Isabel Ortíz Zaragoza

Expediente 549/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
549/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Isabel Ortíz Zaragoza
  • Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que las partes contaban para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de cuatro de febrero del año en curso, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contados a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia de trece de agosto de dos mil veintiuno, el acuerdo de once de octubre de dos mil veintiuno, en donde se declaró que causó ejecutoria ese fallo, el auto de cuatro de febrero pasado, en donde se declaró cumplida la ejecutoria de amparo y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos se advierte que el plazo concedido al quejoso y a la parte tercera interesada para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran respecto del acuerdo dictado el trece de enero de dos mil veintidós, donde se les dio vista respecto del informe del cumplimiento rendido por la autoridad responsable transcurrió de la siguiente forma: para la justiciable Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, en su carácter de apoderada legal de Isabel Ortiz Zaragoza del diecinueve al veintiuno de enero del año en curso; para los terceros interesados Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo del veinticuatro al veintiséis de enero de esta anualidad y para el Agente del Ministerio Público adscrito a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del treinta y uno de enero al dos de febrero de esta anualidad. Tomando en consideración que ha transcurrido el plazo concedido a las partes que integran este juicio de amparo para que se pronunciaran en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y ya se cuenta con las constancias necesarias para su estudio; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente al cumplimiento de la misma. Lo anterior es así, ya que al haber transcurrido el plazo de tres días dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Así lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Antecedentes del acto reclamado. Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, en su carácter de apoderada legal de Isabel Ortiz Zaragoza acudió a esta instancia constitucional para solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos que en la sentencia fueron fijados como: De la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado: El fallo de dieciocho de marzo de dos mil veinte pronunciado en el toca JOTP/36/2019, que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal 73/2019, instruida en su contra de Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo, por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, en agravio de Isabel Ortiz Zaragoza y, De la Juez de Control del Circuito Judicial del circuito judicial de Valles Centrales, Ejutla, Oaxaca. La ejecución material de dicho acto. Efectos de la concesión del amparo. El trece de agosto de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva en este expediente, misma que causó ejecutoria en proveído de once de octubre del año en curso; donde se resolvió: "Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Isabel Ortiz Zaragoza, en contra de los actos reclamados a la Juez de Control del circuito judicial del Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca y acto reclamado precisado en el apartado "VI" y por las consideraciones vertidas en el diverso "VII" de esta sentencia. Segundo. Se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Isabel Ortiz Zaragoza, contra el acto que reclama de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado X del presente fallo". En esa determinación fueron señalados los efectos de la protección de la justicia federal que fue otorgada; siendo los siguientes: ".a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada. b) En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, se pronuncie respecto a la totalidad de los agravios formulados por la recurrente, encaminados a aducir violaciones procesales en el sumario de origen o en su caso, de manera fundada y motivada justifique su falta de análisis y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda." Actos que debía llevar a cabo la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria emitida en este expediente, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: Debió dejar insubsistente la determinación pronunciada el dieciocho de marzo de dos mil veinte; Con plenitud de jurisdicción haberse pronunciado sobre la totalidad de los agravios formulados por la recurrente, encaminados a aducir violaciones procesales en el sumario de origen. En su caso, de manera fundada y motivada justifique su falta de análisis y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Acciones realizadas por la autoridad responsable para acatar la sentencia. Los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con la finalidad de dar cumplimiento al presente fallo, emitieron una resolución el once de enero de dos mil veintidós. De su análisis se advierte que: Dejó insubsistente las resoluciones de dieciocho de marzo de dos mil veinte y cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En ese mismo acto, dictó diversa resolución en la que confirmó el auto apelado. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico de los apartados relatados de forma precedente, se evidencia que el once de enero de dos mil veintidós, los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitieron una resolución mediante la que: Dejaron insubsistente las determinaciones de dieciocho de marzo de dos mil veinte y cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En ese mismo acto y en libertad de jurisdicción dictaron una diversa determinación en la que confirmaron el auto apelado. En dicha resolución, la autoridad de mérito actuó de la siguiente forma: Contestó los agravios de la parte recurrente de la siguiente manera: Respecto al primer y segundo agravio expuesto por la quejosa, el tribunal de alzada no compartió el criterio de la Jueza de Primera Instancia al restarle credibilidad a la declaración de la víctima Isabel Ortiz Zaragoza y la testigo Yolanda Ortiz Zaragoza, en el sentido que dichas testimonios merecían estimación probatoria en su totalidad puesto que eran claras y precisas en señalar que los hechos sobre los que se basaron su testimonio, apuntaló que tampoco asistía la razón a la juez de origen en restar credibilidad a la declaración de la víctima bajo el argumento de que se contrapone con la declaración rendida por la imputada en la audiencia de comunicación de la imputación, misma que no fue corroborada con ningún dato de prueba, por lo que únicamente contradice la declaración de la víctima, pero no logra desvirtuarla; no obstante, el cuerpo colegiado responsable, consideró inoperantes dichos agravios en razón, en razón que si bien combaten la indebida valoración de la citadas pruebas, no menos era cierto que se estaba en presencia del incumplimiento de un contrato en materia civil y no el hecho que la ley señala como delito de fraude. En lo que refiere al Tercer motivo de inconformidad, la Sala responsable, contestó que resultaba infundado, pues compartía el criterio de la jurisdicente de natural al conceder estimación probatoria a la declaración de los imputados. En lo tocante al Cuarto de los agravios expuestos por la promovente del amparo, lo estimó de nueva cuenta infundado, en razón que a su consideración, no se encuentra acreditado el elemento del engaño previo a la celebración del contrato de promesa de venta. Por lo que hace al quinto y último agravio del escrito de la quejosa; consistente en que la juez responsable debió de ponderar todas las pruebas que pudieran influir en su decisión y no solamente las que favorecieran a los imputados, la responsable determinó infundado el referido agravio, ya que contrario a lo estimado por la apelante, la juez de primera instancia en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261 y 265 del código nacional de procedimientos penales en vigor, realizó el ejercicio de estimación probatoria de todos los datos de prueba ofertados por el fiscal en la audiencia de comunicación de la imputación, concediendo valor parcial a la declaración de la víctima Isabel Ortiz Zaragoza y de la testigo Yolanda Ortiz Zaragoza, y que por las razones expuestas al inicio del presente considerando merecen estimación probatoria en su totalidad. Concluyó refiriendo que si bien era cierto que os agravios de la aquí quejosa resultaron parcialmente fundados en cuanto a la indebida valoración de la declaración de la víctima Isabel Ortiz Zaragoza y de la Testigo Yolanda Ortiz Zaragoza, no menos cierto era que ninguno de los datos de prueba aunque adquieran eficacia probatoria en su totalidad no es idóneo para acreditar el delito de fraude. Circunstancia que a criterio de este órgano jurisdiccional, se cumplió con el fallo protector pues la responsable dejó insubsistencia la resolución recurrida y emitió una nueva en la que se pronunció de manera fundada y motivada respecto de la totalidad de los agravios formulados por la impetrante del amparo con plenitud de jurisdicción de jurisdicción. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en parte la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En otro punto, en atención al escrito de la parte quejosa, en el que exteriorizó su inconformidad al cumplimiento otorgado por la autoridad responsable, dígase que los efectos del fallo son claros, precisos y consistían en que la responsable revocara la determinación de dieciocho de marzo de dos mil veinte y emitiera una nueva en la que se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de la totalidad de los agravios formulados por la impetrante del amparo con plenitud de jurisdicción de jurisdicción, circunstancia que como que detallo líneas arriba, ha ocurrido, logrando así dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos se advierte que el plazo concedido al quejoso y a la parte tercera interesada para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran respecto del acuerdo dictado el trece de enero de dos mil veintidós, donde se les dio vista respecto del informe del cumplimiento rendido por la autoridad responsable transcurrió de la siguiente forma: para la justiciable Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, en su carácter de apoderada legal de Isabel Ortiz Zaragoza del diecinueve al veintiuno de enero del año en curso; para los terceros interesados Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo del veinticuatro al veintiséis de enero de esta anualidad y para el Agente del Ministerio Público adscrito a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del treinta y uno de enero al dos de febrero de esta anualidad. Tomando en consideración que ha transcurrido el plazo concedido a las partes que integran este juicio de amparo para que se pronunciaran en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo y ya se cuenta con las constancias necesarias para su estudio; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo conducente al cumplimiento de la misma. Lo anterior es así, ya que al haber transcurrido el plazo de tres días dispuesto en el numeral 196 de la ley de la materia, corresponde a este Juzgado Quinto de Distrito determinar si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Así lo dispone la jurisprudencia de título: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Antecedentes del acto reclamado. Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, en su carácter de apoderada legal de Isabel Ortiz Zaragoza acudió a esta instancia constitucional para solicitar el amparo y la protección de la justicia federal, en contra de los actos que en la sentencia fueron fijados como: De la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado: El fallo de dieciocho de marzo de dos mil veinte pronunciado en el toca JOTP/36/2019, que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal 73/2019, instruida en su contra de Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo, por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, en agravio de Isabel Ortiz Zaragoza y, De la Juez de Control del Circuito Judicial del circuito judicial de Valles Centrales, Ejutla, Oaxaca. La ejecución material de dicho acto. Efectos de la concesión del amparo. El trece de agosto de dos mil veintiuno se dictó sentencia definitiva en este expediente, misma que causó ejecutoria en proveído de once de octubre del año en curso; donde se resolvió: "Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Isabel Ortiz Zaragoza, en contra de los actos reclamados a la Juez de Control del circuito judicial del Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca y acto reclamado precisado en el apartado "VI" y por las consideraciones vertidas en el diverso "VII" de esta sentencia. Segundo. Se CONCEDE el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Isabel Ortiz Zaragoza, contra el acto que reclama de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por las razones expuestas en el apartado X del presente fallo". En esa determinación fueron señalados los efectos de la protección de la justicia federal que fue otorgada; siendo los siguientes: ".a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada. b) En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, se pronuncie respecto a la totalidad de los agravios formulados por la recurrente, encaminados a aducir violaciones procesales en el sumario de origen o en su caso, de manera fundada y motivada justifique su falta de análisis y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda." Actos que debía llevar a cabo la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector. Para cumplir la ejecutoria emitida en este expediente, la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca: Debió dejar insubsistente la determinación pronunciada el dieciocho de marzo de dos mil veinte; Con plenitud de jurisdicción haberse pronunciado sobre la totalidad de los agravios formulados por la recurrente, encaminados a aducir violaciones procesales en el sumario de origen. En su caso, de manera fundada y motivada justifique su falta de análisis y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. Acciones realizadas por la autoridad responsable para acatar la sentencia. Los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con la finalidad de dar cumplimiento al presente fallo, emitieron una resolución el once de enero de dos mil veintidós. De su análisis se advierte que: Dejó insubsistente las resoluciones de dieciocho de marzo de dos mil veinte y cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En ese mismo acto, dictó diversa resolución en la que confirmó el auto apelado. Las constancias que se analizan son consideradas medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento. Del análisis armónico de los apartados relatados de forma precedente, se evidencia que el once de enero de dos mil veintidós, los Magistrados Integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, emitieron una resolución mediante la que: Dejaron insubsistente las determinaciones de dieciocho de marzo de dos mil veinte y cinco de noviembre de dos mil veintiuno. En ese mismo acto y en libertad de jurisdicción dictaron una diversa determinación en la que confirmaron el auto apelado. En dicha resolución, la autoridad de mérito actuó de la siguiente forma: Contestó los agravios de la parte recurrente de la siguiente manera: Respecto al primer y segundo agravio expuesto por la quejosa, el tribunal de alzada no compartió el criterio de la Jueza de Primera Instancia al restarle credibilidad a la declaración de la víctima Isabel Ortiz Zaragoza y la testigo Yolanda Ortiz Zaragoza, en el sentido que dichas testimonios merecían estimación probatoria en su totalidad puesto que eran claras y precisas en señalar que los hechos sobre los que se basaron su testimonio, apuntaló que tampoco asistía la razón a la juez de origen en restar credibilidad a la declaración de la víctima bajo el argumento de que se contrapone con la declaración rendida por la imputada en la audiencia de comunicación de la imputación, misma que no fue corroborada con ningún dato de prueba, por lo que únicamente contradice la declaración de la víctima, pero no logra desvirtuarla; no obstante, el cuerpo colegiado responsable, consideró inoperantes dichos agravios en razón, en razón que si bien combaten la indebida valoración de la citadas pruebas, no menos era cierto que se estaba en presencia del incumplimiento de un contrato en materia civil y no el hecho que la ley señala como delito de fraude. En lo que refiere al Tercer motivo de inconformidad, la Sala responsable, contestó que resultaba infundado, pues compartía el criterio de la jurisdicente de natural al conceder estimación probatoria a la declaración de los imputados. En lo tocante al Cuarto de los agravios expuestos por la promovente del amparo, lo estimó de nueva cuenta infundado, en razón que a su consideración, no se encuentra acreditado el elemento del engaño previo a la celebración del contrato de promesa de venta. Por lo que hace al quinto y último agravio del escrito de la quejosa; consistente en que la juez responsable debió de ponderar todas las pruebas que pudieran influir en su decisión y no solamente las que favorecieran a los imputados, la responsable determinó infundado el referido agravio, ya que contrario a lo estimado por la apelante, la juez de primera instancia en términos de lo dispuesto por los artículos 259, 261 y 265 del código nacional de procedimientos penales en vigor, realizó el ejercicio de estimación probatoria de todos los datos de prueba ofertados por el fiscal en la audiencia de comunicación de la imputación, concediendo valor parcial a la declaración de la víctima Isabel Ortiz Zaragoza y de la testigo Yolanda Ortiz Zaragoza, y que por las razones expuestas al inicio del presente considerando merecen estimación probatoria en su totalidad. Concluyó refiriendo que si bien era cierto que os agravios de la aquí quejosa resultaron parcialmente fundados en cuanto a la indebida valoración de la declaración de la víctima Isabel Ortiz Zaragoza y de la Testigo Yolanda Ortiz Zaragoza, no menos cierto era que ninguno de los datos de prueba aunque adquieran eficacia probatoria en su totalidad no es idóneo para acreditar el delito de fraude. Circunstancia que a criterio de este órgano jurisdiccional, se cumplió con el fallo protector pues la responsable dejó insubsistencia la resolución recurrida y emitió una nueva en la que se pronunció de manera fundada y motivada respecto de la totalidad de los agravios formulados por la impetrante del amparo con plenitud de jurisdicción de jurisdicción. Bajo la tutela de los razonamientos expuestos, a consideración de este juzgador federal y con fundamento en el ordinal 196, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en parte la sentencia dictada en este juicio de amparo. El presente proveído declara por cumplida la ejecutoria que recayó en esta litis constitucional, el que se dicta de forma lisa y llana, como lo dispone la jurisprudencia de título: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO". En otro punto, en atención al escrito de la parte quejosa, en el que exteriorizó su inconformidad al cumplimiento otorgado por la autoridad responsable, dígase que los efectos del fallo son claros, precisos y consistían en que la responsable revocara la determinación de dieciocho de marzo de dos mil veinte y emitiera una nueva en la que se pronunciara de manera fundada y motivada respecto de la totalidad de los agravios formulados por la impetrante del amparo con plenitud de jurisdicción de jurisdicción, circunstancia que como que detallo líneas arriba, ha ocurrido, logrando así dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE." (SE NOTIFICO POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS)

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Del estado procesal de los autos se advierte que el plazo concedido al quejoso y a la parte tercera interesada para que manifestaran lo que a sus intereses convinieran respecto del acuerdo dictado el trece de enero de dos mil veintidós, donde se les dio vista respecto del informe del cumplimiento rendido por la autoridad responsable transcurrió de la siguiente forma: para la justiciable Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, en su carácter de apoderada legal de Isabel Ortiz Zaragoza del diecinueve al veintiuno de enero del año en curso; para los terceros interesados Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo del veinticuatro al veintiséis de enero de esta anualidad. Sin embargo, se advierte que se omitió dar vista al tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con el cumplimiento que la responsable pretende dar a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, y mediante oficio que se gire, se ordena notificar el acuerdo de trece de enero de este año, al referido tercero interesado. NOTIFÍQUESE.

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