Isidoro Antonio Luna Franco

Expediente 488/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
488/2020
Año
2020
Actuaciones
25
Última actuación
03/05/2022

Partes del expediente

  • Isidoro Antonio Luna Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta, agréguense a sus autos para que conste como legalmente corresponde; atento a su contenido téngase al Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo el expediente principal del presente juicio de amparo y copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de abril del presente año, en el recurso de Inconformidad Laboral 1/2022 de su índice, en el que declaró infundado el recurso de inconformidad a que el toca se refiere. Remítase el acuse de recibo correspondiente. En orden a lo anterior y vista la certificación de cuenta, se advierte que la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En otro orden, tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito firmado por Javier Antonio Carnero Hernández autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el quejoso Isidoro Antonio Luna Franco, a través del cual interpone recurso de inconformidad en contra de la resolución de cinco de noviembre del año en curso. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 201, fracción I y 202, de la ley de la materia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente recurso, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el juicio de amparo 488/2020-VII, así como el escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el licenciado **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el expediente de amparo indirecto **********/2020-VII, promovido por **********, del cual se advierte lo siguiente: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintinueve de septiembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado al día siguiente hábil, treinta, Isidoro Antonio Luna Franco promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- a).- TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE JUAREZ, CHIHUAHUA. b).- Es la C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE MUNICIPAL con domicilio en intersección de la ********** de esta Ciudad. c).- Con fundamento en el artículo 179 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, señalo como diversa Autoridad a la TESORERIA MUNICIPAL Y DIRECCIÒN DE EGRESOS DEL MUNICIPIO EMPLEADOR CONDENADO EN JUICIO, porque estas direcciones no pueden ignorar la obligación a cargo del Municipio de Juárez, Chihuahua, de cumplir con el laudo ejecutoriado voluntariamente, pues recuérdese que es un juicio iniciado en el año 2004 y su solución; no obstante de tratarse de cosa juzgada, sigue sin atenderse: (.)" SEGUNDO. Concesión de amparo. Mediante proveído de uno de octubre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo e integrado que fue el juicio y celebrada la audiencia constitucional, se dictó la sentencia correspondiente, en la cual, por una parte se decretó el sobreseimiento y por la otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal, por las razones ahí expuestas. TERCERO. Ejecutoria y requerimiento de cumplimiento. Ante la falta de interposición de recurso de revisión por la parte que le causara perjuicio la sentencia dictada en el presente asunto, la misma causó ejecutoria y con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables Presidenta, por sí, y en representación del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, para que, en el término de tres días, diera cumplimiento a la sentencia de marras, en los términos siguientes: Señale nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos; agotada esa etapa dicte la resolución respectiva dentro del incidente de liquidación. Sin que pase inadvertido, que si bien es cierto, el quejoso hace énfasis en la falta de prosecución judicial en el juicio laboral, no menos cierto es que, no se debe dejar de lado, que aun tratándose de un juicio laboral del cual devienen los actos reclamados, los alcances por los que llegase a otorgarse la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado, en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral. CUARTO. Informe dado por la responsable respecto al cumplimiento. Mediante oficio T.A.M./JACG/331/2021 signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, el veintinueve de septiembre de este año, se dictó resolución interlocutoria relativa al incidente de liquidación, dentro de los autos del juicio laboral de origen, anexando las constancias relativas para acreditar su dicho. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°. Atento a lo anterior, con el contenido del referido oficio se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, por el plazo de tres días, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Bajo apercibimiento que, en caso de no pronunciarse al respecto, este órgano, declararía si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si existía imposibilidad para cumplirla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. QUINTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a revisar dicho cumplimiento tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por el Juez responsable. En ese contexto, considerando que la responsable de mérito el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictó la resolución relativa al incidente de liquidación, pronunciada dentro de los autos del juicio natural, es acertado determinar que dichas responsables, no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que se ciñó estrictamente a los términos del fallo protector de manera completa e imparcial, sin ir más allá de lo ordenado; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la parte quejosa el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro respectivo, notifíquese por medio de lista electrónica a la parte quejosa, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, promovido por Isidoro Antonio Luna Franco, por los motivos expuestos en el punto número cinco de la presente resolución. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el licenciado *******, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual promueve incidente de inejecución de sentencia dentro del presente sumario constitucional; agréguese para que obre como legalmente corresponde. En las relatadas circunstancias, para una mejor comprensión del caso, es acertado puntualizar el contenido de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, mismos que son del contenido siguiente: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. De la intelección de los citados preceptos legales, se advierte en lo medular, que una vez que casusa ejecutoria la sentencia de amparo, se está en aptitud de requerir su cumplimento a la autoridad responsable correspondiente bajo los apercibimientos de ley; se requerirá al superior jerárquico de aquella, a fin de que le ordene cumplir con la ejecutoria respectiva, en el entendido de que de no demostrar que dio la orden para tal efecto se hará acreedor a una multa en los términos de la ley de amparo, además incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad a quien se le requirió su cumplimiento. Asimismo, se considerará la complejidad o dificultad para dar cumplimiento a la ejecutoria de marras, a fin de establecer un plazo lógico y razonable atendiendo a la naturaleza del acto reclamado para su cumplimiento. Seguidamente, si la ejecutora no quedó cumplida en plazo a que se hace alusión en el párrafo que antecede, se realizará el pronunciamiento respectivo, haciendo efectivos los apercibimientos decretados y se remitirán los autos al Tribunal de Alzada a fin de substanciar el incidente de inejecución de sentencia, notificando dicha determinación a la autoridad responsable y superior jerárquico respectivo. Sin embargo, en el caso concreto, el catorce de octubre de este año, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días computado legalmente, con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dado por la responsable Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, sin que hasta la fecha haya transcurrido dicho plazo para el quejoso Isidoro Antonio Luna Franco, lo que evidencia que no han tenido un actuar contumaz. En razón de lo anterior, a todas luces este órgano de control jurisdiccional, no está en posibilidad procesal de abrir de oficio o a instancia de parte el incidente de inejecución que nos ocupa, pues se debe verificar que se haya agotado el procedimiento mencionado, es decir, este juzgado federal debe pronunciarse si la ejecutoria de amparo fue o no cumplida y tener certeza de que las partes vinculadas al cumplimiento se encuentren debidamente notificadas del proveído que así lo declare. Lo anterior tienen apoyo en la Jurisprudencia 1ª./J. 1/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Número de registro 165212, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010, página 39, Materia Común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: INCIDENTE DE INEJECUCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBEN DEVOLVERSE LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO SI ÉSTE NO AGOTÓ EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a los citados artículos, luego de que cause ejecutoria la sentencia en que se concedió el amparo, el juez de distrito la comunicará por oficio a las autoridades responsables para su cumplimiento; si dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación no quedare cumplida, requerirá de oficio o a instancia de parte al superior inmediato de la autoridad responsable para que la obligue a cumplir, y en caso de que no se obedeciere la ejecutoria deberá remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, previo a declarar el incumplimiento de la sentencia, el juez debe verificar que se haya agotado el procedimiento mencionado, esto es, debe cerciorarse de que la autoridad responsable o su superior jerárquico tuvo conocimiento del requerimiento de cumplimiento para poder exigirlo. Por tanto, si del examen del expediente se advierte que una de las autoridades vinculadas al cumplimiento no fue debidamente notificada del proveído donde se declaró que el fallo protector no había quedado cumplido, pues no obra el acuse de recibo respectivo, ni constancia actuarial que acredite que dicha autoridad se negó a recibir el oficio, lo procedente es devolver los autos al juez de distrito a fin de que, a partir de dicho auto, subsane la omisión de notificación y regularice el procedimiento aludido. Asimismo, en la Tesis XV-30.4K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Número de Registro 178718, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1418, Materia Común, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE LA INTERPOSICIÓN DE ESTE INCIDENTE CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO SE HA PRONUNCIADO SOBRE SI LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE O NO CUMPLIDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, cuando no se ha logrado el cumplimiento de una sentencia que otorgó la protección constitucional, el Juez de Distrito, de oficio o a instancia de parte, abrirá el incidente de inejecución de sentencia con el propósito de lograr el cabal cumplimiento del fallo protector, observando las formalidades y realizando las diligencias contempladas en el citado precepto; por tanto, al advertirse de las constancias que integran el juicio de garantías que las autoridades responsables informaron al Juez de Distrito respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pero no aparece que el Juez de amparo haya emitido resolución al respecto, en el sentido de determinar si se dio o no cabal cumplimiento a dicha ejecutoria, no será hasta que se lleve a cabo el pronunciamiento respectivo por el Juez de Distrito cuando el incidentista podrá hacer valer en contra de dicha resolución los medios de impugnación legales a que se refiere el artículo 105 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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