Isaac Luna Carrillo

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Isaac Luna Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, en atención a la certificación que antecede, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. La información del expediente se califica como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 261/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el doce de abril de dos mil veintiuno, turnado a este juzgado el día hábil posterior, ******* promovió demanda de amparo en contra del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad de quien reclamó lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO Al ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE CIUDAD JUÁREZ, le reclamo la omisión de dar contestación a la solicitud de devolución del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, serie *******, de procedencia extranjera debidamente internado temporalmente con el permiso de folio *******. Segundo. Derechos fundamentales que el quejoso estimó vulnerados. El accionante del amparo señaló como derecho constitucional vulnerado, el previsto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión a trámite de la demanda. En auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Cuarto. Vista para ampliar demanda y efectivo apercibimiento. En auto de doce de mayo de dos mil veintiuno (foja 105), al recibirse el informe justificado rendido por la autoridad responsable, se dio vista al quejoso a fin de que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo, en los siguientes términos: (.) Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la omisión de la autoridad de referencia de contestar la petición que le formuló mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, y ya que la responsable anexó la respuesta respectiva a su informe con justificación; se da vista a la parte quejosa para que en un término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de este auto, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, con relación a dicho acto; en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, este asunto se continuará tramitando conforme a la demanda inicial. Lo previo, de conformidad con el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo y en observancia a la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 224, del Tomo XXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 2006, Novena Época y número de registro 174107, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla. (.) Después, en proveído de tres de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso pretendiendo ampliar su demanda de amparo; empero, se le refirió que una vez que cumpliera con los requisitos que estipula el numeral 108 de la Ley de Amparo, se proveería lo conducente. Enseguida, en auto de diez de junio de dos mil veintiuno, se ordenó remitir el nuevo escrito de ampliación de demanda presentado por el quejoso, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al versar éste medularmente sobre una violación a las formalidades del procedimiento en el asunto a que hizo referencia el quejoso y estimarse que no guardaba relación alguna con el derecho de petición que estimó vulnerado en este juicio. En esa medida, en acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó la continuación del presente juicio, en los términos indicados en el ocurso de amparo. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad: La omisión de responder a la petición que le formuló mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, como se desprende del informe con justificación rendido por el Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Al respecto, la autoridad en comento informó e hizo constar con la documental relativa, con firma autógrafa, que el catorce de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio *******, dio contestación a la petición que le formuló la accionante del amparo. De tal suerte que, al haberse presentado la demanda de amparo el doce de abril de dos mil veintiuno y emitido la responsable la respuesta a la petición que el quejoso le formuló el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, en oficio de veinte de abril de dos mil veintiuno, es evidente la certeza del acto omisivo combatido. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En este sentido, respecto de la omisión reclamada en este juicio constitucional, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: I. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; II. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; III. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, IV. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Al respecto, cabe señalar que la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, el quejoso reclama la omisión del Administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta localidad, de responder a la petición que le formuló mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Luego, una vez que la responsable rindió su informe con justificación, en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista al quejoso a efecto de, de ser su deseo, ampliara su demanda de amparo con relación a la respuesta respectiva con que acompañó aquélla su informe. Bajo ese contexto, dado que la accionante del amparo conoció la respuesta dada a su petición con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo y, no obstante que fue prevenida para ello, optó por no ampliar su demanda respecto de la misma; es dable concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada y que, debido a ello, ha sido eliminada permanentemente la afectación generada por ésta a la esfera jurídica del quejoso. De ahí que las cosas han regresado al estado que guardaban antes de la violación reclamada, tal como si se hubiera concedido la protección constitucional, pues se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental que estimó violado, consiguiéndose así la teleología del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, como si la vulneración nunca se hubiera realizado; trayendo consigo la actualización de la hipótesis de improcedencia ya aludida. Resulta aplicable la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, del contenido siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesados los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfrutara del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Asimismo, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De igual modo, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado por el quejoso, concorde a lo prescrito en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, del ordenamiento legal en cita. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* con relación al acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se desprende que en la quejosa no desahogó, dentro del término que le fue dado, la aclaración de su ocurso de ampliación de demanda; y, en consecuencia, tampoco la vista que le fue dada en auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, para que, de ser su deseo, ampliara la demanda inicial de amparo. Por tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio de amparo en los términos planteados en la demanda inicial, de conformidad con los artículos 108 y 111, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, notifíquese por lista a las partes este auto, incluyendo a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Notifíquese por lista. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, mediante el cual el quejoso, *******, pretende ampliar su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 111, de la Ley de Amparo; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad y enseguida se explicará el motivo de ello. El artículo 111, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Como se puede advertir, la ampliación de demanda de amparo se condiciona a que no haya transcurrido el plazo que la Ley de amparo señala para su presentación y que los actos de autoridad por los que se pretenda ampliar la demanda guarden estrecha relación con aquéllos que se reclamaron en el escrito inicial de demanda. En el caso, del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso reclamó lo siguiente: IV.- ACTO RECLAMADO Al ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE CIUDAD JUÁREZ le reclamo la omisión de dar contestación a la solicitud de devolución del vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, serie *******, de procedencia extranjera debidamente internado temporalmente con el permiso de folio *******. Mientras que en el escrito de ampliación de demanda, el quejoso reclama lo siguiente: Al ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE CIUDAD JUÁREZ también le reclamo: La violación a mis derechos fundamentales de AUDIENCIA Y LEGALIDAD con relación al PRINCIPIO DE INMEDIATEZ, al no notificarme personalmente el acta de inicio de Procedimiento Aduanero de fecha 12 de febrero de 2021, a efecto de manifestar a lo que mi derecho conviniera en el plazo de diez días hábiles, incumpliendo con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Aduanera. De lo anterior se desprende que el acto reclamado en el escrito inicial de demanda se trata de un derecho de petición, el cual se encuentra consagrado en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el quejoso extendió una solicitud al Administrador de la Aduana de esta ciudad, cuya respuesta no ha obtenido. Y, el acto reclamado en el escrito de ampliación de demanda se trata de una violación a las formalidades del procedimiento, contemplado en el artículo 14, de la Carta Magna, puesto que reclama la omisión de notificarle personalmente el acta de inicio de un procedimiento aduanero. Por tanto, es inconcuso que los actos reclamados en los escritos referidos no guardan una estrecha relación, como lo indica la fracción II, del Artículo 111, de la Ley de Amparo, para hacer procedente la ampliación de demanda, de ahí que no se tenga por ampliada la demanda de amparo presentada por el accionante. No obstante, a fin de no vulnerar los derechos humanos del peticionario de amparo, de conformidad con el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, previa copia que se deje en autos del escrito que ahora se atiende, se ordena remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, a fin de que lo turne como nueva demanda, al juzgado que, por cuestión de turno, le corresponda, a quien se le solicita acusar el recibo de estilo. Notifíquese y cúmplase Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ******* Jurado, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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