Irving Jesús Sánchez Ramírez
Expediente 405/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Irving Jesús Sánchez Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintinueve de julio del año en curso, terminada de engrosar el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en la cual, se negó la protección de la justicia federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE VEINTIUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE DICE: SENTENCIA Juárez, Chihuahua; veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 405/2019-I-1, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, y fue turnada a este Juzgado de Distrito el veintinueve de mayo siguiente. En el escrito inicial ** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del distrito judicial Bravos, con sede en Juárez, Chihuahua, de quien reclamó: IV.- ACTO RECLAMADO.- El auto de Vinculación a Proceso emitido en mi contra por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos en fecha 13 de Mayo de 2019 dentro de la causa penal 1521/2019, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto en el artículo 123 y 136 del Código Penal del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se consideran transgredidos. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se registró en el libro de gobierno como juicio de amparo 405/2019-I-1, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado de la autoridad responsable, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclama un acto en materia penal, que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del distrito judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso de trece de mayo de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 1521/2019, por considerar al imputado probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida llevaba el nombre de **. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Control del distrito judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, aceptó la existencia del auto de vinculación que se le endilga. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas del audio y video de la audiencia inicial de ocho de mayo de dos mil diecinueve, en la que se llevó a cabo el nombramiento de defensor, la formulación de imputación y el control de medidas cautelares; así como la audiencia inicial de ocho de mayo de dos mil diecinueve, en la que se desahogó la declaración de testigos y se emitió auto de vinculación a proceso y, la trascripción del referido auto. A tales probanzas, se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. La valoración asignada a esas documentales tiene sustento en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Mientras que la videograbación tiene validez, al ser la herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, ello según lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 34/2017 (10a.), que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 46, septiembre de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Constitucional, que se visualiza en la página 125, con registro 2015127, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LO EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO DE MOLESTIA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE MÉXICO, NUEVO LEÓN Y ZACATECAS). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el auto de vinculación a proceso, como la determinación mediante la cual el juzgador establece en la audiencia inicial si hay méritos para iniciar un proceso penal en contra del imputado; asimismo, define el hecho o hechos delictivos por los que se seguirá forzosamente el proceso y la investigación correspondiente. Razón por la cual, se trata de un acto de molestia emitido por el juez de control que, al restringir la libertad personal, debe estar fundado y motivado como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Federal; en ese tenor, si bien este último precepto constitucional prevé que el acto de molestia debe constar por escrito, no necesariamente implica que la determinación del juez de control adoptada en la audiencia, en la que expresará la fundamentación y motivación de su acto deba plasmarse en papel, sino lo trascendental es que exista un registro para que el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación, a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. En este sentido, en el caso del nuevo proceso penal acusatorio y oral que se rige por el artículo 20 constitucional, puede considerarse válidamente que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer el fundamento legal y las razones que tomó en cuenta el juzgador para vincularlo a proceso, en términos del precepto 19 de la Ley Fundamental, es la videograbación en soporte material en la que se registra de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de la audiencia inicial en la que se dictó el auto de mérito, pues el hecho de que los actos de molestia deban constar por escrito en términos del numeral 16 en comento, lejos de ser incompatible con el contenido de los diversos preceptos 19 y 20, están perfectamente armonizados, toda vez que la oralidad es el instrumento y método de audiencias que rige el sistema de enjuiciamiento penal y existe la videograbación de las audiencias como una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. De manera que, se tiene como cierto el acto de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo consistente en el auto de vinculación a proceso de trece de mayo de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal 1521/2019, por considerarlo probable responsable de la comisión del delito de homicidio calificado. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de garantías no alegan alguna causa de improcedencia ni el suscrito juzgador advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación que expresa el accionante del amparo son infundados. El quejoso aduce que la autoridad responsable al emitir el acto reclamado vulnera sus garantías de legalidad que se consagran en el artículo 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios del procedimiento penal acusatorio. Considera que el juez de control estuvo equivocado al estimar que el dicho de un testigo protegido es un dato de prueba suficiente para hacer probable su responsabilidad en un hecho que la ley señala como delito, porque él estima que dicho testimonio carece de valor. El quejoso también indica que el dicho del testigo protegido carece de valor porque aun cuando la declaración fue incorporada como dato de prueba por la fiscal, asegura que para justificar la inasistencia de ese ateste a la audiencia inicial se informó que no existe dato alguno de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Chihuahua, tenga bajo su protección un ateste protegido derivado de la carpeta de investigación de origen, por lo que, él estima que si no se tienen datos eso quiere decir que esa persona no existe. La parte accionante agrega que en caso de que ese testigo protegido A existiera, entonces sus datos deberían obrar en la carpeta de investigación atendiendo al principio de objetividad por parte del fiscal, ello, porque el imputado tiene derecho a saber quién depone en su contra para poder ofrecerlo como medio de prueba y realizar la notificación con facilidad. En suma, el imputado aquí promovente indica que el juez de control debió tachar de ilegal el dicho del testigo protegido porque bajo su perspectiva ese testigo no existe si no se tiene dato sobre él, asegura que ante el desconocimiento sobre su obtención se permite que el órgano acusador de manera arbitraria haga imputaciones. En adición a lo anterior, el accionante expresa que el juez delegó al agente del Ministerio Público la facultad de presentar al testigo protegido A, lo que generó una desigualdad a las partes pues al encomendar tal actuar al órgano acusatorio el testigo no se presentó, entonces para su defensa no se pudo contradecir el dicho del ateste y por ello no estuvo en posibilidad de desvirtuar la teoría del caso del fiscal. Insiste que la representación social no presentó al testigo, justificando su inasistencia en constancias que evidencian que no existe tal persona y que denotan la mala fe en su actuar. El accionante señala que el juez responsable debió ordenar al actuario que realizara la citación del testigo aun cuando tuviese la calidad de protegido, pues la notificación debe hacerse por quien tenga fe pública. Como otro motivo de disenso el promovente del juicio manifiesta que entre los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público a fin de justificar que la probabilidad de que participara en el evento delictivo, se omitió practicar una diligencia de reconocimiento de persona, por lo que, bajo su perspectiva el juez de control no debió emitir el auto de vinculación en su contra. Ello, porque estima que, el hecho de ser presentado por su nombre sin que existiera un reconocimiento directo resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Los conceptos de violación resultan infundados, tal como se evidenciará enseguida. El estudio de la resolución que se discute debe efectuarse conforme al marco constitucional que se establece en el artículo 19 de Constitucional, que en su parte conducente dispone: 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del precepto antes transcrito pone de manifiesto que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierten, además de los requisitos constitucionales, los siguientes: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya tomado declaración preparatoria o se encuentre asentado el deseo del imputado de negarse a declarar; c) De los antecedentes de investigación se desprendan los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, finalmente, d) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente del delito. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, visible en la página 1940, Materia Penal, con registro 160331, de rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos distintos a los consagrados en el magno 19 constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. Ello es así, pues el mencionado acto debe reunir, además de los requisitos citados, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en los principios de seguridad jurídica que consagra la Ley Suprema de nuestro país, entre otras: a) que en el dictado de dicha resolución se cumplan las formalidades esenciales que regulan el procedimiento; b) que se respeten los principios rectores sobre valoración de pruebas; y c) que se encuentre debidamente fundada y motivada; derechos que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidos en un sólo cardinal, deben ser aplicados armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al gobernado. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada XIII.P.A.30 P, que sustentó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, abril de dos mil uno, Materia Constitucional, que se consulta en la página 1228, con registro 162421, del tenor siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO PUEDEN VIOLARSE DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS DISTINTOS A LOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008 (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA). El hecho de que el citado precepto constitucional establezca los requisitos de fondo y forma que todo auto de vinculación a proceso puede contener, no significa que para su dictado sólo deba cumplirse con dicho artículo. Ello es así, pues para que la afectación que sufre el gobernado en sus intereses, con motivo de ese acto de autoridad, pueda considerarse como válida, debe reunir, además de los mencionados requisitos, todas aquellas exigencias y condiciones contenidas en las garantías de seguridad jurídica consagradas en la Carta Magna, entre otras, que dicho auto conste por escrito, proceda de una autoridad judicial y se encuentre fundado y motivado; garantías que ante la imposibilidad material de encontrarse contenidas en un solo artículo, deben ser aplicadas armónicamente, a fin de dar certidumbre y protección al particular. En tal virtud se concluye que en el dictado del auto de vinculación a que se refiere el título octavo, Etapas del proceso, capítulo I, Etapa preliminar, sección 8, Vinculación del imputado a proceso, del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, pueden violarse derechos públicos subjetivos diversos a los que consagra el aludido precepto constitucional, lo que dependerá de que las autoridades cumplan o no con todas y cada una de las referidas garantías. Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: Como se establece en los artículos 309 y 311, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ocho de mayo de dos mil diecinueve, la agente Ministerio Público formuló imputación en contra de la parte accionante del amparo **. La representante social le hizo saber de la investigación por el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar (homicidio calificado dado que los activos eran superiores en número y utilizaron un arma de fuego para perpetrar el hecho), la fecha, lugar y modo de su comisión (cuatro de abril de dos mil diecinueve, aproximadamente a las diecinueve horas, a la altura de la calle **, mil seiscientos diecinueve de la colonia **, en esta ciudad, con proyectil de arma de fuego los activos del delito produjeron heridas en el cráneo, es decir, por una laceración encefálica se produjo la muerte); la forma de intervención que tuvo en el mismo (autor material), así como quienes deponen en su contra (testigo protegido A y testigo protegido uno). En la audiencia inicial, el juez tuvo por formulada la imputación e informó al aquí quejoso que tenía derecho a declarar o abstenerse a hacerlo, por lo que, el promovente manifestó su voluntad de no rendir declaración respecto de los hechos que se le imputaron, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 312 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Enseguida, la agente del Ministerio Público pidió la vinculación a proceso del aquí quejoso en razón de los datos de prueba con los que se evidenciaba que existe un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, según lo establecido en el artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Conviene establecer que el hecho imputado se estimó constitutivo del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 123, en relación con el diverso numeral 136, fracción II, inciso b) y d), del Código Penal del Estado de Chihuahua, en agravio de quien en vida llevaba el nombre de **. Los artículos que prevén tal injusto son los siguientes: 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de la fracción X del presente artículo: II. Existe ventaja: b) Cuando es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que intervengan con él; d) Cuando la víctima se halla inerme o caída y el agente armado o de pie. La ventaja no se tomará en consideración si el que se halla armado o de pie fuere el agredido y además hubiere corrido peligro su vida por no aprovechar esa circunstancia. El juez explicó al imputado sobre el término que le otorga la legislación para resolver su situación jurídica, a lo que el aquí quejoso solicitó la duplicidad (ciento cuarenta y cuatro horas), según lo establecido en los artículos 19 de la Constitución Federal y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Finalmente, en la audiencia la fiscal pidió que se fijara al quejoso la prisión preventiva, al respecto la defensa no hizo manifestación alguna, por lo que, el juez de control estimó justificada la necesidad de tal medida cautelar y la fijó por el plazo de veinticuatro meses, lo anterior pues así se dispone en el artículo 19 de la Constitución Federal y en los ordinales 153, 154, 155, fracción XIV, 156, 157, 159 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El trece de mayo de dos mil diecinueve, en la continuación de la audiencia inicial el juez escuchó a preguntas de la defensa las declaraciones de los testigos de descargo **, quienes en términos generales manifestaron: el primero, ser amigo del imputado y haberlo acompañado el día que ocurrieron los hechos con lo que intentó ubicarlo en lugar distinto del evento delictivo; la segunda, ser madre de la novia del imputado y que ella sabe que inculpan al aquí quejoso de hechos que no cometió porque no cree sea capaz de hacer esa conducta. Posteriormente, en uso de la voz la agente del Ministerio Público dio a conocer los datos de prueba que obran en la carpeta, los que estimó suficientes para sustentar la solicitud de vinculación a proceso. A fin de resolver la situación jurídica del imputado, el juzgador señaló las exigencias para el dictado del auto de vinculación a proceso como se establece en los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, estableció que de los datos de prueba consistentes en las declaraciones del testigo protegido A y del testigo protegido uno; el informe policiaco del agente ** del doce de abril del dos mil diecinueve; así como de la necrocirugía que en el cadáver identificado de la víctima practicó la forense ** el cinco de abril del dos mil diecinueve; datos expuestos por el agente del Ministerio Público podían inferirse los hechos que se indican: Un individuo fue privado de su existencia el cuatro de abril de dos mil diecinueve, aproximadamente a las diecinueve horas a la altura de la calle **, de esta ciudad. Los activos del delito a fin de perpetrar tal ilícito fueron superiores en número y la víctima al no contar con un arma no pudo hacer frente a sus agresores, lo que concedió ventaja a los activos del delito. Del informe de necrocirugía de cinco de abril de dos mil diecinueve, que se realizó en el cadáver de la víctima, se concluyó que el cadáver presentaba herida en occipital derecha con salida en la parte frontal, herida en el pectoral izquierdo con entrada y salida en el cuello; herida en el cuello y la causa de la muerte es laceración encefálica consecutiva a heridas producidas por proyectil de arma de fuego disparada en cráneo. Tales hechos, según lo expuesto por la autoridad responsable constituyen el delito de homicidio calificado previsto y sancionado en el artículo 123 en relación con el numeral 136 fracción II inciso b) y d) del Código Penal en el Estado de Chihuahua, cometido en perjuicio de **. Enseguida, el juzgador señaló los numerales que prevén el hecho típico señalado por la ley como delito de homicidio, según el estado de la investigación, ordinales que se han citado y transcrito con antelación. Así, el natural analizó y valoró los datos de prueba y antecedentes expuestos en la audiencia inicial, según las reglas que se contienen en los numerales 20 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con los cuales, la autoridad responsable consideró que efectivamente se acreditó el hecho que la legislación sustantiva penal estatal tipifica como delito de homicidio calificado, indicando porqué es que se agravaba el mismo. Una vez que se ocupó de los hechos, el juez estimó que por cuanto hace a la probabilidad de que el imputado **lo haya cometido se encuentra demostrado con las deposiciones que efectuaron el testigo protegido A y del testigo protegido uno, así como con el reporte ministerial del agente ** quien efectuó entrevistas a los diversos testigos **. Ello, pues de la deposición del testigo protegido uno pudo inferir que se encontraba tomando cervezas con la víctima el día en que ocurrieron los hechos, que estaban en el patio de la casa y él se metió a bañar, mientras lo hacía escuchó seis disparos, por lo que, decidió salir a averiguar qué pasaba y fue cuando se percató que al paciente del delito le habían disparado, le pidió ayuda a otra persona para llevarlo al hospital y en el trayecto falleció. Además, tal testigo narró que un vecino le informó que vio y reconoció a la persona que le disparó a la víctima del delito y se trataba de **, por tanto, le pidió que acudiera a las autoridades a informar quién había sido para que se le investigara, agregando que al imputado tiene como año y medio de conocerlo por ser del barrio. El juez consideró que lo anterior quedaba robustecido con lo manifestado por el testigo A, quien expresó que el cuatro de abril de dos mil diecinueve, como las siete cuarenta de la tarde más o menos venía de una tienda de abarrotes que está por la calle **, se dirigía a su casa y giró hacia la calle ** escuchó algunos disparos unos cuatro o cinco Como consecuencia de ello, se cubrió y cuando se dejaron de escuchar volvió a levantarse y volteó a su izquierda sobre la calle Estrella y a una cuadra y media de donde estaba observó a dos personas frente a la casa del mecánico víctima **, a quien conoce como **, la cual se ubica sobre la calle **, que desconoce el número pero sabe que es en la colonia **. Tal ateste mencionó que se percató que una de esas personas hizo otros dos disparos hacia adentro de la casa de **, momento en el cual vio que los atacantes corrieron a la dirección a la que se encontraba y unos metros antes de llegar a donde estaba, se metieron a la calle **. El testigo indicó que fue en ese momento que vio que los disparos los hizo un sujeto al que le dicen el Bóxer y que se llama **, a quien conoce por vivir ya varios años ahí en el barrio, también se percató que el imputado se iba fajando una pistola a la cintura, mientras que a la otra persona no pudo reconocerla, empero indicó su media filiación. A las declaraciones anteriores, el juez sumó el informe del ministerial del agente **, quien realizó entrevistas a los atestes **, en las cuales el primero indicó ser amigo de la víctima y que estaba con él cuando ocurrieron los hechos tomando cervezas en el taller que se localiza en la calle **, mil seiscientos nueve de la colonia **, lugar en el que también estaban **. El testigo precisó que estaban en el fondo del taller, pasó un carro blanco con vidrios polarizados, a los dos minutos llegó una persona y le gritó a la víctima por su nombre, que él se levantó para ver quién era y antes de llegar la persona que le habló le dijo que tranza, se escucharon varios disparos y el declarante corrió a esconderse a un callejón dentro del taller y atrás de él estaba ** El ateste señaló que como pudo se brincó a la casa de lado y ** al techo, momento en el que se escucharon otros dos disparos y él se escondió a un lado del carro que estaba en la casa, que pasó un minuto y luego ** grito no mames pues se percató del deceso, dijo que también estaba la esposa de * y lo llevaron al hospital a recibir atención médica. Por su parte, el diverso testigo ** informó ser vecino de esta ciudad, trabajar como mecánico en la calle **, de la colonia Felipe Ángeles, que recibía órdenes de la víctima ** quien era el dueño del taller. El ateste también manifestó que a las diecinueve horas del cuatro de abril de dos mil diecinueve, se encontraban en su trabajo con **, específicamente, en el patio principal tomando cerveza. Igualmente, indicó que el hermano de la víctima estaba dentro de la casa, escuchó que del patio le gritaron a **, por lo que, el pasivo se arrimó al portón y dijo qué paso güey, como si conociera a su atacante, en eso se escuchó disparos, por ello el testigo brincó a la barda trasera y se subió al techo de la casa a esconderse. Aduce que, después de que se dejaron de escuchar los disparos se bajó y vio al pasivo tirado con sangre, pidió ayuda para llevarlo al hospital, tiempo después ** hermana de ** le habló y le informó que la víctima falleció, él asegura que estaba con ** cuando le dispararon y también se encontraba **. Y, finalmente, el juzgador tomó en consideración el acta de nacimiento mil seiscientos ochenta y seis, a nombre de quien en vida se llamó **, de la que se desprende que nació el veintiséis de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, en el Estado de Durango. Con los referidos medios probatorios, el juez consideró que existe la probabilidad de que el aquí quejoso ** le quitó la vida a quien en vida se llamó **. Asimismo, insistió que dicha conducta fue agravada, virtud que, el activo del delito se hizo acompañar de diversa persona para cometer el hecho delictivo, lo cual le generó ventaja en la comisión de tal ilícito al ser superior el número de agentes en la comisión del injusto. De igual forma, el juez de control tuvo por acreditada la ventaja dado que la víctima al momento de que fue privada de la vida no contaba con arma alguna para hacer frente a sus agresores. Con base en lo anterior, el juzgador decidió que estaba comprobado que el cuatro de abril del dos mil diecinueve, aproximadamente a las diecinueve horas en la calle **, número mil seiscientos nueve de la colonia Felipe Ángeles en esta ciudad, el aquí accionante ** probablemente intervino en la comisión del hecho que la ley castiga como delito de homicidio con penalidad agravada en términos de los artículos 123 y 136 fracción II, incisos b y d del Código Penal del Estado de Chihuahua. Enseguida, la autoridad responsable se ocupó de los argumentos defensivos expuestos por el abogado del quejoso por los que pidió no se vinculara a proceso a su representado, virtud que, bajo su óptica la fiscalía sólo aportó la versión del testigo protegido a la cual piensa no debe considerársele valor, dado que no compareció a declarar en la audiencia inicial. También, el juez atendió la consideración de la defensa sobre que el testigo al tener la calidad de protegido, la fiscalía usa esa figura para su acusación, se ampara en tal protección y lo resguarda para impedir la defensa y el ejercicio de contradicción con el fin de apreciar la veracidad de tal testimonio y su mendacidad. Al respecto, el natural indicó que no porque dicho testigo haya omitido verter declaración en audiencia inicial, se nulifica su inicial declaración, ya que, el fin de los principios de contradicción e inmediación es que el juzgador mediante el examen directo o indirecto aprecie si las versiones de los testigos son idóneos tocante a los hechos por los que ejerce acción el agente del Ministerio Público. De tal modo que, el juez estimó que la ausencia de dicho testigo en la audiencia no obedece a su falta de voluntad, ni a probables razones de mendacidad o falsedad, sino que fue imposible su localización pese a que se agotaron todos los medios legales para tal efecto por parte de la fiscalía, de manera que, consideró no por ello estaba en posibilidad de descalificar su declaración y descartar tal versión de cargo. El juez de igual manera consideró que la diferencia entre el número de disparos realizados con el arma de fuego y los que el testigo protegido dijo haber escuchado no contrarresta el dicho del citado ateste, pues como lo afirmó el Ministerio Público ello es una cuestión de apreciación personal. También, el natural estimó que comúnmente al momento de que una persona escucha detonaciones de un arma de fuego no presta atención de inmediato y cuenta las detonaciones, sino que, después de lo ocurrido es que razona sobre el número probable de disparos realizados. Además, el juzgador indicó que el número de disparos que dijeron escuchar los testigos es cercano al número de casquillos asegurados en la escena. Ello, porque uno de los atestes refirió que al meterse a bañar escuchó seis disparos y diverso testigo confirmó que oyó como cinco disparos; mientras que, aseguraron en la escena del crimen cinco casquillos percutidos de un arma de fuego Smith & Wesson calibre 40. En consecuencia, el juez de control estimó que existe concordancia entre el número de disparos realizados, el dicho de los testigos y el número de casquillos asegurados en el lugar donde fue privado de la vida el paciente del injusto. Luego, el juzgador se ocupó del argumento defensivo en el sentido de que ningún testigo de cargo ubica a su representado en el carro blanco sentra ni que haya abordado el mismo; para ello, el juez estableció que tal circunstancia no desvirtúa los hechos, ni abona o resta a su defensa, pues los testigos de cargo ** y ** al ser entrevistados coincidieron en manifestar que al momento de los hechos bebían cervezas al fondo del taller, cuando una persona le gritó a la víctima, quien al acercarse al portón dijo: qué tranza y luego escucharon disparos. De tales hechos, el juez dedujo que, si la víctima al escuchar su nombre acudió al portón de dicho taller, entonces ese lugar se encontraba cerrado y así es que tales testigos no apreciaron dicho automotor; además, indicó que no podían percatarse de la existencia del automotor porque al escuchar disparos de arma de fuego se resguardaron (uno en el techo de dicho domicilio y el otro en el domicilio anexo). Incluso, el juzgador estableció que el testigo protegido A, en ningún momento hizo referencia a un automotor, porque solamente indicó que a cuadra y media de donde estaba pudo ver a dos personas que realizaron disparos a dicho taller, quienes huyeron de lugar y al acercarse se percató que uno se fajaba una pistola y reconoció de entre ellos al imputado. En mérito de lo argumentado, el natural estimó que es irrelevante que los testigos aludidos se hayan percatado si se utilizó o no el citado automotor para la comisión de los hechos materia del proceso. Enseguida, el juzgador se ocupó de la alegación relativa a que la Fiscalía no agotó las investigaciones con los testimonios de los testigos involucrados y el hecho de que sólo se cuente con la versión del testigo que incrimina al imputado, y que, a dicho de la defensa, por tales razones no debe vincularse a proceso a su representado. En ese aspecto, el juez indicó que el argumento de la defensa no es eficaz para atacar la probable responsabilidad de ** en el presente asunto, ya que el dicho del testigo protegido A, no quedó desvirtuado, más que se demostró la existencia del cadáver de la víctima y un señalamiento directo contra Irving Jesús, que se suman a las evidencias aseguradas (casquillos de arma de fuego y manchas hemáticas en el lugar de los hechos), los cuales, desde su perspectiva, constituyen datos serios y razonables para presumir la probable responsabilidad del aquí quejoso en la comisión del hecho delictivo. En otro orden, el juez de control se ocupó del valor que a su juicio tienen la versión de los testigos de descargo, por cuanto hace a ** indicó que aun cuando manifestó que era muy amigo de **, su dicho en el sentido que le habló para que fuera por él al trabajo es confuso, ya que primeramente manifestó que ** fue a su trabajo entre las cinco y cinco y media a una recicladora, que como a las seis fueron por la esposa de ** y más tarde afirmó que como a las diez ** fue a recoger a su esposa. Así, de lo narrado por el ateste el juez infirió que el horario manifestado torna inverosímil lo declarado por ese testigo de descargo, además, estimó que la defensa no llamó a la esposa del inculpado para corroborar ese dicho. De igual manera, el juez argumentó que el testigo en su declaración fue impreciso al narrar lo que en realidad ocurrió entre las cinco hasta las nueve y media de la noche del día de los hechos, ya que por una parte le afirmó al Ministerio Público que de cinco a nueve siempre estuvieron juntos y por otra que en ese lapso estuvieron en el trabajo. Por tanto, al juzgador le resultó contradictorio que por una parte dicho testigo afirmara que fueron por la esposa de * a las seis de la tarde y por otra indicara que estuvo con él de las cinco a las nueve en el trabajo; así le resultó inverosímil la versión del testigo básicamente porque dicho ateste no indicó de momento a momento qué hizo el imputado de mérito el día en que ocurrió el injusto que se le atribuye. El juez señaló que las versiones de los citados testigos protegidos tienen valor porque al menos uno de ellos se percató de manera personal cuándo el señor ** se ubicó en circunstancias de modo tiempo y lugar en la comisión del delito, al referir conocerlo incluso como Bóxer. En mérito de lo anterior, el juez estimó que a la imputación directa del testigo protegido se suma el resto de datos de prueba, tales como la necropsia, el acta de nacimiento, las entrevistas que realizó el agente ministerial a los testigos **. Datos a los que reconoció valor probatorio de indicio, pues estimó que de manera armónica están relacionados con la versión del testigo protegido A que identificó al hoy imputado en la comisión del citado delito. El juzgador, consideró que de manera conjunta se llega a la probable conclusión de que ** privó de la existencia a quien en vida se llamó **, en términos del artículo 265 del Código Nacional, relativo a la libre valoración de la prueba. Finalmente, el natural indicó por cuanto hace a la intervención de ** en la comisión del delito tiene la de coautor, dado que el testigo protegido A declaró que en el evento delictivo intervinieron al menos dos personas, es decir, hubo una intervención por codominio del hecho, en términos del artículo 21, fracción III del Código Penal del Estado de Chihuahua. En mérito de lo dicho, el juez de control estimó que existen suficientes datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió y dado que no se necesita prueba plena decretó auto de vinculación a proceso en contra del imputado. Ahora, contra el auto de vinculación que se reclama el quejoso hizo valer distintos conceptos de violación, los cuales se proceden a analizar. El accionante del amparo, esencialmente, hizo valer como motivos de disenso que la autoridad responsable con el dictado del auto de vinculación a proceso en su contra violentó sus derechos procesales y constitucionales, en la medida que es infundada e inmotivada, y desde su perspectiva, incorrecta la determinación que reclama; además, señaló que se conculcó en su perjuicio la garantía de debido proceso, y las formalidades esenciales del procedimiento. No asiste la razón al solicitante del amparo como enseguida quedará evidenciado. Del acto reclamado que se reseñó en párrafos precedentes este juzgador advierte que el juez de control señaló las razones por las que consideró que la conducta atribuida al enjuiciado se subsume en la hipótesis normativa prevista en el artículo 123, del Código Penal de Chihuahua. Asimismo, estableció puntualmente cuáles son los hechos que se imputan y que éstos se consideran como delito de homicidio calificado, con pena privativa de libertad.Tal circunstancia, es en específico acorde con la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, agosto de dos mil diecisiete, Tomo I, Materia Penal, que se puede consultar en la página 360, con registro 2014800, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Además, la autoridad responsable estimó que en la comisión de los hechos se acreditó la agravante de ventaja que se contienen en el artículo 136, fracción II, incisos b) y d), del Código Penal del Estado de Chihuahua, ello al considerar que los activos del delito a fin de perpetrar el ilícito fueron superiores en número y la víctima al no contar con un arma no pudo hacer frente a sus agresores, lo que como se ha dicho concedió ventaja a los atacantes. No es óbice para este juzgador que la calificativa prevista en los incisos b) y d) de la fracción II del numeral 136, de la legislación sustantiva penal de la entidad, sancione en ambas hipótesis la ventaja, dado que basta que se actualice una de las mismas para que se considere agravada la conducta, así que sí existen datos para sustentar alguna, ello no impacta en la sanción que se llegase a imponer, y la autoridad responsable al incluir dos hipótesis de tal calificativa no violenta los derechos del quejoso, eso aunado al hecho de que las calificativas también son materia de prueba y pueden examinarse en sentencia. Ello, es acorde, por la identidad en la idea que sustenta, con la jurisprudencia 13/2003, expuesta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Materia Penal, localizable en la página 9, con registro 184531, de rubro y texto siguiente: AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN ÉL DEBEN INCLUIRSE LAS MODALIDADES O CALIFICATIVAS DEL DELITO, SIN PERJUICIO DE QUE TAMBIÉN SE EXAMINEN EN LA SENTENCIA QUE AL EFECTO SE DICTE. El primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, establece que: Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado.. Ahora bien, del análisis de tal precepto constitucional se concluye que para que el inculpado tenga certeza jurídica del proceso que se le habrá de seguir, la autoridad judicial, al dictar un auto de formal prisión, no debe limitar su actividad al estudio de los aspectos relacionados con el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, sino que debe analizar las modalidades o circunstancias modificativas o calificativas, con independencia de que estas últimas deban ser objeto de prueba durante el proceso criminal correspondiente, en cuya sentencia se defina, en su caso, el grado de responsabilidad del procesado, en virtud de que es justamente en dicho proceso donde se brinda al inculpado el legítimo derecho de defensa, es decir, de ofrecer las pruebas y formular las manifestaciones que estime pertinentes. Lo anterior no es obstáculo para que el Juez de la causa, al dictar su sentencia, efectúe el análisis del grado o calificativas del delito e, incluso, por virtud de ello, la misma pueda diferir del que fue materia en el proceso, al encontrar material probatorio que lo lleve a esa conclusión. Aunado a lo anterior, en el auto de vinculación a proceso se precisó que la hipótesis de coautoría que se actualizaba respecto del aquí quejoso es la prevista en el artículo 21, fracción III de la legislación sustantiva de la entidad; también se plasmaron los razonamientos que permiten determinar cuál fue la intervención concreta del accionante en la comisión de los hechos que le imputa el representante social (junto con otra persona privar de la vida a la víctima, con el uso de un arma de fuego), al ser labor de los juzgadores de control determinar sobre la autoría o participación del infractor, con el objeto de que el imputado conozca a ciencia cierta cuál es la forma de ejecución de la conducta que se le atribuye. Por tanto, resulta evidente que la autoridad responsable sí se condujo con estricto apego al derecho de fundamentación y motivación tutelado por el artículo 16 de la Constitución Federal, que en su parte conducente establece lo siguiente: 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Este mandato constitucional debe entenderse en el sentido de que, en toda resolución, la autoridad judicial debe señalar de manera precisa el o los preceptos legales aplicables al caso concreto y expresar claramente las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en cuenta para emitir su determinación. A su vez, debe realizar una operación de subsunción que permita determinar que existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren las hipótesis normativas previstas en la ley. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, consultable en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917 2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 166, con registro 917738, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Por lo expuesto, es válido concluir que en la resolución que se combate sí se cumplió con la fundamentación y motivación aludida. Ahora, en contra de la resolución que se analiza el quejoso aduce que el juez de control estuvo equivocado al estimar que el dicho de un testigo protegido es un dato de prueba suficiente para hacer probable su responsabilidad en un hecho que la ley señala como delito, porque él estima que dicho testimonio carece de valor. Contrario a lo que indica, el juzgador no solamente consideró que existía un dato que lo incrimina, sino que para tener por acreditada la intervención del aquí quejoso en el injusto que se le imputa se valió de los datos que fueron incorporados en la audiencia inicial por la representación social, tales como, las deposiciones del testigo protegido A y del testigo protegido uno, así como el reporte ministerial del agente ** quien efectuó entrevistas a los diversos atestes **, y desde luego la declaración de ellos. Por tanto, es incorrecto que el natural solamente considerara el dicho de un testigo protegido para determinar que existe la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho ilícito, dado que analizó y valoró distintos datos de prueba, lo que es acorde al texto del artículo 19, de la Constitución Federal y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, el quejoso también indica que el dicho del testigo protegido carece de valor porque aun cuando la declaración fue incorporada como dato de prueba por la fiscal, asegura que para justificar la inasistencia de ese ateste a la audiencia inicial se informó que no existe dato alguno de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Chihuahua, tenga bajo su protección un ateste protegido derivado de la carpeta de investigación de origen, por lo que, él estima que si no se tienen datos eso quiere decir que esa persona no existe. La parte accionante agrega que en caso de que ese testigo protegido A existiera, entonces sus datos deberían obrar en la carpeta de investigación atendiendo al principio de objetividad por parte del fiscal, ello, porque el imputado tiene derecho a saber quién depone en su contra para poder ofrecerlo como medio de prueba y realizar la notificación con facilidad. En suma, el imputado aquí promovente indica que el juez de control debió tachar de ilegal el dicho del testigo protegido porque bajo su perspectiva ese testigo no existe si no se tiene dato sobre él, asegura que ante el desconocimiento sobre su obtención se permite que el órgano acusador de manera arbitraria haga imputaciones. Resulta infundado el motivo de disenso en estudio. La prueba testimonial está contemplada dentro de los medios probatorios establecidos en la ley y consiste en una relación de hechos conocidos por quien declara, a través de la cual se ayuda al esclarecimiento de cuestiones relacionadas con el objeto de la controversia. Debido a su naturaleza jurídica, la prueba testimonial no persigue como finalidad allegar al juicio datos técnicos o especializados sobre la cuestión a debate, sino que su objetivo es que las personas que de alguna manera conocieron, a través de sus sentidos, un hecho que resulta de interés en el juicio, lo expongan ante la autoridad judicial para que ésta valore su dicho al emitir el fallo sobre la controversia suscitada entre las partes. Así, el testigo es la persona que se encontraba presente en el momento en que el hecho tuvo lugar, teniendo el carácter de un tercero que informa a la autoridad respecto de un acontecimiento percibido sensorialmente por aquél. Luego, en cuanto a la valoración de las declaraciones de los testigos protegidos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 374/2013, resolvió que no puede darse, apriorísticamente, a las mismas un valor preponderante, ya que están condicionadas a la constatación de efectividad/utilidad por parte de la autoridad jurisdiccional. Así, dichas declaraciones constituyen meros indicios susceptibles de ser adminiculados con otros medios de prueba. En relación con el derecho que tiene todo imputado de interrogar a los testigos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que de conformidad con el artículo 8.2 f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos los imputados o su defensa tienen el derecho de interrogar a los testigos presentes en el tribunal. Al respecto, dicho tribunal ha destacado que el derecho referido se vulnera cuando una legislación imposibilita el derecho de interrogar a testigos que fundamentan la acusación contra las personas imputadas. No obstante lo anterior, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que si bien, por un lado, la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio del derecho de defensa, por otro lado, el deber de las autoridades de garantizar los derechos a la vida y la integridad de los testigos sin rostro puede justificar la adopción de medidas de protección de aquéllos. En ese sentido, ha destacado que, en dichos supuestos se debe analizar si las reservas de identidad se adoptaron sujetas a control judicial, fundándose en los principios de necesidad y proporcionalidad, tomando en cuenta que se trata de una medida excepcional y verificando la existencia de una situación de riesgo para el testigo. La afectación al derecho de defensa debe estar contrarrestado por medidas de contrapeso, empero la condena no puede estar fundada solamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. Por su parte, el artículo 367 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: 367. Protección a los testigos El Órgano jurisdiccional, por un tiempo razonable, podrá ordenar medidas especiales destinadas a proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser renovadas cuantas veces fuere necesario, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. De igual forma, el Ministerio Público o la autoridad que corresponda adoptarán las medidas que fueren procedentes para conferir la debida protección a víctimas, ofendidos, testigos, antes o después de prestadas sus declaraciones, y a sus familiares y en general a todos los sujetos que intervengan en el procedimiento, sin menoscabo de lo dispuesto en la legislación aplicable. Del marco legal antes planteado, se puede llegar a la conclusión que la figura del testigo protegido es válida y legítima, en la medida que la reserva de la identidad de la persona que depone en contra del imputado permite su protección. Así puede estimarse que, el hecho de que el testigo protegido no haya sido presentado en la audiencia inicial no invalida per se la declaración rendida ante autoridad administrativa, máxime que su contenido se adminiculó con el resto de los datos de prueba aportados al juzgador, lo que llevó a éste a determinar que la declaración del testigo cuya identidad se resguardó le resultaba verosímil; y si bien la parte acusada estuvo imposibilitada para interrogarlo de forma directa, lo cierto es que, ello tampoco impacta preponderantemente en su defensa porque al tratarse de la fase inicial, los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundar el auto de vinculación a proceso, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Aunado a ello, cabe recordar que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 314 que en el caso de delitos que ameriten la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa u otra personal, el Juez de control podrá admitir el desahogo de medios de prueba ofrecidos por el imputado o su defensa, lo que denota el derecho del imputado de desahogar medios de convicción en la audiencia inicial, lo cierto es que este derecho no es absoluto, pues está limitado a la temporalidad del término constitucional, en el cual el órgano jurisdiccional está obligado a auxiliar a la defensa para el desahogo de los medios de convicción que ofrezca, pero con independencia de que se logre o no dicho cometido, invariablemente deberá resolver la situación jurídica del imputado antes del vencimiento de dicho término constitucional o su ampliación. Ello se debe a que la audiencia inicial tiene como objeto primordial determinar si existen datos de prueba suficientes para vincular a una persona o no a proceso, a fin de que se abra la etapa de investigación formalizada, donde las partes tendrán la oportunidad de investigar y recabar los medios de prueba que, en su caso, se habrán de desahogar en la audiencia de juicio, que es la etapa donde en realidad debe garantizarse el derecho de defensa en su máxima expresión. Por tanto, el solo hecho de que no se haya logrado la comparecencia de un testigo a la audiencia inicial para ser interrogado, no es motivo suficiente para considerar que el dato de prueba consistente en su entrevista y/o declaración carece de valor demostrativo. El quejoso también alega que si en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Chihuahua, no se tienen datos del testigo quiere decir que esa persona no existe; al respecto, esa cuestión no fue debatida ante el juez de control y tampoco puede ser consecuencia lógica una de la otra porque el hecho de que no se tengan datos en esa dependencia puede tener otros motivos como el que estén resguardados ante diversa autoridad. De manera que, es falaz la conclusión a que llega el quejoso, porque como se ha dicho el supuesto que plantea no necesariamente da lugar a la conclusión que afirma. Además, se tiene en cuenta que el agente del Ministerio Público es una institución de buena fe, cuya actuación está regida por el artículo 21 de la Constitución Federal, y sus funciones se limitan a conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. Por tanto, no existe dato de prueba alguno que llegue a concluir como lo afirma el quejoso que el testigo protegido A fue creado por la representación social con el único objeto de imputarle la comisión de una conducta delictiva. La parte accionante también agrega que el juez de control debió tachar de ilegal el dicho del testigo protegido porque bajo su perspectiva ese testigo no existe si no se tiene dato sobre él, asegura que ante el desconocimiento sobre su obtención se permite que el órgano acusador de manera arbitraria haga imputaciones. Parte de dicho motivo de disenso ha sido contestado en el concepto de violación anterior, y únicamente por cuanto hace a la tacha de testigos que arguye debió realizar el juez natural, debe indicarse al promovente que en materia penal no existe la tacha de testigos, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 360 de la legislación nacional adjetiva penal toda persona tendrá la obligación de concurrir al proceso cuando sea citado y de declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado. En adición a lo anterior, el accionante expresa que el juez delegó al agente del Ministerio Público la facultad de presentar al testigo protegido A, lo que generó una desigualdad a las partes pues al encomendar tal actuar al órgano acusatorio el testigo no se presentó, entonces para su defensa no se pudo contradecir el dicho del ateste y por ello no estuvo en posibilidad de desvirtuar la teoría del caso del fiscal. Insiste que el juez responsable debió ordenar al actuario que realizara la citación del testigo aun cuando tuviese la calidad de protegido, pues la notificación debe hacerse por quien tenga fe pública. Tal motivo de inconformidad es igualmente infundado, debido a que para su examinación, los testigos pueden ser citados por el juzgador de forma directa, a través de la oficina de actuarios o por cualquier medio que garantice la recepción de la citación, de lo cual se deberá dejar constancia; e incluso el testigo podrá presentarse a declarar sin previa cita, pues así se establece en el numeral 363 del Código Nacional de Procedimientos Penales, además, de que la citada legislación no dota de fe pública al notificador. Como otro motivo de disenso el promovente del juicio manifiesta que entre los datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público a fin de justificar que la probabilidad de que participó en el evento delictivo, se omitió practicar una diligencia de reconocimiento de persona, por lo que, bajo su perspectiva el juez de control no debió emitir el auto de vinculación en su contra. Ello, porque estima que, el hecho de ser presentado por su nombre sin que existiera un reconocimiento directo resulta violatorio de sus derechos fundamentales. Tal concepto de violación resulta infundado pues para la adecuada solución del caso sometido a juicio, todos los hechos y circunstancias podrán ser probados por cualquier medio pertinente producido e incorporado de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la legislación penal sustantiva o adjetiva no se contempla la relación de pruebas que deban desahogarse para llegar a la convicción de que existe un hecho que la ley castiga como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el mismo; por el contrario, todas las partes, incluyendo al agente del Ministerio Público están en libertad de probar. Como otro motivo de inconformidad el quejoso también adujo que el acto reclamado le causa agravio y le deja en total estado de indefensión debido a que los datos de prueba resultan insuficientes para acreditar su probable participación en el hecho delictivo de homicidio. No asiste la razón a la parte accionante del amparo, pues como bien lo dijo el juez responsable, los datos de prueba expuestos son suficientes para acreditar que se cometió un hecho que la ley castiga como delito y que existe probabilidad que él participó en el mismo. Además, como se indicó en líneas precedentes, la jueza de origen estableció de manera clara y precisa cuál fue la mecánica de los hechos; es decir, cómo es que se suscitó el evento delictivo; lo que le permite al accionante conocer cuál fue la intervención concreta que se le atribuye en la perpetración del hecho que la ley prevé como ilícito de homicidio calificado en grado de tentativa. Por lo que, se tiene por cumplida la exigencia establecida en el artículo 19 constitucional, para la emisión de un auto de la naturaleza del reclamado; exigencia que permite comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva en el mundo fáctico, lo cual posibilita al incoado conocer con amplitud los motivos por los que se le vincula a la continuación de un proceso penal, estando así en posibilidad de desplegar eficazmente su defensa. Luego, al resultar evidente que con los datos de prueba que obran en autos de la causa penal de origen, se demostraron los hechos delictuosos que se le imputan al aquí quejoso, así como su probable participación en la comisión de éstos, de ahí, que el auto de vinculación a proceso reclamado cumpla con los requisitos exigidos por el artículo 19 constitucional y 316, del Código Nacional de Procedimientos Penales, con lo cual no se transgrede algún Tratado Internacional en el cual el Estado Mexicano sea parte, que proteja los derechos a la integridad de la persona, a la libertad personal y los derechos humanos. Una vez que se han atendido los conceptos de violación hechos valer por el quejoso es oportuno indicar que en suma el resolutor cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en materia penal para resolver la situación jurídica, consistentes en la oportunidad que se otorga al inculpado y a su defensor de expresar los agravios que estimen le causa la resolución primigenia y de ser el caso ampliarlos durante la audiencia, de ser oído en sus alegaciones y de que su petición se resuelva de manera exhaustiva y congruente. Además, cumplió con la fundamentación y motivación porque analizó los datos de prueba expuestos a fin determinar si éstos son aptos para demostrar el hecho que la ley castiga como delito y su forma de intervención. En tal virtud, al ser ineficaces y resultar infundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, sin que se advierta la actualización del algún motivo para suplirlos, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74, 76, 77, 78, 80 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a * contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el trece de mayo de dos mil diecinueve, en la causa penal 1521/2019, que reclamó del Juez de Control del distrito judicial Bravos, con morada en esta localidad, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente al quejoso, a la parte tercera interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público que actuó en la causa penal de origen. Lo resolvió y firma **, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante la secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **, hoy veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por último, glósese a los autos los emplazamientos a los terceros interesados que remite la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 27 fracción III, b) de la Ley de Amparo. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTURIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIETO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE; Agréguese a los autos para que conste como corresponda, el informe justificado signado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; tal como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por último, glósese a los autos los emplazamientos a los terceros interesados que remite la autoridad responsable, de conformidad con el artículo 27 fracción III, b) de la Ley de Amparo. Notifíquese,
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