Israel Vazquez Cruz

Expediente 825/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
825/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
27/10/2016

Partes del expediente

  • Israel Vazquez Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintisiete de octubre de dos mil dieciséis.Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hubiesen recurrido la resolución emitida en el presente asunto, por la que se negó el amparo en el presente asunto; en consecuencia; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar.En ese tenor, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido.Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto:a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica.b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se negó el amparo solicitado.En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva.Asimismo, pasados cinco años, del dictado del presente auto, este expediente es depurable, en razón de que se conservarán la demanda y la sentencia constitucional, las cuales se encuentran debidamente digitalizadas.En el Libro de Gobierno háganse las anotaciones pertinentes, así como en el Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito judicial de Claco, Estado de México.Finalmente, respecto al ocurso de cuenta, por medio del cual el quejoso Israel Vázquez Cruz, refiere no se le ha notificado de la sentencia emitida en el presente asunto; asimismo, solicita copia simple de la resolución emitida en el presente asunto y autoriza a Aidé Berenice Hernández para recibirlas.Atento a lo anterior, dígasele al solicitante del amparo que mediante constancia de notificación realizada el veintiséis de agosto del año en curso se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio a través de su atorizado Hugo Mangu Frances (foja 43), en cuanto a las copia s que refiere, con fundamento en el artículo 278 de la legislación adjetiva civil aplicada supletoriamente a la ley de la materia, expídase a costa del promovente las copias que solicita, sin que ello signifique que con su expedición se causará contribución alguna, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para debida constancia legal y por autorizada para recibirlas a las persona que citó en el ocurso de cuenta.Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Vistos, para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo 825/2016; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Israel Vázquez Cruz, por propio derecho, mediante escrito recibido el seis de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: [.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA DEL ACTO QUE SE RECLAMA, LO ES: 1. C. JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO, MÉXICO. IV.- ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA: EL C. JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CHALCO, MÉXICO SE RECLAMA: a) AUTO DONDE SE DECLARA IMPROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL TRATAMIENTO PRELIBERACIONAL, EN CORRELACIÓN AL BENEFICIO DE REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales vulnerados. La parte quejosa señala que con el actuar de la autoridad responsable se infringieron en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el seis de junio de dos mil dieciséis, se recibió en este Juzgado de Distrito la demanda de mérito y mediante acuerdo de siete siguiente, se formó expediente, el cual se registró con el número 825/2016, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede y que forma parte de esta resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 51, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el acuerdo general 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, porque se reclama un acto cuyos efectos son de imposible reparación dictado dentro de proceso penal por un órgano jurisdiccional penal local que tiene su residencia dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de entrar al estudio de la certeza del acto reclamado, debe destacarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, Al respecto resulta aplicable la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, de abril de dos mil cuatro, a página doscientos cincuenta y cinco, materia común de la Novena Época, cuyo rubro y contenido son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese orden de ideas, del escrito de demanda el acto que por esta vía constitucional se reclama consiste en: ? La resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, por la que el Juez Ejecutor de Sentencias del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, declaró improcedente el otorgamiento del tratamiento preliberacional, en correlación al beneficio de la remisión parcial de la pena al aquí quejoso, en atención a que en el expediente de ejecución 371/2007, no se encuentra reunido y satisfecho el requisito relativo a la temporalidad jurídica. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México (foja 25), aceptó la existencia del acto que se le reclama. Circunstancia que se corrobora con el expediente 371/2007 que al efecto el Juez responsable remitió como complemento a su informe con justificación, expediente al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, de donde se desprende la existencia del acto reclamado. Es aplicable en el caso la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro IUS 917812, consultable en la página doscientos treinta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, titulada: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público y se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional federal en el juicio de control constitucional, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable al rendir su informe justificado señaló que el presente juicio de garantías resulta improcedente debido a que el quejoso no agotó el principio de definitividad, ya que no agotó el recurso de reconsideración. En efecto, del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo indirecto es improcedente cuando no se agota dicho principio; sin embargo, la propia fracción, en su inciso b), prevé que aquél es procedente, como excepción, entre otras, cuando se trate de actos dictados dentro del procedimiento penal que afecten la libertad personal del quejoso. Bajo esa premisa, la resolución que aquí se reclama constituye un acto que afecta la libertad personal del gobernado, pues si bien es cierto que la privación de la libertad es causa de la sentencia condenatoria que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instauró, también lo es que continuará privado de su libertad como consecuencia de la negativa establecida en el acto reclamado, al no lograr recuperarla a través del beneficio solicitado y denegado. En ese tenor, se concluye que al afectarse la libertad personal del quejoso, la negativa de conceder el beneficio de que se trata, puede impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sin necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios previstos en la ley, en virtud de que se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad. Luego, al no existir diversas causas de improcedencia invocadas por las partes ni advertidas de oficio, este juzgador federal se avocará al análisis de fondo del asunto constitucional que nos ocupa. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para un mejor conocimiento del acto reclamado, resulta preciso señalar los antecedentes del expediente penal 371/2007 de donde se deriva, que al efecto remitiera el Juez responsable para acreditar lo manifestado en su informe con justificación; actuaciones a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, a saber: 1. El veintiuno de noviembre de dos mil doce, el Juzgado Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, a través del oficio 3889 de veinte anterior, comunicó a la autoridad responsable, en lo que aquí interesa, lo siguiente: [.] tomando en consideración que el tribunal de alzada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo MODIFICA la sentencia condenatoria de fecha cinco de enero de dos mil cuatro, dictada contra de ISRAEL VÁZQUEZ CRUZ por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ARMANDO BRAVO BRAVO, en su considerando IV y puntos resolutivos primero, segundo y cuarto, esta autoridad judicial se encuentra debidamente notificada de dicha modificación en los términos precisados con anterioridad. En consecuencia,. en primer término, se declara que la SENTENCIA CONDENATORIA de fecha cinco de enero de dos mil cuatro, HA QUEDADO FIRME, teniendo en lo sucesivo autoridad de cosa juzgada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 422, 423, 424, 425 y 427 del Código de Procedimientos Penales en vigor, se pone a disposición del Ejecutivo del Estado a efecto de que se le designe el lugar donde deberá de compurgar ISRAEL VÁZQUEZ CRUZ, la pena de prisión, de TREINTA Y CINCO AÑOS DE PRISIÓN, en la inteligencia de que la pena privativa de libertad empezará a contar a partir de la fecha de su detención material que lo fue el SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑOS DOS MIL DOS. [.] (fojas 154 y 155 del expediente de ejecución 371/2007) 2. Posteriormente, Israel Vázquez Cruz solicitó a la autoridad responsable girar oficio al Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Preventivo de su reclusión, para efecto de ser valorado y así obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, en correlación al beneficio de la remisión parcial de la pena; hecho lo anterior, el quince de abril de dos mil dieciséis, la responsable recibió el expediente clínico-criminológico del quejoso de referencia que se trata con el fin de pronunciarse respecto de dicho beneficios. 3. Así, el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable resolvió, en lo que aquí interesa, lo siguiente: [.] PRIMERO.-. --- SEGUNDO.- Se declara improcedente el Otorgamiento del Tratamiento Preliberacional, en correlación al Beneficio de la Remisión Parcial de la Pena, al interno ISRAEL VÁZQUEZ CRUZ, toda vez que en el presente asunto NO se encuentra reunido y satisfecho el requisito relativo a la temporalidad jurídica. --- [.] Constituyendo tal determinación el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Análisis del asunto. El quejoso de que se trata sostiene como argumento toral en sus conceptos de violación, que la autoridad responsable debió adicionar los días de remisión parcial de la pena por trabajo a los de prisión compurgados, para así tener por cumplido el requisito de temporalidad que debe de tenerse para acceder al tratamiento preliberacional, es decir, las tres quintas partes de la pena. Tal concepto de violación hecho valer por el quejoso es infundado, aun suplido en su queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. Los artículos 100, 106 y 111, fracción I, de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado, vigente al momento de la comisión del delito, establecen: "Artículo 100. Por cada dos días de trabajo del interno se hará remisión de uno de prisión, siempre que observe buena conducta, practique regularmente en las actividades educativas, recreativas y deportivas que se organicen en el establecimiento, y que a juicio del Consejo Técnico Interdisciplinario, revele por otros datos, efectiva resocialización. Este último criterio será en todo caso factor determinante para la concesión o negación de la remisión parcial de la pena. A los internos que por falta de ocupación laboral asistan regularmente a la escuela, les serán tomadas en cuenta dichas actividades para el efecto de la remisión parcial de la pena y cualquier otra medida alternativa útil tendiente a su reincorporación social. Artículo 106. La prelibertad se podrá otorgar desde un año antes a la fecha en que el interno esté en tiempo de obtener su libertad condicional o absoluta, en correlación con el beneficio de la remisión parcial de la pena. Artículo 111. La Libertad Condicional se otorgará a los internos sancionados con Penas de Privación de Libertad por dos años o más cuando se satisfagan los siguientes requisitos: I. Haber cumplido las tres quintas partes de la pena corporal impuesta, cuando se trate de delitos dolosos, y haber cumplido las dos cuartas partes cuando se trate de delitos culposos. II. Haber observado durante su internamiento, buena conducta, sin limitarse al simple cumplimiento de los Reglamentos sino a su mejoramiento cultural, perfeccionamiento en el servicio y superación en el trabajo, que revele un afán constante de readaptación social. III. Ofrecer dedicarse en el plazo que la resolución determine a un oficio, arte, industria, profesión o cualquier otro medio honesto de vivir y acatar los condicionantes que determine el Consejo Técnico Interdisciplinario. IV. Que alguna persona, con reconocida solvencia moral, honrada y de arraigo, se obligue a supervisar y cuidar que el liberado cumpla con sus obligaciones contraídas al momento de su liberación. V. Que el beneficiado con libertad condicional resida en el lugar que se determine y del cual no podrá ausentarse, sin el permiso de la Dirección de Prevención y Readaptación Social. La designación se hará, conciliando las circunstancias de que al interno no pueda proporcionársele trabajo en el lugar que se le fije, con el hecho de que su permanencia en él, no sea un obstáculo para su enmienda. Conforme a tales normativos cabe señalar que la prelibertad es un beneficio que tiene todo sentenciado que se podrá otorgar desde un año antes a la fecha en que aquel éste en tiempo de obtener su libertad condicional. Para tener derecho a ese tratamiento se requiere además que se satisfagan los requisitos previstos en la fracción I del numeral 111 invocado, es decir, tres quinta partes de la pena por tratarse de un delito doloso. Por su parte, el otorgamiento de la remisión parcial de la pena tendrá lugar cuando, por cada dos días de trabajo se haga remisión de uno de prisión, siempre que se observen las exigencias especificadas en el diverso artículo 100 citado; esto es, dicho beneficio regula una condonación parcial del tiempo de prisión a cambio de trabajo. Como es de advertirse, los beneficios de prelibertad y la remisión parcial de la pena tienen como finalidad que la persona sentenciada obtenga su libertad anticipadamente en los términos y condiciones que los numerales respectivos precisan. Ahora bien, el tratamiento preliberacional tiene como efecto que el sentenciado pueda disfrutar de su libertad personal antes de compurgar totalmente su pena privativa; es decir, se le concede la oportunidad de recuperar su libertad cuando quede cumplida la temporalidad de la sanción impuesta exigida para la procedencia de ese beneficio. Mientras que en la remisión parcial de la pena, habrá afectación en la temporalidad inicial de la pena de prisión impuesta, derivado de lo cual, el beneficiado ya no cumplirá en su totalidad el lapso de la sanción impuesta en el fallo definitivo. Ahora bien, en cuanto al otorgamiento de esos beneficios, conforme a los artículos 100 y 106 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado, derivan las circunstancias siguientes: 1. La remisión funcionará independientemente del tratamiento preliberacional, lo que implica que un beneficio no depende del otro. 2. Es factible analizar ambos beneficios simultáneamente, pues no se excluyen entre sí; por el contrario, lo establecido en este primer supuesto contempla la posibilidad de que uno sea estudiado con independencia de la procedencia del otro, ya que cada uno prevé requisitos distintos que deben acreditarse a fin de ser obtenidos; de ahí que la autonomía que los distingue es lo que hace posible el análisis de la procedencia o no de ambos, a fin de que en caso de que procedan el sentenciado pueda acceder al que más le favorezca. 3. No es legalmente factible que se otorguen de manera complementaria o mancomunada, debido a que se rompe con el principio de independencia que los rige. Lo anterior es así, porque sin perder de vista la independencia de la operatividad de los beneficios cuestionados, se decida si el sentenciado cumple con la temporalidad -aunada a los demás requisitos correspondientes-, para obtener cualquiera de esos beneficios, pero de manera autónoma. Así, los preceptos aludidos no facultan a que se conjuguen el beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena y el de tratamiento preliberacional; esto es, que declare la procedencia del primero, para que con los días obtenidos cubra la temporalidad exigida para el segundo, pues ambos beneficios son independientes uno del otro, y deben colmarse las exigencias establecidas para cada uno. Máxime que no existe disposición normativa que permita considerar los días obtenidos por la remisión parcial de la pena en el cómputo de las tres quintas partes de la condena para el diverso beneficio de la libertad preparatoria. En efecto, la autonomía de los beneficios citados deriva de lo dispuesto en los normativos que los prevén, los que no permiten concluir que el total de días de remisión parcial de la pena por trabajo sean adicionados a los de prisión compurgados y con base en éstos, determinar si se cumple con las tres quintas partes de compurgación de la sanción, pues la interpretación sistemática y literal de los artículos invocados permiten concluir que existen tres diversas formas de acceder a la libertad anticipada, las cuales son: a). Tratamiento preliberacional -procedente desde una año antes a la fecha en que el interno éste en tiempo de obtener su libertad condicional o absoluta-. b). Libertad condicionada -al que se accede cuando el sentenciado haya cumplido las tres quintas partes de la sanción de prisión-. c). Remisión parcial de la pena. Respecto de los cuales se establecen de forma independiente unos de otros, los requisitos para su procedencia. Ahora, no debe inadvertirse en cuanto al tratamiento preliberacional, que para su procedencia el sentenciado debe compurgar las tres quintas partes de los años de prisión impuestos, y por el resto de la condena quedará sujeto a la vigilancia de la autoridad que señale el juzgador de ejecución. Mientras que en relación con la remisión parcial de la pena, al considerar que, por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, esto significa, que aun en el supuesto de que la persona sentenciada hubiera trabajado todos los días en que permaneció en prisión, únicamente podría alcanzar como remisión de la privación de la libertad, la mitad del tiempo de duración de ésta, lo cual es claro, no implica la extinción de la pena de prisión impuesta, sino sólo que obtiene su libertad anticipadamente. De manera que el orden en que decida hacer uso de los beneficios penitenciarios de tratamiento preliberacional y remisión parcial de la pena, no están sujetos a ninguna condición, más que a la particular circunstancia de lo que le resulte benéfico al sentenciado, se destaca en cuanto a dicho aspecto, que en efecto, los días laborados sólo pueden considerarse para determinar lo relativo a la remisión parcial de la pena, ya que legalmente así está dispuesto. De lo anterior se obtiene que la intención del legislador no fue la de estimar que respecto al tratamiento preliberacional y la remisión parcial de la pena el lapso obtenido de la última deba considerarse para determinar si están cumplidas las tres quintas partes de la pena, precisamente por constituir beneficios penitenciarios de libertad anticipada independientes uno del otro, con su particular regulación para su procedencia, al margen de que el sentenciado decida solicitar la libertad preparatoria o bien, la remisión parcial de la pena, y entonces el orden en que pida tales beneficios, no así el cómputo queda a su elección. En efecto, como ya se indicó, porque en ningún precepto de los relativos a dichos beneficios penitenciarios se dispone que el tiempo obtenido como remisión parcial de la pena debe formar parte del lapso requerido para obtener el tratamiento preliberacional, de manera que no funcionan de forma "sucesiva". Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2009742 del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 21, agosto de 2015, tomo II, materia penal, página 1527, cuyo rubro y texto son: LIBERTAD PREPARATORIA Y REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. AUN CUANDO ES FACTIBLE ANALIZAR SIMULTÁNEAMENTE ESTOS BENEFICIOS, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA QUE LOS RIGE, NO DEBEN OTORGARSE DE MANERA COMPLEMENTARIA. De la interpretación armónica de los artículos 40, 41, 46, 49 y 50 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Distrito Federal abrogada, deriva que los beneficios de libertad preparatoria y remisión parcial de la pena son independientes, lo que implica que uno no depende del otro, y que es factible analizarlos simultáneamente, al no excluirse entre sí. No obstante, no deben otorgarse de manera complementaria, porque el hecho de unir un beneficio al otro bajo el argumento de que la ley establece que el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie a la persona sentenciada, implicaría romper el principio de independencia que los rige, ya que la acepción "cómputo benéfico" a que se refiere el párrafo segundo del artículo 50 aludido, debe entenderse en el sentido de ponderar, en principio, si resulta eficaz y suficiente para conceder la remisión parcial de la pena; y de no ser así, si tiene tales cualidades para conceder el diverso de la libertad preparatoria o viceversa; es decir, que sin perder de vista la independencia de la operatividad de los beneficios cuestionados, debe decidirse si se cumple con la temporalidad -aunada a los demás requisitos correspondientes-, para obtener cualquiera de esos beneficios, pero de manera autónoma. Lo anterior no implica inobservancia al principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional, en virtud que no necesariamente deben resolverse las cuestiones planteadas por los gobernados de manera favorable a sus pretensiones ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, pues ese principio no puede ser constitutivo de "derechos" o dar cabida a interpretaciones más favorables, cuando no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la reforma del artículo 1 de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones de impartición de justicia en la forma en que venían desempeñándolas con anterioridad a la citada reforma, sino que el cambio operado en el sistema jurídico mexicano, en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional (principio pro personae o pro homine), solamente conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para el gobernado respecto de la institución jurídica que se analiza, se considere, pero no significa que se dejen de aplicar los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica y debido proceso previstos en los diversos numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, so pretexto de un acceso efectivo a la administración de justicia. De ahí lo infundado de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso de que se trata. No es obstáculo a lo anterior el hecho de que el quejoso de que se trata haya invocado la tesis aislada cuyo rubro es "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD PREPARATORIA. NO EXISTE IMPEDIMENTO PARA ESTIMAR EL TIEMPO DE RECLUSIÓN COMPURGADO EN TÉRMINOS DE AQUÉLLA PARA RESOLVER SOBRE EL OTORGAMIENTO DE ÉSTA."; sin embargo, la misma resulta inaplicable en atención a que, sobre el tema abordado, se emitió la jurisprudencia invocada en párrafos que anteceden, misma que en términos del artículo 217, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es de observancia obligatoria para este Órgano de Control Constitucional, criterio jurisprudencial que además, resuelve el tema tratado en la presente ejecutoria. De consiguiente, al resultar infundados los conceptos de violación, aun cuando fueron suplidos en su queja deficiente, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal y dejar subsistente el acto reclamado a las autoridades responsables. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 73, 74, 75, 77, 79 y 217, de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a Israel Vázquez Cruz, respecto los actos y autoridades especificados en los considerandos segundo y tercero de este fallo, por las razones y términos expuestos en el considerando último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/2900/2016 de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Manuel Isaías Delgadillo Aguiñaga, secretario que autoriza, firma y da fe, hasta el día de hoy veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado permitieron concluir con su engrose. Doy fe.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado y remite el juicio 371/2007 en original de su índice, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos únicamente para que obre como corresponda en razón de que en auto de diecinueve de los cursantes se acordó similar promoción. Asimismo, en lo atinente al expediente que remitió en complemento a su informe, con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, dese vista a las partes con dichas constancias para que se impongan de su contenido. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales de referencia; sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional. Por otra parte, dado el volumen de las constancias en comento, fórmese el anexo correspondiente, el cual deberá estar bien identificado. Finalmente, con fundamento en los artículos 5, fracción III, inciso e) y 26, fracción II, inciso b de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de tercero interesado el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, por lo que mediante oficio que derive del presente auto emplácese al presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, de los cuales se advierte que el diecinueve de julio del año en curso, se acordó lo conducente respecto del informe justificado rendido por el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México; por lo que aún no ha transcurrido el término de ocho días, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las diversas partes se impongan del contenido del informe en comento. Por lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de la data se difiere y se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, para su verificativo.

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