infundado tal alegato, en virtud de que en la protección constitucional concedida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito dentro del toca de revisión R-76/2018 de su índice, otorgó libertad de jurisdicción al agente del Ministerio Público responsable para que se pronunciara sobre los aspectos abordados anteriormente, y las manifestaciones que realizó la quejosa están encaminadas a combatir el fondo de la resolución emitida en cumplimiento de la sentencia protectora, por lo que no pueden analizarse en el cumplimiento de este juicio de amparo, pues se reitera la protección constitucional fue únicamente para el efecto de que la responsable emitiera un pronunciamiento en el que considerara los argumentos de la quejosa, como lo hizo el fiscal responsable, pero no se establecieron lineamientos específicos para emitir tal determinación Finalmente, en relación con el escrito presentado por la quejosa el ocho de junio de dos mil dieciocho, para desahogar la vista concedida en acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, en donde manifestó que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo por las razones ya vertidas en el escrito citado; no se realiza mayor pronunciamiento pues tales alegaciones fueron atendidas en párrafos anteriores Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia
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