Isidoro Antonio Luna Franco

Expediente 740/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
740/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Isidoro Antonio Luna Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de enero de dos mil veintidós. Causa ejecutoria la sentencia Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto todos los actos reclamados, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, el incidente de suspensión original es destruible, una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, de conformidad con la fracción I, inciso c) del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con la fracción II, inciso a), del artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 740/2021-I-1, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, se presentó la demanda promovida por *******, la cual se recibió en este juzgado, por razón de turno, al día siguiente. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, a quien reclamó: IV.-Acto de Autoridad reclamado.- Le reclamo: 1.- La resolución interlocutoria de fecha 29 de septiembre de 2021, dictada en perjuicio del titular de la acción de amparo dentro del expediente ******* del índice administrativo de la autoridad responsable, sin ulterior recurso y como última actuación dictada en el expediente. 2.- La falta de pronunciamiento fundado y motivado, congruente y exhaustivo, del incidente de liquidación de laudo planteado y que están quedando sin juzgar, dentro de los expedientes expediente (sic) ******* y acumulado *******, del índice administrativo del Tribunal administrativo designado responsable y que gozan de la Autoridad de cosa juzgada con orden expresa en forma de condena, a la reinstalación y pago de las indemnizaciones e incrementos salariales y otras prestaciones vinculadas a la relación laboral del derecho burocrático y como empleado sindicalizado de los tercero interesados previamente oídos y vencido en juicio que duro en su trámite más de 17 años. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derecho vulnerado el contenido en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 740/2021-I-1 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de una omisión atribuida a autoridades laborales con sede dentro del territorio en el que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó en esencia del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de 2021, dictada en perjuicio del titular de la acción de amparo dentro del expediente ******* del índice administrativo de la autoridad responsable, sin ulterior recurso y como última actuación dictada en el expediente, así como la falta de pronunciamiento fundado y motivado, congruente y exhaustivo, del incidente de liquidación de laudo planteado y que están quedando sin juzgar, dentro de los expedientes ******* y acumulado *******, del índice del citado Tribunal administrativo. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados, los señalados en los párrafos precedentes, que serán estudiados enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con registro digital 192097, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, en esta ciudad, manifestó que no era cierto el acto atribuido por el quejoso, sin embargo, del contenido de las constancias enviadas por dicha autoridad, se desprende que efectivamente el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictó la resolución incidental de liquidación en el expediente *******, del índice del citado tribunal, por lo que se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido a la responsable. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. La tasación asignada a las documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, en la que se dispone: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Cuarto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, la suscrita estima que, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] De lo anterior se desprende, que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; lo cual se refiere a aquellas resoluciones que inexcusablemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les da lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de decisión, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, de manera que al actuar la responsable en ese sentido, emitiendo una resolución en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de ésta, el nuevo amparo que se intente resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior, pues admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Pues, de acuerdo con el dispositivo legal transcrito, este motivo de improcedencia se da cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales. Tal como lo establece la jurisprudencia XXI.1o.J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible a página 867, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192185, que resulta aplicable por identidad de razón, es del texto siguiente: IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo. Así, para actualizar la causal de improcedencia es necesario destacar cuales son los efectos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriño a la responsable a realizar determinadas actuaciones, esto es, si se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado o bien si quedo desvinculada al dictar una nueva resolución reasumiendo plenamente su jurisdicción, porque de ser el caso, las violaciones cometidas al emitir el nuevo acto serían autónomos y podrían impugnarse en un nuevo juicio; sin embargo, sí se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, existirá una desobediencia a la ejecutoria dictada. En apoyo a lo anterior se cita la tesis XVIII.2o.19K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, visible a página 2131, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, registro 165540, que dice: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ASPECTOS QUE ACTUALIZAN LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. Para actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece: "El juicio de amparo es improcedente ... II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas.", en primer lugar, es necesario destacar cuáles son los efectos específicos de la sentencia que concedió el amparo para advertir si se constriñó a la autoridad responsable a realizar determinadas actuaciones, o bien, se le dieron lineamientos concretos que debía realizar en cumplimiento al fallo protector a fin de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y, en segundo, una vez analizado el acto reclamado, habrá de confrontarse con los efectos de la sentencia protectora para determinar si se trata o no de una resolución dictada en cumplimiento de la ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta; pues sólo de esa manera, esto es, descartando que no se dejó plenitud de jurisdicción, sino que se dieron directrices de cómo debería dictarse el nuevo acto, puede llegarse a la conclusión inequívoca de que existe correspondencia entre éste -acto reclamado- y el fallo constitucional y, en consecuencia, la improcedencia del nuevo juicio de amparo en su contra. Para evidenciar dicha causal de improcedencia, se advierte de la demanda que el quejoso *******, reclama a la responsable Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad: 1.- La resolución interlocutoria de fecha 29 de septiembre de 2021, dictada en perjuicio del titular de la acción de amparo dentro del expediente ******* del índice administrativo de la autoridad responsable, sin ulterior recurso y como última actuación dictada en el expediente. 2.- La falta de pronunciamiento fundado y motivado, congruente y exhaustivo, del incidente de liquidación de laudo planteado y que están quedando sin juzgar, dentro de los expedientes expediente (sic) ******* y acumulado *******, del índice administrativo del Tribunal administrativo designado responsable y que gozan de la Autoridad de cosa juzgada con orden expresa en forma de condena, a la reinstalación y pago de las indemnizaciones e incrementos salariales y otras prestaciones vinculadas a la relación laboral del derecho burocrático y como empleado sindicalizado de los tercero interesados previamente oídos y vencido en juicio que duro en su trámite más de 17 años. Ahora, constituye un hecho notorio, mismo que se invoca en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado al día siguiente hábil, ******* promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: "(.)III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- a).- TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA. b).- Es la C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE MUNICIPAL con domicilio en intersección de la Av. Francisco Villa y Calle Internacional zona centro de esta Ciudad. c).- Con fundamento en el artículo 179 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, señalo como diversa Autoridad a la TESORERIA MUNICIPAL Y DIRECCIÒN DE EGRESOS DEL MUNICIPIO EMPLEADOR CONDENADO EN JUICIO, porque estas direcciones no pueden ignorar la obligación a cargo del Municipio de Juárez, Chihuahua, de cumplir con el laudo ejecutoriado voluntariamente, pues recuérdese que es un juicio iniciado en el año 2004 y su solución; no obstante de tratarse de cosa juzgada, sigue sin atenderse: (.)" Luego, por auto de uno de octubre de dos mil veinte, se registró la referida demanda bajo el consecutivo *******, del índice del este juzgado y se admitió a trámite. Asimismo, el ocho de abril de la anualidad en curso se celebró la audiencia constitucional y se emitió la sentencia correspondiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en ese juicio y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión. Resolución que al no haber sido impugnada por ninguna de las partes, causó ejecutoria mediante auto de dieciocho de mayo del año en curso, requiriéndose el cumplimiento correspondiente. Juicio que actualmente se encuentra en la etapa de cumplimiento. Apoya lo antes expuesto, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, junio de 2018, Tomo I, página 10, que establece lo siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Como se precisó en párrafos precedentes, la juzgadora al resolver el juicio de amparo *******, por una parte, sobreseyó dicho juicio y, por otro, concedió la protección constitucional a *******, para efectos de que el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Juárez, Chihuahua, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: [.]En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio de la quejosa su derecho a la pronta impartición de justicia previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que las autoridades responsables, Presidenta, por sí, y en representación del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, realice lo siguiente: - Señale nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos; agotada esa etapa dicte la resolución respectiva dentro del incidente de liquidación. [.] Mediante oficio número ******* recibido en este juzgado el once de octubre del año en curso, la Presidenta del Tribunal de Arbitraje Municipal, en atención al requerimiento formulado por este juzgado, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria referente al incidente de liquidación emitido por el veintinueve de septiembre del año que transcurre en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, atento a ello en proveído de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo. En auto de cinco de noviembre del año en curso, se emitió la resolución de cumplimiento en el juicio *******, en el que se estableció que la autoridad responsable había dado cumplimiento a la ejecutoria emitida por este juzgado. El veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, el licenciado *******, autorizado del quejoso, de conformidad con los artículos 201 fracción 1, al 203 de la Ley Amparo, promovió recurso de inconformidad respecto al auto de fecha cinco de noviembre del año que transcurre, del cual se desprende lo siguiente: [.] Argumento en la inconformidad materia del recurso. Único.- Acudiendo a la demanda de amparo indirecto interpuesta inicialmente, al anexo a la demanda de amparo consistente en promoción escrita y con sello de recibido por la responsable a la que se le promovió incidente de liquidación de laudo, dicha promoción se dirigió a los expedientes laborales del índice de la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje municipal, ******* y acumulado ******* con vistas al *******, donde existe constituido el derecho del actor para acceder a las prestaciones materia de la condena: reinstalación, pago de prestaciones vinculadas al laudo condenatorio, incrementos salariales y acceso a derechos sindicales, sobre estos expedientes se solicitó la tutela judicial efectiva desde luego a cargo del Órgano jurisdiccional ahora recurrido. Acudamos también a los informes de autoridad que rindieron las autoridades responsables, acepando la existencia del acto de autoridad y explicando los motivos que tuvo a su alcance al rendir el ínclito informe, de donde cabe destacar que se refirió precisamente a los expedientes ******* y acumulado ******* con vistas al *******, donde el titular de la acción constitucional promovió la tutela jurisdiccional efectiva en el juicio de amparo. Los lineamientos de la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en el dictado de la sentencia de amparo, abordo el estudio y análisis el cardinal 17 Constitucional en sus vertientes de que tengo derecho al suministro de justicia en su vertiente de justicia completa, consistente en que toda autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho Página 316 administrativo; cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio J sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Esos fueron las consideración y lineamientos de la sentencia de amparo que fueron favorables al recurrente *******, pero que, además; ahora son parte de su patrimonio jurídico que viene a defender en la materia de la inconformidad, pues el acto de autoridad Entonces; si las autoridades responsables en cumplimiento del fallo protector, allegan a la Juzgadora de amparo la resolución interlocutoria de fecha 29 de septiembre de 2021, Y en el CUARTO considerando del auto de fecha 5 de noviembre de 2021 ahora recurrido hace un análisis, dando por hecho que fue dentro de los autos del juicio laboral de origen, a través de las constancias relativas que les dio valor probatorio pleno, pues debió advertir, que de su lectura acuciosa esa resolución interlocutoria solo fue dictada en el expediente *******, soslayando que el incidente de liquidación tiene sentido de pertenencia a los expedientes ******* y acumulado ******* del índice del Tribunal de Arbitraje Municipal para los Trabajadores al Servicio del Estado, es más, estos juicio quedaron intocados en la interlocutoria de fecha 29 de septiembre de 2021, por eso se afirma, que no debió tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo, porque esa resolución interlocutoria debió ser conforme a las consideraciones y lineamientos del fallo constitucional, en su vertiente de acceso a una justicia completa, tal y como quedo asentado el fallo constitucional "cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado". Entonces, no se trata de cumplir con una interlocutoria sobre un solo expediente y a elección de la Autoridad responsable, esa ni es Pí.1gina 416 justicia pronta expedita, ni competa, y es que el amparo no se demandó solamente para que se dicte sentencia interlocutoria de suspensión solamente en el expediente *******, al que solamente se solicitó como hecho notorio se resolviera ,la liquidación "con vistas", esto es, ahí no está la causa de pedir en la cuerda incidental de suspensión sino en los diversos ******* y acumulado *******, donde justamente se promovió y ahí es donde se solicitó la intervención del Juez federal para que amparara y protegiera al quejoso porque en esos expediente se le dirigió a las responsables liquidaran el laudo, entonces, vengo en la inconformidad, para alegar defecto en el cumplimiento del fallo protector, en la medida de que, para la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, la basto tener en su poder, una sentencia interlocutoria dictada solamente en el expediente ******* decretando desafortunado el incidente de liquidación, pero soslaya que el amparo para la pronta y debida resolución del incidente de liquidación de laudo se promovió en el expediente ******* y acumulado *******, por lo tanto se estima que el acuerdo que decreto cumplida la ejecutoria no fue congruente, ni exhaustivo con la causa de pedir en el amparo, sus anexos, sus razonamientos en la parte considerativa, ni con los lineamientos de la sentencia de amparo, por lo que, en la materia de la inconformidad, solicito se revoque el acuerdo que tiene por cumplida la ejecutoria y en su lugar se inicie el procedimiento de ejecución del fallo constitucional, a fin de que sea cumplida a cabalidad, sin excesos ni defectos, sobre todo, obligando a las responsables que, en un nuevo acto de autoridad en cumplimiento a la sentencia de amparo, resuelva además del expediente *******, los principales ******* y acumulado *******, precisamente a cabalidad, sin excesos, ni defectos. [.] Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se proveyó respecto al citado escrito, y con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 201, fracción I y 202, de la ley de la materia, se ordenó que una vez que se encontrará debidamente integrado el recurso, se remitiera al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el juicio de amparo *******, así como el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, si el acto que reclama en el juicio de amparo en que se actúa, esto es 740/2021, deriva de la sentencia emitida en el diverso *******, el cual a la fecha está pendiente de resolverse el recurso de inconformidad interpuesto por el quejoso, contra la resolución de cumplimiento emitida el cinco de noviembre del año en curso, es inconcuso que se pueda entrar al estudio de algo que no se ha declarado firme su cumplimiento, de ahí que sea evidente la actualización de la causa de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, si como quedó señalado en la sentencia que otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, la autoridad responsable quedó constreñida a acatar los lineamientos que le fueron ordenados, existe una vinculación total, respecto de la resolución que emita con la ejecutoria dictada en el diverso juicio, ello conforme a los lineamientos precisados en la sentencia de amparo, por lo que al quedar vinculada a los términos de la sentencia concesoria, la autoridad debe acatarla ajustándose estrictamente a la resolución que le concedió el amparo, a fin de evitar que una misma cuestión sea resuelta en dos o más sentencias de amparo, lo cual, se insiste, se encuentra sub júdice a lo que decida el ciado Tribunal Colegiado de Circuito en el recurso de inconformidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1391, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40 , Marzo de 2017, Tomo II, Décima Época, registro 2014019, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En mérito de lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, fracción XXI, 74 y 75, de la Ley de Amparo, así como 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, residente en esta ciudad, a través del cual da parcial cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de diecinueve de noviembre de la presente anualidad, para lo cual, remite copia certificada en tres tomos del expediente de origen 51/2013 de su índice, las cuales se tienen por recibidas y con las mismas se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, informa que respecto de los expedientes 54/2004 y 24/2005 de su índice, se está llevando una investigación interna, razón por la cual se encuentra imposibilitado de remitir las copias certificadas solicitadas, para acreditar lo anterior remite copia certificada del oficio TAM/462/2021 al que anexa el acta de hechos de la que se advierte que dichos expedientes se encuentran extraviados. Apertura anexos Ahora, en virtud de la voluminosidad de las copias certificadas que remite la autoridad oficiante consistentes en las constancias del expediente 51/2013, de su índice, se ordena que consten en anexo por separado, para posibilitar su manejo. Por último, dígase a las partes, que quedan a su disposición para consulta, previa cita que registren para el ingreso al Juzgado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), pues dado su tamaño, no pueden ser enviados por correo electrónico. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.MGCJ/Marc/dmjv

  4. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de diciembre de dos mil veintiuno. Solicitud autorizado quejoso Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado ******* autorizado en términos amplios de la parte quejosa *******, a través del cual solicita a esta juzgadora que en el presente incidente de suspensión se tengan por ofrecidas las pruebas presentadas mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Ofrecimiento de pruebas En atención a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda dos copias simples del escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno signado por el licenciado ******* autorizado en términos amplios de la parte quejosa *******, a través del cual ofrece como medios de pruebas los documentos siguientes: 1. Copia simple del escrito de veintitrés de enero de dos mil doce suscrito por *******. 2. Copia simple del laudo de veinte de enero de dos mil once, dictado en el juicio laboral *******, dictado en el expediente ******* y su acumulado *******, del índice del Tribunal de Arbitraje Municipal, Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que, los documentos en cita se tienen por ofrecidos, dada su propia y especial naturaleza, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, en virtud de que, mediante resolución de cuatro de noviembre de la presente anualidad, se resolvió respecto de la suspensión definitiva en este incidente. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano