Ismael Mota Perez
Expediente 30/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 30/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ismael Mota Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Que atento a la Circular SECNO/8/2021 de treinta de enero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020), esto implica que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, se recibirían y tramitarían los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, "con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones". Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la única salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia; Que esta medida tendría vigencia del 1 al 9 de febrero de 2021; período durante el cual se suspendieron los plazos y términos, con las salvedades ya indicadas. Que atento a la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero de dos mil veintiuno, se prorrogó esa suspensión de plazos y términos procesales del 10 al 15 de febrero de 2021, siendo aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Así mismo, que atento al punto II de la Circular SECNO/10/2021 de trece de febrero de dos mil veintiuno, el 16 y 17 de febrero de 2021, se declararon inhábiles pero laborales, en los cuales sería aplicable el esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del AG 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, periodo durante el cual, se suspendieron los plazos y términos procesales, y a partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 -reactivación de plazos y términos procesales-. Y, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. En consecuencia, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. CAUSA ESTADO. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, misma que sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir del dictado de este proveído. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. RRL.** En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el siete de diciembre de dos mil veinte, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó por lista el catorce de diciembre de dos mil veinte, la cual surtió efectos el quince siguiente y el aludido plazo transcurrió del dieciséis de diciembre de dos mil veinte al veintisiete de enero de dos mil veintiuno, descontándose los siguientes días: i) diecinueve y veinte de diciembre de dos mil veinte, así como dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de enero del actual por ser sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; y, ii) los días comprendidos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los que se declaró la suspensión de labores por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, comunicada mediante circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por último, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió Alicia Pérez Durán, Agente del Ministerio Público Investigador Mesa 7 de Tehuacán, Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe, se ordena devolverle lo siguiente: ( Copia certificada de diversos registros de actuación derivados de la carpeta de investigación 259/2019/TEHUA, de su índice, con la que se formó el anexo I del presente sumario constitucional. Se requiere a dicha autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso y, por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno.********************Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite el testimonio de la resolución dictada el siete de enero del actual, en el toca de revisión ********************, relativo al recurso de revisión interpuesto por ********************contra de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, emitida en el presente juicio de amparo, así como los autos originales de dicho sumario y un tomo de pruebas.********************Hágase del conocimiento de las partes la llegada de la ejecutoria de mérito, la cual se resolvió en los siguientes términos:********************"PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida.********************SEGUNDO. Para los efectos precisados en la sentencia de amparo recurrida, la justicia de la Unión ampara y protege a ********************en contra de los actos que reclamó del Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, Puebla, consistentes en el auto de vinculación a proceso de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitido dentro de la carpeta judicial administrativa número ********************, y la imposición de las medidas cautelares establecidas en la misma fecha.".********************En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente al órgano colegiado oficiante, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (********************), para que, dentro del término prudente de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos son:********************"OCTAVO. Efectos de la concesión. Procede conceder el amparo a la quejosa ********************para el efecto de que la autoridad responsable: Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla (********************), una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente:********************1. Deje insubsistente la resolución pronunciada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la carpeta judicial administrativa ******************** de su índice.********************2. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que, con las formalidades de ley, al momento de individualizarse las partes, se cerciore que ********************y******************** ********************personas que asistieron a ********************como defensores particulares en la audiencia respectiva sean licenciados en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que los defensores hagan referencia del número de cédula que los acredite como profesionales y con el cuestionamiento que el juez de control haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por los defensores corresponden con la cédula profesional que detentan.********************3. Realizado lo anterior y después de que se cerciore que la imputada cuenta con una defensa técnica en la audiencia inicial, dicte otra determinación sin variar el sentido de las anteriores, a fin de no comprometer el principio de continuidad y concentración de actos procesales.********************4. En el supuesto de que las personas que asistieron a la imputada como defensores particulares no acrediten ser licenciados en derecho por no corroborarse lo relativo a su cédula profesional, deberá reponer todo lo actuado en audiencia inicial para el efecto de que una vez que designe defensor público de su adscripción que asista a la quejosa, otorgue a la misma el término de tres días que marca el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que en dicho periodo esté en aptitud de elegir a un defensor de su preferencia y, en caso de no designar alguno, deberá continuar con la substanciación de la audiencia inicial con el defensor público de su adscripción, para lo cual, ya sea defensor público o particular, en ambos casos deberá cerciorarse en audiencia videograbada que la persona que la asiste cuenta con cédula profesional.********************Lo que deberá quedar registrado en la videograbación en observancia de los principios que rigen el sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, así como los derechos humanos de los imputados.********************5. Hecho lo anterior, procederá dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia, donde resolverá con libertad de jurisdicción el debate planteado por las partes.********************En el entendido de que la celebración de la audiencia deberá llevarla a cabo el mismo juez de control que celebró la audiencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve (********************).********************Lo anterior en observancia a la tesis de jurisprudencia emitida por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:********************"PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. A través de este principio se pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Por otra parte, el artículo 19 de la Constitución Federal, regula bajo la nueva lógica del proceso penal el denominado auto de vinculación a proceso, el que se sitúa en la llamada audiencia inicial, mediante la cual el juzgador establece que hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado, pues en él se expresará el delito que se le impute, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En ese tenor, el hecho de que la audiencia en la que el fiscal formuló la imputación y solicitó la vinculación a proceso, sea suspendida a solicitud del imputado cuando se acoja al plazo constitucional del artículo 19 constitucional, no justifica que en su continuación sea un juez distinto al que presenció la imputación y el ejercicio de motivación de los datos de prueba que realizó la fiscalía, quien resuelva la situación jurídica del imputado, porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación.".********************6. Remitirá a este órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora.********************Por otra parte, en virtud de la reposición ordenada, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para proceder al examen de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la imposición de las medidas cautelares impuestas a la aquí quejosa en audiencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en la carpeta judicial administrativa de origen, consistentes en firma periódica cada quince días; prohibición de salir sin autorización judicial del Estado de Puebla; y, garantía económica por la cantidad de quince mil pesos, cero centavos, moneda nacional, atento a la falta de cercioramiento de defensa técnica adecuada, que también impactaría en dicha determinación de no acreditarse que las personas que asistieron a la imputada son licenciados en derecho.".********************Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no cumplir dentro de los términos que se señalan, o bien no informar el impedimento que tenga para ello, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces, el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento del dictado del presente auto.********************De igual forma, hágase de su conocimiento, que en caso de ser omisa al requerimiento que antecede en el plazo fijado, además de imponerle la multa con la que se le apercibió, de acuerdo al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo; sirviendo de apoyo a las consideraciones antes expuestas, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************Aunado a que, de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo, incurre en responsabilidad penal y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículos 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo.********************Sin que se inadvierta por este órgano de control constitucional, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, también se debe requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno a dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; toda vez que al tratarse de un Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Judicial Centro, con sede en Puebla, cuenta con total independencia y autonomía para cumplir con las sentencias de amparo, por tanto, carece de superior jerárquico, lo anterior, atendiendo al criterio contenido en la jurisprudencia PC.I.C. J/3 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito.********************Notifíquese por vía electrónica a la quejosa; por lista a la parte tercero interesada; por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercero interesada: agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y al tribunal de alzada.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite el testimonio de la ejecutoria dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, dentro de la queja 85/2020 de su índice, resuelta bajo el siguiente punto resolutivo: ". ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja. (.)" Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, acúsese el recibo correspondiente. Notifíquese por lista al quejoso y, por oficio a la autoridad responsable, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Tribunal de Alzada en vía de acuse.
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