Irma Georgina Vazquez Ehuan
Expediente 656/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Irma Georgina Vazquez Ehuan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva, en su orden), con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 656/2018-D, promovido por Irma Georgina Vázquez Ehuan, contra los actos y autoridades responsables precisadas en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en su considerando último.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la siguiente autoridad responsable: 1. MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Y, con fundamento en el citado precepto 117, en relación con el diverso 119 ambos de la indicada Ley, téngase a la autoridad responsable 1. MAGISTRADO DE LA TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, ofreciendo como prueba las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, resulta evidente que a la fecha de la audiencia constitucional diez horas con treinta minutos del veintitrés de agosto de dos mil dieciocho (foja 21), la vista de ocho días concedida a la parte quejosa con el contenido del informe justificado de cuenta, no habrá transcurrido; por tanto, en virtud de que el presente expediente no se encuentra debidamente integrado; en consecuencia, procede diferir anticipadamente la audiencia constitucional y se señala como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Incidental
En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del ocho de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 656/2018-D (foja 22), Nahieli Avendaño Palacios, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en funciones de jueza de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; en que se determinó la autorización acordada en sesión de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, celebrada el diez de julio de dos mil dieciocho, según oficio número CCJ/ST/3664/2018, de esa misma fecha, asistida de la Secretaria Romina Ortiz Avila, la declaró abierta con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo presentada por Irma Georgina Vázquez Ehuan (fojas 2 a 4) y auto de trece de julio de dos mil dieciocho (suspensión provisional, fojas 8 a 12). De igual forma, la secretaria da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 2. Diligenciario Non adscrito a la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. A lo anterior, la secretaria en funciones de jueza de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo de la autoridad que en este acto lo hizo, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, la secretaria da cuenta con la prueba documental que anexó el quejoso a su escrito inicial de demanda, consistente en copia simple del acuse signado por la quejosa, con fecha de recepción veintiuno de junio del actual. A lo que la secretaria en funciones de jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada con base en su naturaleza la probanza ofrecida por la parte quejosa. Abierto el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no exhibió pedimento. A lo anterior, la secretaria en funciones de jueza de Distrito acuerda: se tiene perdido el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 656/2018-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovida por Irma Georgina Vázquez Ehuan; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de trece de julio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por Irma Georgina Vázquez Ehuan, se requirieron los informes previos a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: - La omisión por parte de la sala responsable de acordar el escrito de veintiuno de junio del actual, signado por la quejosa, y recibido en esa misma data por la responsable. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión del acto reclamado, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitad Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado - que quedó precisado en el considerando segundo - a las autoridades responsables siguientes No. Orden Autoridades responsables. Sentido del informe Foja 1 TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA. ACEPTA 24 2 DILIGENCIARIO NON ADSCRITO A LA TERCERA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA ACEPTA 26 CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar De lo anterior se advierte que las autoridades responsables, al rendir sus informes previos aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. Atento a la naturaleza del acto reclamado (omisión), debe señalarse que resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada, de acuerdo a las consideraciones que enseguida se exponen Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como a) abstenciones, b) negativas simples, y c) actos prohibitivos Por tanto, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una abstención de la autoridad a actuar de determinada manera, como ocurre con el acto reclamado, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal En este orden de ideas si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son 1 Que se solicite la suspensión y 2 Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravenga disposiciones de orden público; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible lo que no ocurre en el caso, pues el acto reclamado por la parte quejosa es un acto negativo, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que como se dijo lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización rubro y texto son "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender Por lo expuesto se R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Irma Georgina Vázquez Ehuan, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables ahí indicadas
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