Iris Fabiola Limon Garcia
Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 377/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Iris Fabiola Limon Garcia
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. ESCRITO ACLARATORIO. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por la quejosa ***, a través del cual, precisa el acto reclamado en el presente controvertido constitucional; consecuentemente, se tiene a la citada parte procesal dando cumplimiento al requerimiento de catorce de abril pasado, dictado en el presente juicio de amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa ****, reclama a las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público adscrito al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla; y, 2. Coordinador de la Policía de Investigación adscrito al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla, la orden de citación librada en su contra y su ejecución. Respecto de los citados actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del análisis del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con su numeral 1°, fracción I, y con el precepto 107, fracción I, Constitucional. Se explica. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que será improcedente el juicio cuando su causal resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia ley. Por su parte, el artículo 1 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos del gobernado y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. En tanto que el precepto Constitucional señalado, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por tanto, se colige que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Sentado lo anterior, el quejoso reclama la orden de citación y su ejecución (reclamada a las autoridades administrativas), emitida presuntamente por las autoridades responsables. Es oportuno señalar que la naturaleza de dicha citación, emitida dentro de una averiguación previa o carpeta de investigación, no se pueden considerar como actos que restrinjan la libertad personal, pues ese no es su objeto, sino lograr la realización de un acto procesal. Lo anterior, en virtud de que el Ministerio Público, en ejercicio de su actividad de investigación, conforme a lo previsto por los artículos 90 y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, está en posibilidades de emitir citatorios a cualquier persona, con la excepción que los mismos preceptos establecen. Asimismo, en este punto debe destacarse que una vez terminada la diligencia, el quejoso podrá reincorporarse a sus actividades cotidianas, ya que ésta no es sino una actuación más para integrar el material probatorio del cual el representante social se debe allegar para poder judicializar su carpeta de investigación, misma que de no lograrse, no constituye un impedimento para que, en su caso, la representación social ejerza la acción penal de estimar actualizados los presupuestos para tal efecto. En ese sentido, la citación para el desahogo de una diligencia en una averiguación previa, por sí misma, -se considera- no afecta a la libertad personal de la citada, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia ministerial. Al respecto, el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la contradicción de tesis 1/2018, esencialmente sostuvo que el juicio de amparo indirecto no era procedente contra una citación emitida por el agente del Ministerio Público en una averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contenía apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asistiera a la cita. Ello, porque -señaló- contra las diligencias llevadas a cabo por el Ministerio Público tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, el amparo era improcedente; y si bien esa regla admitía excepciones, -precisó- ello sería cuando se afectaren -o existiera la posibilidad de que se afectaren- derechos sustantivos de los gobernados. Ahora bien, este juzgado considera que no es obstáculo para concluir lo anterior, que el agente del ministerio público pueda influir en la decisión del gobernado, a través de un apercibimiento en el sentido de hacer efectiva alguna de las medidas de apremio previstas en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no asistir - en el caso, de no encontrarse presente en el domicilio particular a la hora citada-. Ciertamente, -en su momento- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia número 4/2011 el diez de agosto de dos mil once, determinó que la comparecencia ante el agente del ministerio público lograda por medio de una orden de localización, búsqueda y presentación, si bien no tenía como propósito lograr su detención, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habría de sujetarse el buscado, limitaba temporalmente su derecho a la libertad. Lo último, según explicó, porque una vez cumplida, ésta finalizaría al momento en el que el Agente del Ministerio Público desahogara la diligencia que motivó su presencia y es, hasta ese momento y de no existir causa legal que lo impidiera, que el presentado podía retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por ende, -concluyó- que era evidente que sí afectaba la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Sin embargo, debe decirse que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cambiado su postura sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de que solo tengan el efecto de citar a una persona para el desahogo de una diligencia. Ciertamente, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que la cita a la audiencia inicial para formulación de la imputación (en el nuevo sistema de justicia penal), no afectaba la libertad de la persona citada, pues -afirmó- constituía un acto mediante el cual el juez le comunicaba que requería su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará la investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva. De forma que, -precisó- la orden de aprehensión con la que apercibía al investigado en la hipótesis de no comparecer, no era inminente, pues dependía de hechos futuros e inciertos, como son su inasistencia, su falta injustificada y en la eventual solicitud del fiscal para que el juez ordenara su captura. Lo anterior, orilló a que dicha sala del Máximo Tribunal del País abandonara el criterio plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), en donde se estableció, en su momento, que el juicio de amparo indirecto era procedente contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia de formulación de la imputación, por estimar que el apercibimiento de orden de aprehensión que contenía, transgredía el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria, porque colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el hecho de no acudir. Por tanto, el nuevo criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sostenido por el Pleno en Materia Penal de este circuito, permiten arribar a la conclusión de que la cita a una diligencia de carácter ministerial emitida por la representación social dentro de una carpeta de investigación, incluso con apercibimiento de imposición de alguna medida de apremio conforme al Código Nacional, no afecta a la libertad personal de la quejosa ni su deambulatoria. Lo anterior, porque, en todo caso, la posibilidad de hacer efectivo un apercibimiento estaría sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta. La primera, la inasistencia del citado; la segunda, que no existiera justificación de tal inasistencia; y, la tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público emitiera la determinación respectiva. En consecuencia, procede desechar por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo respecto de los actos al 1. Agente del Ministerio Público adscrito al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla; y, 2. Coordinador de la Policía de Investigación adscrito al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla, consistentes en la orden de citación librada en su contra y su ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. No ha lugar a realizar las notificaciones vía electrónica, tal y como lo solicita la aquí quejosa; lo anterior es así, pues de la captura de pantalla del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que el usuario "irisfabiola2023", no ha confirmado el correo de registro al Sistema de Consulta de Expediente Electrónico. INTEGRACIÓN DE EXPEDEINTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintitrés. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Que la demanda fue presentada el trece de abril de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitida en la propia fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC" FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 377/2023, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). Toda aquella documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. Tomando en consideración que acorde a lo previsto en el numeral 3, fracción XII, del Acuerdo General 12/2020, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en virtud que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para la consulta de las partes, así como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. En tal sentido, los únicos acuerdos o proveídos que se integrarán al expediente físico, serán aquéllos que resulten indispensables para el impulso del procedimiento. CONSULTA DE EXPEDIENTE. De conformidad con lo establecido en el artículo 263, fracción IV, del multicitado Acuerdo General, se hace saber a las partes, que para quienes no tengan habilitado el acceso al expediente electrónico, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea, o bien, podrán acudir físicamente a este Juzgado, para consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que se dispongan para tal fin. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA COMPETENCIA PLANTEADA. Agréguese a los presentes autos el oficio ********************, proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual remite diversos anexos que integran el juicio de amparo ********************de su índice, así como la demanda promovida por ********************contra los actos reclamados al 1. Agente del Ministerio Público adscrito al Complejo Metropolitano de Seguridad del Estado de Puebla; y, otra autoridad. Lo anterior, por razón de la materia. En ese contexto, este juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, asume competencia y se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. PREVENCIÓN. Ahora bien, a efecto de acordar si procede o no su admisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: PRIMERO. Precise de forma concisa y sucinta el(los) acto(s) que reclama en el presente controvertido constitucional; lo anterior es así, pues en el capítulo de acto reclamado manifiesta lo siguiente: "De todas y cada una de las autoridades señaladas como ordenadoras les Reclamo todo lo actuado dentro del expediente del que pudiera emanar el acto reclamado, manifestando bajo protesta de decir verdad que desconozco el número de expediente pues la persona que dijo ser del juzgado se negó a identificarse así como a proporcionar mayores datos. De todas y cada una de las autoridades señaladas como ejecutoras.- Reclamo la falta de emplazamiento al juicio del que emana el acto reclamado, manifestando bajo protesta de decir verdad que desconozco el número de expediente pues la persona que dijo ser del juzgado se negó a identificarse así como a proporcionar mayores datos." Posteriormente, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, la aquí promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "PRIMERO. Con fecha 3 de abril de 2022, se presentan en mi domicilio particular dos personas del sexo masculino, identificándose como personal que labora dentro del COMPLEJO METROPOLITANO DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA. Recibiendo notificación uno de mis hermanos de una citación que tenía bajo acusaciones de agresiones físicas a una persona de sexo femenino." De las anteriores transcripciones, se desprende que el aquí promovente es ambiguo en precisar de forma concisa y sucinta el(los) acto(s) reclamado(s) que combate en el presente sumario constitucional, es decir, sí reclama: 1. Alguna orden privativa de libertad, debiendo especificar el tipo orden combatida, la fecha en que tuvo conocimiento de la(s) misma(s); las autoridades responsables (ordenadoras y ejecutoras) que hayan emitido dicha orden restrictiva de libertad; los antecedentes, y, los conceptos de violaciones que estime pertinentes. 2. La citación para formulación a imputación, debiendo especificar la fecha en que tuvo conocimiento de la misma, el Juez (en su denominación actual y correcta) que haya emitido dicha citación; los antecedentes, y, los conceptos de violaciones que estime pertinentes. SEUNDO. Bajo protesta de decir verdad, deberá indicar si también señala como acto reclamado la privación de la posesión del inmueble que ocupa y de ser afirmativo deberá: Señalara a qué autoridad se lo reclama, Señalar cuál o cuáles son los bienes inmuebles que refiere no ser privada, Cuando tuvo conocimiento de la orden de desposesión; e Indicar los antecedentes de dicho acto reclamado. Lo anterior, pues la promovente solicita la suspensión para los siguientes efectos: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Con fundamento en los artículos 124, 130, 131, 132, y 142 de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los actos reclamados, se tramite por duplicado el Incidente, se pida a las responsables su Informe Previo y Justificado, y al resolver se me conceda la SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Para el efecto de no ser privado de la posesión del inmueble que actualmente ocupo." Lo cierto es, que de un estudio integral de la demanda no se aprecia cuál es el bien afectado al promovente respecto de dicha orden de cateo y/o aseguramiento, debiendo especificar, la fecha en que tuvo conocimiento de dichos actos; las autoridades responsables (ordenadoras y ejecutoras) que hayan emitido dichas órdenes; los antecedentes, y, los conceptos de violaciones que estime pertinentes. En ese sentido, de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad responsable, debe señalarse con claridad y precisión, ya que este órgano de amparo no puede presumirlo, dado que es un requisito de forma de la demanda que la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame sea señalado con exactitud, en virtud de que a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de derechos fundamentales. En efecto, es necesario tener plenamente identificado el acto reclamado y sus antecedentes para la debida integración de la litis constitucional, pues constituye una cuestión de orden público que es necesario realizar en aras del mandato de una justicia completa, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es de destacarse que la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe expresarse la norma general, acto u omisión que de cada autoridad reclame), en relación con el 74, fracción I (que dispone que la sentencia de amparo debe contender la fijación clara y precisa del acto reclamado), ambos de la Ley de Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados y sus antecedentes, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. Por tanto, al ser ambigua la demanda en ese aspecto, procede efectuar la presente prevención. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que precise lo ya indicado, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por el mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DOMICILIO. Toda vez que la parte quejosa no señala domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamente en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales dicha parte procesal, por lista de acuerdos. Además, téngase el correo electrónico proporcionado, únicamente como medio para establecer contacto, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio y sólo en casos excepcionales. AUTORIZADOS. Se hace constar que la parte promovente no designó autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. No ha lugar a realizar las notificaciones vía electrónica, tal y como lo solicita la aquí quejosa; lo anterior es así, pues el usuario "********************", corresponde a una persona que no fue autorizada por la misma amparista de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que: ( De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. ( Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PROMOVENTE; Y, POR OFICIO AL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.
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