Ismael Cisneros Franco
Expediente 727/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ismael Cisneros Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta se advierte que la tercero interesada, quedó debidamente notificada del auto de diez de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual se le requería señalara domicilio para oír y recibir notificaciones, en esta ciudad, sin que hiciera manifestación al respecto, por lo que de conformidad con el artículo 27, fracción II, se ordena notificar por medio de lista las notificaciones posteriores, aun las de carácter personal a la parte quejosa, hasta en tanto no señale domicilio. Por otra parte, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la constancia de la actuaria de la adscripción de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en la que manifiesta la imposibilidad de notificar personalmente a la tercero interesada menor de iniciales ** representada por sus padres ** y **, por las razones que expone. Atento a lo anterior, toda vez que la tercero interesada menor de iniciales **. representada por sus padres ** y ** que es la víctima dentro de la causa penal 81/2017, y en virtud de que fue emplazada a juicio por medio del Juez de Control del distrito judicial Galena en el Estado de Chihuahua, se faculta al juez responsable para que notifique el contenido íntegro de la sentencia de treinta y uno de octubre a la tercero de mérito; asimismo, se le requiera para que al momento de la notificación o en el término de tres días legalmente computados, señale domicilio en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo así las notificaciones posteriores, aún las de carácter personal, se le harán por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, constancias que deberá remitir en un término de tres días. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, LA CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 727/2017-I-1, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete se recibió la demanda que dio origen al juicio, la que fue turnada a este Juzgado de Distrito el veintiuno del mismo mes y año. En el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del distrito judicial Galeana, Agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, encargado de Integrar la Carpeta de Investigación, Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Cinco Con sede en Nuevo Casas Grandes y los Agentes aprehensores adscritos a Fiscalía de Distrito en la Zona Palomas de Villa de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, a quienes reclamó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, el auto de vinculación a proceso dictado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la causa penal ******* por su participación probable en la comisión del delito de abuso sexual agravado, omisión de brindar asistencia consular y la ejecución de las mismas. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados; además, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclaman actos privativos de libertad que tienen ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quejoso reclama: Del Juez de Control del distrito judicial Galeana y Agente del Ministerio Público encargado de integrar la carpeta de investigación, ambos con residencia en Nuevo Casas Grandes, el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal *******, por su probable participación en la comisión del delito de abuso sexual agravado, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva y la omisión de brindar asistencia consular. Del Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Cinco, con sede en Nuevo Casas Grandes y Agentes Aprehensores adscritos a la Fiscalía de Distrito en la Zona Palomas de Villa de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, la ejecución de la resolución respecto de la medida cautelar de prisión preventiva. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de la omisión de brindar asistencia consular. El Juez de Control del distrito judicial Galeana y Coordinador Especial "A" adscrito a la Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación, ambos con residencia en Nuevo Casas Grandes, al rendir su informe manifestaron que no es cierto el acto respecto a la omisión de brindarle asistencia consular y para acreditar su dicho anexaron a su informe justificado el auto de veintinueve de julio de dos mil diecisiete, y de la constancia de lectura de derechos, en los cuales se le hizo saber al quejoso *******, su derecho de notificar al Consulado americano, sobre su detención (fojas 71, 72 y 103). Además, la documental aportada por la autoridad responsable resulta idónea para acreditar que el accionante del amparo fue informado sobre su derecho de notificar al consulado Americano sobre su detención en este país, pues así se corrobora del auto de veintinueve de julio de dos mil diecisiete, se le reconoce el carácter de documento público en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, ya que por éstos se entiende, aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, se les reconoce eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del código procesal supletorio invocado. Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio. En consecuencia, dado que la autoridad responsable probó la inexistencia de la omisión se sobresee en el juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Director del Centro de Reinserción Social Estatal Número Cinco, en Nuevo Casas Grandes, Juez de Control del distrito judicial Galeana, con sede en Nuevo Casas Grandes y Coordinador Especial "A" adscrito a la Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación, Comandancia de Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión, Chihuahua, aceptaron los actos que les reclama el quejoso, consistentes en el auto de vinculación a proceso en la causa penal *******, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación agravada, así como la medida cautelar de prisión preventiva y su ejecución. Para corroborar lo anterior, las autoridades responsables remitieron fotocopia del certificado Médico de ingreso, la historia clínica, constancias de entrega de medicamentos, fotocopias autorizada de la resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, de veintinueve de julio del año en curso, así como el registro de audio y video de las audiencias de formulación de imputación y vinculación a proceso, la transcripción de esa determinación que se impugna, así como copia de la orden de aprehensión de veintiocho de julio del año curso, constancia de lectura de derechos al detenido de veintinueve de julio de la presente anualidad, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Por su parte, el agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes encargado de integrar la carpeta de Investigación fue omiso en rendir el informe justificado que se le solicitó, a pesar de encontrarse debidamente notificado del oficio ******* de veintidós de agosto de dos mil diecisiete, mediante el cual se le requirió, como se advierte de la cédula de notificación que corre agregada a foja ochenta y tres de autos. Ahora, el artículo 117, de la Ley de Amparo, establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia que se actualizan. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del último párrafo del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. I. Improcedencia del juicio respecto de la medida cautelar Respecto de los actos reclamados consistente en la medida cautelar, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que en audiencia de veintinueve de julio de dos mil diecisiete, el Juez de Control del distrito judicial Galeana, resolvió sobre la medida cautelar solicitada por el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada Contra la Comisión del Delito, en la cual determinó imponer al aquí quejoso como medida cautelar la de prisión preventiva, prevista en el artículo 155, fracciones XIV del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, por oficio recibido el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, el Juez de Control del distrito judicial Galeana, informó que en audiencia de veintinueve de agosto del año en curso, se modificó la medida cautelar de prisión preventiva, imponiéndose las previstas en el artículo 155, fracciones VII y VIII del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en la prohibición de concurrir al domicilio de la menor víctima y ofendida ******* y en la prohibición de convivir o comunicarse específicamente con la menor víctima y la ofendida; por lo que, se ordenó la inmediata libertad del imputado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de la audiencia de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, en la que se modificó la medida cautelar, y se ordenó la inmediata libertad del quejoso; documental a la que se les reconoce valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia (fojas 58 a 61). Así, lo informado por la autoridad responsable resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues al directamente agraviado, *******, se modificó la medida cautelar de prisión preventiva y fue puesto en libertad; por ende, los eventuales actos de privación de la libertad, cesaron en sus efectos, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia de mérito, al existir elementos de prueba que desvirtúan tal circunstancia, lleva a considerar que fue restituido en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Sobre estas bases, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; se procede sobreseer el juicio respecto de la medida cautelar impuesta al quejoso, de conformidad con la fracción V del arábigo 63 y fracción III del arábigo 74, de la citada legislación. II. Improcedencia del juicio respecto del auto de vinculación a proceso. En el caso, respecto del auto de vinculación a proceso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.] Del enunciado normativo que antecede, se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a. Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo. c. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d. Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Tiene aplicación a lo anterior la tesis 51 sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y nueve, tomo IV, apéndice dos mil, materia común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, del examen integral de las constancias que integran el presente controvertido constitucional y la que obra en el cuaderno de antecedentes, se desprende que los supuestos descritos se encuentran satisfechos, como se verá a continuación: a. En audiencia de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se dictó auto de vinculación a proceso, en contra de *******, por el delito de abuso sexual agravado, previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal vigente en el estado, en perjuicio de la menor de iniciales Y.P.G.A. (fojas 67 a 70). b. Por oficio ******* el veintisiete de octubre del año en curso, en la causa penal ******* se admitió un procedimiento especial abreviado y se dictó fallo condenatorio en contra del aquí quejoso por el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de la menor de edad de iniciales *******, se le condenó a dos años de prisión, se le absolvió del pago de la reparación del daño toda vez que fue cubierto en la audiencia, se le absolvió del pago de multa y se prescindió de la pena de prisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 72, inciso C, del Código Penal del Estado. Lo anterior, incuestionablemente cambia la situación jurídica en que se encontraba, en virtud que en principio estaba sujeto al proceso por el dictado del auto de vinculación a proceso y posteriormente se dictó sentencia lo que sustituye jurídica y procesalmente por los indicados autos. b. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso, sin afectar la sentencia dictada dentro del procedimiento especial abreviado en el que se dictó fallo condenatorio en su contra, dado que para su estudio no es posible dejar a un lado la nueva situación jurídica del agraviado. En ese sentido, si el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso de *******, y con posterioridad a la presentación de la demanda el juez responsable dictó sentencia el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete en la cual se dictaminó fallo condenatorio dentro de la causa penal 81/2017, por lo que, deben de considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones reclamadas; por ende, no se pueda analizar su constitucionalidad. En consecuencia, al quedar plenamente justificada la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de conformidad con la fracción V del arábigo 63 y fracción III del arábigo 74 de la citada legislación. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 1, 5, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 727/2017-I-1, respecto de los actos endilgados a las autoridades responsables que precisados quedaron en el considerando cuarto de esta sentencia por las razones expuestas en el considerativo tercero y quinto de la misma. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, mediante oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hasta el día de hoy, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Coordinador Especial "A" adscrito a la Comandancia de la Agencia Estatal de Investigación, Comandancia de Puerto Palomas de Villa, Municipio de Ascensión, Chihuahua, en su denominación correcta de la señalada por el quejoso como Agentes Aprehensores adscritos a la Fiscalía de Distrito en la Zona Palomas de Villa de la Fiscalía del Estado de Chihuahua; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no se encuentra en aptitud de llevarla a cabo por los motivos asentados en párrafos precedentes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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