Isabel Ramirez Arriola

Expediente 1269/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1269/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Isabel Ramirez Arriola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que se haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE."

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito señalado en la nota de cuenta al expediente en que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en atención a su contenido se advierte que **** autorizado en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, solicita copia simple del laudo dictado en los juicios laborales *** y *** acumulados, que se tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, constancias que obran agregadas en este juicio de amparo al haber sido remitidas por la referida autoridad en apoyo a su informe de ley correspondiente; por tanto, atento a su contenido se provee: Respecto de la copia simple solicitada por la parte quejosa, se autoriza la expedición de la misma en los términos siguientes: a) Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación con motivo de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, se ordena el escaneo de la constancia que solicitan. b) Ahora bien, de autos se desprende que en el escrito inicial de demanda la parte quejosa proporciono el correo electrónico sercomscbarrita@hotmail.com, como medio de contacto con este órgano jurisdiccional. c) Por tanto, conforme a lo dispuesto por el numeral 2°, fracción XIX del Acuerdo General 13/2020, téngase como medio de contacto de la parte quejosa, el correo electrónico proporcionado, a través del cual le será remitida en forma digital copia simple de la resolución de mérito, para que esté en aptitud de imprimirla. Bajo ese contexto, se comisiona a la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional a fin de remitir la copia solicitada por la parte quejosa en el correo electrónico proporcionado para tal efecto, levantando la razón respectiva para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    "S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1269/2021 promovido por Ma. Isabel Ramírez Arriola en contra de los actos de las autoridades que se precisarán más adelante. I. ANTECEDENTES La quejosa Ma. Isabel Ramírez Arriola manifestó ser parte actora en los juicios laborales 1228/2014(4) y 42/2019(4) acumulados, que se tramita ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en donde demandó al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), diversas prestaciones de carácter laboral. Indicó que en ambos expedientes se cerró instrucción, por lo que la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, por acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, ordeno turnar ambos expedientes al auxiliar dictaminador de esa Junta para la elaboración de la resolución en forma de laudo. Señalando que a la fecha de la presentación de la demanda se ha excedido en el tiempo para resolver los expedientes señalados y notificar dicho laudo. Al considerar como violatorio de derechos humanos la omisión de la responsable al no dictar el laudo correspondiente en dichos expedientes laborales vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, la cual por razón de turno fue remitida a este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 1269/2021. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo en su doble carácter de ordenadora y ejecutora: A los miembros de la Junta especial cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje. Al auxiliar dictaminador de la junta especial cuatro de la local de conciliación y arbitraje. IV.- ACTOS RECLAMADOS A LAS RESPONSABLES: La omisión de realizar todos y cada uno de los actos tendientes a emitir el laudo que corresponda en los expedientes laborales 1228/2014(4) y 42/2019(4) acumulados, y una vez que acontezca, se lo notifique a los profesionistas arriba indicado y en el domicilio señalado en el proemio del presente." Derivado de lo anterior, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: De la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, reclama: La omisión de dictar el laudo correspondiente en los expedientes laborales 1228/2014(4) y 42/2019(4) acumulados, y notificar dicha resolución a la parte quejosa. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No es cierta la omisión reclamada a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Se sostiene lo anterior, porque la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de esa actuación, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Informe justificado Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La omisión de dictar el laudo correspondiente en los expedientes laborales 1228/2014(4) y 42/2019(4) acumulados, y notificar dicha resolución a la parte quejosa. Negó los actos Robustece lo anterior, las constancias remitidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, dado que de las mismas se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda no existía la omisión atacada, lo que corrobora lo expuesto en dicho informe, a los instrumentos descritos se otorga valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, de las actuaciones que obran en este asunto se advierten los aspectos siguientes: El diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, cerró instrucción y en dicha data ordeno turnar ambos expedientes al auxiliar dictaminador de esa Junta para la elaboración de la resolución en forma de laudo. Bajo ese contexto, el diez de septiembre de la presente anualidad, la responsable descrita en el párrafo que antecede dictó el laudo correspondiente en los juicios laborales 1228/2014(4) y 42/2019(4) acumulados, donde la quejosa Ma. Isabel Ramírez Arriola funge como parte actora. Dicha resolución fue notificada el doce de octubre de dos mil veintiuno, en el domicilio señalado en los autos de dichos expedientes laborales por la parte quejosa, dado que de la diligencia de notificación se advierte lo siguiente: ".con la finalidad de notificar y requerir en términos ordenados por este tribunal laboral a la C. MARÍA ISABLE RAMÍREZ ARRIOLA, actora en el presente expediente laboral del número al rubro indicado, el contenido del laudo de fecha diez de septiembre del año dos mil veintiuno. atendiéndome en este lugar que se actúa a una persona del sexo femenino quien dice responder a nombre de la C. GISELA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, quien se identifica con su credencial, a quien le hago saber el motivo de mi presencia. manifestándome que efectivamente es el domicilio es el domicilio correcto y señalado por la parte actora para recibir acuerdos y notificaciones como consta en autos." Lo anterior revela que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el acto omisivo atacado no existía. En efecto, se estima que al diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno -data en la que se presentó el escrito inicial-, no existía la omisión de dictar el laudo correspondiente en los juicios laborales 1228/2014(4) y 42/2019(4) acumulados, así como su notificación, porque el diez de septiembre de dos mil veintiuno -es decir, antes de la promoción de este juicio constitucional-, la Junta responsable emitió la resolución correspondiente en los referidos juicios y la notificación que recayó a la misma se realizó a la parte quejosa el doce de octubre siguiente, como se señalado anteriormente. Tal situación pone de relieve que a la data en la que el disconforme promovió el juicio constitucional, la autoridad responsable ya se había pronunciado sobre la omisión que se ataca. Ahora, es necesario traer a contexto el contenido de los ordinales 1, fracción I, 63, fracción IV, y 75, primer párrafo, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. [.]" El segmento normativo transcrito en primer orden establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, el precepto invocado hace referencia a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la citada legislación al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia en relación con los diversos que fueron insertos es factible concluir que cuando se trata de actos reclamados de carácter positivo o negativo su existencia o certeza debe analizarse en atención a la fecha en la que se presentó la demanda de amparo, porque dicho precepto no distingue la materia en la que se haya originado el acto impugnado ni la naturaleza de éste. Lo expuesto se justifica porque la parte quejosa al presentar su escrito inicial pretende obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución en el pleno goce del derecho humano violado mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que esa prerrogativa exija y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en la que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción de amparo, sino que se produjera durante la tramitación del juicio biinstancial, lo cual es inadmisible jurídicamente, porque esa situación generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas que sean existentes. Por tanto, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo el acto omisivo reclamado era inexistente es indudable que se actualiza la hipótesis establecida por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En respaldo de lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Ma. Isabel Ramírez Arriola en contra de la omisión atribuida a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta se advierte que la secretaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, remite el informe justificado suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; por tanto, atento a su contenido, se provee: Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 117 y 119 de la Ley de amparo, téngase a la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciadas las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, con el contenido de esos documentos dese vista a las partes para su conocimiento. En diverso aspecto, se tiene a la citada responsable señalando el correo electrónico y el número de teléfono que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. NOTIFÍQUESE.

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