Isabel del Carmen Pinto Santos

Expediente 443/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
443/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Isabel del Carmen Pinto Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Toda vez que de la cuenta que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución con la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos del artículo 2 de la misma; se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en su único resolutivo en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, así como que carece de documentos originales, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el Acuerdo antes citado. De conformidad al artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Seguidamente, el Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la Secretaria y Actuario de dicha Junta, todas con sede en esta ciudad de Mérida, los cuales ya obran agregados en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Ténganse por rendido en tiempo y forma los informes justificados de que se tratan, para que sean tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental, ofrecida por la parte quejosa en su demanda de amparo, y con las documentales que la autoridad responsable anexó a su informe justificado. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el período de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial presentado por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. A lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los alegatos de la representante social, para los efectos legales conducentes. Hecho lo anterior, se decreta la conclusión de esta etapa de la audiencia. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el juicio de amparo 443/2023-VI, promovido por Isabel del Carmen Pinto Santos contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades, por violación a los artículos 1° y 17° Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintitrés, Isabel del Carmen Pinto Santos promovió el presente juicio de amparo indirecto, mismo que por razón de turno, tocó conocer el dieciséis del referido mes y año, a este órgano de control constitucional, reclamando de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, la falta omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1043/2018. SEGUNDO. El diecisiete de marzo de la presente anualidad, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente 443/2023-VI; se le solicitó su informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Integrado el juicio de amparo, se celebra la audiencia constitucional la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 03/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de una autoridad que tiene ejecución dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que el quejoso reclamó de las autoridades responsables la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 1043/2018. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, la Secretaria y Actuario adscrita a dicha Junta, todas con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir sus informes justificados, manifestaron que es cierto el acto que se les reclama. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el caso a estudio, esta Juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta responsable, de elaborar el proyecto de resolución y elevarlo a la categoría de laudo en el juicio laboral 1043/2018. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se elaboró el proyecto de resolución y con fecha cuatro de abril de la presente anualidad, fue elevado a la categoría de laudo el juicio laboral 1043/2018 de su índice. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable emitió el proyecto de resolución el cual fue elevado a la categoría de laudo, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el fallo relativo al juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, esta Juzgadora de Distrito decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido Isabel del Carmen Pinto Santos contra los actos que reclamó de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado; Secretaria y Actuario de su adscripción, todos con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de elaborar el proyecto de resolución y elevarlo a la categoría de laudo en el juicio laboral 1043/2018, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial en la cuenta que antecede se advierte que ha transcurrido el plazo de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para hacer efectiva la reclamación del billete de depósito N-862352, expedido por el entonces Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), por la cantidad de cien pesos, moneda nacional, que exhibió la parte quejosa, como garantía de su parte, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional que en su momento le fue concedida; toda vez que desde el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, se hizo de su conocimiento que se encontraba en posibilidad jurídica para exigir la devolución de dicho billete; feneciendo dicho plazo el uno de octubre de dos mil veintidós; sin que a la fecha se haya presentado a recoger el citado documento de valor. En consecuencia, con fundamento en el referido numeral 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decreta la prescripción del derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito. En ese sentido, se ordena se aplique en beneficio del Fisco Federal el importe del referido billete; y una vez que cause estado el presente acuerdo, remítase al Tesorero de la Federación el billete de marras, debidamente endosado a su favor, adjuntándole copia certificada de este acuerdo, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior, con apoyo en lo previsto por el numeral 37, primer párrafo, del ordenamiento legal invocado y en acatamiento a lo dispuesto en el punto seis de la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, y signada por la entonces Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por la que se precisa el procedimiento que se ha autorizado para la constitución y el manejo de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante esos órganos Jurisdiccionales, en términos de lo previsto por la fracción III, del artículo 225 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 31, del Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de dos mayo de dos mil siete. Sin que sea necesario dar aviso de la remisión del billete de depósito de que se trata a la Dirección General de Tesorería, ni al Comité Técnico del Fondo, ambas del Consejo de la Judicatura Federal, debiéndose en cambio, comunicar dicho movimiento a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, con el fin de que haga el registro correspondiente en el mencionado sistema, para los efectos legales correspondientes, esto, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del citado numeral 31 del mencionado Acuerdo General 17/2007, y en el punto siete de la referida circular II/2007. Por último, entréguese copia simple del presente proveído al Secretario encargado de la caja de valores de este Juzgado, para los efectos conducentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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