Irma Aguirre Castillo

Expediente 147/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
147/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
21/10/2016

Partes del expediente

  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Puebla
  • Irma Aguirre Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de ocho de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo solicitado por los quejosos para lo siguiente: "NOVENO. Efectos del amparo. Al resultar esencialmente fundado el concepto de violación que hace valer la quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: 1) Deje insubsistente el embargo practicado el ocho de agosto de dos mil ocho sobre la mitad de una cuarta parte del inmueble identificado como Lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como '******************** 2) Debiendo precisarse que deberá dejar intocado las demás actuaciones, en atención a que la parte quejosa no fue parte procesal en el juicio de origen. Sustenta lo anterior, la Tesis III.4o.(III Región) 12 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 1204, del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LA AMPARA, SON SÓLO PARA DESINCORPORAR DEL JUICIO EL DERECHO QUE FUE AFECTADO EN SU PERJUICIO. Al quedar plenamente probado que la quejosa es extraña a la controversia judicial de la cual deriva el acto reclamado y que es propietaria del inmueble objeto del embargo, remate y adjudicación llevados a cabo en ese asunto, el amparo debe tener por efecto que sin anular todo lo actuado en el juicio de origen, se extraiga del litigio el bien afectado a fin de que las cosas se restablezcan al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior excluye que dicha persona extraña esté obligada a participar en la relación procesal respectiva para defender su derecho, pues el que haya otorgado al demandado poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio sobre el mismo bien, y que ese poder lo hubiera utilizado para señalarlo como garantía de obligaciones a cargo del apoderado sin tener la autorización respectiva, no justifica que deba ser parte en una controversia en la cual es completamente ajena." Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (foja 535). Inconforme con dicha sentencia el tercero interesado interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y mediante ejecutoria de ocho de julio de dos mil dieciséis resolvió, lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se deja firme el sobreseimiento en el juicio de amparo 147/2015 promovido por Tecmaq, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria adscrita, en términos del sexto considerando de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a IRMA AGUIRRE CASTILLO, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria Adscrita, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno del fallo sujeto a revisión." (foja 741). Por oficio 4805/2016 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria amparadora anexando las constancias que consideró pertinentes relativas al expediente laboral D-1/588/2016, de las que se advierte que dicha responsable hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el embargo practicado el ocho de agosto de dos mil ocho sobre la mitad de una cuarta parte del inmueble identificado como lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como Rancho San Diego los Álamos de la ciudad de Puebla; Dejó intocadas las demás actuaciones; ello en razón de que Irma Aguirre Castillo demostró ante la Autoridad Federal en el respectivo juicio de amparo, que es la legítima propietaria del inmueble embargado y no fue parte procesal en el juicio laboral; y Giró oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio para que realizara la anotación del levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble descrito en el punto uno que antecede (fojas 762 a 766 y 799). Es menester precisar que la Junta responsable remitió a esta autoridad diversos oficios y anexos, por los que informó sobre las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria, tan es así que remitió copia del oficio recordatorio girado al Registrador Público de la Propiedad para efecto de que realizara la anotación marginal materia de la concesión de amparo. Posteriormente, mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DRPP-RPP-PUEBLA-72061/2016 el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla informó que la cancelación del embargo generó el asiento número 2151120, asimismo acompañó copia certificada del folio real inmobiliario 201/712-2, el cual corresponde al inmueble identificado como lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como Rancho San Diego los Álamos de la ciudad de Puebla, actualmente marcado con el número oficial 33 de la calle Aldama, colonia álamos Toltepec de esa ciudad, así como la cancelación de gravamen correspondiente (fojas 819 a 831). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que en una parte se concedió y en la otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL PROVEÍDO DE 20 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de ocho de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo solicitado por los quejosos para lo siguiente: "NOVENO. Efectos del amparo. Al resultar esencialmente fundado el concepto de violación que hace valer la quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: 1) Deje insubsistente el embargo practicado el ocho de agosto de dos mil ocho sobre la mitad de una cuarta parte del inmueble identificado como Lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como '******************** 2) Debiendo precisarse que deberá dejar intocado las demás actuaciones, en atención a que la parte quejosa no fue parte procesal en el juicio de origen. Sustenta lo anterior, la Tesis III.4o.(III Región) 12 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 1204, del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LA AMPARA, SON SÓLO PARA DESINCORPORAR DEL JUICIO EL DERECHO QUE FUE AFECTADO EN SU PERJUICIO. Al quedar plenamente probado que la quejosa es extraña a la controversia judicial de la cual deriva el acto reclamado y que es propietaria del inmueble objeto del embargo, remate y adjudicación llevados a cabo en ese asunto, el amparo debe tener por efecto que sin anular todo lo actuado en el juicio de origen, se extraiga del litigio el bien afectado a fin de que las cosas se restablezcan al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior excluye que dicha persona extraña esté obligada a participar en la relación procesal respectiva para defender su derecho, pues el que haya otorgado al demandado poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio sobre el mismo bien, y que ese poder lo hubiera utilizado para señalarlo como garantía de obligaciones a cargo del apoderado sin tener la autorización respectiva, no justifica que deba ser parte en una controversia en la cual es completamente ajena." Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (foja 535). Inconforme con dicha sentencia el tercero interesado interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y mediante ejecutoria de ocho de julio de dos mil dieciséis resolvió, lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se deja firme el sobreseimiento en el juicio de amparo 147/2015 promovido por Tecmaq, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria adscrita, en términos del sexto considerando de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a IRMA AGUIRRE CASTILLO, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria Adscrita, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno del fallo sujeto a revisión." (foja 741). Por oficio 4805/2016 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria amparadora anexando las constancias que consideró pertinentes relativas al expediente laboral D-1/588/2016, de las que se advierte que dicha responsable hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el embargo practicado el ocho de agosto de dos mil ocho sobre la mitad de una cuarta parte del inmueble identificado como lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como Rancho San Diego los Álamos de la ciudad de Puebla; Dejó intocadas las demás actuaciones; ello en razón de que Irma Aguirre Castillo demostró ante la Autoridad Federal en el respectivo juicio de amparo, que es la legítima propietaria del inmueble embargado y no fue parte procesal en el juicio laboral; y Giró oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio para que realizara la anotación del levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble descrito en el punto uno que antecede (fojas 762 a 766 y 799). Es menester precisar que la Junta responsable remitió a esta autoridad diversos oficios y anexos, por los que informó sobre las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria, tan es así que remitió copia del oficio recordatorio girado al Registrador Público de la Propiedad para efecto de que realizara la anotación marginal materia de la concesión de amparo. Posteriormente, mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DRPP-RPP-PUEBLA-72061/2016 el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla informó que la cancelación del embargo generó el asiento número 2151120, asimismo acompañó copia certificada del folio real inmobiliario 201/712-2, el cual corresponde al inmueble identificado como lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como Rancho San Diego los Álamos de la ciudad de Puebla, actualmente marcado con el número oficial 33 de la calle Aldama, colonia álamos Toltepec de esa ciudad, así como la cancelación de gravamen correspondiente (fojas 819 a 831). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que en una parte se concedió y en la otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento..."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia de ocho de febrero de dos mil dieciséis, se concedió el amparo solicitado por los quejosos para lo siguiente: "NOVENO. Efectos del amparo. Al resultar esencialmente fundado el concepto de violación que hace valer la quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable: 1) Deje insubsistente el embargo practicado el ocho de agosto de dos mil ocho sobre la mitad de una cuarta parte del inmueble identificado como Lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como '******************** 2) Debiendo precisarse que deberá dejar intocado las demás actuaciones, en atención a que la parte quejosa no fue parte procesal en el juicio de origen. Sustenta lo anterior, la Tesis III.4o.(III Región) 12 C (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, página 1204, del tenor siguiente: "PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO. LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE LA AMPARA, SON SÓLO PARA DESINCORPORAR DEL JUICIO EL DERECHO QUE FUE AFECTADO EN SU PERJUICIO. Al quedar plenamente probado que la quejosa es extraña a la controversia judicial de la cual deriva el acto reclamado y que es propietaria del inmueble objeto del embargo, remate y adjudicación llevados a cabo en ese asunto, el amparo debe tener por efecto que sin anular todo lo actuado en el juicio de origen, se extraiga del litigio el bien afectado a fin de que las cosas se restablezcan al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior excluye que dicha persona extraña esté obligada a participar en la relación procesal respectiva para defender su derecho, pues el que haya otorgado al demandado poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio sobre el mismo bien, y que ese poder lo hubiera utilizado para señalarlo como garantía de obligaciones a cargo del apoderado sin tener la autorización respectiva, no justifica que deba ser parte en una controversia en la cual es completamente ajena." Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta al acto de ejecución, al no reclamarse por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, registro 917622, página 70, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta". (foja 535). Inconforme con dicha sentencia el tercero interesado interpuso recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito y mediante ejecutoria de ocho de julio de dos mil dieciséis resolvió, lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se deja firme el sobreseimiento en el juicio de amparo 147/2015 promovido por Tecmaq, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria adscrita, en términos del sexto considerando de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a IRMA AGUIRRE CASTILLO, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria Adscrita, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno del fallo sujeto a revisión." (foja 741). Por oficio 4805/2016 de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria amparadora anexando las constancias que consideró pertinentes relativas al expediente laboral D-1/588/2016, de las que se advierte que dicha responsable hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el embargo practicado el ocho de agosto de dos mil ocho sobre la mitad de una cuarta parte del inmueble identificado como lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como Rancho San Diego los Álamos de la ciudad de Puebla; Dejó intocadas las demás actuaciones; ello en razón de que Irma Aguirre Castillo demostró ante la Autoridad Federal en el respectivo juicio de amparo, que es la legítima propietaria del inmueble embargado y no fue parte procesal en el juicio laboral; y Giró oficio al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio para que realizara la anotación del levantamiento del embargo trabado sobre el inmueble descrito en el punto uno que antecede (fojas 762 a 766 y 799). Es menester precisar que la Junta responsable remitió a esta autoridad diversos oficios y anexos, por los que informó sobre las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria, tan es así que remitió copia del oficio recordatorio girado al Registrador Público de la Propiedad para efecto de que realizara la anotación marginal materia de la concesión de amparo. Posteriormente, mediante oficio SFA-SI-IRCEP-DRPP-RPP-PUEBLA-72061/2016 el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla informó que la cancelación del embargo generó el asiento número 2151120, asimismo acompañó copia certificada del folio real inmobiliario 201/712-2, el cual corresponde al inmueble identificado como lote de terreno número ********************de los en que se dividió el predio conocido como Rancho San Diego los Álamos de la ciudad de Puebla, actualmente marcado con el número oficial 33 de la calle Aldama, colonia álamos Toltepec de esa ciudad, así como la cancelación de gravamen correspondiente (fojas 819 a 831). Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que en una parte se concedió y en la otra se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos oficio y anexo signado por el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con los diversos oficios y anexos exhibidos por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (visibles a fojas 762 a 766, 772 a 776, 778 a 787, 791 a 793, 798 a 800 y 807 a 810), dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por las autoridades indicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

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