Israel Sánchez Rebollar

Expediente 1698/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1698/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • Israel Sánchez Rebollar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Intégrese el oficio signado por la Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrita a este órgano de control constitucional, mediante el cual, comunica que en atención a la vista ordenada en autos de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós y ocho de diciembre del mismo año, giró oficio 192/2022 de fecha nueve de diciembre de este año, dirigido a la Agente del Ministerio Público Federal Supervisor General de la Ventanilla Única de Atención en el Estado de México, a efecto de inicie la carpeta de investigación respecto a los hechos denunciados por el quejoso Israel Sánchez Rebollar, circunstancia de la que queda enterado este juzgado.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy el quejoso no interpuso recurso de queja contra el auto en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículos 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Intégrese la promoción signada por el quejoso ******, por medio del cual, pretende desahogar la prevención formulada el cuatro de noviembre de este año, y refiere que la autoridad que señala como responsable es el custodio de nombre *** quien le reclama abuso de autoridad. Ahora bien, de la constancia de notificación realizada el siete de noviembre de dos mil veintidós, al quejoso Israel Sánchez Rebollar, en la que se le hizo de su conocimiento el proveído de cuatro de noviembre de este año, manifestó lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESTE AMPARO NO ES CONTRA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD ES CONTRA EL JEFE DE GUARDIA DAVID JARAMILLO CONDE CONTRA ABUSO DE AUTORIDAD OSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL YA QUE LOS HECHOS NARRADOS OCURRIERON EL DIA 13 DE OCTUBRE". Con lo que se ordenó dar vista al defensor público José Antonio Cuitláhuac Torres Guerrero, designado para representar, orientar y asesorar al quejoso Israel Sánchez Rebollar, a efecto de que desahogara la prevención realizada el cuatro de noviembre de este año, dentro del plazo otorgado en el mismo. Una vez transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa, y a su asesor jurídico en comento, en auto de veintinueve de noviembre de este año, se determinó desechar la demanda promovida por el solicitante del amparo, toda vez que de las manifestaciones realizadas por el quejoso, precisó que el acto reclamado por lo que instó la demanda era el siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESTE AMPARO NO ES CONTRA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD ES CONTRA EL JEFE DE GUARDIA DAVID JARAMILLO CONDE CONTRA ABUSO DE AUTORIDAD OSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL YA QUE LOS HECHOS NARRADOS OCURRIERON EL DIA 13 DE OCTUBRE". De ahí que sólo se tuvo como acto reclamado, el delito de abuso de autoridad. Atento a lo anterior, se estimó que en el caso, se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que previo a la presentación de este juicio de amparo, el quejoso Israel Sánchez Rebollar, debió presentar su inconformidad ante el Juez de Control o Ejecución, porque el abuso de autoridad que atribuye al Jefe de Guardia David Jaramillo Conde, atañe a cuestiones relacionadas con el internamiento del quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido; además de que la ley del acto, prevé la suspensión del acto reclamado. Y será en todo caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, cuando sea procedente el juicio de amparo. El razonamiento expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2017822, emitida por el Pleno de Circuito, visible en la página 1701 del Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del seminario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, que establece: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." A mayor abundamiento, se precisó que el delito de abuso de autoridad, hostigamiento y acoso sexual de los que se duele el quejoso, no encuadran en las hipótesis contempladas por los citados artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que den lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, en cambio se encuentran tipificados como delitos en la ley correspondiente (artículo 335 Código Penal del Estado de México y 282 del Código Penal Federal), el cual es perseguido por la autoridad investigadora de que se trate, en términos de los artículos 21 y 102 de la Constitución; de ahí que el juicio de amparo resultó improcedente. Asimismo, se ordenó dar vista al ministerio público de la adscripción, para los efectos legales conducentes. En ese tenor, dígase al quejoso, que no ha lugar a tenor por desahogada la prevención formulada en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, debiendo estarse a lo acordado en el diverso proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se determinó desechar la demanda de amparo en comento. No obstante, de nueva cuenta se ordena dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos de los cuales se advierte que mediante auto de cuatro de noviembre de este año, se previno al quejoso para efecto de que aclara de manera puntual el acto que en esta vía constitucional reclama al "Jefe de Seguridad y Custodia del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Lo anterior, ya que de su escrito inicial de demanda señaló como acto reclamado lo siguiente: "abuso de autoridad" ".Invocó la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Capítulo I, articulo 7, 8, fracción I, capítulo II, artículo 10, fracción II, de la Ley de responsabilidades administrativas de los servidores público (sic)". Sin embargo, de los antecedentes se advirtió que se duele de diversos actos que se traducen en lo siguiente: Tortura. Cambio de módulo y estancia. Orden de traslado. Ahora, de la constancia de notificación practicada al quejoso en fecha siete de noviembre de este año, se advierte que, manifestó lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ESTE AMPARO NO ES CONTRA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD ES CONTRA EL JEFE DE GUARDIA DAVID JARAMILLO CONDE CONTRA ABUSO DE AUTORIDAD OSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL YA QUE LOS HECHOS NARRADOS OCURRIERON EL DIA 13 DE OCTUBRE". De ahí que sólo se tenga como acto reclamado, el delito de abuso de autoridad. Atento a lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". La fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, que lo es el de definitividad, el cual impone como obligación a la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tildan de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. De conformidad con los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, preceptos que establecen lo siguiente: "Capítulo III Procedimiento Administrativo "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; II. Los familiares hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad de la persona privada de la libertad, su cónyuge, concubinario o pareja de hecho; III. Los visitantes; IV. Los defensores públicos o privados; V. El Ministerio Público; VI. Cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de protección de los derechos humanos en el orden federal o de las entidades federativas, que tengan dentro de su mandato la protección de las personas privadas de la libertad o de grupos o individuos que se encuentren privados de la misma, y VII. Las organizaciones de la sociedad civil que tengan dentro de su objeto la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se encuentren debidamente acreditadas. Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Las personas privadas de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva, están legitimadas para presentar una petición administrativa ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Una vez formulada la petición, surge la obligación de la autoridad de pronunciarse sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el Director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. Por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, la autoridad penitenciaria deberá admitir la petición e iniciar el trámite del procedimiento, o bien, prevenir en caso de ser confusa; esta última determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla y en caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Una vez admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando la aportada por el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición. La obligación de allegarse de información, no debe retrasar la resolución de la petición; pues aquella debe de acompañarse de acciones diligentes. El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, caso en el cual el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como sus efectos, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Además, lo resuelto por la autoridad administrativa puede ser llevado a controversia ante el Juez de Ejecución y la resolución que dicte puede ser recurrida de conformidad con los artículos 116, fracción I, 117, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyos preceptos establecen lo siguiente: "Capítulo IV Controversias ante el Juez de Ejecución Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas; II... Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa.". De la transcripción precedente, en lo que aquí interesa, se obtiene lo siguiente: Los jueces de ejecución conocen de controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. Los internos están legitimados para promover ante el Juez de Control o de Ejecución, con el objeto de resolver las controversias sobre las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con éstas, una vez agotada la petición administrativa respectiva. Asimismo, se prevé la suspensión del acto en casos considerados como urgentes. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se obtiene que el quejoso ********************, previo a promover demanda de amparo, debió presentar su inconformidad ante el Juez de Control o Ejecución, porque el abuso de autoridad que atribuye al Jefe de Guardia David Jaramillo, atañe a cuestiones relacionadas con el internamiento del quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido; además de que la ley del acto, prevé la suspensión del acto reclamado. Y será en todo caso de que agotado el trámite la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos, cuando sea procedente el juicio de amparo. El razonamiento expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 2017822, emitida por el Pleno de Circuito, visible en la página 1701 del Tomo II, Materia Común, de la Gaceta del seminario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, que establece: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad." Por tales motivos, este juzgador estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo resulta improcedente; por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Cabe destacar que el delito de abuso de autoridad, hostigamiento y acoso sexual de los que se duele el quejoso, no encuadran en las hipótesis contempladas por los citados artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que den lugar a la procedencia del juicio de amparo indirecto, en cambio se encuentran tipificados como delitos en la ley correspondiente (artículo 335 Código Penal del Estado de México y 282 del Código Penal Federal), el cual es perseguido por la autoridad investigadora de que se trate, en términos de los artículos 21 y 102 de la Constitución; de ahí que el juicio de amparo resulte improcedente. Sin perjuicio de ello dese vista al ministerio público de la adscripción, para los efectos legales conducentes.

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