Isabel Lux Maldonado

Expediente 302/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
302/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Isabel Lux Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución de catorce de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido a favor de la menor de edad de iniciales *******, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como depurable según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de mayo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital, con el cual remite la demanda promovida por en representación de la directamente agraviada de iniciales *******, contra actos del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, y la Procuraduría General de la República, con sede en Delicias, Chihuahua, así como los autos originales del juicio de amparo *******, de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 48, segundo párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada y se admite a trámite la demanda bajo el consecutivo 302/2018-V. Acúsese el recibo de estilo. Trámite por cuerda separada el incidente de suspensión solicitado; en el entendido, que por lo que hace al acto reclamado relativo a la DEPORTACIÓN, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la capital, se pronunció respecto a la suspensión de plano, la cual continúa surtiendo efectos. De este modo, la menor en comento queda a disposición de este órgano jurisdiccional, por cuanto hace a su libertad. Toda vez que la directamente agraviada, *******, es de origen extranjero (Guatemalteca), menor de edad (diecisiete años) y actualmente se encuentra interna en las instalaciones del *******, dependiente del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Amparo, a fin de proteger y salvaguardar sus intereses y derechos, se ordena girar oficio al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Chihuahua, capital, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computadas legalmente, designe a un asesor jurídico que la represente en este juicio de amparo 302/2018. Lo anterior, sin que pase por inadvertido para este resolutor que mediante oficio *******, de veinte de abril del presente año, el delegado del instituto en comento designó como asesora de la menor a la licenciada *******, sin embargo, esta designación fue única y exclusivamente dentro de los autos del exhorto *******, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, librado en el juicio de amparo *******, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, motivo del presente asunto, de ahí la nueva solicitud de asesor jurídico en favor de la citada menor. En términos del artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones las instalaciones que ocupa el *******, lugar en donde actualmente se encuentra la directamente agraviada, a quien se le deberá de notificar el presente acuerdo, así como los subsecuentes, hasta en tanto no exista designación de asesor jurídico. Con independencia del citado señalamiento, se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se entreviste con la menor y la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días computados legalmente, manifieste si es su voluntad designar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de no pronunciarse al respecto subsistirá el domicilio fijado en el párrafo que antecede. A efecto de lo anterior, se hace del conocimiento del fedatario judicial adscrito que deberá solicitar el apoyo del personal jurídico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, quien deberá acompañarlo a realizar la diligencia que se le encomienda, pues requiere de su autorización para ingresar al albergue en el que actualmente se encuentra la menor de edad agraviada. Gírese oficio al Director del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua y al Encargado del *******, con sede en esta ciudad, para que realicen las gestiones que sean necesarias para la notificación del presente acuerdo a la menor *******, así como para que tome las medidas pertinentes para salvaguardar en todo momento sus derechos fundamentales, circunstancia que se extiende a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, por lo que de igual forma deberá librarse el oficio correspondiente. Por otra parte, y toda vez que de la copia simple del oficio ******* de quince de abril pasado, se desprende que a la directamente agraviada ******* le reviste el carácter de víctima; así como que la demanda de amparo fue promovida por *******, quien al parecer es director de *******, en la capital del Estado, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en *******, en aquella localidad; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en correlación con los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Adjetivo Civil Federal, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad homónima, en turno, solicitándole atentamente, notifique el presente al promovente, a fin de que manifieste lo que a su interés legal corresponda ante este órgano jurisdiccional, para lo cual deberá acreditar la personalidad con la que se ostenta. En distinto orden, en lo relativo a las pruebas documentales que ofrece, consistentes en copias simples del oficio *******, de dieciséis de abril del presente año, suscrito por el Cónsul General del Gobierno de la República de Guatemala, con sede en Tijuana, Baja California; de la cédula profesional número ******* expedida por el Registro General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y el oficio ******* de quince del mismo mes y año, dirigido al Cónsul General de Guatemala en México, y signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora en Delicias, Chihuahua; dese vista a las partes, para que en lo que a su interés legal corresponda, se pronuncien sobre su contenido, debiendo realizar el cotejo correspondiente y agregarse al incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las diez horas con diez minutos del cinco de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir el oficio que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si dejan de rendirlo o bien lo hacen sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, se les sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización antes citadas, en términos de los artículos 260, fracción II, de la Ley de Amparo vigente. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en vigor, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá como sanción una multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización mencionadas en líneas precedentes, en términos del referido artículo 251 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante la secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de mayo de dos mil dieciocho. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 302/2018, promovido por *******, en representación de *******, respecto de los actos de retorno asistido e ilegal privación de la libertad que reclama al Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Ahora bien, por lo que hace al acto reclamado consistente en el RETORNO ASISTIDO, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA; pues la Ley de Migración, establece lo siguiente: 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por: (.) XXIV. Retorno asistido es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de Migración hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a su país de origen o de residencia habitual; 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno asistido. 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde su ingreso a la estación migratoria: (.) II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado, sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: (.) VI. Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en caso de resolverse la conveniencia de su retorno asistido se notificará de esta situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que corresponda, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras. 118. Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de lo que al efecto se establezca en los instrumentos interinstitucionales, los extranjeros que se ubiquen en los siguientes supuestos: I. Se encuentren irregularmente en el territorio nacional, a disposición del Instituto, y II. No exista restricción legal emitida por autoridad competente para que abandonen el país. En el caso de que el extranjero decida no solicitar el beneficio del retorno asistido, se procederá a su presentación, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 120. En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los principios de preservación de la unidad familiar y de especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los integrantes de la misma familia viajen juntos. En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres embarazadas, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el procedimiento de retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios del país receptor. Asimismo, se deberán tomar en consideración: I. El interés superior de estas personas para garantizar su mayor protección, y II. Su situación de vulnerabilidad para establecer la forma y términos en que serán trasladados a su país de origen. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y el de víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional, no serán deportados y atendiendo a su voluntad o al interés superior para garantizar su mayor protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de regularización de su situación migratoria. Así, es necesario precisar que la figura del RETORNO ASISTIDO es un procedimiento voluntario, mediante el cual el Instituto Nacional de Migración y las autoridades del país de origen, ayudan al extranjero solicitante a regresar al sitio de residencia; y sólo puede efectuarse si la persona migrante expresa por escrito que escoge esta opción, teniendo derecho a no aceptarlo. Igualmente, que una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en caso de determinarse la conveniencia de su retorno asistido, se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Por su parte, el artículo 128 de la Ley de Amparo, prevé los requisitos para la concesión de la suspensión del acto reclamado, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Mientras que el numeral 129 de la Ley de la Materia, establece que se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional. De este modo, tales porciones normativas, deben interpretarse de manera conforme con los derechos fundamentales de la niñez, consagrados en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 10 de la Ley General de Niñas Niños y Adolescentes, que establece que en la aplicación de la mencionada legislación se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos. Así como que las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos. A su vez, el ordinal 91, del capítulo décimo noveno, nominado Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes de la mencionada ley, establece que las autoridades competentes, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente deberán de adoptar las medidas correspondientes para la protección de sus derechos. En consecuencia, darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección, teniendo en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad. Lo anterior, en tanto que con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se generaron nuevos deberes para las autoridades del Estado Mexicano, particularmente para los órganos jurisdiccionales, en el sentido de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con independencia de su fuente, de conformidad con ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, contenido en el artículo 1 constitucional, lo que dio lugar a un nuevo modelo de control constitucional y convencional. De manera que el juzgador debe agotar todas las posibilidades a fin de encontrar en la disposición normativa analizada un significado que la haga compatible con la Constitución Federal, las leyes que de ella emanan o con algún instrumento internacional. Acorde con ello, si bien la quejosa puede optar por el procedimiento de retorno asistido, también lo es que puede solicitar la regularización de su situación migratoria, pues para que una persona migrante o sujeta de protección internacional pueda acceder a un debido proceso, es necesario el auxilio de traducción autorizada y cuando sea procedente, la asistencia consular. Por lo que atendiendo a la especial atención a personas en situación de vulnerabilidad, esto es, que la quejosa es una adolescente no acompañada, al parecer víctima de delitos cometidos en territorio nacional, y al interés superior del menor para garantizar su mayor protección; este juzgador se encuentra compelido a conceder la suspensión provisional respecto al procedimiento de retorno asistido, a fin de estar en posibilidad de cerciorarse que se hayan satisfecho todos los requisitos del debido proceso, en particular la asistencia consular, el derecho a un traductor o intérprete y el acceso a un representante legal, para que la quejosa, en su momento, pueda pronunciarse sobre su voluntad de acceder o no al procedimiento de retorno asistido. Entonces, se concede la suspensión provisional para los efectos siguientes: Para que el Instituto Nacional de Migración, en su caso, continúe con el procedimiento de retorno asistido, a que se refiere el numeral 112 de la Ley de Migración, hasta la conclusión del mismo, pero sin emitir la resolución correspondiente; Lo anterior, sin perjuicio, de que en caso de que la menor I.L.M. de manera libre e informada deseara optar por el retorno asistido, podrá desistir del juicio de amparo y/o de la solicitud de suspensión en el presente juicio constitucional. En este orden de ideas, a fin de estar en posibilidad de resolver lo conducente en audiencia fijada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, verificar el estado y condiciones de la citada menor y que la quejosa pueda expresar su voluntad, este Juzgador dicta las siguientes medidas: Gírese oficio a la Titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua, en esta ciudad, a fin de que dentro del término de cuarenta y ocho horas computadas legalmente, designe especialista en psicología quien pueda asistir a la menor de iniciales I.L.M., en la audiencia en comento. Del mismo modo, gírese oficio a la Delegada del Instituto de Defensoría Pública Federal, con sede en la ciudad de Chihuahua, haciéndole saber que la designación de asesor jurídico solicitada en el expediente principal de la cual deriva la presente incidencia, deberá realizarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que reciba el mismo. Atendiendo a las directrices que marca el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo relativo a que las comparecencias orales deben realizarse en un lugar cómodo y seguro; la persona debe estar acompañada de su representante legal o persona de confianza y, en caso de requerirlo, de una o un psicólogo, traductor o intérprete. Por lo que la audiencia en comento, se llevará a cabo en las instalaciones que ocupa el *******, ubicado en *******, de esta ciudad, y tanto la psicología y la asesora jurídico que se designen, deberán comparecer en dicho sitio. Se ordena girar oficios a los Titulares de Desarrollo Integral de la Familia, de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y del *******, perteneciente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que en el ámbito de sus atribuciones provean lo conducente para que en la data señalada con antelación, permitan el acceso a las instalaciones de este último, al personal de este órgano jurisdiccional, el psicólogo y el asesor jurídico que sean designados para asistir a la quejosa. En el entendido, que una vez que se tenga noticia de los profesionistas que asistirán a dicha diligencia, se le notificará a las autoridades en comento los nombres de las mismas, así como del personal de este juzgado. Por las razones que informa, se cita la tesis 1a. CXXX/2017 (10a.), de la Primera Sala del Alto Tribunal del país, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo I, Materia Constitucional Civil, página 245, de la Décima Época, registro 2015142, del epígrafe y texto: RESTITUCIÓN INTERNACIONAL. EN EL PROCEDIMIENTO SE DEBE EVALUAR LA OPINIÓN DEL MENOR SUSTRAÍDO O RETENIDO. Las niñas y los niños, como titulares de derechos humanos, ejercen sus derechos progresivamente, y a medida en que se desarrollan van adquiriendo un mayor nivel de autonomía; sin embargo, no todos los niños y las niñas se desarrollan y adquieren madurez en el mismo grado y medida; por lo que su participación en el juicio no depende de una edad específica, ni puede predeterminarse por una regla fija; luego, el derecho que tiene el menor a expresar su opinión en aquellos asuntos que le conciernen o le afectan, no necesariamente conlleva a que el juzgador acepte sus deseos, o acate indefectiblemente lo expresado por él, pues aunque su opinión es de suma importancia en la resolución del asunto, no tiene fuerza vinculante en la decisión que finalmente se emita, porque precisamente, en aras de proteger su interés superior, el juzgador tiene la ineludible obligación de evaluar la opinión expresada por el menor de conformidad con su autonomía o su grado de madurez, ponderando además todas las circunstancias del caso. Situación que cobra especial relevancia en los asuntos de restitución internacional, pues cuando un menor es separado de uno de sus progenitores y pierde todo contacto con él, por un largo tiempo, es natural que presente más apego con el progenitor con quien convive; por tanto, el juzgador debe ser extremadamente cuidadoso al valorar la opinión de un menor que encontrándose en esas circunstancias, manifiesta querer permanecer al lado del progenitor con quien convive, pues cuando esa separación obedece a una sustracción o retención, el padre que perdió contacto con su hijo, presentará una clara desventaja frente al que lo sustrajo o retiene en la preferencia del menor, sobre todo porque la sustracción o la retención ilegal, por sí misma, pone en evidencia que el deseo del sustractor o retenedor, es que el menor permanezca a su lado; por tal motivo, cuando ello ocurre, el juzgador al momento de valorar la opinión del menor, no sólo debe verificar que éste tiene la madurez suficiente para entender la problemática que presenta el juicio y emitir su opinión; sino que además, debe cerciorarse que ésta no es manipulada por el sustractor, a fin de asegurarse que la opinión que emite el menor realmente obedece a un juicio propio, tal y como lo ordena el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. En distinto orden, por lo que hace a la PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD QUE RECLAMA LA PARTE QUEJOSA, es necesario acotar que en la demanda de amparo se señaló como acto reclamado "La ilegal privación de la libertad personal de I.L.M. por medio de su detención migratoria por el Instituto Nacional de Migración, su violación a las garantías procesales establecidas en la ley de Migración y su reglamento para personas extranjeras víctimas del delito, y su inminente e ilegal retorno asistido/deportación al país de Guatemala". Sin embargo, en el informe relativo a la suspensión de plano rendido por el Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, se desprende que la quejosa se encuentra sujeta a la medida de presentación en términos de lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley de Migración, con alojamiento provisional en las instalaciones del *******, perteneciente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, con el objetivo de privilegiar su estancia en dicho sitio, se le proporcione la atención adecuada, se le informe con claridad sobre sus derechos y se le brinden los servicios de representación y asistencia jurídica que requiera, conforme al diverso 112 de la ley mencionada. De lo expuesto, se puede concluir que la quejosa es una migrante no acompañada, entendiéndose como tal, quienes han sido separados tanto de sus progenitores como del resto de sus parientes y que no se halla al cuidado de una persona adulta que, por ley o costumbre, sea el responsable de ella. Asimismo, que atendiendo al estado de vulnerabilidad de la quejosa, la autoridad migratoria determinó internarla en el *******, perteneciente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; sin que hasta este momento se entienda que ello tiene una finalidad punitiva, pues dicha medida resultó ser necesaria, en apego al principio de proporcionalidad y de persecución de un fin legítimo e idóneo. Por lo que atento a lo dispuesto en el segundo párrafo, del numeral 37, de la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual establece que ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente, la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Este juzgador determina conceder la suspensión provisional solicitada respecto de dicho acto (presentación con alojamiento provisional), en términos de lo establecido por los numerales 128 de la Ley de la Materia, a efecto de que la quejosa continúe en custodia e interna en *******, perteneciente al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia; las autoridades encargadas de su custodia y resguardo, deberán proveer que a la menor quejosa se le proporcione de manera inmediata la atención médica y psicológica adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y se cumple, atendiendo al caso, la totalidad de las obligaciones establecidas en el numeral 112 de la Ley de Migración Lo anterior es así, al tomar en consideración que la quejosa es una menor de edad (diecisiete años), migrante no acompañada (Guatemalteca), y que este Juzgador se encuentra obligado a velar por la protección de sus derechos a la vida, dignidad, libertad, seguridad o que sufra algún ataque o acto violento, por lo que de decretarse la salida de dicho albergue, podría afectarse el interés superior de la menor. No deja de atenderse que la Institución Desarrollo Integral de la Familia, no fue señalada como autoridad responsable en el presente asunto; sin embargo, al encontrarse la menor quejosa interna en uno de los albergues bajo su cuidado, se encuentra constreñida a observar que se respeten los derechos humanos de aquella, independientemente de su situación migratoria. Por tal motivo, se requiere a las autoridades mencionadas en el presente para que den cumplimiento a lo que a cada una de ellas corresponde, lo cual deberán de informar a este Juzgado dentro del término de cuarenta y ocho horas computadas legalmente, apercibidas que en caso de no hacerlo, se impondrá a la omisa una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que asciende a la suma de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los numerales 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Asimismo, de conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a las autoridades responsables su respectivo informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe cada autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo vigente, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización según lo dispuesto en los numerales 28, fracción I, 237, fracción I y 245 de la Ley de Amparo. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los numerales 24 y 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar donde se encuentra alojada de manera provisional. Respecto a las documentales que ofrece en el juicio de amparo principal, como está ordenado en él, deberán cotejarse con las copias certificadas exhibidas para que se agreguen al presente incidente de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tenga el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia de personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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