Isabel del Socorro Rodriguez Lara

Expediente 475/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
475/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2021

Partes del expediente

  • Isabel del Socorro Rodriguez Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes.Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se desechó la demanda. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes.En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por la quejosa ******, por propio derecho, contra un acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 475/2021-VIII. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo de mérito, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo cual, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En el caso, la parte quejosa reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, la sentencia interlocutoria de tres de marzo de dos mil veintiuno, que decretó el embargo del salario de la parte quejosa del veinticinco por ciento de sus percepciones, dictado en el expediente 337/2017. Ahora bien, esta juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado precepto dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. El citado precepto establece la regla general que se deriva del principio de definitividad, consistente en que para la procedencia del juicio de amparo, debe agotarse previamente los recursos ordinarios que ley que rige el acto reclamado establece, esto es, el juicio de amparo únicamente procede contra actos definitivos, por lo que la inobservancia de ese principio trae como consecuencia, la improcedencia de la acción constitucional intentada. En efecto, el juicio de amparo un medio de control constitucional extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre autoridades y personas. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio constitucional, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente contra actos definitivos, esto es, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Por tanto, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, significa que antes de acudir a dicho juicio se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Así, para que se actualice la causa de improcedencia establecida, es necesario: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad, la tesis I.4o.C.J/25, visible en la página 361, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Al respecto, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio familiar, la resolución reclamada, es proveniente de un Tribunal judicial (del índice del Juez Primero de Oralidad Familiar Turno Vespertino, del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, con sede en esta ciudad y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser nulificada. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra toda resolución, determinación y auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 421, 427, 428 y 429 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente: Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación. Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Artículo 429. La apelación debe interponerse ante el juez que haya dictado la resolución, o dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, si se trata de auto y dentro de tres días, si se trata de sentencia. De conformidad con dichos preceptos, se aprecia que la legislación procesal en materia familiar, establece con toda claridad la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra diversas determinaciones dictadas en los procedimientos y tienen como finalidad que se confirme, modifique o revoque la determinación impugnada. En lo que interesa, el recurso apelación procede en contra de las siguientes determinaciones: 1) Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; 2) El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y 3). Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Como puede verse, el citado artículo 428, dispone expresamente la procedencia del recurso de apelación y específica las determinaciones contra las que procede, entre las que se encuentra las resoluciones interlocutorias. En el caso, se advierte que precisamente, el acto reclamado, constituye una sentencia o resolución interlocutoria, toda vez que así lo manifiesta expresamente la quejosa en su demanda de amparo, en la cual, se le impuso el pago de una pensión alimenticia. En ese sentido, es dable colegir que, contra el acto reclamado procedía el recurso de apelación, pues de los citados numerales se advierte que es el medio de impugnación para recurrir resoluciones interlocutorias, y a través de éste obtener la revocación o modificación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Registro digital: 188629, Novena Época Materias(s): Civil, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Octubre de 2001, página 1107, que señala: "DEFINITIVIDAD, PRINCIPIO DE. NECESIDAD DE AGOTARLO CUANDO LA INTERLOCUTORIA QUE RESOLVIÓ EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE APELACIÓN CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO. Cuando el procedimiento se sigue de acuerdo con una legislación reformada no aplicable, los recursos que se interpongan deben ser a la luz de la normatividad correcta. Si en el caso concreto se siguió un juicio bajo el Código de Comercio anterior a la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, pero de las constancias de autos se advierte que es aplicable el reformado, es inconcuso que los recursos que se contengan en este último deben ser interpuestos por la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de agotar el principio de definitividad, porque la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de intereses es impugnable a través del recurso de apelación, que se introdujo en el artículo 1348 del Código de Comercio en su texto actual, pues el hecho de que dicho acto se apoyara indebidamente en su texto anterior no aplicable, no constituye impedimento para promover el recurso ordinario, porque su procedencia emana directamente de la ley y representa el medio ordinario para impugnar la incorrecta fundamentación del acto. Ciertamente, dicho recurso es el medio de impugnación idóneo que pudo hacerse valer contra el acto reclamado, pues ésta previsto por la ley ordinaria, procede contra la sentencias interlocutorias y con el mismo pudo obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado. Lo anterior evidencia que, si existía un medio de impugnación ordinario procedente contra la resolución reclamada, ésta carece de definitividad, puesto que el quejoso no agotó el recurso ordinario previo al juicio de amparo, que estaba en aptitud de interponer. En esas condiciones, al no agotar dicho recurso, la parte quejosa no observó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que éste se torna improcedente. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común. En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, de manera manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda promovida por Isabel Socorro Rodríguez Lara, por propio derecho, contra un acto que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Por otro lado, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda, sin embargo, durante la contingencia derivada del covid-19 tómese en consideración para notificar a dicha parte los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona en su escrito de demanda, ya que es acorde con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020. Asimismo, téngase como sus autorizados con las limitaciones del artículo 12 de la Ley de Amparo a Claudia Aurora Loeza Acevedo y Bernabé Emmanuel Valdez Tec, toda vez que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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