Isidro López Gamboa

Expediente 99/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
99/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Isidro López Gamboa

Actuaciones

  1. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de nueve de febrero en curso, a través del cual se desechó su demanda de amparo, sin que se haya presentado tal medio de impugnación; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y expediente electrónico. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse desechado la demanda, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.kod

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención Visto el escrito y anexo de cuenta, téngase al quejoso, ******, desahogando la prevención formulada el treinta de enero del año que transcurre, para lo cual manifiesta que no ha solicitado al Juez Penal Federal de Control, la revisión de la medida cautelar establecida conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no existe resolución alguna al respecto. Se desecha la demanda -prisión preventiva- De manera primigenia se analizará el acto reclamado en el inciso a), del escrito de demanda, a saber, que desde el cinco de enero de dos mil veintiuno se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, de lo que se tiene que han transcurrido más de dos años sin que haya sido sentenciado. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Esto es así, ya que el acto reclamado es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sobre la que el quejoso afirma que afecta sus derechos fundamentales, pues ha excedido de los dos años que como plazo máximo se contempla en el artículo 20, constitucional, por tanto, dice, debe revocarse y concederle su inmediata libertad. Sobre actuaciones de esa naturaleza, se pronunció la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 315/2021, por virtud del cual se establece la procedencia de la revisión de la prisión preventiva oficiosa, por parte del juez de control, cuando se excede el plazo de dos años indicado en el arábigo 20, de la Constitución General de la República. De la citada ejecutoria se sigue que, para establecer esa viabilidad de la revisión de la medida cautelar en comento, la Primera Sala del Tribunal Constitucional analizó la reforma constitucional en materia penal, que instauró el sistema procesal acusatorio, así como las posteriores modificaciones al artículo 19, de la Constitución Federal, que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. También señaló la regulación normativa de dicha medida cautelar, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y su remisión a diversas legislaciones especializadas, entre ellas, la relativa a los delitos en materia de secuestro, que llevan a su imposición por el juez de control de forma automática, salvo los supuestos expresamente señalados. Después, destacó precedentes relacionados con la prisión preventiva, particularmente con su prolongación, en los que se tomaron en consideración resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de los que derivó que no existe impedimento constitucional o legal alguno para revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, una vez que transcurrieron los dos años previstos como máximos de duración. Así, concluyó en los siguientes términos: 69. En ese orden de ideas, bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquélla figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. Como sea, la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. 70. En ese sentido, contrario a lo determinado por el Tribunal de Amparo, el contenido de la fracción IX, del Apartado B, del artículo 20, de la Carta Magna, le es aplicable a las condiciones de la prisión preventiva oficiosa. Consecuentemente, llegado el límite de dos años de duración, plazo que refiere dicho precepto constitucional, que se reitera en el diverso 165 del ordenamiento procesal penal, y formulada la petición ante el juez de control, como en el caso sucedió, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. 71. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. 72. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: i) la complejidad del asunto ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades. 73. En cuanto a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Respecto de la actividad procesal, no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Se considera que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Sobre el último elemento, debe considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. 74. En ese entendido, corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, es decir, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. 75. Lo expuesto, de ninguna manera se frustra por el contenido del artículo 19 constitucional, pues como se determinó, se trata de supuestos diversos, ya que este precepto -únicamente- marca las pautas para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero no se refiere al tiempo de duración, menos a su posible revisión, cese o prolongación. 76. Esta determinación se considera acorde con los parámetros internacionales, pues como se ha señalado, la imposición de la prisión preventiva presupone una figura de carácter excepcional, cuya finalidad es asegurar que el acusado comparezca al juicio, proteger el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los testigos, siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para cumplimentar los fines que se persiguen. 77. No obstante que la prisión preventiva oficiosa pueda cumplir los fines mencionados, tiene la trascendencia de que es impuesta de oficio -en automático- por el Juez de Control cuando se vincule a proceso a una persona por los delitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución, de ahí que, con mayor razón, deba revisarse en los términos fijados en esta ejecutoria" (el resaltado es de este tribunal). Como se ve, el Alto Tribunal precisó que es procedente la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, una vez que transcurrió su plazo máximo, y para esos efectos se formulará petición al juez de control, quien resolverá en audiencia sobre esa prolongación de la medida cautelar y dicha decisión estará sujeta a un escrutinio estricto de justificación, a partir de los elementos relativos a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, donde de no justificarse esa prolongación, ello dará lugar a su cese y el debate sobre la imposición de otras medidas que lleven a la comparecencia del imputado al proceso, así como proteger el desarrollo de la investigación, de la víctima y de los testigos. Esto se reflejó en la jurisprudencia 1a./J.32/2022 (11a.)10, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2024608, Undécima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, de mayo de 2022, Tomo III, página 2839, que dice: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. Pues bien, del precedente referido, se sigue la viabilidad en la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por parte del juez de control del proceso en audiencia, cuando le sea solicitado ese examen, a fin de resolver sobre la prolongación de la restricción de la libertad personal, una vez que transcurrió el plazo máximo de dos años. Mecanismo que puede estimarse como un medio de defensa ordinario al alcance del promovente, pues se encuentra legitimado para que, en términos del artículo 161, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite la audiencia respectiva a la autoridad responsable y, por virtud de ésta, pueda revocarse, modificarse o nulificarse la prisión preventiva oficiosa a la que se encuentra sujeto, de no acreditarse la justificación para su prolongación. Por tanto, si bien el acto reclamado es restrictivo de la libertad personal, la cual se tutela en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al prever supuestos de excepción al principio de definitividad que incidan en ella; también es cierto que dicha actuación es emitida en el contexto de un procedimiento penal y, así, su protección en amparo no es absoluta. Es decir, si bien el acto reclamado afecta la libertad personal del impetrante, ello es insuficiente para establecer la procedencia de la acción constitucional en su contra, de forma directa, sin agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, pues al emitirse la prisión preventiva oficiosa dentro de una causa penal, y estar señalada en ésta un trámite específico para su revisión, es necesario agotar éste de manera previa a la promoción del juicio de amparo. Esto, en atención a la referida resolución del amparo en revisión 315/2021 y la jurisprudencia 1a./J.32/2022 (11a.) que emanó de dicho criterio, conforme a los cuales es procedente el mecanismo de revisión de medidas cautelares, conforme a los preceptos 161, 162 y demás aplicables, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser solicitado al juez de control, cuando se esté ante una prisión preventiva oficiosa, que excede del término de dos años desde su imposición. Por ende, si bien en el inciso b), de la fracción XVIII, del precepto 61, de la legislación de esta materia, como supuestos de excepción al principio de definitividad, se establece el reclamo de actos dentro del procedimiento que resulten restrictivos de la libertad personal, y se enuncian las órdenes de aprehensión o reaprehensión; las resoluciones que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; las que nieguen la libertad bajo caución o regulen los requisitos para su disfrute; las que versan sobre el incidente de desvanecimiento de datos; y la orden de arresto o cualquier otra que afecte la libertad personal, salvo que se trate de la sentencia definitiva dentro del proceso. También es cierto que en la especie no se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues se reclama un acto de una autoridad judicial, sobre el que existe un mecanismo procedimental ordinario que implica su revisión, por el cual puede obtenerse aquello que se pretende en el juicio constitucional, esto es, la revocación, anulación o modificación del acto reclamado y, por ello, debe agotarse de forma previa al juicio de amparo. Sobre el punto, es de citarse, por igualdad de razones, la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.)11, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, registro digital 2018548, Décima Época, Materia Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, de diciembre de 2018, Tomo I, página 230, que informa: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo presentada por *****, de conformidad con el numeral 113 de la legislación en cita. Se desecha la demanda -acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se fija fecha para audiencia de juicio- Por otra parte, en el inciso b) de su escrito de demanda, el justiciable reclama el proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, señaló como fecha de apertura a juicio oral, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, aduciendo que para esa data tendría más de dos años y medio en prisión preventiva de manera injustificada. En este sentido, es necesario acotar que por lo que hace a la medida cautelar de prisión preventiva que reclama el quejoso, esta Juzgadora se pronunció en el apartado que antecede; y por lo que hace al proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil veintidós en el proceso penal de origen, se desprende que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de los preceptos antes transcritos el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o; 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, la parte quejosa reclama en esencia, el proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil veintidós dictado en el proceso penal de origen; ahora, conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. A su vez, el numeral 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, la cual se compone de dos fases, una escrita y otra oral; la fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia y la segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. De lo que se sigue, que fue en audiencia intermedia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que se dictó el auto de apertura a juicio oral, fijando fecha y hora para su celebración. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa es extemporánea, lo cual se advierte de las manifestaciones de la propia parte quejosa, toda vez que expuso que tuvo conocimiento de la existencia de los actos que reclama, el ocho de diciembre de dos mil veintidós y, ante ello, fue a partir del día siguiente, a que surtió efectos en términos del ordinal 67, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, doce de diciembre de dos mil veintidós, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el treinta de diciembre de la misma anualidad, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, por ser inhábiles, de conformidad con lo que establecen los numerales 19 y 22 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, puesto que fue recibida el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, fecha en que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Corolario de lo antes expuesto, sobre el acto reclamado en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Isidro López Gamboa, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a nueve de febrero de dos mil veintitrés. Cumplimiento de prevención Visto el escrito y anexo de cuenta, téngase al quejoso, ******, desahogando la prevención formulada el treinta de enero del año que transcurre, para lo cual manifiesta que no ha solicitado al Juez Penal Federal de Control, la revisión de la medida cautelar establecida conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que no existe resolución alguna al respecto. Se desecha la demanda -prisión preventiva- De manera primigenia se analizará el acto reclamado en el inciso a), del escrito de demanda, a saber, que desde el cinco de enero de dos mil veintiuno se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, de lo que se tiene que han transcurrido más de dos años sin que haya sido sentenciado. Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que refiere: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Esto es así, ya que el acto reclamado es la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sobre la que el quejoso afirma que afecta sus derechos fundamentales, pues ha excedido de los dos años que como plazo máximo se contempla en el artículo 20, constitucional, por tanto, dice, debe revocarse y concederle su inmediata libertad. Sobre actuaciones de esa naturaleza, se pronunció la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 315/2021, por virtud del cual se establece la procedencia de la revisión de la prisión preventiva oficiosa, por parte del juez de control, cuando se excede el plazo de dos años indicado en el arábigo 20, de la Constitución General de la República. De la citada ejecutoria se sigue que, para establecer esa viabilidad de la revisión de la medida cautelar en comento, la Primera Sala del Tribunal Constitucional analizó la reforma constitucional en materia penal, que instauró el sistema procesal acusatorio, así como las posteriores modificaciones al artículo 19, de la Constitución Federal, que ampliaron el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. También señaló la regulación normativa de dicha medida cautelar, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y su remisión a diversas legislaciones especializadas, entre ellas, la relativa a los delitos en materia de secuestro, que llevan a su imposición por el juez de control de forma automática, salvo los supuestos expresamente señalados. Después, destacó precedentes relacionados con la prisión preventiva, particularmente con su prolongación, en los que se tomaron en consideración resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de los que derivó que no existe impedimento constitucional o legal alguno para revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, una vez que transcurrieron los dos años previstos como máximos de duración. Así, concluyó en los siguientes términos: 69. En ese orden de ideas, bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquélla figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. Como sea, la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. 70. En ese sentido, contrario a lo determinado por el Tribunal de Amparo, el contenido de la fracción IX, del Apartado B, del artículo 20, de la Carta Magna, le es aplicable a las condiciones de la prisión preventiva oficiosa. Consecuentemente, llegado el límite de dos años de duración, plazo que refiere dicho precepto constitucional, que se reitera en el diverso 165 del ordenamiento procesal penal, y formulada la petición ante el juez de control, como en el caso sucedió, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. 71. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. 72. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: i) la complejidad del asunto ii) la actividad procesal del interesado y iii) la conducta de las autoridades. 73. En cuanto a la complejidad del asunto, se requiere tomar en cuenta las características del hecho delictivo, la extensión de las investigaciones y la dificultad probatoria. Respecto de la actividad procesal, no deben derivarse actos que entorpezcan la tramitación del proceso penal. Se considera que interponer los medios de impugnación reconocidos por la legislación es una conducta normal realizada por la parte interesada. Sobre el último elemento, debe considerarse el grado de diligencia por parte de las autoridades en la conducción del proceso penal y las posibles dilaciones excesivas en las diversas etapas que lo constituyen. 74. En ese entendido, corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, es decir, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. 75. Lo expuesto, de ninguna manera se frustra por el contenido del artículo 19 constitucional, pues como se determinó, se trata de supuestos diversos, ya que este precepto -únicamente- marca las pautas para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero no se refiere al tiempo de duración, menos a su posible revisión, cese o prolongación. 76. Esta determinación se considera acorde con los parámetros internacionales, pues como se ha señalado, la imposición de la prisión preventiva presupone una figura de carácter excepcional, cuya finalidad es asegurar que el acusado comparezca al juicio, proteger el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima y los testigos, siempre y cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para cumplimentar los fines que se persiguen. 77. No obstante que la prisión preventiva oficiosa pueda cumplir los fines mencionados, tiene la trascendencia de que es impuesta de oficio -en automático- por el Juez de Control cuando se vincule a proceso a una persona por los delitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución, de ahí que, con mayor razón, deba revisarse en los términos fijados en esta ejecutoria" (el resaltado es de este tribunal). Como se ve, el Alto Tribunal precisó que es procedente la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, una vez que transcurrió su plazo máximo, y para esos efectos se formulará petición al juez de control, quien resolverá en audiencia sobre esa prolongación de la medida cautelar y dicha decisión estará sujeta a un escrutinio estricto de justificación, a partir de los elementos relativos a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, donde de no justificarse esa prolongación, ello dará lugar a su cese y el debate sobre la imposición de otras medidas que lleven a la comparecencia del imputado al proceso, así como proteger el desarrollo de la investigación, de la víctima y de los testigos. Esto se reflejó en la jurisprudencia 1a./J.32/2022 (11a.)10, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2024608, Undécima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, de mayo de 2022, Tomo III, página 2839, que dice: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN EL PLAZO DE DOS AÑOS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, APARTADO B, FRACCIÓN IX, CONSTITUCIONAL Y, EN SU CASO, DETERMINAR SI CESA O SE PROLONGA SU APLICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado B, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: Bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al Fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. La prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. Pues bien, del precedente referido, se sigue la viabilidad en la revisión de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por parte del juez de control del proceso en audiencia, cuando le sea solicitado ese examen, a fin de resolver sobre la prolongación de la restricción de la libertad personal, una vez que transcurrió el plazo máximo de dos años. Mecanismo que puede estimarse como un medio de defensa ordinario al alcance del promovente, pues se encuentra legitimado para que, en términos del artículo 161, del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicite la audiencia respectiva a la autoridad responsable y, por virtud de ésta, pueda revocarse, modificarse o nulificarse la prisión preventiva oficiosa a la que se encuentra sujeto, de no acreditarse la justificación para su prolongación. Por tanto, si bien el acto reclamado es restrictivo de la libertad personal, la cual se tutela en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al prever supuestos de excepción al principio de definitividad que incidan en ella; también es cierto que dicha actuación es emitida en el contexto de un procedimiento penal y, así, su protección en amparo no es absoluta. Es decir, si bien el acto reclamado afecta la libertad personal del impetrante, ello es insuficiente para establecer la procedencia de la acción constitucional en su contra, de forma directa, sin agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, pues al emitirse la prisión preventiva oficiosa dentro de una causa penal, y estar señalada en ésta un trámite específico para su revisión, es necesario agotar éste de manera previa a la promoción del juicio de amparo. Esto, en atención a la referida resolución del amparo en revisión 315/2021 y la jurisprudencia 1a./J.32/2022 (11a.) que emanó de dicho criterio, conforme a los cuales es procedente el mecanismo de revisión de medidas cautelares, conforme a los preceptos 161, 162 y demás aplicables, del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ser solicitado al juez de control, cuando se esté ante una prisión preventiva oficiosa, que excede del término de dos años desde su imposición. Por ende, si bien en el inciso b), de la fracción XVIII, del precepto 61, de la legislación de esta materia, como supuestos de excepción al principio de definitividad, se establece el reclamo de actos dentro del procedimiento que resulten restrictivos de la libertad personal, y se enuncian las órdenes de aprehensión o reaprehensión; las resoluciones que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; las que nieguen la libertad bajo caución o regulen los requisitos para su disfrute; las que versan sobre el incidente de desvanecimiento de datos; y la orden de arresto o cualquier otra que afecte la libertad personal, salvo que se trate de la sentencia definitiva dentro del proceso. También es cierto que en la especie no se actualiza una excepción al principio de definitividad, pues se reclama un acto de una autoridad judicial, sobre el que existe un mecanismo procedimental ordinario que implica su revisión, por el cual puede obtenerse aquello que se pretende en el juicio constitucional, esto es, la revocación, anulación o modificación del acto reclamado y, por ello, debe agotarse de forma previa al juicio de amparo. Sobre el punto, es de citarse, por igualdad de razones, la jurisprudencia 1a./J.79/2018 (10a.)11, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, registro digital 2018548, Décima Época, Materia Común, Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, de diciembre de 2018, Tomo I, página 230, que informa: OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo presentada por *****, de conformidad con el numeral 113 de la legislación en cita. Se desecha la demanda -acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que se fija fecha para audiencia de juicio- Por otra parte, en el inciso b) de su escrito de demanda, el justiciable reclama el proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, señaló como fecha de apertura a juicio oral, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, aduciendo que para esa data tendría más de dos años y medio en prisión preventiva de manera injustificada. En este sentido, es necesario acotar que por lo que hace a la medida cautelar de prisión preventiva que reclama el quejoso, esta Juzgadora se pronunció en el apartado que antecede; y por lo que hace al proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil veintidós en el proceso penal de origen, se desprende que se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo en vigor, que disponen: [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [.] 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de los preceptos antes transcritos el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o; 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, la parte quejosa reclama en esencia, el proveído dictado el ocho de diciembre de dos mil veintidós dictado en el proceso penal de origen; ahora, conforme al nuevo marco legal que rige al proceso penal acusatorio, éste consta de varias etapas, las cuales, de acuerdo con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: investigación, intermedia o de preparación y de juicio; asimismo, conforme al citado ordenamiento, los procesos penales en la actualidad se rigen por una serie de principios, entre los cuales destaca el de continuidad, el cual dispone que las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. A su vez, el numeral 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, la cual se compone de dos fases, una escrita y otra oral; la fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia y la segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. De lo que se sigue, que fue en audiencia intermedia de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la que se dictó el auto de apertura a juicio oral, fijando fecha y hora para su celebración. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa es extemporánea, lo cual se advierte de las manifestaciones de la propia parte quejosa, toda vez que expuso que tuvo conocimiento de la existencia de los actos que reclama, el ocho de diciembre de dos mil veintidós y, ante ello, fue a partir del día siguiente, a que surtió efectos en términos del ordinal 67, fracción VI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, doce de diciembre de dos mil veintidós, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el treinta de diciembre de la misma anualidad, sin contar los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco, por ser inhábiles, de conformidad con lo que establecen los numerales 19 y 22 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, puesto que fue recibida el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, fecha en que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Corolario de lo antes expuesto, sobre el acto reclamado en el escrito de demanda, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Isidro López Gamboa, por su manifiesta e indudable improcedencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a treinta de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda promovida por **********, contra actos de la Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, en funciones de Jueza de ejecución, residente en esta ciudad y otras autoridades, de quienes en esencia reclama la prolongación de la medida cautelar consistente en prisión preventiva, por un plazo mayor a dos años y su ejecución. Fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anótese en el Libro de Gobierno respectivo, como juicio de amparo 99/2023-V. Luego, a efecto de proveer respecto a la admisión de la demanda, es importante considerar que de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente para que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda; no se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; y, no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; entre otros casos. Se estima que, en el particular, la demanda de amparo presenta deficiencias que es necesario que la parte quejosa atienda, como a continuación se pone de relieve. [.] 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; (.) 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [.] En la especie, en el escrito de demanda, del capítulo del acto reclamado, se desprende que narró lo siguiente: [.] IV. ACTO RECLAMADO. A) DEL C. LIC. **********, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en funciones de Juez de Control, le reclamo que desde el CINCO de ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, decretó como MEDIDA CAUTELAR MI PRISION PREVENTIVA OFICIOSA, misma que se encuentra ejecutando actualmente en el Centro Estatal de Reinserción Social número 3, en esta Ciudad, LA CUAL SUBSISTE HASTA LA FECHA, indebida e inconstitucionalmente, esto en virtud de que decretó auto de vinculación a proceso en mi contra, el día siete de enero de 2021, por el delito contra la salud, en la modalidad de transporte de cannabis sativa " previsto y sancionado por el artículo 194 fracción " del Código Penal Federal, correlacionado con el diverso 193 del mismo ordenamiento legal, cometido en perjuicio de la sociedad, por hechos ocurridos el primero de enero de 2021. B) DEL C. LIC. **********, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en funciones de Juez de Control, le reclamo que EL OCHO DE DICIEMBRE DE 2022, dictó acuerdo señalando como fecha de apertura para la celebración de la audiencia de juicio oral, el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, fecha en que el suscrito tendría más de dos años y medio en prisión preventiva en forma injustificada. C) De las autoridades ejecutoras, se les reclama el acatamiento de la orden de prisión preventiva oficiosa decretada por la autoridad ordenadora. [.] (sic) Con lo anterior, se pone en relieve que el quejoso, señaló como acto reclamado la prisión preventiva prolongada a que ha sido sometido dentro del proceso penal que se le sigue por el delito contra la salud. En cuanto al tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a./J. 32/2022 (11a.), de la Undécima Época, Materia Penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, de mayo de 2022, Tomo III, página 2839, con registro digital 2024608, observó las siguientes consideraciones: 69. En ese orden de ideas, bajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación. Como sea, la prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable. 70. En ese sentido, contrario a lo determinado por el tribunal de amparo, el contenido de la fracción IX, del apartado B, del artículo 20, de la Carta Magna, le es aplicable a las condiciones de la prisión preventiva oficiosa. Consecuentemente, llegado el límite de dos años de duración, plazo que refiere dicho precepto constitucional, que se reitera en el diverso 165 del ordenamiento procesal penal, y formulada la petición ante el Juez de Control, como en el caso sucedió, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación. 71. En caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. 72. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado; y, iii) la conducta de las autoridades. (.) 74. En ese entendido, corresponde al fiscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, es decir, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el Ministerio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. (59) La consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. 75. Lo expuesto, de ninguna manera se frustra por el contenido del artículo 19 constitucional, pues como se determinó, se trata de supuestos diversos, ya que este precepto -únicamente- marca las pautas para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero no se refiere al tiempo de duración, menos a su posible revisión, cese o prolongación. De lo que se sigue, en lo que al presente asunto interesa, que lo preceptuado en la fracción IX, del apartado B, del artículo 20, de la Constitución Federal, es aplicable a las condiciones de la prisión preventiva oficiosa, al igual que a la justificada, de manera que llegado el límite de dos años de duración, procede su revisión para determinar si cesa o se prolonga su aplicación; empero, debe mediar la petición respectiva ante el Juez de Control, cuya decisión deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De todo lo anterior se concluye que el procesado que estime se ha excedido el límite de dos años de duración de la prisión preventiva que se le hubiere impuesto -a que se refiere el artículo 20, Apartado B, fracción IX de la Carta Magna- deberá solicitar su revisión con el objeto de que se determine si debe cesar o prolongarse. Petición que tendrá que presentar ante el Juez penal que conozca de la causa respectiva, para que proceda en términos de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, de los antecedentes narrados por el justiciable, no se advierte que hubiere hecho dicha solicitud. En ese tenor, con fundamento en los numerales 108 y 114 de la ley de la materia, en concordancia con la jurisprudencia 211, publicada bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA", consultable a página 144, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, lo procedente es requerir a la promovente a efecto de que, en un término de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: 1. Bajo protesta de decir verdad, indique si previo a la presentación de esta demanda de amparo, solicitó al Juez penal del conocimiento su revisión conforme al procedimiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales; 2. En su caso, deberá indicar la resolución que recayó a dicha petición, así como la fecha en que fue notificado. 3. Finalmente, exhiba seis copias de su escrito aclaratorio. Ilustra a lo anterior, el criterio que sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta, tomo VI, materia común, del Apéndice al Judicial de la Federación, actualizado al dos mil uno, Novena Época, cuyo rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de Amparo. Se apercibe al promovente que de no cumplir con el requerimiento formulado, dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada su demanda. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados y domicilio De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo, se autoriza en términos amplios a los licenciados ********** y **********a toda vez que el primero se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación; mientras que el segundo de los nombrados se encuentra empadronado en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, atendiendo la tesis VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes siete de agosto de dos mil veinte, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2021840, del tenor siguiente: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Además, en términos de lo dispuesto por el numeral 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **********, en esta ciudad. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, a través de la página de internet que se anota enseguida: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que el asunto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la administración regional de esta demarcación, para que ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod

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