Isabel Ortiz Zaragoza
Expediente 1319/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Isabel Ortiz Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo ocho, punto "8.1.2" 1. relativo al tratamiento de los expedientes destruibles del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil veintidós, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes.Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 1319/2021, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio dictado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, e (iii) informes justificados rendidos por las responsables.Asimismo, certifica: que para este juzgador es un hecho notorio, que en este juzgado se tramita el juicio de amparo 549/2021, promovido por Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, en su carácter de apoderada legal Isabel Ortiz Zaragoza.El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar; se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. El secretario da cuenta con las documentales que la responsable anexó con su informe justificado.El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas. Con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan de la siguiente manera:Todas y cada una de las documentales allegadas por las partes que intervienen en el juicio constitucional, por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas.Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1319/2021 promovido por Isabel Ortiz Zaragoza, por conducto de su apoderada legal Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, en contra de los actos de los magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la parte quejosa logra desvirtuar las consideraciones de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que tomó en cuenta en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del toca penal JOTP/36/2019, que confirmó el auto de no vinculación a proceso en la causa penal 73/2019 del índice del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, en favor de Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo, por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, perpetrado en agravio de Isabel Ortiz Zaragoza. ANTECEDENTESDe las constancias que obran agregadas en autos se desprende que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla de Crespo, dictó auto de NO vinculación a proceso en contra de Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo, por su probable participación en la comisión del delito de fraude genérico, perpetrado en agravio de Isabel Ortiz Zaragoza. Inconforme con esa determinación, la apoderada legal de ofendida interpuso recurso de apelación del cual correspondió conocer a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, dentro de los autos del toca penal JOTP/36/2019 de su índice, cuyos integrantes dictaron resolución el cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que determinaron confirmar la resolución apelada. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Itandehui Belén Sánchez Rodríguez apoderada legal de Isabel Ortiz Zaragoza, presentó un escrito el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual fue recibido el uno de diciembre siguiente en este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Señalaron como autoridades responsables a los magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Juez De Control del Circuito Judicial del circuito judicial de la Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, y como acto reclamado la resolución dictada en la toca penal JOTP/36/2019 del índice de la primera de las nombradas y su ejecución material atribuida a la segunda. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.Por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda, la registró bajo el expediente 1319/2021, se admitió la demanda, respecto de la resolución emitida el cinco de noviembre de dos mil veintiuno en el toca penal JOTP/36/2019, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se citó a las partes a la audiencia constitucionalLa audiencia constitucional tuvo verificativo hoy, en términos del acta que antecede.COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado.OPORTUNIDAD La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17, en relación con los numerales 18 y 19 de la Ley de Amparo, y 82, fracción I, inciso b), y último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales.Lo anterior, toda vez que la quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados al comparecer a las instalaciones del tribunal responsable el ocho de noviembre de dos mil veintiuno.Ahora bien, el plazo para promover el juicio de amparo transcurrió del diez al treinta de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que, si la demanda de amparo se presentó el treinta de noviembre del año pasado, es inconcuso que se instó dentro del plazo legal. LEGITIMACIÓN Itandehui Belén Sánchez Rodríguez, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en el juicio de origen tiene reconocido el carácter de apoderada legal de la parte ofendida Isabel Ortiz Zaragoza y porque la resolución reclamada le es adversa a su poderdante, en la medida de que confirma el auto de no vinculación a proceso dictado en contra las personas que denunció dentro de la causa penal 73/2019.FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente:De la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado: El fallo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno pronunciado en el toca JOTP/36/2019, que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal 73/2019, instruida en su contra de Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo, por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, en agravio de Isabel Ortiz Zaragoza y, De la Juez de Control del Circuito Judicial del circuito judicial de Valles Centrales, Ejutla, Oaxaca:La ejecución material de dicho acto.INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO La Juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, al momento de rendir su informe justificado negó el acto reclamado.Circunstancia que se corrobora de las constancias que obran en autos, de las que se advierte que no tuvo participación en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.En el expediente obra copia certificada de la carpeta administrativa relativa a la causa penal 73/2019 y la resolución del toca JOTP/39/2019, así como dos discos compactos; documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De estas probanzas se advierte fehacientemente que la Juez señalada como responsable no tuvo participación en el acto reclamado, pues la resolución que se pronunció en el toca penal referido únicamente fue dictada por los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Por consiguiente, al demostrarse la inexistencia del acto reclamado por lo que hace a la Juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, Oaxaca, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente juicio respecto a dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, mediante el cual, confesaron su existencia. Circunstancia que se corrobora con las constancias que allegaron, consistentes en la toca penal JOTP/36/2019, así como el contenido de los discos versátiles digitales relativo al registro en audio y video inherentes a la audiencia celebrada dentro de la causa penal 73/2019; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."Así como la diversa 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo de este asunto, se procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea, que la invoquen las partes, o bien, se advierta por este juzgador, toda vez, que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo".En la especie, de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, a su vez, da la pauta para que los efectos del acto reclamado cesen, en los supuestos en que:Los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, Se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución).En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En cuanto a la hipótesis indicada en inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio Juez, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver.Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido -en criterios orientadores- que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en las tesis siguientes:"SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que cualquier procedimiento se conforma por una serie de trámites y de actos concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación de alguna autoridad y ese acto se vea sustituido por otro, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido:"CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Así como, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto:"CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En la especie, como se puntualizó en párrafos precedentes, la impetrante del amparo, reclama de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca penal JOTP/36/2019, que confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido dentro de la causa penal 73/2019, instruida en su contra de Minerva Ortiz Vásquez y Gabriel Martínez Calvo, por el hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, en agravio de Isabel Ortiz Zaragoza. Así es, pues de las constancias remitidas por la responsable relativas al toca penal JOTP/36/2019, del índice de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como de las que integran el diverso juicio de amparo 549/2021 (que se ordenó poner a la vista en la audiencia constitucional), a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte lo siguiente: Primeramente, en el juicio de amparo 549/2021 de la estadística de este juzgado, la parte quejosa solicito el amparo y protección constitucional, en contra de la resolución de dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida por los magistrados Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca penal JOTP/36/2019 de su índice. Seguido ese juicio en sus trámites, mediante sentencia emitida el doce de agosto de dos mil veintiuno, firmada y autorizada el trece de agosto siguiente, este órgano jurisdiccional, por parte sobreseyó y por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa en los términos siguientes:"En consecuencia, lo procedente es conceder a Isabel Ortiz Zaragoza, el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida el dieciocho de marzo de dos mil veinte, dictada en los autos de la toca penal JOTP/36/2019, para los efectos siguientes:a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada.b) En su lugar, dicte una nueva resolución en la que, se pronuncie respecto a la totalidad de los agravios formulados por la recurrente, encaminados a aducir violaciones procesales en el sumario de origen o en su caso, de manera fundada y motivada justifique su falta de análisis y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda." Una vez que causó ejecutoria la resolución en comento, este juzgado requirió el cumplimiento a la sala responsable; quien mediante oficio 975 de su índice, remitió copia certificada de la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, con la cual, pretendió cumplir con el fallo protector; sin embargo, en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado, determinó no tener por cumplida la sentencia concesoria del amparo, y requirió de nueva cuenta a la responsable para que dejara insubsistente esa determinación (5 de noviembre de 2021) y con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva, sin soslayar los lineamientos establecidos por la sentencia y en el diverso de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, a fin de cumplir con los lineamientos ahí establecidos. Recientemente, el trece de enero del presente año, se tuvo a la sala responsable remitiendo copia certificada de la resolución de once de enero de dos mil veintidós, con la cual pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo del juicio 549/2021, misma con la que se dio vista a las partes y se encuentre pendiente de que transcurra el término de ley para todas las partes, a fin de hacer el estudio correspondiente; sin embargo, de la misma se aprecia que la Sala responsable, como parte de los actos que debe realizar para tener por cumplida la ejecutoria de amparo, dejo insubsistente la diversa resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno (acto aquí reclamado). De lo expuesto se evidencia, que el acto aquí reclamado consistente en: la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, quedo insubsistente en atención al proveído de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el que la Sala responsable en cumplimiento a la requerido por este juzgado, dejó sin efecto la otrora resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno y emitió una nueva con fecha once de enero de dos mil veintidós, esto en cumplimiento a la ejecutoria de amparo del diverso juicio 549/2021. Así las cosas, se pone de relieve que los efectos del acto reclamado en estudio han cesado porque fueron sustituidos por una diversa actuación. Por tanto, es claro que la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno (acto reclamado destacado), fue sustituido procesalmente por la resolución de once de enero de dos mil veintidós, quedando firme e inmodificable en el juicio penal natural, pues la nueva resolución incide en su vigencia y ejecutividad contra la hoy quejosa, por lo que lo sustituyó, de ahí que el acto reclamado, ya no puede ser analizado a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretende la parte quejosa. De ahí que, no podría estudiarse la legalidad del acto reclamado, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, pues fue sustituida procesalmente la resolución reclamada, como ya se evidenció Es aplicable la tesis V.5o.1K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 845, que establece:"CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo.DECISIÓN Por lo anterior, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, este órgano jurisdiccional estima procedente sobreseer en el juicio de amparo, con base en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo que hace innecesario el estudio de los conceptos de violación. Se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 61, 64, 73, 74, 75, 77, 123, 124 y relativos de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Isabel Ortiz Zaragoza, por conducto de su apoderada legal Itandehui Belén Sánchez Rodríguez. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, se advierte que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra de licencia, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 41, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito solo firmara acuerdos de mero trámite. En tales condiciones, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere para las quince horas del veintiocho de enero de dos mil veintidós. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado señalado en la cuenta y se tiene como prueba de la autoridad oficiante la documental que anexa a su informe consistente en el toca penal JOTP/36/2019, así como un disco digital versátil que aduce contiene el audio y video de la audiencia de comunicación de la imputación y ampliación de término constitucional de fechas catorce y diecinueve de febrero de dos mil diecinueve; lo anterior, a reserva de que el secretario llevador de este expediente en el momento procesal oportuno proceda a la certificación correspondiente respecto de la correcta reproducción del mismo. Documentales que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Se tiene a la autoridad judicial señalando el correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19. NOTIFÍQUESE.
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