Isabel del Carmen Pinto Santos
Expediente 1561/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1561/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Isabel del Carmen Pinto Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan hecho. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión ni cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos los oficios signados por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, y por el Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado, y acompañan diversas constancias. Ahora bien, se trae a colación que los actos que la quejosa Isabel del Carmen Pinto Santos, por conducto de su apoderado Gustavo Antonio Manzano Osorio, reclamó en su demanda de amparo, consistieron en los siguientes: 1. La omisión del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de emitir el acuerdo relativo al requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $71,341.20 (setenta y un mil trescientos cuarenta y un pesos con veinte centavos moneda nacional), en concepto de subsistencia a favor de la ciudadana Isabel del Carmen Pinto Santo, y de dictar las medidas necesarias para su ejecución, lo cual fue solicitado por parte de la quejosa mediante escritos presentado ante la responsable el doce de julio del año dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral número 1043/2018. 2. La omisión del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán de realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo antes mencionada. 3. La omisión de la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán de vigilar que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán cumpla debidamente con la función que la Ley Federal del Trabajo le asigna dentro del juicio laboral de origen y dictar las medidas pertinentes para cumplir lo anterior, los cual solicitó la parte quejosa mediante escrito presentado el dos de agosto del presente año. 4. La omisión por parte de la Secretaria General de Gobierno del Estado de Yucatán, de vigilar el desempeño de la Presidente de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán a efecto de que den cumplimiento a lo ordenado en la resolución interlocutoria de suspensión de fecha diecisiete de mayo del año dos mil veintitrés dictada en autos del juicio laboral número 1043/2018 del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, conforme a lo establecido en el artículo 24 bis, la fracción XXXIV del artículo 30 del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán, aplicado por analogía de razón, si como lo establecido en el artículo 38 fracción VII del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado de Yucatán. En atención a los actos reclamados, descritos en los puntos 1 y 2, del contenido del informe justificado de cuenta, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que se actualice la citada la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que la parte quejosa reclamó de la autoridades responsables Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo siguiente: 1. La omisión del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de emitir el acuerdo relativo al requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $71,341.20 (setenta y un mil trescientos cuarenta y un pesos con veinte centavos moneda nacional), en concepto de subsistencia a favor de la ciudadana Isabel del Carmen Pinto Santo, y de dictar las medidas necesarias para su ejecución, lo cual fue solicitado por parte de la quejosa mediante escritos presentado ante la responsable el doce de julio del año dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral número 1043/2018. 2. La omisión del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán de realizar la diligencia de requerimiento de pago y embargo antes mencionada. Ahora bien, en el caso del informe y constancias remitidas por la responsable, se advierte que por auto de trece de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de origen 1043/2018, acordó el escrito presentado el diez de julio pasado, en el cual decretó auto de requerimiento de pago y embargo por la cantidad de $71,341.20 (setenta y un mil trescientos cuarenta y un pesos con veinte centavos moneda nacional), en concepto de subsistencia de la actora, aquí quejosa, por lo que se comisionó al Actuario adscrito a fin de requerir de pago al demandado Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, señalando que en caso de no hacer pago, se procediera a embargar bienes suficientes para cubrir la aludida cantidad, y se señalaron las doce horas con treinta minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo dicha diligencia. Determinación que se notificó de manera personal a la parte quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, estos es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiséis de septiembre pasado). Luego, por diligencia de trece de octubre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la parte demandada, la cual manifestó no contar con dicha cantidad y señaló para su embargo diversas cuentas bancarias de la institución de crédito "Banco Mercantil del Norte", Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; así como, en la misma data se expidió el oficio correspondiente para que se realizaran las anotaciones respectivas, mismo que se entregó ante el aludido banco el diecisiete siguiente. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, marcados como 1 y 2, al haberse demostrado que ya acordó el escrito presentado por la quejosa en el juicio de origen 1043/2018, así como ya se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y se realizaron medidas necesarias a fin de lograr su ejecución, todo ello, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés) De tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por otro lado, en cuanto al acto reclamado descrito en el punto 3, se estima que en el caso se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. [.]" En cuanto al acto señalado en el punto, 3, de la lectura de las constancias recibidas en esta data del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, se aprecia que la omisión reclamada era inexistente al momento de presentar la quejosa la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, pues dichas constancias revelan que el siete de agosto de dos mil veintitrés, se dictó un auto en el expediente de medidas administrativas 3/2023, en relación al juicio laboral 1043/2018, en el cual, en contestación al escrito de la quejosa presentado el dos de agosto mencionado, instruyó al Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, a fin de cumplir con las funciones relativas a su cargo, y haciéndole un atento recordatorio que queda bajo su más estricta responsabilidad vigilar el cumplimiento de los expedientes de la Junta Especial a su cargo y de manera particular de proveer de forma oportuna la ejecución de los mismos, de manera específica el juicio antes mencionado. Proveído que fue publicado el siete de agosto de dos mil veintitrés en los estrados de dicha Junta Laboral, y notificado al Presiente responsable por oficio PJL/375-BIS/2023, el ocho siguiente, es decir, con anterioridad a la presentación de demanda de amparo (veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés) En tal virtud, como no obra en autos constancias alguna que acredite lo contrario; por ende, es evidente la inexistencia del acto y debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. Por tanto, si apareciere demostrada la inexistencia del acto o bien que la existencia del acto u omisión no se acreditare durante el juicio de amparo, existirá una imposibilidad para decretar su invalidación y no se podrá restituir a la parte solicitante de amparo en el goce del derecho fundamental violado. En el caso, aparece demostrada la inexistencia del acto descrito en el punto 3, pues de las constancias recibidas se apreció que es claro que al momento de promover el presente juicio de amparo no existía la omisión reclamada, pues el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, en el expediente de medidas administrativas 3/2023, dictó un auto el siete de agosto del presente año, dando contestación al escrito presentado por la quejosa el dos anterior, y el mismo de publicó en los estrado de dicha autoridad en la misma data, esto es, antes de la presentación de demanda; de ahí que ello impide que esta Juzgadora pueda analizarlo, pues la omisión no existía al promover este juicio. En consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Tiene aplicación a lo anterior por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, con número de registro 210237, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Octubre de 1994, página: 313, que en su rubro y texto dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Ahora, en cuanto al acto descrito en el punto 4, reclamado a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, de la lectura del informe rendido por el Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán, se aprecia que la omisión reclamada aparece claramente demostrado que no existe, pues dicha autoridad negó la existencia del acto, manifestando que no se encuentra dentro de sus facultades y atribuciones vigilar el actuar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Estado; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, no obstante de haberle dado vista a la parte quejosa por auto de diez de octubre del presente año. En efecto, la parte quejosa no aportó prueba alguna a fin de acreditar la existencia de tal acto, ni de las constancias que obran en autos, se advierte la certeza del mismo; motivo por el que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se sobresee en este juicio de amparo, únicamente por lo que corresponde al referido acto. Sirve de apoyo al caso, la tesis jurisprudencial 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales circunstancias, encontrándose acreditadas la causales de improcedencia descritas en párrafos anteriores, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados de las autoridades responsables, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Gustavo Antonio Manzano Osorio, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por formuladas las mismas en vía de alegatos, para ser relacionados en la audiencia constitucional relativa. Por otro lado, respecto a su solicitud de que se haga del conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal, la posible violación a la suspensión concedida en el juicio laboral 1043/2018, no se accede a la misma toda vez que la suspensión a la que hace referencia no fue decretada por este Juzgado por lo que en su caso se encuentran expeditos sus derechos para realizar la solicitud respectiva ante la autoridad que haya proveído sobre ello, o en su caso realizar su denuncia ante el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior se hace de su conocimiento que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este Juzgado, forma parte de este juicio de amparo y ya se le dio la intervención que le corresponde. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Director General Jurídico y de Gobierno, de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dicha autoridad, a los mencionados en su informe con justificación. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
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