Israel Cantero Fuentes

Expediente 236/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
236/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Israel Cantero Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado de autos del que se advierte transcurrió el término de cinco días hábiles que la ley concede a las partes para inconformarse con el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que hubiese presentado promoción alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que esa decisión ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Notificación por estrados. Visto el contenido de la constancia actuarial que antecede, se advierte que la imposibilidad que le asistió a la actuaria de la adscripción a fin de notificar al quejoso Isael Cantero Fuentes, el contenido del proveído de diecinueve de abril de la presente anualidad, toda vez que el mismo no señaló domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27 fracción lll, de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el proveído de diecinueve de abril de la presente anualidad, así como el presente auto y las subsecuentes notificaciones de carácter personal por lista de estrados, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    con fundamento en el artículo 27 fracción III de la ley de amparo se notifica a la parte quejosa el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós que en síntesis dice: Tijuana, Baja California, diecinueve de abril de dos mil veintidós.****************************************No ratifica demanda de amparo. Vista la constancia actuarial de cuenta de la que se advierte que******************** no ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre el dieciocho de abril de dos mil veintidós; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento realizado en el citado proveído, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y se dejan sin efecto las providencias dictadas en auto de dieciocho de abril del año en curso; lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridad responsable, para los efectos legales a que haya lugar. ****************************************Notifíquese personalmente al promovente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda promovida por Carlos Núñez Sánchez, quien aduce ser abogado particular de Isael Cantero Fuentes, así como la copia firmada electrónicamente del proveído pronunciado en esta fecha en el juicio de amparo 235/2022-VI; fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 236/2022-VII. Se ordena girar oficio a Oficina de Correspondencia Común. Por otro lado, de la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de esta fecha pronunciado en el juicio de amparo 235/2022-VI, se ordenó registrar y tramitar por separado la demanda de amparo promovida por Carlos Núñez Sánchez, quien aduce ser abogado particular de Isael Cantero Fuentes, con motivo de que se presentó de manera conjunta con la diversa recibida a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación en la que la agraviada es Yaimery Rodríguez Barrios. Consecuentemente, gírese oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios de Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este juzgado relativa a la demanda de amparo que se atiende. Para lo cual se le remite copia certificada de la misma, a fin de reflejar estadísticamente la carga real de trabajo en este órgano jurisdiccional y equilibrar ésta en relación con los demás juzgados. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa, carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el promovente se hacen consistir en la privación de la libertad fuera de procedimiento y deportación de la que dice es y puede ser objeto Isael Cantero Fuentes, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que es de nacionalidad cubana. I. Deportación. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el directamente agraviado no sea deportado o desterrado del país. Por otra parte, se hace saber a las responsables que queda a su cargo y bajo su más estricta responsabilidad, la integridad física y de salud de la persona agraviada, a fin de que no sufra ningún atentado contra su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. II. Privación de la libertad fuera de procedimiento por parte de la autoridad migratoria responsable. Con relación a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que la orden de detención y retención por parte de la autoridad migratoria responsable, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contempla el referido precepto legal. Por su parte, el artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la ilegal detención por parte de las autoridades migratorias responsables este no es un acto que amerite la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadra en una privación de la libertad fuera de procedimiento, ya que del escrito que se atiende, el propio promovente refirió que Isael Cantero Fuentes fue detenida por agentes de migración, es decir, las responsables son autoridades competentes para emitir dicha orden en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Sin perjuicio, que una vez que la parte quejosa ratifique la demanda de amparo se proveerá en relación a dicho acto en el incidente de suspensión que al efecto se aperture. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informes. Requiérase a las autoridades responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a Isael Cantero Fuentes y la requiera para que en el momento de la notificación manifieste si ratifica o no la demanda interpuesta a su favor, así como los nombramientos de autorizados señalados en el escrito inicial. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizados. Se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Rocabado Castro, hasta en tanto la directamente agraviada ratifique la demanda de amparo y, en su caso, realice la autorización respectiva. Solicitud de copias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase costa del promovente únicamente en un tanto las copias que solicita; ello, previa razón que por su recibo se deje para constancia. Sin que haya lugar a ordenar su expedición en dos tantos, como lo solicita, en razón de que no manifiesta las razones que justifiquen su expedición. Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 312, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, registro 2014287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se cita a lo conducente cuyo rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Correo electrónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el correo electrónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese; personalmente a Isael Cantero Fuentes. Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario José Alejandro Velázquez Aguilar que firma y da fe. Doy fe. Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California Avenida Paseo de los Héroes, número 10540, sexto piso, Zona Río, Tijuana, Baja California, C.P. 22320 Correo electrónico institucional: 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx Teléfonos: (664) 6 34 34 08 y 6 34 34 84 (fax) Tijuana, Baja California, 18 de abril de 2022. Titular del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Oficio. 6875 Titular del Instituto Nacional de Migración Puesta Este, en esta ciudad. Oficio. 6876 Comandante de Grupo Beta, dependiente del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad. Oficio. 6777 Encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios de Federales en el Estado de Baja California Oficio. 6783 EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 236/2022-VI, PROMOVIDO POR Isael Cantero Fuentes, SE DICTÓ UN PROVEÍDO QUE A LA LETRA DICE: Tijuana, Baja California, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda promovida por Carlos Núñez Sánchez, quien aduce ser abogado particular de Isael Cantero Fuentes, así como la copia firmada electrónicamente del proveído pronunciado en esta fecha en el juicio de amparo 235/2022-VI; fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 236/2022-VII. Se ordena girar oficio a Oficina de Correspondencia Común. Por otro lado, de la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de esta fecha pronunciado en el juicio de amparo 235/2022-VI, se ordenó registrar y tramitar por separado la demanda de amparo promovida por Carlos Núñez Sánchez, quien aduce ser abogado particular de Isael Cantero Fuentes, con motivo de que se presentó de manera conjunta con la diversa recibida a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación en la que la agraviada es Yaimery Rodríguez Barrios. Consecuentemente, gírese oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios de Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, para la equidad y proporcionalidad de cargas de trabajo, registre y remita la boleta de turno respectiva a este juzgado relativa a la demanda de amparo que se atiende. Para lo cual se le remite copia certificada de la misma, a fin de reflejar estadísticamente la carga real de trabajo en este órgano jurisdiccional y equilibrar ésta en relación con los demás juzgados. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa, carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el promovente se hacen consistir en la privación de la libertad fuera de procedimiento y deportación de la que dice es y puede ser objeto Isael Cantero Fuentes, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que es de nacionalidad cubana. I. Deportación. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el directamente agraviado no sea deportado o desterrado del país. Por otra parte, se hace saber a las responsables que queda a su cargo y bajo su más estricta responsabilidad, la integridad física y de salud de la persona agraviada, a fin de que no sufra ningún atentado contra su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, es importante destacar que tal circunstancia también se previene en términos del artículo 5 referente al Derecho a la Integridad Personal, puntos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el que se establece que toda persona que se encuentre privada de su libertad, como acontece en el asunto que nos ocupa, deberá ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, por lo que tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, así como a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. II. Privación de la libertad fuera de procedimiento por parte de la autoridad migratoria responsable. Con relación a la petición del promovente en el sentido de que se decrete la suspensión de plano del acto reclamado consistente en la detención fuera de procedimiento, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que la orden de detención y retención por parte de la autoridad migratoria responsable, no encuadra en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contempla el referido precepto legal. Por su parte, el artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la ilegal detención por parte de las autoridades migratorias responsables este no es un acto que amerite la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadra en una privación de la libertad fuera de procedimiento, ya que del escrito que se atiende, el propio promovente refirió que Isael Cantero Fuentes fue detenida por agentes de migración, es decir, las responsables son autoridades competentes para emitir dicha orden en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Sin perjuicio, que una vez que la parte quejosa ratifique la demanda de amparo se proveerá en relación a dicho acto en el incidente de suspensión que al efecto se aperture. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informes. Requiérase a las autoridades responsable para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a Isael Cantero Fuentes y la requiera para que en el momento de la notificación manifieste si ratifica o no la demanda interpuesta a su favor, así como los nombramientos de autorizados señalados en el escrito inicial. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizados. Se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Enrique Rocabado Castro, hasta en tanto la directamente agraviada ratifique la demanda de amparo y, en su caso, realice la autorización respectiva. Solicitud de copias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase costa del promovente únicamente en un tanto las copias que solicita; ello, previa razón que por su recibo se deje para constancia. Sin que haya lugar a ordenar su expedición en dos tantos, como lo solicita, en razón de que no manifiesta las razones que justifiquen su expedición. Lo anterior de acuerdo con la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 312, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, registro 2014287, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se cita a lo conducente cuyo rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo solo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas, se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." Correo electrónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, téngasele señalando el correo electrónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese; personalmente a Isael Cantero Fuentes.

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