Israel de Jesus Miramontes Perez

Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
83/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Israel de Jesus Miramontes Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintitrés. Se ordena notificación por lista. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente al quejoso Israel de Jesús Miramontes Pérez, el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por los motivos que en la misma se exponen. Consecuentemente, al resultar impreciso el domicilio proporcionado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena a la actuaria de este juzgado, notificar a la referida parte procesal por medio de lista el referido acuerdo, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese.

  2. Principal

    con fundamento en el artículo 26 fracción II de la ley de amparo se notifica a la parte quejosa el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés que dice: Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual remite diversas constancias en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el catorce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las citadas documentales. Estado de autos. Ahora, del oficio de cuenta y de las constancias que remite la responsable se advierte que el veintinueve de marzo y el veintiuno de abril, ambos del presente año se notificó a la parte actora y demandada, respectivamente, el laudo emitido por la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el juicio ********************, y con tal circunstancia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, y tomando en cuenta que las causales de improcedencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio; por lo que, la suscrita estima que en el presente juicio deviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos de los actos reclamados por el quejoso, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado, con base en lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Precisión del acto reclamado. En el caso particular, los actos que motivaron el juicio de amparo son los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: PRIMERO: Se reclama de la autoridad responsable la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, la omisión de notificar el laudo de fecha 15 DE MARZO DE 2022 (fecha que se obtiene de la página oficial o sitio web de la autoridad responsable) y de hacer cumplir y aplicar los medios de apremio correspondientes al actuario adscrito a la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, a fin de que se continúe con la secuela procesal y se haga la debida notificación del Laudo. SEGUNDO: la omisión del C. ACTUARIO ADSCRITO LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA de notificar en tiempo y forma a las partes del LAUDO DE FECHA 15 DE MARIO DE 2022 (fecha que se obtiene de la pagina oficial o sitio web de la autoridad responsable) con la finalidad de que se pueda continuar con la etapa de ejecución. TERCERO: Que en los actos subsecuentes la autoridad responsable continúe el trámite del juicio y resuelva sobre su tramitación con la celeridad requerida por la ley, para lo cual deberá desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos legales para su realización y, en su oportunidad, se inicie con la etapa de ejecución correspondiente en los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo." Ahora, como se advierte de las constancias que remitió la responsable; el veintinueve de marzo y el veintiuno de abril, ambos del presente año se notificó a la parte actora y demandada, respectivamente, el laudo emitido en el juicio ********************, por lo que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la cesación de efectos actualizada. Cabe destacar, que la presente determinación se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia común 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se deja sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, siendo esta las doce horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Informe. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que envía el Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a través del cual remite diversas constancias en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el catorce de abril de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las citadas documentales. Estado de autos. Ahora, del oficio de cuenta y de las constancias que remite la responsable se advierte que el veintinueve de marzo y el veintiuno de abril, ambos del presente año se notificó a la parte actora y demandada, respectivamente, el laudo emitido por la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el juicio ********************, y con tal circunstancia se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, y tomando en cuenta que las causales de improcedencia, al ser un presupuesto procesal de orden público, deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio; por lo que, la suscrita estima que en el presente juicio deviene la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que han cesado los efectos de los actos reclamados por el quejoso, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Esa información permite declarar improcedente el juicio de amparo al haber cesado los efectos del acto reclamado, con base en lo siguiente. El artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Precisión del acto reclamado. En el caso particular, los actos que motivaron el juicio de amparo son los siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: PRIMERO: PRIMERO: Se reclama de la autoridad responsable la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, la omisión de notificar el laudo de fecha 15 DE MARZO DE 2022 (fecha que se obtiene de la página oficial o sitio web de la autoridad responsable) y de hacer cumplir y aplicar los medios de apremio correspondientes al actuario adscrito a la H. JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, a fin de que se continúe con la secuela procesal y se haga la debida notificación del Laudo. SEGUNDO: la omisión del C. ACTUARIO ADSCRITO LA JUNTA ESPECIAL NUMERO 59 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA de notificar en tiempo y forma a las partes del LAUDO DE FECHA 15 DE MARIO DE 2022 (fecha que se obtiene de la pagina oficial o sitio web de la autoridad responsable) con la finalidad de que se pueda continuar con la etapa de ejecución. TERCERO: Que en los actos subsecuentes la autoridad responsable continúe el trámite del juicio y resuelva sobre su tramitación con la celeridad requerida por la ley, para lo cual deberá desahogar los actos procesales pendientes respetando los términos legales para su realización y, en su oportunidad, se inicie con la etapa de ejecución correspondiente en los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo." Ahora, como se advierte de las constancias que remitió la responsable; el veintinueve de marzo y el veintiuno de abril, ambos del presente año se notificó a la parte actora y demandada, respectivamente, el laudo emitido en el juicio ********************, por lo que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues aquella situación jurídica se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria y artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, en razón de la cesación de efectos actualizada. Cabe destacar, que la presente determinación se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis en materia común 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Audiencia constitucional. Por lo expuesto y fundado en este proveído, se deja sin efectos la hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, siendo esta las doce horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de abril de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, el expediente no se encuentra integrado para su celebración, en razón de que en la demanda de amparo la parte quejosa señala como acto reclamado ""[.] la omisión del C. ACTUARIO ADSCRITO LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 59 D EL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA de notificar en tiempo y forma a las partes del LAUDO DE FECHA 15 DE MARZO DE 2022 [.]". En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, informen si ya se notificó a las partes el laudo dictado en el expediente ******************** de su índice. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de dar cumplimiento a lo anterior o no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, de acuerdo con lo estipulado en los ordinales 237, fracción I y 259 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalentes a $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional, de conformidad con los artículos segundo y tercero Transitorios el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Cantidad que resulta de multiplicar por cincuenta la suma de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el uno de febrero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con el precepto 238 de la citada legislación. Lo anterior, al existir indicios de que podría dar lugar a la actualización de una causal de improcedencia. Sirve de a poyo a lo anterior, la jurisprudencia 163/2005, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, consultable en la página 319, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Diferimiento de audiencia. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las doce horas con veinte minutos del veintisiete de abril de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo resuelto en la jurisprudencia 2a/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano