Israel Ortiz Coronel

Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
80/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
16/03/2023

Partes del expediente

  • Israel Ortiz Coronel

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de tres de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por desechada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar, que en esta fecha notifiqué a la parte tercero interesada Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito Institución Banca de Desarrollo, la determinación de diez de enero de dos mil veintitrés, por medio de lista que se fijó a las nueve horas del día de hoy, en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo "...Tijuana, Baja California, tres de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio, proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, y anexo que compaña, consistente en los autos originales del juicio del juicio de amparo ******************** de su índice, ya que el tres de agosto de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Centro de Reinserción Social El Hongo 3, con sede en Tecate, Baja California y otra autoridad. Acepta competencia. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y 117 y relativos de la Ley de Amparo, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 38/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aplicables en el presente asunto; esta Jueza de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del juicio de amparo de que se trata; por lo tanto, acúsese recibo de estilo. Radicación. En consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo ********************. ******************** Análisis de la demanda de amparo Este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Desechamiento de demanda.********************Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Justificación. Lo anterior, porque se considera que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado. Marco normativo. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El precepto legal en cita, establece el principio de definitividad, el cual es uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo y que tiene su fundamento en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que consiste en que para ser procedente el juicio constitucional deben agotarse previamente todos los recursos ordinarios que señale la ley que rige el acto que se reclame, salvo las excepciones que establezca la ley. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado pueda obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos. De ahí la importancia del aludido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado o modificado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen la violación de derechos humanos como último recurso. De lo contrario imperaría el arbitrio del solicitante de derechos, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaría en libertad de acudir directamente al juicio de amparo. Así pues, los elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: 1. El acto reclamado emane de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; 3. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. 4. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. Marco jurisprudencial. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 57/2018, determinó que la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. En ese sentido, la corte razonó que ese mecanismo de control constituye procedimiento conformado de diversas etapas, ya que inicia con la presentación de una petición formulada por el interno ante la autoridad penitenciaria correspondiente en donde puede ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio. Además, la primera sala indicó que incluso en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. Conclusión. Del marco normativo y jurisprudencial expuesto, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión que el quejoso, previo a instar el presente juicio de amparo, debió agotar el principio de definitividad. Esto es así, dado que de la demanda de amparo se advierte que el peticionario del amparo reclama del Director y Doctor del Área Médica del Centro de Reinserción Social El Hongo 3, con sede en Tecate, Baja California, la omisión o negativa de proporcionarle la atención médica que requiere derivado del padecimiento de hepatitis C con el que cuenta. Por ende, se considera que en contra de tal actuar la parte quejosa se encuentra en aptitud legal de instar el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo, como ya lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, como se indicó, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y está dirigido a todos los internos, sin importar su situación jurídica, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento.******************** Esa situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Sin embargo, de lo manifestado por la parte quejosa no se advierten datos objetivos tendentes a evidenciar que efectivamente hubiese seguido el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de que el juez de ejecución correspondiente analice lo relativo al acto que aquí se reclama, esto es, a la omisión de proporcionarle la atención médica que solicita. Lo que resulta indispensable, ya que al ser esa cuestión un aspecto concerniente a su condición de internamiento, en términos de la jurisprudencia 1a./J.79/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se hizo alusión, el quejoso se encuentra obligado a agotar las instancias ahí contempladas y con las cuales es posible lograr que la autoridad penitenciaria atienda, en su caso, la solicitud la materia del acto reclamado. A mayor abundamiento, este órgano jurisdiccional considera que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente. Esto, dado que se otorgó a los jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, las facultades necesarias para asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se refleja en el artículo 25, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso, las controversias sobre la situación del interno, por regla general, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el juez de ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, a fin de que de ser procedente la acción, la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada. Decisión. Consecuentemente, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la legislación en cita se DESECHA la demanda de amparo promovida por ********************. Se cita como apoyo, además, la jurisprudencia PC.III.P.J/18P emitida por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, que dice: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad". Precisión. Sin que la anterior decisión implique un desconocimiento de la jurisprudencia 1a./J.55/2019 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO". En principio porque en el caso concreto la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, ya se pronunció respecto de la suspensión de plano, como se desprende del acuerdo de tres de agosto de dos mil veintidós y en segundo término se estima que el criterio indicado es inaplicable al caso concreto, dado que no se considera que se satisfaga el criterio jurídico contenido en éste. Esto es así, ya que en dicha jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano cuando se reclame la omisión de proporcionar atención médica cuando se somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida. No obstante, se estima que en el caso en estudio no obran elementos objetivos que permitan arribar a esa conclusión, ya que no existe elemento que permita establecer que en este momento el padecimiento del quejoso (Hepatitis C), ponga en peligro su vida, de manera que sólo a través del amparo pueda hacer valer su derecho, ya que como se indicó, cuenta con un procedimiento administrativo a su alcance que pues instar para reclamar las condiciones de internamiento, entre las que se encuentra la atención médica.******************** De ahí que, se considere no se den los supuestos de la jurisprudencia en cita y el quejoso pueda instar adecuadamente el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal que, incluso, la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión. ********************Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa el Centro de Reinserción Social El Hongo 3, con sede en Tecate, Baja California; por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto les sea asignado un defensor, se ordena a los actuarios de la adscripción, que las notificaciones que emanen de este asunto se realicen personalmente a los impetrantes en dicho centro penitenciario, con la copia de la determinación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles.******************** Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente.******************** Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo.******************** Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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