Israel Cabrera Garcia
Expediente 123/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 123/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Israel Cabrera Garcia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, misma que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio de amparo no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de Distrito Judicial de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele las copias certificadas de la causa penal 199/2016, de su índice, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009)
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y con base en las constancias que obran en este expediente, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en los siguientes términos: De la lectura integral de la demanda de garantías se advierte que el quejoso Israel Cabrera García, señaló como autoridad responsable y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- EL C. JUEZ SEXTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, en su carácter de AUTORIDAD ORDENADORA, con domicilio (.). IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAME.- DEL C. JUEZ SEXTO DE LO PENAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, reclamo EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN dictado en mi contra, de fecha VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, dentro de la causa penal 199/2016, de las de ese juzgado Sexto de lo Penal de esta Ciudad de Puebla, mismo que me fue notificado el día DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE." (foja 9) La autoridad responsable Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal 199/2016 de su índice por el delito de lesiones dolosas, previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción II, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, dictado en la causa penal 199/2016, en agravio de José Luis Viñas Bruno (fojas 43 y 44). Existencia que se corrobora con la copia certificada del proceso penal 199/2016, del índice de la responsable que remitió como justificación a su informe; documental a la que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le otorga pleno valor probatorio, de la que se advierte que efectivamente el juez responsable dictó el auto aquí reclamado. Ahora bien, de la certificación secretarial se advierte que el juicio de amparo indirecto 1214/2016, promovido por Israel Cabrera García, contra actos del Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro de Puebla, consistente en el auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, como probable responsable del delito de lesiones dolosas previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción II en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, dictado en la causa penal 199/2016, en agravio de José Luis Viñas Bruno, tiene relación con el presente juicio, en tal virtud, téngase a la vista dicho expediente que servirá de base para el dictado de la resolución relativa a este juicio de amparo; asimismo, agréguese copia certificada de las constancias respectivas de dicho juicio. En la inteligencia de que se acude a las constancias precisadas, en virtud de que obran en un expediente que se instruye en este Órgano Jurisdiccional; y, precisamente, están relacionadas con este juicio de garantías; de tal manera que, las mismas, constituyen para la suscrita, UN HECHO NOTORIO. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias siguientes: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento. " En la especie, se actualiza de manera notoria y manifeiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente reiterar que el quejoso Israel Cabrera García, promovió el presente juicio de amparo contra actos del Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla consistente en el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal 199/2016 de su índice, por el delito de delito de lesiones dolosas previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción II en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de José Luis Viñas Bruno. Ahora bien, de las copias certificadas derivadas del juicio de amparo 1214/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, ya valoradas anteriormente, se advierte lo siguiente: 1. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el quejoso Israel Cabrera García, promovió juicio de amparo, contra actos del Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en el auto de formal prisión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dictado en el proceso penal 199/2016 de su índice, por el delito de delito de lesiones dolosas previsto y sancionado por los artículos 305, 306 fracción II en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en agravio de José Luis Viñas Bruno. 2. Por sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, concedió al quejoso el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Sexto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 199/2016. b) Provea lo necesario para que se desahoguen la reclasificación de lesiones del agraviado José Luis Viña Bruno, que realice el médico legista adscrito al juzgado, asimismo recabe el informe y las copias certificadas del expediente clínico que remita el Director o representante del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social de Puebla, en especial tome las providencias necesarias a efecto de que se notifique personal al agraviado aludido y oportunamente a la médico legista y al Director del hospital referidos, mediando un plazo prudente entre su citación y la diligencia -en la medida que el plazo constitucional ampliado lo permita-; y para el caso que tales probanzas ya se hubieran desahogado, de inmediato resuelva la situación jurídica del inculpado ahora quejoso Israel Cabrera García, tomando en cuenta la misma, sin perjuicio de las actuaciones posteriores que se hayan practicado. Ello dentro del nuevo término constitucional ampliado que determine, en atención a que así lo solicitó la defensa del inculpado, plazo que iniciará precisamente cuando se solicite a la responsable el cumplimiento de esta sentencia, una vez que cause ejecutoria. En el entendido de que el desahogo de tales probanzas deberá efectuarse en el lapso que resulte de restar al término constitucional ampliado (ciento cuarenta y cuatro horas), las horas que transcurrieron desde que el inculpado quedó a su disposición y el momento en que se ofrecieron dichos medios de convicción, ello con la finalidad de no exceder el término constitucional y para estar en similares condiciones a las que prevalecieron en el aludido periodo. Circunstancia que se determina en la forma precisada, en atención a que de esa manera el quejoso gozará del derecho que le fue conculcado dentro de un término similar al en que debieron desahogarse dichas pruebas. c) Realizado lo anterior y sin rebasar el término constitucional ampliado, con plenitud de jurisdicción, la responsable deberá emitir una nueva resolución en el sentido que estime procedente, debiendo valorar la totalidad del material probatorio. (.)" 3. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento. 4. En proveído de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, se requirió al Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a efecto de que dejara insubsistente el auto de formal prisión reclamado de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, así como los diversos de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, y veinte de febrero de dos mil diecisiete, con los que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y, emitiera una nueva determinación, con libertad de jurisdicción que le fue concedida, en la que acate plenamente los efectos concesorios de la sentencia amparadora. Por tanto, al haberse ordenado se dejara sin efectos el auto de formal prisión de veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, que en esta instancia se reclama, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es así, pues en todo caso, el acto que le afectaría en su esfera constitucional lo constituye la resolución que emita nuevamente el Juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo citada. Bajo ese contexto, no resulta procedente examinar la constitucionalidad del acto aquí reclamado, el cual, como se dijo, quedó insubsistente al ser sustituido procesalmente por uno diverso. Sirve de apoyo la tesis siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En esa tesitura, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil diecisiete. Comuníquese lo anterior a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable 1. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que surta los efectos legales procedentes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de la materia, téngasele ofreciendo como prueba la documental que acompaña al oficio de cuenta, la cual se desahoga dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, en razón al cuantioso número de fojas que conforman las copias certificadas deducidas del proceso 199/2016 que dificulta su manejo y consulta al integrarlo al juicio en que se actúa, con fundamento en lo que disponen los artículos 63, 64 y 65 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, fórmese el anexo I, conservando el folio de origen, a fin de que el día que tenga verificativo la audiencia constitucional pueda ser apreciado debidamente. En ese sentido, ya que fueron señaladas las diez horas con treinta minutos del veintiocho de febrero próximo para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, dado lo acordado en párrafos anteriores, resulta evidente que para esa fecha aún se encontrará transcurriendo el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido del informe justificado de cuenta; por lo que, en aras de una pronta y expedita impartición de justicia, garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal procede diferirla anticipadamente, señalándose para tal efecto las once horas con diez minutos del trece de marzo de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, misma que se tramitará de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, de acuerdo al artículo primero transitorio; por tanto, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 123/2017-I-D. Ahora bien, en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías presentada por Israel Cabrera García, quien promueve por su propio derecho, contra actos de la autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla. No ha lugar a tramitarse el incidente de suspensión en virtud de que la parte quejosa no solicita la suspensión del acto reclamado, y a criterio de la suscrita juzgadora no procede tramitarlo de oficio, ya que el acto reclamado no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 127 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, pues no consiste en una orden de extradición y no son actos que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho reclamado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante este juzgado de Distrito ubicado en Avenida Osa Menor número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Código Postal 72810, en San Andrés Cholula, Puebla; con el apercibimiento que de no hacerlo o no anexar copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Esto es así, ya que la no rendición del informe justificado implica que se presuma cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Amparo vigente; y, por lo que respecta al informe rendido fuera de los plazos establecidos, podrá ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlo, con fundamento en la primera parte del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor. En otro sentido, se solicita a la autoridad señalada como responsable informe a este juzgado de Distrito si este juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, por la intervención en ambos asuntos de las mismas partes en el procedimiento natural o constitucional o por tratarse de actos derivados del propio procedimiento, o bien, porque se refiera a los mismos hechos. Hágase saber al Juez responsable, que deberá suspender el procedimiento dentro de la causa penal 199/2016 de la que emana el acto reclamado, únicamente por lo que hace a la parte quejosa, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificado de la sentencia o resolución definitiva con la que concluya el presente juicio de amparo; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVII segundo párrafo (última parte) de la Ley de Amparo en vigor. Así mismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que si tiene conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberá comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Ahora bien, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 3037276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. Por otra parte, se solicita a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia el acto reclamado, precise si las constancias que remite como justificación a su informe, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". Se señalan las diez horas con treinta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo vigente, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así haberlo manifestado el quejoso. Por otra parte, de conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de la autoridad responsable y a aquélla que tenga el carácter de tercera interesada, que en el presente juicio únicamente le será notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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