Issac Corona Ruiz
Expediente 1531/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1531/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- VICTOR CORONA JUAREZ y Otros.
- Issac Corona Ruiz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, devuélvanse al 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, las copias certificadas del proceso 226/2014, que remitió en justificación a su informe; y, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo del mismo. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa a equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual en atención a la petición realizada el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 35 a 37), remite fotocopia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 540/2016-III-5 de su estadística, para los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que los quejosos VÍCTOR CORONA JUÁREZ, ISAAC CORONA RUIZ y JUAN LUIS HUERTA DE LA FUENTE, mediante escrito recibido en este órgano Federal el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 2 a 22) solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, de quien reclaman el auto de sujeción a proceso dictado en su contra el treinta de mayo de dos mil dieciséis, dentro del proceso penal 226/2014 del índice del juez responsable, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de JAVIER ROMERO SÁNCHEZ y del menor NAHUM ROMERO MARTÍNEZ; así como su ejecución. Ahora bien, del informe justificado que rindió la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla y de las constancias que obran dentro del juicio de amparo 540/2016-III-5 del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla se desprende que la responsable el treinta de mayo de dos mil dieciséis (fojas 75 a 88) emitió en contra de los quejosos VÍCTOR CORONA JUÁREZ, ISAAC CORONA RUIZ y JUAN LUIS HUERTA DE LA FUENTE auto de sujeción a proceso dentro del proceso penal 226/2014, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de JAVIER ROMERO SÁNCHEZ y del menor NAHUM ROMERO MARTÍNEZ; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho juicio de derechos fundamentales (fojas 75 a 88 y 357 a 370 del anexo I). En el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." De la disposición legal aludida se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la Ley de Amparo prevé para tal efecto, caso en el cual se reputarán consentidos tácitamente los actos reclamados. Al respecto, debe señalarse el contenido de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y, c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, porque no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo. En efecto, se actualiza el supuesto explicado en el inciso b), ya que dentro del juicio de amparo 540/2016-III-5 del índice de este juzgado Federal se advierte que la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, el treinta de mayo de dos mil dieciséis emitió en contra de los quejosos VÍCTOR CORONA JUÁREZ, ISAAC CORONA RUIZ y JUAN LUIS HUERTA DE LA FUENTE auto de sujeción a proceso dentro de la causa penal 226/2014, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción I, 323 y 326, fracción II, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de JAVIER ROMERO SÁNCHEZ y del menor NAHUM ROMERO MARTÍNEZ; lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho juicio de amparo. Entonces, si dicha hipótesis establece que debe computarse el plazo para la promoción del juicio de amparo a partir del día siguiente en que la parte quejosa tuvo conocimiento de ese acto, por cualquier medio, como puede ser el momento en que se le dio vista con el acatamiento a la ejecutoria en el procedimiento de ejecución correspondiente. Así, es válido que a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo en que se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento, inicie el cómputo del plazo para la presentación del nuevo juicio de amparo en su contra, siempre y cuando exista constancia que acredite el conocimiento directo y completo por parte del quejoso. Así las cosas, de las constancias que obran en autos del anexo I que acompañó la autoridad responsable y de las relativas al referido juicio de amparo 540/2016-III-5 del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se observa que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis la responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla presentó ante dicho órgano jurisdiccional el oficio 2039/2016/SRIA-PAR, en el que anexó el auto de sujeción a proceso aquí reclamado. Lo que fue acordado mediante proveído de uno de junio de dos mil dieciséis y notificado por lista al quejoso el siete de junio de dos mil dieciséis (foja 91 vuelta), previo aviso fijado en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones personales y seguido el procedimiento que prevé el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo (foja 90). Lo anterior, acredita que el quejoso tuvo conocimiento de la resolución combatida desde que le fue notificado el auto de uno de junio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 540/2016-III-5, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, que ordenó darle vista con el contenido del auto de sujeción a proceso en cuestión en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo (foja 89). Aquí, conviene precisar nuevamente que conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia siguiente: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. De ahí que, es a partir del día siguiente a la notificación de uno de junio de dos mil dieciséis, que debe computarse el plazo de quince días para promover este amparo en contra del acto reclamado (foja 89); esto es, a partir del ocho de junio de dos mil dieciséis. Pues, es claro que al realizarse la notificación del acuerdo de uno de junio de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio de amparo 540/2016-III-5, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, los quejosos tuvieron conocimiento del auto de sujeción a proceso combatido. De ahí que, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo que da origen al presente expediente transcurrió del ocho al veintiocho de junio de dos mil dieciséis, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio del actual, por haber sido inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo (al haber sido sábados y domingos). Entonces, si la demanda de amparo que dio origen al presente sumario constitucional se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla el veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (foja 1), es evidente que resulta extemporánea su promoción; de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil dieciséis (foja 36 vuelta). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). .
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la citada autoridad responsable ofreciendo como prueba la documental que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable ordenadora, fórmese el cuaderno de prueba I del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio y sello. Por otra parte, del informe justificado que rinde la autoridad responsable se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de sujeción a proceso dictado en el proceso penal 226/2014 del índice del Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo que se concedió en autos del expediente de amparo 540/2016-III-5 del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese atentamente al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, para que de no tener inconveniente alguno, se sirva a remitir fotocopia certificada de la papeleta de turno, demanda de amparo, del auto admisorio, de la sentencia, del proveído por el cual causó ejecutoria la misma (en su caso), del oficio y el anexo mediante el cual la autoridad responsable dio cumplimiento a dicha ejecutoria, del acuerdo por el que se dio vista a los quejosos con el cumplimiento dado por la responsable y del auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito; así como, de las constancias de notificación respectivas, para los efectos legales a que haya lugar. Del mismo modo, de autos se advierte que el tres de noviembre de dos mil dieciséis, se reservó ordenar el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto, se encontrara en el expediente el informe justificado de la autoridad responsable, y como ello ya aconteció, se provee: Acuérdese lo conducente al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que fueron señaladas las nueve horas con diez minutos del dos de diciembre próximo para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto; sin embargo, resulta evidente que para esa fecha continuará transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, concedido en autos a efecto de que las partes se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. En razón de lo anterior, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las diez horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. .
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1531/2016-II-B. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de garantías presentada por VÍCTOR CORONA JUÁREZ, ISAAC CORONA RUIZ y JUAN LUIS HUERTA DE LA FUENTE, contra actos del Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, además de no proceder de oficio por no encuadrarse en los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo vigente, pues no se trata de un acto de extradición y tampoco de algún diverso acto que si llegare a consumarse haría físicamente imposible restituir a la parte impetrante de garantías en el goce de los derechos reclamados.Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla. Apercibiendo a dicha autoridad que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y 260, fracción II de la Ley de Amparo.Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta a los informes rendidos fuera de los plazos establecidos, podrán ser tomados en cuenta si la parte quejosa estuvo en posibilidad de conocerlos, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor.Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (01222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax.Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remita como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo".En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos.En la inteligencia, que deberá de rendir su informe justificado haciendo referencia al número de oficio que contesta, así como el nombre correcto de la parte quejosa y número del presente juicio de amparo.Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten.Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y 251 de la Ley de Amparo.Se señala al Juez responsable que una vez que cierre la instrucción deberá suspender el correspondiente procedimiento penal hasta que sea notificado de la resolución que recaiga en este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías.Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde.Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo.Resérvese ordenar el emplazamiento de la parte tercero interesada, hasta en tanto, obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona señalada en el escrito de demanda, al tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente.Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados.A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.Finalmente, del escrito de demanda que se acuerda se advierte que el acto reclamado deriva del proceso 226/2014 del índice del Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, dictado en cumplimiento a la sentencia de amparo que concedió el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla, sin que se advierta el número de amparo correspondiente; por tanto, una vez que obre en autos el informe de la autoridad responsable, requiéranse las constancias conducentes.
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