Ismael Hernandez Torres
Expediente 883/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 883/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ismael Hernandez Torres
- Christian Gilbon Velez
- ISMAEL HERNANDEZ TORRES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de Puebla); por lista a sus autorizados procesales; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos, únicamente para que obre como corresponda, el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a través del cual realiza manifestaciones en vía de alegatos y solicita que se niegue el amparo y protección de la justicia Federal a los aquí quejosos; sin embargo, no ha lugar a tener por vertidas dichas manifestaciones, pues las mismas resultan extemporáneas, lo anterior es así, pues el pasado veintiséis de octubre del año en curso, se dictó sentencia en el presente controvertido constitucional; habida cuenta que, el pedimento que se provee, fue presentado en la Oficialía de Partes Comunes el veintisiete de los referidos mes y año. En otro sentido, respecto de la solicitud que realiza de copias, una vez que cause estado la sentencia dictada en este sumario, córrasele traslado al representante social con las constancias que indica. Cúmplase.
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 883/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Ismael Hernández Torres y Christian Gilbón Vélez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en buzón judicial, y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha -en archivo digital-, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante) y otras autoridades. Los quejosos narraron, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, con el número de juicio de amparo indirecto 883/2021; y, se previno a los referidos quejosos para que precisaran lo siguiente: "ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, precisen la fecha exacta en que tuvieron conocimiento del acto reclamado. Ello es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que los promoventes de amparo, fueron omisos en indicar desde qué fecha (día) tuvieron conocimiento del acto reclamado (...)". En auto de veinticuatro de septiembre del año que transcurre, se recibió el escrito de desahogo de prevención; sin embargo, en esa misma data se ordenó ratificar el contenido y firmas del ocurso, por los motivos expuestos en el propio acuerdo. A través de la diligencia practicada por el Actuario Judicial de la adscripción -en el lugar en donde los quejosos se encuentran recluidos- (Centro de Reinserción Social de Puebla) el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, los quejosos Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez ratificaron el contenido y firmas del escrito aclaratorio. Por tanto, mediante acuerdo de treinta de septiembre siguiente, se admitió la demanda; se ordenó formar, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En el mismo auto de treinta de septiembre del presente año, se señalaron las nueve horas con veintiséis minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado el quince de octubre de dos mil veintiuno (es decir, antes de la celebración de la audiencia que antecede), se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables: "8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal del Estado de Puebla" y "9. Director de la Policía Ministerial del Estado de Puebla.", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas. En ese tenor, dichas autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, reclaman lo siguiente: - Las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención dictadas en su contra; y, su ejecución. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante). Niega. 2 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Luis Eduardo Jiménez Martínez). Niega. 3 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Francisco Marroquín Arredondo). Niega. 4 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Íñiguez). Niega. 5 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Marco Antonio Meneses Aguilar). Niega. 6 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Milton Moctezuma Vega). Niega. 7 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega. Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito, que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Francisco Marroquín Arredondo), al rendir su informe justificado, manifestó que se instruye en contra de los aquí quejosos Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, la causa penal 243/2021, por su probable participación en la comisión de los hechos considerados en la ley como delitos de: a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso e), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, b) portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el diverso 9, fracción I, ambos de la Ley especial en cita; la cual, se encuentra en etapa intermedia, y tiene señaladas las doce horas con treinta minutos del veintinueve de octubre próximo, para la celebración de la audiencia condigna. Sin embargo, lo anterior no desvirtúa en forma alguna la negativa del acto reclamado, pues a pesar de instruirse una causa penal en contra de los hoy quejosos, en ésta no existe orden de captura pendiente de ejecutarse; por tanto, el sobreseimiento debe prevalecer por los motivos expuestos. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de Puebla); por lista a sus autorizados procesales; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.Así lo resolvió y firma Horacio Oscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, secretario quien autoriza y da fe. S E N T E N C I A V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 883/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Ismael Hernández Torres y Christian Gilbón Vélez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el trece de septiembre de dos mil veintiuno, en buzón judicial, y remitido a este órgano jurisdiccional en la misma fecha -en archivo digital-, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante) y otras autoridades. Los quejosos narraron, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes de los actos reclamados, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Prevención, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, se registró la demanda promovida por Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, con el número de juicio de amparo indirecto 883/2021; y, se previno a los referidos quejosos para que precisaran lo siguiente: "ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, precisen la fecha exacta en que tuvieron conocimiento del acto reclamado. Ello es así, pues del contenido integral de la demanda de amparo, se aprecia que los promoventes de amparo, fueron omisos en indicar desde qué fecha (día) tuvieron conocimiento del acto reclamado (...)". En auto de veinticuatro de septiembre del año que transcurre, se recibió el escrito de desahogo de prevención; sin embargo, en esa misma data se ordenó ratificar el contenido y firmas del ocurso, por los motivos expuestos en el propio acuerdo. A través de la diligencia practicada por el Actuario Judicial de la adscripción -en el lugar en donde los quejosos se encuentran recluidos- (Centro de Reinserción Social de Puebla) el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, los quejosos Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez ratificaron el contenido y firmas del escrito aclaratorio. Por tanto, mediante acuerdo de treinta de septiembre siguiente, se admitió la demanda; se ordenó formar, por separado y duplicado, el incidente de suspensión relativo; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En el mismo auto de treinta de septiembre del presente año, se señalaron las nueve horas con veintiséis minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades penales judiciales y penales administrativas, con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado el quince de octubre de dos mil veintiuno (es decir, antes de la celebración de la audiencia que antecede), se declararon inexistentes a las autoridades señaladas como responsables: "8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal del Estado de Puebla" y "9. Director de la Policía Ministerial del Estado de Puebla.", ordenándose suspender cualquier comunicación oficial con ellas. En ese tenor, dichas autoridades se excluyen de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que, en el caso particular, Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, reclaman lo siguiente: - Las órdenes de búsqueda, aprehensión y detención dictadas en su contra; y, su ejecución. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: Número. Autoridades Responsables. Sentido del informe. 1 Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Jueza de Control (Marcela Elizabhet García Cante). Niega. 2 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Luis Eduardo Jiménez Martínez). Niega. 3 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Francisco Marroquín Arredondo). Niega. 4 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con Competencia en Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Francisco Rubén Martínez Íñiguez). Niega. 5 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Marco Antonio Meneses Aguilar). Niega. 6 Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Milton Moctezuma Vega). Niega. 7 Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por conducto de su representante. Niega. Como se advierte de la tabla que antecede, las autoridades responsables, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que en autos obre prueba alguna que desvirtúe dichas negativas; de ahí, que no existan los actos reclamados. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito, que la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con el carácter de Juez de Control (Francisco Marroquín Arredondo), al rendir su informe justificado, manifestó que se instruye en contra de los aquí quejosos Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, la causa penal 243/2021, por su probable participación en la comisión de los hechos considerados en la ley como delitos de: a) portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción III, en relación con el diverso 11, inciso e), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; y, b) portación de arma de fuego sin licencia, previsto y sancionado en el artículo 81, párrafo primero, en relación con el diverso 9, fracción I, ambos de la Ley especial en cita; la cual, se encuentra en etapa intermedia, y tiene señaladas las doce horas con treinta minutos del veintinueve de octubre próximo, para la celebración de la audiencia condigna. Sin embargo, lo anterior no desvirtúa en forma alguna la negativa del acto reclamado, pues a pesar de instruirse una causa penal en contra de los hoy quejosos, en ésta no existe orden de captura pendiente de ejecutarse; por tanto, el sobreseimiento debe prevalecer por los motivos expuestos. QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65 y 74 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Ismael Hernández Torres y Christian Gilbon Vélez, contra los actos precisados en el considerando tercero de esta sentencia; por las autoridades y los motivos expuestos en el diverso cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de Puebla); por lista a sus autorizados procesales; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha fenecido el plazo de tres días que se concedió a los quejosos para que manifestaran la denominación correcta de las autoridades que señalaron como: "8. Encargado de la Delegación de la Policía Estatal del Estado de Puebla" y "9. Director de la Policía Ministerial del Estado de Puebla."; sin que hubieran presentado promoción alguna para desahogar tal requerimiento. Por tanto, hágase efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de cinco de octubre de dos mil veintiuno y, se tienen por inexistentes a las autoridades indicadas, ordenándose suspender cualquier comunicación procesal con éstas. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar en el que se encuentran privados de su libertad y, por lista a las demás partes.
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