Isabel Dolores Pacheco Abreu
Expediente 1014/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1014/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Isabel Dolores Pacheco Abreu
Actuaciones
- Principal
MESA V-. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de siete de septiembre del año en curso, pronunciado en este juicio de garantías; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en vigor, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de garantías; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. ...
- Principal
MESA V. Vista la demanda de amparo promovida ...,contra los actos que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en Progreso, Yucatán; por tanto, con fundamento en el artículo en el artículo 10 de la Ley de Amparo en vigor, se reconoce a la ocursante el carácter con el que se ostenta, en términos de la copia certificada del poder para pleitos y cobranzas signado por la Encargada de la Sección Consular de la Embajada de México en la ciudad de Londres, Inglaterra, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en funciones de Notario Público, de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho; por lo anterior, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo V-1014/2018 y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien y toda vez que de la lectura de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la referida demanda de amparo, por los motivos que a continuación se exponen. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: - - - I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." La parte quejosa señala en esencia como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de acordar su escrito de fecha diecinueve de junio del año en curso, presentado ante el Juez responsable el veintiuno del propio mes y año, en autos del juicio 208/2018, relativo a unas diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la citada quejosa por conducto de su apoderada. En el caso, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: ...Ahora bien, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que respecto de los actos de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: - La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. - La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, si en el caso la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable de acordar su escrito de fecha diecinueve de junio del año en curso, presentado ante el Juez responsable el veintiuno del propio mes y año, en autos del juicio 208/2018, relativo a unas diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la citada quejosa por conducto de su apoderada; debe decirse que ello no se trata de un acto de imposible reparación, atento a los lineamientos antes trazados, ya que no afecta ningún derecho sustantivo en forma directa, sino solamente, en su caso, ocasiona una dilación del proceso, la cual no se estima de tal magnitud que pueda considerarse como irreparable, máxime que únicamente han transcurrido dos meses y once días, hasta el día de la presentación de la demanda ante este Juzgado (cinco de septiembre del año en curso), en que la parte quejosa solicito que se provea su escrito de fecha diecinueve de junio del año en curso, presentado ante el Juez responsable el veintiuno del propio mes y año, en autos del juicio 208/2018, relativo a unas diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por la citada quejosa por conducto de su apoderada; por lo que se considera como una violación de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el escrito de mérito, presentado con el fin de fijar hora y fecha para llevarse a cabo una audiencia preliminar relativa al procedimiento en comento. ----Sin que en el caso se advierta, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, que el acto reclamado constituya una abierta dilación del procedimiento, si se toma en consideración que la demanda de amparo fue presentada el cinco de septiembre del año en curso, en tanto que la solicitud de dicho requerimiento ante dicha autoridad responsable, fue el veintiuno de junio del año en curso, esto es, dos meses y doce días; por lo que resulta evidente que la autoridad responsable aun contaba con el término suficiente para la prosecución del trámite, esto es, dé contestación sobre el requerimiento de dicho escrito en autos del juicio de origen. Atento a lo anterior, no se estima una abierta dilación del proceso, sino un mero retraso del mismo, dado que hasta la fecha de la presentación de la demanda únicamente ha transcurrido dos meses y doce días; lo cual no se considera trastoque de derechos fundamentales. En mérito de lo anterior, es inconcuso que en el caso, se actualiza la mencionada causal de improcedencia y, por tanto, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. ... Asimismo, atento a lo solicitado por el quejoso, téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo. Por otra parte, toda vez que la parte promovente designa a Raúl Antonio Medina Sandoval, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor; por ende, se le reconoce el carácter con el que se le designó; asimismo, en cuanto a la diversa solicitud de la parte quejosa en el sentido del uso de aparatos electrónicos para el seguimiento del presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para que pueda hacer uso de los medios electrónicos que alude en su escrito de cuenta al momento de la consulta del presente asunto. Por otra parte, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. ...
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