Irving Monterrosas Gomez
Expediente 225/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 225/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- IRVING MONTERROSAS GOMEZ y Otros.
- Irving Monterrosas Gomez
- Alfredo Moreno Escobar (Defensor)
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veintiséis de marzo del año en curso, en el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo haya hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
*PUBLICACIÓN CITATORIO* SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (.) San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos, el escrito aclaratorio de demanda de amparo promovida por Alfredo Moreno Escobar, en su carácter de defensor particular de Irving Monterrosas Gómez, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el trece de marzo pasado, informa lo siguiente: Precisa que únicamente señala como acto reclamado, el auto de formal prisión emitido el once de julio de dos mil quince, dentro de la causa penal 170/2015/8; y, bajo protesta de decir verdad, comunica que tuvo conocimiento del acto reclamado, en la misma fecha en que se decretó el auto de formal prisión combatido (once de julio de dos mil quince). DESECHAMIENTO. En la especie, el suscrito juzgador Federal advierte que respecto del acto reclamado al Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla (autoridad sustituta del extinto Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla), consistente en el auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso, el once de julio de dos mil quince, dentro de la causa penal 170/2015/8 de su índice, que se inició en su contra por la probable comisión del delito de daño en propiedad ajena doloso, en agravio de Christian Reyes Rojas; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." En relación al tema de los plazos para promover la demanda de amparo, existe la siguiente jurisprudencia, la cual no contraviene lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, conforme a lo establecido en su artículo 6° transitorio, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." De la lectura de los preceptos y jurisprudencia transcritos, se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efectos conforme a la ley del acto reclamado la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, por consistir el acto reclamado en el auto de formal prisión dictado en contra del aquí quejoso, el once de julio de dos mil quince dentro de la causa penal 170/2015/8, actualmente del índice del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla; por tanto, debe ajustarse al plazo citado. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Ahora bien, de la lectura integral del escrito aclaratorio de demanda de amparo, se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que el auto de formal prisión reclamado, se le notificó el once de julio de dos mil quince, manifestación que constituye una confesión expresa, con valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tanto, tiene eficacia para demostrar que el auto de formal prisión reclamado se le notificó en la fecha referida. Por tanto, si la notificación de la resolución reclamada se realizó al promovente el once de julio de dos mil quince y, el plazo para promover el juicio de amparo comenzó a correr a partir del día siguiente al en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución combatida, en términos del artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, del que se obtiene que tal notificación surtirá sus efectos en la misma fecha en que se practicó. Sin embargo, al haberse realizado dicha notificación en un día especificado como inhábil en la Ley de Amparo (sábado), pero laborable para la responsable, atento al principio de mayor beneficio del quejoso, por excepción, se tendrá al día hábil siguiente como aquel en que quedó hecha legalmente la notificación, esto es, el lunes trece de julio de dos mil quince. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN CUANDO LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO SE REALIZA EN DÍA INHÁBIL CONFORME A LA LEY DE AMPARO, PERO LABORABLE PARA LA RESPONSABLE, DEBE CONSIDERARSE QUE SURTE EFECTOS EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE. De la fracción I del artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las notificaciones personales, entre ellas las del laudo, surten efectos el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la ley; sin embargo, a fin de establecer la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo directo, debe considerarse lo previsto en los numerales 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, respecto a que el juicio debe promoverse dentro de los 15 días siguientes al en que hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rija, tomándose como días hábiles todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor. En este contexto, cuando la notificación del acto reclamado se lleve a cabo en un día especificado expresamente como inhábil en la Ley de Amparo, pero laborable para la responsable, atento al principio de mayor beneficio de la quejosa, por excepción, se tendrá al día hábil siguiente como aquel en que quedó hecha legalmente la notificación del laudo reclamado, en virtud de que ese día será el punto de partida para el cómputo del plazo de 15 días para la promoción del juicio de amparo, que no puede verse reducido en perjuicio de las partes, considerando su naturaleza protectora; sin que sea obstáculo el hecho de que la autoridad responsable haya laborado en esa fecha, porque tal situación no torna ese día en hábil en sí, sólo para efectos del cómputo para promover el juicio de amparo, dado que esa naturaleza la adquiere por virtud de la ley." En tales condiciones, los quince días para promover la demanda que dio origen a este asunto transcurrieron del catorce de julio al tres de agosto de dos mil quince, previo descuento de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de julio, uno y dos de agosto de dos mil quince, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si la demanda de amparo que se analiza se presentó el doce de marzo de dos mil diecinueve, es claro que su promoción no fue oportuna respecto del acto reclamado en estudio, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea, trae la consecuencia de que el acto de que se trata, sea considerado consentido tácitamente. En mérito de lo anterior, se concluye que al haber sido presentada la demanda de garantías que aquí se analiza fuera del plazo de quince días hábiles señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, da lugar a que se actualice la causa de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV de la ley citada; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así las garantías para su protección, de manera tal, que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. De la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos deriva que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que debe ser efectivo; es decir, ser capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia sea oportuno. Por tanto, aun cuando el promovente de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, ello no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." (.)
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 13 DE marzo DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: " San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Moreno Escobar, en su carácter de defensor particular de Irving Monterrosas Gómez, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 225/2019-E. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114 fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise si únicamente señala como acto reclamado el auto de formal prisión emitido el once de julio de dos mil quince, dentro de la causa penal 170/2015; pues de la lectura integral del capítulo de conceptos de violación, se advierte que los mismos van encaminados a desestimar una prueba (testimonial), sin que al efecto haya señalado en el apartado de acto reclamado si tiene alguna relación con el acto reclamado, o en su caso, si los mismos se tomaron en cuenta para su dictado, o con posterioridad. Lo anterior es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos; además, con base en tal señalamiento (el de los actos reclamados), es como se proveerá, en su caso, respecto de la suspensión de aquéllos. SEGUNDO. Una vez precisado lo anterior, bajo protesta de decir verdad, informar la fecha en que tuvo conocimiento del auto de formal prisión emitido el once de julio de dos mil quince, dentro de la causa penal 170/2015 (acto reclamado). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Lo anterior, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; así como señalar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, al tratarse de un dato indispensable relativo a la oportunidad de la demanda. Hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADO. Se tiene por autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Hernández Serrano, esto es, sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Alfredo Moreno Escobar, en su carácter de defensor particular de Irving Monterrosas Gómez, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 225/2019-E. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede o no, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114 fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise si únicamente señala como acto reclamado el auto de formal prisión emitido el once de julio de dos mil quince, dentro de la causa penal 170/2015; pues de la lectura integral del capítulo de conceptos de violación, se advierte que los mismos van encaminados a desestimar una prueba (testimonial), sin que al efecto haya señalado en el apartado de acto reclamado si tiene alguna relación con el acto reclamado, o en su caso, si los mismos se tomaron en cuenta para su dictado, o con posterioridad. Lo anterior es así, pues de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los mismos; además, con base en tal señalamiento (el de los actos reclamados), es como se proveerá, en su caso, respecto de la suspensión de aquéllos. SEGUNDO. Una vez precisado lo anterior, bajo protesta de decir verdad, informar la fecha en que tuvo conocimiento del auto de formal prisión emitido el once de julio de dos mil quince, dentro de la causa penal 170/2015 (acto reclamado). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." Lo anterior, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, es obligación de la parte inconforme manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo cual debe hacer con sujeción a la verdad sin afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con la demanda de amparo que se estudia; así como señalar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, al tratarse de un dato indispensable relativo a la oportunidad de la demanda. Hágase del conocimiento del promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que, de no dar cumplimiento integral a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte promovente, el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADO. Se tiene por autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Hernández Serrano, esto es, sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Irma Georgina Vazquez Ehuan656/2018
- Irma Georgina Vazquez Ehuan1146/2018
- Irma Jimarez Martinez1045/2017
- Irma Lizel Ortega Vasquez1236/2016
- Irma Nereyda Torres Villaseñor18/2021
- Irving Alberto Bello Vazquez270/2023
- Irving Omar Magaña Jimenez537/2018
- Irving Orozco Rosales322/2018
- Irving Orozco Rosales1021/2018
- Isaac Corona Ruiz985/2016
- Isaac Eduardo Conde Reyes184/2017
- Isaac Eduardo Conde Reyes270/2017