ITZEL LOPEZ SANCHEZ y Otros.
Expediente 450/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 26/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ITZEL LOPEZ SANCHEZ y Otros.
- Itzel Lopez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto que sobreseyó en el juicio, sin que hasta el momento las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO ESTADO. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio, no obran documentos originales y no es de relevancia documental, este expediente es DESTRUIBLE, transcurridos cinco años a partir de esta fecha de conformidad con la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Así mismo, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Delegado Regional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, Delegación Dieciséis, con sede en Tepexi de Rodríguez, Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al auto de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, hace llegar a este juzgado la valoración de trabajo social realizada a la menor quejosa Gicela Martínez Cortés, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.
- Principal
PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Itzel López Sánchez, en representación de la menor G. M. C., contra los actos reclamados al 1. Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto encargada de la Agencia del Ministerio Público Investigador de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y otra autoridad, en términos de los considerandos tercero segundo apartado y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 450/2017-A, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Gicela Martínez Cortés, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Gicela Martínez Cortés, se requirió el informe previo a la autoridad responsable, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la revisión del informe previo, la parte quejosa reclama: 1) la orden de búsqueda, presentación o comparecencia dictada en contra de la menor quejosa; 2) la orden de reintegrarla al domicilio de sus padres; 3) la orden de ingresarla al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. TERCERO. Inexistencia y existencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe previo Foja 1 Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Mixto, encargada de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Tepexi de Rodríguez, Puebla Acepta (únicamente respecto la presentación de la menor ante el Ministerio Público) 58 2 Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Tepexi de Rodríguez, Puebla. Acepta únicamente respecto la presentación de la menor ante el Ministerio Público) 51-55 Las autoridades responsables señaladas, al rendir sus informes previos, aceptaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de presentación de la menor quejosa ante el Ministerio Público de Tepexi de Rodríguez, Puebla, emanada del número único de atención temprana 68/2016/Tepexi, dado que la madre de la menor denunció su desaparición. Lo anterior se traduce en que sí existe la orden de presentación ante el Ministerio Público. Por lo que respecta a los diversos actos, no existe 2) la orden de reintegrar a la menor inconforme al domicilio de sus padres; 3) la orden de ingresarla al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. En tales condiciones, ante la inexistencia de las ordenes 2) de reintegrarla al domicilio de sus padres y 3) de ingresarla al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo vigente, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir las ordenes 2) de reintegrar a la menor al domicilio de sus padres y 3) de ingresarla al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia o Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de dichos actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. QUINTO. Procedencia de la medida cautelar. Respecto a la existencia de la orden de presentación de la menor ante el Ministerio Público, se concede la suspensión definitiva solicitada, dado que si bien es cierto una orden de presentación o comparecencia no se traduce propiamente en una privación de libertad, sino que se realizan con el fin de que la persona a quien ésta se dirige declare dentro de la investigación ministerial que se esté integrando y una vez terminada la diligencia para la que fue citado puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, no menos cierto es que como con su ejecución pueden causarse al peticionario de garantías daños y perjuicios de difícil reparación y existe la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de garantías, y en el caso no se cuenta con mayores datos que los proporcionados por la parte quejosa en su escrito de demanda de los que no se evidencia tal circunstancia, a fin de evitar que pueda consumarse irreparablemente el mencionado daño o perjuicio, se ordena la paralización o inmovilización de la orden de presentación o comparecencia y sus efectos, sin que lo anterior implique que se impida continuar la integración de la averiguación previa o carpeta de investigación, en caso de existir hasta antes del ejercicio de la acción penal, esto hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo principal del que emana este incidente. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis cuyo rubro y texto establece: SUSPENSIÓN. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA ORDEN DE COMPARECENCIA O PRESENTACIÓN PARA QUE EL INDICIADO DESAHOGUE DILIGENCIAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La suspensión a petición de parte de los actos reclamados se encuentra regulada por los artículos 124 y 138 de la Ley de Amparo, por lo que la que se solicite contra la orden de comparecencia o presentación procederá si: i) la solicita el agraviado; ii) no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y iii) los daños y perjuicios causados son de difícil reparación. Además, dado que la indicada orden no es un requisito indispensable para integrar la averiguación previa y es un acto dentro del procedimiento, su suspensión, por regla general, no impide continuarlo hasta antes del ejercicio de la acción penal que es la resolución firme de tal etapa; sin embargo, de estimar que pudiera consumarse irreparablemente el daño o perjuicio si no se suspende dicho procedimiento, el juzgador de amparo puede suspenderlo. Por tanto, para determinar la procedencia de la suspensión contra la orden de comparecencia o presentación dictada por el Ministerio Público a fin de que el indiciado desahogue diligencias en la averiguación previa, debe realizarse un examen previo y temporal que no es exhaustivo ni definitivo, pero que del mismo deberán advertirse motivos suficientes que justifiquen, si bien no una restitución en la garantía violada (como sucede con la concesión del amparo), sí una paralización o inmovilización del acto y/o sus efectos. Al respecto, deberá considerase el posible, real y presente perjuicio al interés social o contravención al orden público, la dificultad en la reparación de los daños que con la continuación del acto se puedan causar o su imposible restitución, y la posibilidad de que el acto reclamado sea violatorio de la garantía alegada. Todo ello sin que pueda estimarse que por el simple hecho de que se trata del procedimiento de averiguación previa, la suspensión de un acto dentro de éste o del procedimiento mismo, contraviene el interés social y el orden público, sino que tal extremo debe ser razonado y valorado por el juzgador. La anterior suspensión únicamente surtirá sus efectos si el acto reclamado se trata de una orden de comparecencia para que la menor quejosa sea presentada ante el Ministerio Público para el desahogo de alguna diligencia de carácter Ministerial. No se fija garantía dados los efectos para los que se concede la medida cautelar. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Gicela Martínez Cortés, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Gicela Martínez Cortés, en términos del considerando quinto de esta interlocutoria.
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