Israel Gonzalez Muiños

Expediente 1011/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1011/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Israel Gonzalez Muiños
  • Dannier Rosabal Espinosa
  • DANNIER ROSABAL ESPINOSA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. Se precisa que el presente expediente es susceptible de depuración; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 7, punto 7.4 "Tratamiento los expedientes con suspensión de plano", al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, por tanto, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, lo cual actualiza el supuesto antes citado. Por tanto, deberá de procederse a su depuración una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a su contenido, se considera innecesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Imposibilidad. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la fedataria de la adscripción para notificar personalmente el contenido del proveído de veintitrés de diciembre del año en curso, a los quejosos Israel González Muiños, Dannier Rosabal Espinosa y José Espronceda Herrera, toda vez que una persona que dijo ser oficial en turno de la estación migratoria le informó que los agraviados antes aludidos no se encontraban en dicho lugar. No presentada. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar a los quejosos el auto de veintitrés de diciembre del año en curso, y precisamente porque no se encuentran ni alojados ni detenidos en la Estancia Migratoria de esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Se deja sin efectos. Por lo tanto, al haberse decretado la suspensión de plano y de oficio, con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se dejan sin efecto las providencias dictadas por este órgano jurisdiccional con motivo de esa medida suspensional. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de cuenta que promueve Christian Guillermo García Ortega y Víctor Francisco López Zatarain, a favor de Israel González Muiños; Dannier Rosabal Espinosa y José Espronceda Herrera; en consecuencia, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1011/2022-IV. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente. Suspensión de plano. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se observa que los promoventes señalan como actos reclamados la privación de la libertad; la incomunicación (incluida la negativa de permitir acceso de asesoría legal); deportación; expulsión; proscripción; destierro, así como el impedimento de libre tránsito. Actos de los cuales los promoventes indican son o pueden ser objetivo los agraviados Israel González Muiños; Dannier Rosabal Espinosa y José Espronceda Herrera con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California. I. Deportación, expulsión, proscripción y destierro. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y los directamente agraviados no sean deportados o expulsados del país. II. Con relación a la incomunicación. Las autoridades responsables deberán cesar todo acto de incomunicación infringidos en contra de los agraviados Israel González Muiños; Dannier Rosabal Espinosa y José Espronceda Herrera y, en su caso, se les permita mantener comunicación con sus defensores o familiares, así como mantenerlos informados de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentren involucrados los quejosos, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. Se reitera que queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, la integridad física de los quejosos, a fin de que no sufran ningún atentado contra su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. III. Privación de la libertad y prohibición de la libertad de tránsito por parte de las autoridades migratorias responsables. Con relación a la petición de los promoventes en el sentido de que se decrete la suspensión de plano de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad y prohibición de la libertad de tránsito en el país, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que la orden de detención o retención por parte de las autoridades migratorias responsables, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. Por su parte, el artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si se reclama la privación de la libertad y la prohibición de la libertad de tránsito en el país por parte de las autoridades migratorias responsables, estos no son actos que ameriten la concesión de la suspensión de plano, ya que no encuadra en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", pues del escrito que se atiende los propios promoventes refieren que Israel González Muiños; Dannier Rosabal Espinosa y José Espronceda Herrera fueron detenidos en la ciudad de Mexicali, Baja California y trasladados a esta ciudad; atribuyendo tal actuar a las autoridades migratorias. Es decir, las responsables son autoridades competentes para emitir las órdenes reclamadas en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Sin perjuicio, que una vez que la parte quejosa ratifique la demanda de amparo se proveerá en relación a dichos actos en el incidente de suspensión que al efecto se apertura. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informe. Requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndole para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibida que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se traslade a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, así como a aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifique personalmente el presente acuerdo a Israel González Muiños; Dannier Rosabal Espinosa y José Espronceda Herrera y los requiera para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, manifiesten si ratifican o no la demanda interpuesta a su favor, así como el nombramiento de autorizados señalados en el escrito inicial. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizados. Se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Christian Guillermo García Ortega y José Bernal Hernández, hasta en tanto los directamente agraviados ratifiquen la demanda de amparo y, en su caso, realice la autorización respectiva, así como a Víctor Francisco López Zatarain a quien se designa únicamente con tales facultades. Señalamiento de domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones por parte de los promoventes el que indican. Solicitud de copias. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase costa de los promoventes las copias certificadas que solicitan; ello, previa razón que por su recibo se deje para constancia. Consulta. Una vez que se ratifique la demanda de amparo, se acordará lo relativo a la solicitud de acceso al expediente electrónico que solicita la parte promovente, por ser los directamente agraviados los facultados para hacerlo. Correo electrónico. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngaseles señalando el correo electrónico que indican única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Requerimiento. Ahora, en atención a que quienes presentaron el escrito de demanda fueron Christian Guillermo García Ortega y Víctor Francisco López Zatarain, requiéraseles para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informen a este órgano jurisdiccional si promovieron diversa demanda de amparo en los municipios de Ensenada o Mexicali, o en su defecto, en otro Estado de la República, por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, o de no informar el impedimento legal que tenga para no hacerlo, en el plazo que se les concede, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, moneda nacional), lo que resulta de multiplicar $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos, moneda nacional) por cincuenta; acorde a la fracción I, del artículo 237, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo Notifíquese personalmente a Israel González Muiños; Dannier Rosabal Espinosa y José Espronceda Herrera, así como a los promoventes ********************

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