Israel Suárez Azua
Expediente 1720/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1720/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/12/2018
Partes del expediente
- Israel Suárez Azua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el presente juicio y carece de relevancia documental.
- Principal
. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, a través del cual rinde informe justificado y en respuesta a lo requerido el veintiuno de noviembre último, remite documentales que acreditan el externamiento del quejoso del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango de Valle, Estado de México. De conformidad con en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las exhibidas. Constancias a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario que tiene fe pública. En la especie, se advierte que contra el acto tildado de inconstitucional, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la ley de la materia, la cual establece que cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, el juicio de amparo será improcedente, pues dicho artículo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)". De lo transcrito, se advierte que para que se actualice este motivo de improcedencia, necesariamente deben reunirse los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado no se haya nulificado, revocado o declarado insubsistente, de tal manera que formalmente exista en la vida jurídica; y, b) Que por cualquier causa haya desaparecido su objeto o materia sobre el cual rigió en forma eficaz. En efecto, se actualiza cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado -concretados o no-, tornaría jurídicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Hipótesis que sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En el caso concreto, el quejoso reclamó la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, Estado de México al diverso Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango de Valle, Estado de México. Así, de las constancias certificadas, enviadas por el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango de Valle, Estado de México, consistente en el oficio 7309 de cinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por la Jueza de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, se advierte lo siguiente: Que en cumplimiento a la continuación de la audiencia de continuación de juicio en la causa 94/2018, SE DICTÓ FALLO ABSOLUTORIO a favor del quejoso Israel Suárez Azua, al no acreditarse el hecho delictuoso de ROBO CON MODIFICATIVA DE AGRAVANTE (DE HABERSE COMETIDO EN INTERIOR DE CASA HABITACIÓN Y CON VIOLENCIA), en agravio de ABDÓN REYES DOMÍNGUEZ, por lo que dejó sin efectos las medidas cautelares decretadas y ordenó su inmediata y absoluta libertad, siempre y cuando no se encuentre a disposición de diversa autoridad por delito diverso. BOLETA DE LIBERTAD DE 05 de noviembre de 2018, signada por el Director, Secretario General y Auxiliar Jurídico, todos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango de Valle, Estado de México, por la cual hicieron constar que el quejoso no contaba con causa penal pendiente y el impetrante asentó al reverso de dicha boleta su domicilio y referencias familiares y personales. Bajo esta circunstancia, toda vez que el acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, Estado de México al diverso Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango de Valle, Estado de México; de modo que aun subsistiendo formalmente la decisión de su traslado, resulta inconcuso que su externamiento, por fallo absolutorio en la causa penal 94/2018, ha dejado sin huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, el traslado reclamado, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Cobra aplicación la jurisprudencia 181/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. en virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. en ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la ley de amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXII, así como en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las once horas con treinta minutos del doce de diciembre de dos mil dieciocho; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término otorgado al Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México en proveído de veintiuno anterior, a efecto de que remita las constancias que acrediten la puesta en libertad del quejoso Israel Suárez Azua, pues de una revisión a la página www.estefeta.com/Herramientas/Rastreo se aprecia que dicha determinación fue notificada el veintiocho de los actuales. A fin de permitir lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del doce de diciembre de dos mil dieciocho, para su verificativo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio de la autoridad fiscal que lo suscribe, por el cual solicita información necesaria para la aplicación de la multa ordenada en autos (f. 265). Resérvese enviar la información solicitada, hasta en tanto se cuente con los datos requeridos el seis de los cursantes (f. 328 y 329), o bien se resuelva el medio de defensa hecho valer por la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
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