Ismael Hernandez Galicia

Expediente 740/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
740/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
19/08/2019

Partes del expediente

  • Ismael Hernandez Galicia
  • APOLINAR GONZALEZ CRISOSTOMO y Otros.
  • Apolinar Gonzalez Crisostomo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve (fojas 37 a 41), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que no obstante que en el presente asunto se desechó la demanda de garantías y se considera que no es de relevancia documental, el presente expediente es susceptible de CONSERVACIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción III del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, toda vez que se concedió la suspensión de plano. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de agosto de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el oficio 4509/2019, mediante el cual la autoridad responsable 2. Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, rinde su informe sobre el acatamiento de la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente asunto; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos la diligencia asentada por la actuaria adscrita, llevada a cabo el uno de agosto pasado, con los directos quejosos Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, de la cual se advierte que sí ratifican la demanda de amparo promovida a su nombre por Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo, respectivamente; y, respecto a su integridad física la actuaria dio fe de lo siguiente: "a la vista observo que no presentan ninguna alteración tales como golpes, moretones o cualquier otra alteración o lesión de lo que observo respecto de los quejosos físicamente que se encuentran en lo general bien, sin advertir alguna otra afectación en su salud." Además, los quejosos manifestaron que sí les permitieron comunicarse con sus familiares vía telefónica, mientras estuvieron en la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, y que sí saben que tienen un abogado en su defensa. En ese sentido, esta autoridad Federal toma conocimiento de las manifestaciones vertidas, para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO. De lo anterior, se advierte que la demanda formulada por Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo, quienes señalaron que promovían en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, respectivamente, porque se encontraban incomunicados, fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dichas expresiones se evidencia que quienes promovieron la demanda carecían de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García. Ahora bien, cabe precisar que el artículo 15 de Ley de Amparo, legítima a los promoventes para instar la demanda de amparo en nombre de otro; el cual es transcribe a continuación: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, la promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo estuvieran en aptitud de promover en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que la diligencia de cuenta, revela que los directos quejosos manifestaron que tuvieron comunicación con sus familiares vía telefónica y que cuentan con abogado para su defensa, razón por la cual, no se encuentran incomunicados. Por tanto, resulta evidente que Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo carecían de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García. Lo mismo, debe decirse respecto de los diversos actos que los promoventes reclamaron, consistentes en la tortura y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la detención fuera de procedimiento de los directos quejosos, pues no contaban con legitimación para promover la demanda de amparo, ni justificaron su personalidad para promover en nombre de los directos agraviados. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTIAS, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior que en la diligencia de cuenta, Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, al ser requeridos por la actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, hayan manifestado que sí ratificaban la demanda promovida en su nombre por Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quienes en términos de ley no se encontraban facultados para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por personas no reconocidas en la ley, no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quienes iniciaron el juicio de amparo. VISTA MINISTERIAL POR POSIBLES ACTOS DE TORTURA. Ahora bien, toda vez que los directos quejosos manifestaron en la diligencia de cuenta, que al momento de su detención fueron golpeados, por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. La anterior manifestación a criterio del suscito Juez de Distrito puede constituir actos de tortura, por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y con la diligencia de uno de agosto pasado, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito." INFORMES RELATIVOS A LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CONCEDIDA A LOS DIRECTOS QUEJOSOS. Vistos, agréguense a los presentes autos, los oficios mediante los cuales las autoridades 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por conducto de su representante, rinden su informe sobre el acatamiento de la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente asunto; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION DE DOS DE AGOSTO DE 2019, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos la diligencia asentada por la actuaria adscrita, llevada a cabo el uno de agosto pasado, con los directos quejosos Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, de la cual se advierte que sí ratifican la demanda de amparo promovida a su nombre por Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo, respectivamente; y, respecto a su integridad física la actuaria dio fe de lo siguiente: "a la vista observo que no presentan ninguna alteración tales como golpes, moretones o cualquier otra alteración o lesión de lo que observo respecto de los quejosos físicamente que se encuentran en lo general bien, sin advertir alguna otra afectación en su salud." Además, los quejosos manifestaron que sí les permitieron comunicarse con sus familiares vía telefónica, mientras estuvieron en la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, y que sí saben que tienen un abogado en su defensa. En ese sentido, esta autoridad Federal toma conocimiento de las manifestaciones vertidas, para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO. De lo anterior, se advierte que la demanda formulada por Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo, quienes señalaron que promovían en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, respectivamente, porque se encontraban incomunicados, fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dichas expresiones se evidencia que quienes promovieron la demanda carecían de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García. Ahora bien, cabe precisar que el artículo 15 de Ley de Amparo, legítima a los promoventes para instar la demanda de amparo en nombre de otro; el cual es transcribe a continuación: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, la promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo estuvieran en aptitud de promover en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que la diligencia de cuenta, revela que los directos quejosos manifestaron que tuvieron comunicación con sus familiares vía telefónica y que cuentan con abogado para su defensa, razón por la cual, no se encuentran incomunicados. Por tanto, resulta evidente que Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo carecían de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García. Lo mismo, debe decirse respecto de los diversos actos que los promoventes reclamaron, consistentes en la tortura y actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, así como la detención fuera de procedimiento de los directos quejosos, pues no contaban con legitimación para promover la demanda de amparo, ni justificaron su personalidad para promover en nombre de los directos agraviados. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTIAS, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que sea óbice a lo anterior que en la diligencia de cuenta, Apolinar González Crisóstomo e Ismael Hernández Galicia o Ismael Hernández García, al ser requeridos por la actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, hayan manifestado que sí ratificaban la demanda promovida en su nombre por Manuela González Crisóstomo y Rosalba Soriano Crisóstomo, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quienes en términos de ley no se encontraban facultados para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por personas no reconocidas en la ley, no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quienes iniciaron el juicio de amparo. VISTA MINISTERIAL POR POSIBLES ACTOS DE TORTURA. Ahora bien, toda vez que los directos quejosos manifestaron en la diligencia de cuenta, que al momento de su detención fueron golpeados, por lo que, podría estarse en presencia de la comisión de un ilícito. La anterior manifestación a criterio del suscito Juez de Distrito puede constituir actos de tortura, por lo cual, dado que es obligación del Estado Mexicano proteger los Derechos Humanos de las personas, de acuerdo con el texto actual establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas o Degradantes, se deberá proceder a la investigación correspondiente. En efecto, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley". Mientras que la referida Convención en su artículo 5, establece: "Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (.)". De los ordinales transcritos y por lo que al tema se refiere, emerge el derecho fundamental del ser humano consistente en la protección de su integridad física, psíquica o moral, al considerar que nadie debe sufrir tratos crueles, inhumanos o degradantes ni tortura. En síntesis, la autoridad debe garantizar a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura, dentro del ámbito de su jurisdicción, el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente, procediendo debidamente y de inmediato a realizar una investigación acorde con los deseos de la presunta víctima de tortura, en cualquier momento en que lo alegue. Por tanto, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y con la diligencia de uno de agosto pasado, para que, de inmediato, inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, para lo cual, este juzgado le proporcionará los datos que obran en este expediente. Debiéndose garantizar la independencia del personal médico encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de manera que pueda practicar libremente las evaluaciones necesarias, pues al no hacerlo así se trasgrede el contenido del artículo 1 de la Carta Magna. Es aplicable al respecto la tesis número P. XXI/2015 (10a.) del tenor siguiente: "ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO. Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata; (II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla." De igual forma, es aplicable la tesis P. XXII/2015 (10a.), que a la letra dice: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito." INFORMES RELATIVOS A LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CONCEDIDA A LOS DIRECTOS QUEJOSOS. Vistos, agréguense a los presentes autos, los oficios mediante los cuales las autoridades 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, por conducto de su representante, rinden su informe sobre el acatamiento de la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente asunto; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales conducentes.

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