Israel Villegas Castillo

Expediente 947/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
947/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Israel Villegas Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, se colige que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d), 86 de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales subsecuentes; en consecuencia, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por otra parte, atendiendo a la certificación de cuenta, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II, de dicho punto, al ser un juicio de amparo sobreseído. c) Transcurrido el término de tres años, deberán transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. e) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN AL CITATORIO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO IVC, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en ocho de septiembre del año actual, remite copia certificada del laudo dictado en el expediente laboral *** así como las notificaciones relativas al mismo. Atento a lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. La doctrina ha establecido que de acuerdo con el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, pero de similar contenido en el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga; que para ser aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente; aunado a lo anterior, únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de los derechos violados. Como se puede ver, es un supuesto de causa de improcedencia del juicio de amparo cuando la autoridad responsable deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado, de manera que sus efectos quedan destruidos de forma permanente, absoluta, completa e incondicional, y las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Para que se actualice dicha causa de improcedencia se requiere: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga dentro del procedimiento constitucional y que deje insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda constitucional, y d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Sobre el particular, es aplicable la tesis publicada en la página 2443, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XCIX, Quinta Época, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." Y la tesis publicada en la página 731, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXIX, Quinta Época, emitida por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá. Establecido todo o anterior, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia a que se contrae el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues no hay duda que han cesado los efectos de la omisión reclamada a los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, ya que ha dejado de producir consecuencias de derecho, al haberse dictado el laudo correspondiente. En efecto, porque en fecha veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el quejoso *** reclamó la omisión de dictar el laudo en el expediente laboral *** acto que a la fecha de presentación de la demanda existía; sin embargo, en diecinueve de agosto de la anualidad que transcurre, se dictó el laudo respectivo, mismo que fue notificado al apoderado legal del aquí quejoso el veintiuno de septiembre del año actual. Situación que se encuentra corroborada con la copia certificada del laudo y de las notificaciones respectivas remitidas por la responsable, constancias que tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de la última legislación. Ante tal circunstancia, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, con lo que se cumplen los supuestos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, ya que la omisión de la que se adolece la parte quejosa ha cesado al emitirse el laudo, al no existir motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la sustitución procesal argumentada, de modo tal, que se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia sobreseer en el juicio, en términos de lo dispuesto por la fracción V del diverso numeral 63 de la propia ley invocada. Resulta aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época, cuya literalidad es: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por Israel Villegas Castillo, en términos del numeral 63, fracción V, de la legislación descrita. Luego, el sobreseimiento es decretado sin que se lleve a cabo la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar con la tramitación del juicio, ya que sólo trastocaría el principio de celeridad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso la Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, prevista para realizarse a las diez horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis.

  4. Principal

    se admite la demanda de amparo. No ha lugar a formar el incidente relativo a la suspensión, por no haber solicitud expresa al respecto. Se señalan las diez horas con cuarenta minutos del seis de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado. Se apercibe al quejoso que en caso de que la autoridad que designó en la demanda haya sido nominada incorrectamente, la misma se tendrá por inexistente y se dejará de tener comunicación con ella. requiérase a las partes para que, en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este Juzgado. Toda vez que el quejoso señala como tercero interesado a ***; sin embargo, se estima que éste no tiene ese carácter para efectos del sumario constitucional en que se actúa, toda vez que no se aprecia que, por lo que respecta al acto reclamado -dilación procesal-, tengan intereses contrarios a la aquí quejosa, en el juicio de origen. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo.

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