Israel Sanchez Tirzo
Expediente 590/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 53 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 590/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Israel Sanchez Tirzo
- Fiscal General del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de diciembre de dos mil veintidós. Visto, agréguense a los autos el sobre devuelto por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 610-8, relativo al auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, dirigido a la autoridad que la parte quejosa señaló como "9. Presidenta Municipal de Hueytlalpan, Puebla"; con la leyenda: "NO RECLAMADA". Por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tiene por hecha la referida notificación, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: "NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo." Cúmplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, agréguense a los autos los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contienen los oficios 300-8 y 300-9, de siete de octubre de dos mil veintidós, dirigidos a las autoridades que la parte quejosa señaló como "9. Presidenta Municipal de Hueytlalpan, Puebla; 10. Síndico de la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla"; ambos con la leyenda: "NO RECLAMADA, DEVUELTA".
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de siete de octubre de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo que no obren los acuses de recibo de los oficios mediante los cuales se ordenó notificar la sentencia a las autoridades responsables señaladas con los números de oficio 300-2 a 300-9 y 300-11, todos con sede en Huehuetla, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Zacatlán y Hueytlalpan, Puebla, en virtud de que carecen de legitimación para impugnar la sentencia que sobreseyó en el juicio, ya que no irroga agravio alguno a éstas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior, las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Sin perjuicio de lo anterior, a e efecto de evitar mayores dilaciones para el archivo de este asunto, con fundamento en el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena notificar por lista a dichas autoridades la resolución de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General y, conforme al punto 7.1.1. apartado 2 del Manual para la Organización de Archivos Judiciales Bajo el Resguardo del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Asimismo, por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables (a las indicadas en este auto, por lista la sentencia de siete de octubre del año en curso), así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción. SENTENCIA 0710-2022 V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 590/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por ***; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el tres de junio de dos mil veintidós, mediante buzón judicial, y remitido materialmente a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, ***solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 7 y 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de siete de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda promovida por ***, con el número de juicio de amparo indirecto 590/2022; y, se admitió a trámite -con incidente de suspensión-, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de trece de septiembre del año en curso, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdos dictados el nueve de agosto y el cinco de octubre, ambos de dos mil veintidós (es decir, antes de la celebración de la audiencia que antecede), se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables: "2. Agente del Ministerio Público Investigador de Zacatlán, Puebla" y "13. Unidad de Apoyo Policial de Hueytlapan, Puebla", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas. En ese tenor, dichas autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se advierte que, en el caso particular, ***reclama lo siguiente: - Las órdenes de búsqueda, localización, aprehensión y detención, dictadas en su contra; así como su ejecución. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número de orden. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 1. Coordinador General de Asuntos Jurídicos (José González Zepeda), en representación del Fiscal General del Estado de Puebla. Niega (foja 52) 2 3. Agente del Ministerio Público Investigador en funciones del Titular de Huehuetla, Puebla (Fernando Salazar Lucio). Niega (foja 198) 3 4. Coordinador General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal de Huehuetla, Puebla (Luis Javier Cervantes Gómez). Niega (fojas 186 y 187) 4 5. Facilitadora adscrita a la Coordinación General de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal en Huehuetla, Puebla (Martha Cortés Cortés). Niega (fojas 96 y 97) 5 6. Agente del Ministerio Público Investigador de Chignahuapan, Puebla (Abigail Méndez Aguilar). Niega (foja 58) 6 7. Agente del Ministerio Público Investigador Titular de la Unidad de Investigación en Tetela de Ocampo, Puebla (Geovanny Parra Bautista). Niega (foja 65) 7 8. Juez de Control y Ejecución de Sentencias en la Región Judicial Norte, en Zacatlán, Puebla (Celestino Martínez Bones). Niega (foja 33) 8 9. Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Hueytlalpan, Puebla (Anayeli González Córdoba). Niega (fojas 214 y 215) 9 10. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Hueytlalpan, Puebla (Felipe González Santiago). Niega (fojas 212 y 213) 10 11. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla (Fernando Fierro Aldana). Niega (foja 48) 11 12. Agente Investigador Encargado de la Unidad de Apoyo Policial, con sede en Zacatlán, Puebla (Lenin Jiménez García). Niega (foja 68) Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que el quejoso haya aportado prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. Por otra parte, no pasa inadvertido para este juzgador que las autoridades responsables 4. Coordinador General de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal de Huehuetla, Puebla (Luis Javier Cervantes Gómez), 5. Facilitadora adscrita a la Coordinación General de Medios Alternativos en Solución de Conflictos en Materia Penal en Huehuetla, Puebla (Martha Cortés Cortés), 9. Presidente Municipal Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Hueytlalpan, Puebla (Anayeli González Córdoba) y 10. Síndico Municipal del Honorable Ayuntamiento de Hueytlalpan, Puebla (Felipe González Santiago), al rendir sus respectivos informes justificados hayan manifestado que existe el expediente de mecanismos alternos FGEP/EXP/CGMASCMP/HUEHUE/22/2022, derivado de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/HUEHUE-1/000890/2022 (del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, Trinidad Carmona Morales), en el cual, entre otros, el quejoso ***cuenta con la calidad de interviniente requerido a fin de solucionar un conflicto de naturaleza penal a través de la mediación; por lo que, si bien dentro de dicho expediente se invitó al quejoso de referencia para que acudiera a diversas sesiones de mediación (respecto de las cuales queda a consideración del interviniente requerido acudir o no, al ser de carácter voluntario), lo cierto es que no se ha emitido alguna orden de captura, pues dichas autoridades no cuentan con facultad para ello. Por tanto, las negativas de los actos reclamados deben subsistir. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuyen. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por***por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vistos, agréguense a los autos los sobres devueltos por el Administrador de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial Siglo XXI, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contienen los oficios 551-9-I, 551-10-I y 551-13-I, de veinte de septiembre de dos mil veintidós, dirigidos a las autoridades que la parte quejosa señaló como 9. Presidenta Municipal de Hueytlalpan, Puebla; 10. Síndico de la Presidencia Municipal de Hueytlalpan, Puebla; y, 13. Unidad de Apoyo Policial de Hueytlalpan, Puebla, todos con la leyenda "NO RECLAMADA, DEVUELTA". Por lo tanto, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, en esta fecha se tienen por hechas las referidas notificaciones, con los efectos legales a que haya lugar. Tiene aplicación por su contenido la tesis cuyos datos de localización, texto y rubro que a continuación se citan: NOTIFICACIONES POR CORREO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. DEBEN TENERSE POR HECHAS AUNQUE NO EXISTA RAZÓN EN AUTOS DE LAS PARTICULARIDADES DE LA NEGATIVA A RECIBIR EL OFICIO QUE LAS CONTIENE. Conforme a lo previsto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros perjudicados se harán por oficio, con la circunstancia de que si tienen su domicilio en el lugar del juicio, éste se les entregará en su oficina principal por el empleado del juzgado, quien, además, recabará recibo en el libro talonario, cuyo principal agregará a los autos y asentará en ellos la razón correspondiente; y si tienen su residencia en otra localidad, el oficio se les notificará por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 33 del mismo ordenamiento, las autoridades están obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, so pena de que de no hacerlo se tendrá por hecha la notificación relativa, debiendo el actuario del juzgado asentar constancia respecto del nombre de la autoridad con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio. Ahora bien, de la interpretación sistemática de ambos dispositivos se concluye que la razón de entrega del oficio de que se trate, o de la negativa de la autoridad de recibirlo, según corresponda, no tiene que elaborarse cuando la notificación se practica por correo pues, por un lado, la ley invocada al establecer esa forma de notificación no dispone que, en este caso, deba levantarse razón de ese evento; y, por otro, porque los dispositivos destacados, al referirse a la razón que debe elaborar "el empleado del juzgado" o "actuario", evidentemente aluden al caso de cuando la autoridad tiene la misma residencia que la del juzgado que ordena la notificación, pues sólo así es jurídicamente posible que el funcionario se constituya en el domicilio de la autoridad a practicarla, no así cuando radica fuera de su jurisdicción. Por otra parte, los artículos 1o., 2o., 4o. y 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, y 1o., 31, 32 y 33 de su reglamento, que regulan las bases conforme a las cuales debe practicarse la notificación por correo, tampoco establecen que deba asentarse razón respecto de la negativa de la autoridad a recibir el oficio en el que se contiene la notificación. Por ende, atendiendo a las anteriores consideraciones, basta que obre agregada a los autos la pieza certificada del oficio, en la cual la oficina del Servicio Postal Mexicano haga constar la negativa de la autoridad a recibirlo, para considerar, sin mayor requisito, que la notificación surtió plenos efectos legales conforme al artículo 33 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes.
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