Irving Alexis Villegas Betancourt

Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
742/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
26/04/2022

Partes del expediente

  • Irving Alexis Villegas Betancourt

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de abril de dos mil veintidós. Declaratoria de ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa o agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, hayan recurrido la sentencia que sobreseyó el presente asunto el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El expediente principal es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se dictó sentencia que sobreseyó el juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro de un plazo de seis meses, conforme al artículo 20, fracción II, inciso a), del mencionado Acuerdo General; de igual forma original de dicho incidente es destruible, porque se negó la suspensión provisional y la definitiva. Los cuales deberán ser destruidos una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.- Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. VISTOS, para resolver, el juicio de amparo 742/2021-VII, promovido por **********, contra actos del Director de la **********, Campus Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y otras autoridades responsables, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este Juzgado el mismo día, ********** promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades responsables y actos siguientes: "TERCERO.- EN SU DOBLE CARÁCTER, COMO AUTORIDADES RESPONSABLES Y ORDENADORAS SEÑALÓ A 1.- UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL COMO RECTOR, DR **********, con domicilio en (.). 2.- ING. **********, DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES, (.) 3. Secretario de educación y deporte del Estado de Chihuahua (.). COMO EJECUTORA SEÑALÓ A 1.- DIRECTOR ESTATAL DE PROFESIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, (.) 2.- UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, COMO RECTOR DR. **********, con domicilio (.). 3.- ING. **********, DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES, con domicilio (.) 4.- **********, Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, (.)" CUARTO.- ACTO RECLAMADO. De las Autoridades Ordenadoras reclamo la negativa ficta de expedir al suscrito el TITULO ELECTRÓNICO, que me avala como Licenciado en Derecho, en un término breve, y en su defecto la expedición de la cédula profesional federal. De las Autoridades Ejecutoras, reclamo la negativa ficta de expedir el TITULO ELECTRÓNICO, que me avala como Licenciado en Derecho, en un término breve, y en su defecto la expedición de la cedula profesional." SEGUNDO. Prevención del escrito de la demanda. En auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda, se registró con número de estadística número 742/2021, y como del contenido del libelo constitucional se advirtieron datos ambiguos respecto a los actos reclamados, en ese proveído se previno al quejoso para que precisara el acto reclamado al tenor siguiente: ". a). Si reclama la negativa ficta de expedir al suscrito el título electrónico, que lo avala como Licenciado en Derecho, con motivo de que no dio respuesta a la solicitud planteada en un breve término, o en su caso, b). si reclamaba la omisión o dilación del trámite respecto a la petición solicitada; en este supuesto, deberá especificar a cuáles autoridades responsables les atribuye dicho acto, y los conceptos de violación que atañen a dicha omisión. c).- Especifique que actos les atribuye a cada una de las autoridades señaladas como ejecutoras." TERCERO. Desechamiento parcial y admisión de la demanda. La parte quejosa al dar cumplimiento a la prevención requerida, señaló: ". Se reclama la NEGATIVA en expedir en breve termino al suscrito el TITULO ELECTRONICO que me avala como Licenciado en Derecho, toda vez que el tiempo que ha transcurrido desde el día en que egresé de la UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, es tiempo considerable para que dicho documento esté en trámite, siendo así, que esta dilación se vulnera mi derecho humano a ejercer mi profesión libremente ya que tampoco se me permite tramitar mi cédula profesional. Dentro de esta violación a mis derechos se encuentra, además, la negativa ficta del RECTOR de la UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, toda vez que al mismo se le remitió un oficio, en donde el suscrito solicite la expedición de mi TITULO DIGITAL, en un término breve, toda vez que ya habían pasado 4 meses de que egresé de dicha institución, y el TITULO aún no se encuentra si quiera en trámite, sin embargo, la respuesta nunca me llegó, y tampoco se atendió a mi solicitud. ACTOS QUE SE LE ATRIBUYEN A CADA AUTORIDAD EJECUTORA: 1.- DIRECCIÓN ESTATAL DE PROFESIONES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, con domicilio (.), se le atribuye el acto reclamado de la NEGATIVA de expedir mi título universitario, en base a la responsabilidad que le ocupa conforme a este trámite, es decir, si la UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE ha enviado ya a esta institución los documentos necesarios para la expedición del título universitario, pero esta Dirección ha sido omisa en expedir mi Título Universitario. 2.- UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, COMO RECTOR DR. **********, con domicilio (.). Se le reclama la NEGATIVA FICTA de expedir al suscrito el TITULO ELECTRONICO, que me avala como Licenciado en Derecho, toda vez que el suscrito remití oficio por escrito a esta Universidad, solicitando en él, la expedición de mi Título Universitario y esta institución no respondió a mi petición, por lo tanto, existe la negativa ficta. Así mismo, mencionando que el tiempo que ha transcurrido desde el día en que egresé de la UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE es tiempo considerable para que dicho documento esté en trámite. 3.- ING. **********, DIRECTOR DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE, CAMPUS NUEVO CASAS GRANDES, con domicilio (.). En su carácter de representante de esta institución campus Nuevo Casas Grandes, le atribuyo el acto de la NEGATIVA de expedir al suscrito el TITULO ELECTRONICO, que me avala como Licenciado en Derecho. 4.- **********, Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, con domicilio (.). Se le atribuye el acto reclamado de la NEGATIVA de expedir al suscrito el TITULO ELECTRONICO, que me avala como Licenciado en Derecho, en base a la responsabilidad que le ocupa conforme a este trámite, es decir, si la UNIVERSIDAD REGIONAL DEL NORTE ha enviado ya a esta institución los documentos necesarios para la expedición del título universitario, pero esta Dirección ha sido omisa en expedir mi Título Universitario." Por auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se atendió dicho escrito aclaratorio de la demanda, y se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a la negativa ficta, por los motivos expuestos en ese acuerdo, y únicamente se admitió la demanda de amparo por el acto consistente en la negativa de expedir el título electrónico que avala al quejoso de licenciado en Derecho. Se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe con justificación, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos, se emplazó a la parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, se precisa que el quejoso reclama: La negativa de expedir el título electrónico que lo avale como licenciado en derecho. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, Director de Unidad del Campus Nuevo Casas Grandes, de la Universidad Regional del Norte; la Directora de la Dirección Estatal de Profesiones del Estado de Chihuahua, y el Secretario de Educación y Deportes del Estado, al rendir respectivamente el informe justificado negaron su existencia; sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada tanto con las manifestaciones vertidas en tal informe, como con las constancias existentes en este juicio. Luego, por más que las autoridades responsables nieguen los actos que nos ocupan, a final de cuentas esa negativa quedó desvirtuada en el presente juicio, de ahí que lo conducente es tener por ciertos esos actos. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por la Segunda Sala y el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 91-96 Tercera Parte. Página: 7.) Por lo anterior, en este juicio de amparo quedó plenamente probada la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO.- Improcedencia. La improcedencia es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. En otras palabras, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo a abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en la página 262, parte VIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el particular, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia contenida en el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)" De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: I. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; II. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; III. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, IV. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Además, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa interrumpirse, acabarse, dejar de hacer lo que se está haciendo; y "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace algo. Asimismo, el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho violado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, con registro digital 193758, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Igualmente, resulta aplicable sobre el particular, el criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, consultable a foja 71, con registro digital 197367, del tenor siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, en el presente asunto el quejoso reclama la negativa de que se le expida el título electrónico que lo avala como Licenciado en Derecho. Sin embargo, de las constancias remitidas, en copia certificada, por la autoridad responsable, Secretario de Educación del Estado de Chihuahua, se aprecia que el nueve de marzo de dos mil veintidós, se expidió el título electrónico que avala al quejoso Irving Alexis Villegas Betancourt, como Licenciado en Derecho, el cual quedó registrado bajo el número de folio 73034822-afac-4f6c-b982-01e380e2c457, así como el número de reconocimiento de validez oficial SECYD-SUP107/2017. De manera que con lo informado resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a duda, que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la negativa de expedir el título electrónico que avala al quejoso como licenciado en Derecho, lo cual actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, en virtud de que el nueve de marzo de dos mil veintidós, se expidió el título electrónico que avala al quejoso como Licenciado en Derecho, el cual quedó registrado bajo el número de folio 73034822-afac-4f6c-b982-01e380e2c457, así como el número de reconocimiento de validez oficial SECYD-SUP107/2017. Así, resulta evidente que ha operado la causa de improcedencia en estudio, y ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, debido a que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos porque las autoridades responsables actuaron en la forma en que marca la ley e hicieron aquello que habían omitido o negado; de ahí, que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de las omisiones reclamadas, dado que ya no existen. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, visible en la página 210, con registro 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese orden, al actualizarse respecto a la negativa reclamada, la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al tenor de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sin que pase inadvertido para la suscrita que no se dio vista al quejoso con el informe justificado rendido por el Secretario de Educación del Estado, y con ello, lógicamente no transcurre el plazo de ocho días; sin embargo, al actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta y notoria a nada práctico conduciría esperarse a que fenezca dicho plazo, pues en nada cambiaría dicho sobreseimiento, inclusive se faculta a la suscrita a sobreseer fuera de audiencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por **********, en contra de las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********, hoy treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra señalada para el presente día la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no se advierte que se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable, Secretario de Educación y Deportes del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de mismo nombre, ni el acuse de recibo relativo al oficio a través del cual se le solicitó dicho informe; por ello, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar dilaciones innecesarias y retardo en el presente juicio, remítase oficio a dicha autoridad, por conducto del actuario a través de correo electrónico (se deberá recabar el nombre de la persona que recibió ese correo y el acuse respectivo), al cual se adjunte copia del escrito de la demanda, del ocurso de aclaración de la misma y del auto de admisión de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que rinda el informe justificado solicitado en términos del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el presente día y para su desahogo se señalan las nueve horas del treinta de marzo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante el licenciado **********, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el presente día la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa; sin embargo, no se está en aptitud de llevarse a cabo, toda vez que no se advierte que se cuente con el informe justificado de la autoridad responsable, Secretario de Educación y Deportes del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de mismo nombre, ni el acuse de recibo relativo al oficio a través del cual se le solicitó dicho informe; por ello, para evitar dilaciones innecesarias y retardo en el presente juicio, remítase oficio a dicha autoridad, al cual se adjunte copia del escrito de la demanda, del ocurso de aclaración de la misma y del auto de admisión de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que rinda el informe justificado solicitado en términos del acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el presente día y para su desahogo se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

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