Iris Patricia Gallo Razo
Expediente 303/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Iris Patricia Gallo Razo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado y/o recibido promoción alguna; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 303/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con una promoción registrada con el número y con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado por Arturo Ruiz Álvarez, apoderado jurídico de la moral tercera interesada HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSCB, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al presente juicio de amparo. Ahora, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene al promovente ofertando como medios de convicción la documental que hace alusión en su escrito de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana; asimismo, téngase las manifestaciones que realiza en vía de alegatos. Por otra parte, se tiene al ocursante de referencia objetando el convenio exhibido por la parte quejosa, que refiere celebró con Carlos Alfonso Salomón Martínez, en cuanto a su alcance y valor probatorio; misma que será valorada al resolver en definitiva este juicio. Hágase relación de todo lo anterior en el momento procesal oportuno dentro del desarrollo de la presente audiencia constitucional. De igual forma, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa; con la documental exhibida por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, con la documental ofertada por el apoderado jurídico de la moral tercera interesada, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con las manifestaciones del apoderado jurídico de la moral tercera interesada. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos referidos con antelación y se tiene por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Iris Patricia Gallo Razo, por su propio derecho y en cuanto representante legal de sus menores hijos Carlos, Cristina y Carola de apellidos Salomón Gallo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia así como del Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 22, 103, 105 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos I, II, apartado 1, 2, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, apartados 1 y 2, XII y XXVIII de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1.1, 1.2, 2, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7., 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 9, 14.1, 14.3, 24, 25.1, 25.2, 27.1, 27.2, 28.1, 28.2, 28.3, 29, 30 y 31 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); 2.1, 3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 10.1, 10.2, 14.1, 14.2, 14.3, 14.7, 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que lo registró con el número 303/2023; en auto de quince de marzo de dos mil veintitrés (foja 17) lo admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Tercero. Reconocimiento de carácter de tercero interesado. En ese mismo auto, se reconoció el carácter de tercera interesada a HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por conducto de su apoderado Arturo Ruiz Álvarez, por figurar como parte actora dentro del juicio de origen. Finalmente, en esta misma fecha se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de la lectura integral de la demanda, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, los actos reclamados por la parte quejosa son: A la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia: Todo lo actuado dentro del juicio civil hipotecario 1033/2022, promovido por el apoderado jurídico de HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, frente a Carlos Alfonso Salomón Martínez así como cualquier orden que tenga por objeto ordenar, autorizar, permitir, facilitar y/o cumplimentar formal y materialmente la desposesión del bien inmueble ubicado en la avenida paseo del Punhuato número 310 interior 48 del fraccionamiento Terrazas de Tres Marías, en Morelia, Michoacán. Al Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia: La ejecución o cumplimiento de la orden, determinación, oficio, acuerdo, resolución o disposición, que se hubiere emitido para despojarla del bien inmueble ubicado en la avenida paseo del Punhuato número 310 interior 48 del fraccionamiento Terrazas de Tres Marías, en Morelia, Michoacán. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia así como al Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 27 y 26, respectivamente). Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe la mencionada Juez, consistente en copia certificada del juicio sumario civil hipotecario 1033/2022 [un tomo]. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, y que permiten tener por acreditados los actos reclamados, ya que de la misma se advierte todo lo actuado dentro del juicio sumario civil hipotecario 1033/2022. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el apoderado jurídico de HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSCB, adujo que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Fracción normativa que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado deriva del juicio sumario civil hipotecario 1033/2022, promovido por HSBC MÉXICO, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, frente a Carlos Alfonso Salomón Martínez; al efecto aduce la parte quejosa que tienen en posesión la casa materia de dicha controversia; por ende, debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre ésta, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 170500, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente por el quejoso. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital registro digital 206338, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), registro digital 2004501 que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De ahí que, en el caso que nos ocupa, la parte quejosa debe acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar todo lo actuado dentro del juicio de origen, incluido cualquier orden desposeerla de la casa ubicada en calle paseo del Punhuato, trescientos diez, interior 48, de Morelia, Michoacán, al estimar se afecta su derecho de posesión. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con el mismo estará en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2o.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, registro digital 185115, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión." Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. Igualmente apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis XXI.2o.48 C del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del referido circuito judicial, registro digital 209307, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDÓNEA, EN TÉRMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." En congruencia con lo anterior debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional deba constar de manera fehaciente o cierta en un instrumento probatorio de carácter documental, esto es lo que se conoce como documento de fecha cierta; lo anterior, con la finalidad de dar eficacia a la garantía de seguridad jurídica respecto al momento en que realmente se pueda considerar como existente el acto jurídico que en el documento se consigne y que es el derecho que se pretenda defender en la sede constitucional. En ese sentido, a fin de dilucidar lo que se debe entender por documento de fecha cierta debe decirse que en torno a ello no existe ninguna regulación en precepto normativo concreto que así lo defina, sino que tal tópico deriva exclusivamente de la interpretación jurisprudencial que al efecto han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir interpretación jurídica obligatoria, razón por la cual hay que atender al contenido expreso de los criterios que sobre el particular ha sustentado esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es el órgano jurisdiccional cuya interpretación es la que prevalece respecto de cualquier otra. En torno a dicho tópico cabe resaltar lo que al respecto ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 52/97, que dio motivo a la formación de la jurisprudencia 1ª./J.46/99, registro digital 192662, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." De igual modo es de destacar lo que al respecto ha sustentado la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 818042, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." De lo expuesto se tiene que el Alto Tribunal ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene cuando se actualizan las hipótesis jurídicas siguientes, a saber: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad. II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si no se surten los supuestos enlistados el documento privado no puede generar eficacia probatoria, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar certidumbre probatoria en torno a la fecha en que existe el mismo y con ello seguridad jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, y por lo mismo no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo, y por tanto al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Para robustecer lo anterior es conveniente citar algunas de las consideraciones que tuvo en cuenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 14/2004, de cuya ejecutoria se advierte lo siguiente: "Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. --- En esa tesitura, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en el documento privado es su fecha cierta, por lo que el asiento registral proporciona esa certidumbre, ya que este registro en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente, los inmuebles para que toda persona que tenga interés de efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: saber quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir y además datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. --- En nuestro sistema legal, es preciso destacar que el Registro Público de la Propiedad no genera por sí mismo la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar a ser un reflejo de un derecho nacido extra registralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes y la causa o título del derecho generado, es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así para que sean conocidos por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. --- Por tanto, se tendrá como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. --- Asimismo, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. --- Igualmente, proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. --- Las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, por lo que no deben exigirse mayores formalidades en la fe pública de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque cuando interviene está investido de esa fe para hacer constar que existió el documento que le fue presentado. --- En razón de lo expuesto, el documento privado adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante el notario, en virtud de que éste está investido de fe pública y facultades para autenticar, así como para dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, así como que en su presencia reconocieron el contenido de tales documentos, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del mismo, pues no es dable pensar que ese instrumento se haya elaborado en fecha posterior a la que en él aparece; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo." Las razones expuestas dieron motivo a la conformación de la jurisprudencia 1a./J. 44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 178201, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades". Finalmente, conviene traer a glosa el criterio que sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de tesis 17/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, que dio origen a la jurisprudencia 66/2008, cuyo rubro es del siguiente tenor: "RATIFICACIÓN NOTARIAL. ES VÁLIDA AUN CUANDO SE HAGA CONSTAR EN UNA HOJA DIVERSA A AQUELLAS EN LAS QUE CONSTA EL DOCUMENTO A RATIFICAR, SIEMPRE QUE LA RATIFICACIÓN CUMPLA CON EL PRINCIPIO DE CERTEZA QUE DEBEN REVESTIR LOS ACTOS NOTARIALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", pues al efecto expuso: "En ese tenor, la fe pública notarial implica que el funcionario que la detenta tiene la facultad legal de autenticar y dar fuerza probatoria y, en su caso, solemnidad a las declaraciones de voluntad de las partes en las escrituras, así como acreditar la certeza de los actos y hechos jurídicos que hace constar en las actas y certificaciones como lo percibe con sus sentidos. Es decir, la fe pública es una figura jurídica creada para que un funcionario autorizado, profesional de derecho, como lo es el notario, dé certidumbre a los actos, palabras o escritos que requieren ser declarados como valederos y ciertos ante diversas circunstancias. De igual forma, es de citar el texto de los artículos 143 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, y 138 de la Ley del Notariado de Puebla, abrogada, los cuales son de idéntica redacción, para establecer el alcance de los documentos notariales. El texto de los mencionados artículos es: "Los documentos públicos notariales, mientras no fuere declarada judicialmente su falsedad, probarán plenamente que los otorgantes manifestaron su voluntad de celebrar el acto consignado en ellos, que hicieron las declaraciones y se realizaron los hechos de los que haya dado fe el notario y que éste observó las formalidades que mencionó." De esto resulta que por disposición expresa de la ley, los documentos otorgados por notario público en el ejercicio de sus funciones, harán prueba plena de los actos o hechos jurídicos que en ellos se consignen, salvo que judicialmente llegare a declararse su falsedad. Por tanto, cuando se presenta ante el notario un documento para que sea ratificado, esto se hace con la finalidad de dar certeza sobre la existencia del acto contenido en tal instrumento, ya sea que se trate de un contrato o cualquier otro documento. Bajo ese tenor, si al pasarse ante la fe del notario un documento para su ratificación -como en el caso a estudio lo fue de diversos contratos de compraventa- el mencionado fedatario público certifica ese acto cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, es decir, llevando a cabo lo previsto en el artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, o el artículo 123 de la abrogada Ley del Notariado de la misma entidad, resulta que esa certificación prueba plenamente la ratificación que en ella se consignó por el notario, salvo que judicialmente se declare lo contrario. Esto, porque como se mencionó, la fe pública que se ejerce sobre el acto notarial de ratificación tiene como efecto dar certeza de lo ocurrido, es decir, acredita la exactitud de lo que el notario hace constar conforme lo percibió con sus sentidos. Así también, no escapa a este estudio que el referido artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla -así como el numeral 123 abrogado-, establecen que la certificación en la que se contenga la ratificación del contenido de documentos o firmas "se hará constar en ellos", sin embargo, bajo esa redacción no es dable entender que la certificación respectiva obligadamente deba plasmarse en el mismo papel que constituye el documento en cuestión, pues ello, en ocasiones, por razón de espacio, o a fin de no alterar los documentos no es posible. Además, cuando los preceptos en análisis prescriben que la ratificación de documentos "se hará constar en ellos", se refiere al contenido formal del documento y no a las hojas de papel o al material en que se haya asentado su contenido. Esto es, la certificación en la que el notario hace constar la ratificación de un documento es parte integrante del mismo, lo que quiere decir que las hojas donde consta el acto a ratificar y la hoja donde se certifica la ratificación son un todo y ambas son parte integrante del documento ratificado. Por tanto, si como ya se explicó, el notario en su carácter de fedatario público cuenta con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Así, consideramos que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley. No obstante, no debe escapar a la vista el hecho de que si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, y con base en esa investidura ratifica el contenido de algún documento, si esta ratificación es realizada en hoja diversa al documento a ratificar y en ella no se asientan los datos suficientes que permitan identificar de manera plena el acto ratificado, queda fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a la hoja de ratificación hecha por separado, pues, por lo general, dicha hoja queda en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que pudieren incorporarla a un documento ajeno. En ese tenor, resulta que la ratificación notarial de un documento para ser válida no requiere de que necesariamente sea plasmada en el cuerpo del propio documento a ratificar, si se llevó a cabo cumpliendo con todos los requisitos previstos en la ley -en el caso, artículos 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, y 123 de la ley de la materia, abrogada-, con la salvedad de que si la mencionada ratificación se realiza en hoja separada al documento en cuestión, a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Lo anterior, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada Por tanto, si el notario en ejercicio de la fe pública que posee ratifica el contenido de cualquier documento; y si en el caso, la ratificación cumple todos los requisitos de ley, es decir, que conforme al artículo 128 de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, vigente, -o numeral 123 de la abrogada Ley del Notariado de la propia entidad-, en el documento respectivo se hizo constar la comparecencia y reconocimiento o ratificación de los firmantes, así como su identidad y capacidad, además, se asentó al final del documento la razón "Doy fe" o el "ante mi" con la firma y sello del notario, según disponen las leyes notariales que se han venido mencionando, se entiende que dicha ratificación notarial es válida aun cuando se haya realizado en diversa hoja a aquellas en las que se contiene el documento a ratificar, pues los preceptos legales citados no obligan a que se haga en el propio papel del documento que se ratifica, y por otro lado, la validez de un acto notarial de ratificación depende de que se cumpla con el principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos en función de la fe pública que ostenta el notario." De la ejecutoria transcrita, se advierte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que los notarios públicos cuentan con la atribución legal necesaria para dar certeza sobre la ratificación que de un documento se haga, y que ello no implica que necesariamente tal ratificación se tenga que plasmar en el propio cuerpo del documento a ratificar, dado que esa circunstancia equivaldría a poner en duda la fe pública de que el notario se encuentra investido. Agregó el alto tribunal, que la certificación en la que se haga constar la ratificación de un documento hecha ante notario público, es válida aun cuando se haga en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, siempre que se cumplan las formalidades de ley; esto es, que a fin de no romper con el principio de certeza que implica el ejercicio de la fe pública, en dicha hoja se deben hacer constar los datos suficientes que hagan totalmente identificable el acto que se ratifica. Que ello, no denota problemática alguna, puesto que en cumplimiento al principio de certeza de que deben estar dotados los actos emitidos por funcionarios investidos de fe pública, los notarios estilan hacer uso de diversos recursos para generar seguridad jurídica sobre los documentos que ante ellos se pasan y otorgan, como son el uso del sello de la notaría, el entresello del documento, el folio y rúbrica de las hojas, la aplicación de hologramas, la descripción de los actos autorizados en las certificaciones, entre otros, todo lo cual es utilizado para evitar que la autenticidad de los actos notariales pueda ser cuestionada. En la especie, la revisión de las constancias que integran el expediente del juicio de amparo que ahora se resuelve pone de manifiesto que la parte quejosa, para para acreditar su interés jurídico ofreció copia certificada del "Convenio de pago de pensión alimenticia, custodia y convivencia familiar que celebran por un lado Iris Patricia Gallo Razo y por el otro Carlos Alfonso Salomón Martínez", en cuya cláusula tercera se determinó "el domicilio que habitarán nuestros hijos y su progenitora lo es en el que fuera el domicilio conyugal, el cual, se ubica en Avenida Paseo del Punhuato, número 310-48, fraccionamiento Terrazas Tres Marías, de esta ciudad de Morelia, Michoacán"; inmueble que es materia del juicio de origen. El documento cuenta con una certificación elaborada el cinco de enero de dos mil veintiuno, por el Notario Público número Ciento Veintitrés, con ejercicio en esta ciudad de Morelia, Michoacán, de la que se advierte el cotejo de una copia fotostática simple del "Convenio de pago de pensión alimenticia, custodia y convivencia familiar que celebran por un lado Iris Patricia Gallo Razo y por el otro Carlos Alfonso Salomón Martínez" ratificado ante el diverso notario público Ciento Cincuenta y Ocho, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, este juzgador estima que dicho convenio privado carece de fecha cierta. Se explica. El convenio exhibido por la parte quejosa cuenta con una certificación de cinco de enero de dos mil veintiuno, de cotejo de copia simple efectuada por el Notario Público número Ciento Veintitrés [Luis Carlos García Estefan], en ejercicio y residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, de una diversa copia ratificada por el notario público Ciento Cincuenta y Ocho, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Sin embargo, la certificación efectuada por efectuada por el Notario Público número Ciento Veintitrés [Luis Carlos García Estefan], que se hizo en hoja aparte de los documentos que cotejó; y si bien, como ya se dijo en líneas anteriores, pueden ser válidas las certificaciones cuando se hagan en un papel anexo al que contiene el acto que se ratifica, para ello debe cumplir ciertas formalidades que le brinden certeza jurídica, lo que en el caso no ocurre, por lo que se irá describiendo las omisiones en que se incurrió. En efecto, en la referida certificación no se asentó qué tipo de documento se cotejó, y si bien se realizó el entresellado, no se asentó el número de folio, por lo que no se cumplió con el principio de certeza que estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida al resolver la Contradicción de tesis 17/2008-PS para considerarla válida. Ello, porque en la certificación de cinco de enero de dos mil veintiuno, el fedatario público no describió el documento que cotejó, ya que únicamente asentó que certificaba fotocopias y que concordaba fielmente con su original y tampoco cuentan con folio. Para evidenciar lo anterior se estima necesario traer a glosa la referida certificación: "El suscrito, licenciado Luis Carlos García Estefan, Notario Público número ciento veintitrés, en ejercicio y con residencia en esta ciudad, CERTIFICO: que las presentes fotocopias concuerda fielmente en todas y cada una de sus partes, la primera con su original de donde fue tomada y las últimas 02 dos con las copias certificadas por el licenciado Héctor Gustavo Pantoja Ayala, Notario Público número 158 ciento cincuenta y ocho en el Estado, de fecha 28 veintiocho de diciembre del año 2020, y que DOY FE de tener a la vista en 03 tres fojas útiles, por ambas caras, lo que HAGO CONSTAR para todos los efectos legales a que haya lugar.- DOY FE. Morelia, Michoacán, México a 05 cinco de enero del año 2021 dos mil veintiuno. LIC. LUIS CARLOS GARCÍA ESTEFAN NOTARIO PÚBLICO NO. 123 (GAEL711117Q36)". Lo que genera duda de si efectivamente esas personas firmaron el citado convenio en la data establecida en el mismo, pues aquella pudo haber sido plasmada con posterioridad. Lo que genera incertidumbre en este órgano jurisdiccional sobre el uso que se le haya dado a la hoja donde obra dicha certificación, esto es, de que efectivamente el convenio exhibido por la parte quejosa corresponda al documento respecto al cual el Notario Público número 123, efectuó el cotejó. Lo anterior es así, porque al haberse realizado la certificación en hoja aparte y además contar con las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, crea una seria duda en el que resuelve de que el documento exhibido por la parte quejosa haya sido manipulado, ya que al no constar en la citada certificación la descripción anterior, permite que la misma sea utilizada para cualquier documento. Por ejemplo, fácilmente el documento que se llevó a certificar puede ser de un contrato distinto, o de un inmueble diverso. En esas condiciones, si bien, en principio la fe pública del notario es incuestionable -salvo prueba en contrario-, también lo es, que en la mencionada certificación efectuada por el Notario público número ciento veintitrés, con ejercicio en la ciudad de Morelia, no se asentó dato suficiente que permitan identificar de manera plena el documento o documentos que le fue presentado; lo que ocasionó que quedara fuera del alcance del fedatario público controlar el uso que llegare a darse a la hoja de la certificación por separado, pues, ésta quedó en manos de los interesados, sin que se pueda tener la seguridad de que no se pudiere incorporar a un documento ajeno; lo cual contraviene el principio de certeza jurídica de que deben estar investidos los actos de los Notarios Públicos. Por lo que, como se advierte del texto de la certificación transcrita, en ella el fedatario público no describió el documento que coteja, ni asentó folio en las mismas; por lo que tampoco hay certeza de que el documento que certificó corresponda con el exhibido por la parte quejosa, pues ello genera duda de que hayan sido manipulados. Pero el punto medular para quien resuelve es que no hay seguridad jurídica de que el documento certificado por el Notario Público Número Ciento Veintitrés, haya sido el convenio exhibido por la parte quejosa, porque es muy fácil que haya manipulado dicha certificación, por las razones expuestas. Por tanto, este juzgador federal no puede llegar a la conclusión de que el documento de mérito tiene el alcance probatorio suficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa en relación con el derecho relativo al bien raíz que pretende defender en esta sede constitucional, ello, con base en las consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes. De ahí que la certificación de la copia de referencia no es suficiente para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, al carecer de fecha cierta. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 51/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 177926, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. VALORACIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS RATIFICADOS ANTE NOTARIO PARA ACREDITARLO. No es factible acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo indirecto cuando el quejoso reclama actos de desposesión derivados de juicio y ostenta la calidad de tercero extraño mediante la exhibición de un documento privado ratificado ante notario, en cuya certificación éste asentó que uno de los comparecientes se identificó con un documento que, por razones cronológicas, no pudo existir sino mucho después de la fecha de la ratificación, y está demostrado en autos que no hay error mecanográfico o de otra índole que explique ese desfase. Ello es así, porque si la ratificación ante el mencionado fedatario tiene como propósito dar fecha cierta al acuerdo de voluntades celebrado por las partes a fin de que tenga valor contra terceros, es incuestionable que cualquier elemento que permita dudar de la certeza en cuanto a la fecha, afecta al instrumento notarial." También, la tesis III.2o.A.54 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registro digital 171530, de rubro y texto siguientes: "CERTIFICACIÓN NOTARIAL DE UN DOCUMENTO PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS. NO PUEDE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA SI NO SE PRESENTÓ ANTE EL FEDATARIO PARA LA RATIFICACIÓN DE FIRMAS. La certificación efectuada por un notario público en el sentido de que dio fe de que la copia de un documento privado de cesión de derechos es fiel reproducción de su original, no es apta para concluir que ante aquél se generó determinado acto jurídico de traslación de derechos, ni evidencia que ante él se ratificaron las firmas que en el citado documento se consignan, si éste no se presentó ante el fedatario para tal efecto. De ahí que la certificación de la copia de referencia no es suficiente para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros, al carecer de fecha cierta." Por tanto, se colige que no obstante que la quejosa aduce ser propietaria del inmueble a que se refiere en la demanda, no está probado que, efectivamente, cuente con ese derecho. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. Por lo que, con ello, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por el agraviado, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a las autoridades responsables y que con antelación se precisaron. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que el sobreseimiento decretado, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que éste principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio 2a. LXXXI/2012 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2002139, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Por otra parte, no se analizará la diversa causa de improcedencia hecha valer por la moral tercera interesada, ya que al quedar demostrada la analizada en párrafos anteriores, sería ocioso hacerlo, pues no cambiaría el sentido del presente fallo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.54/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 195744, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador que Iris Patricia Gallo Razo acude al juicio de amparo en representación de sus menores hijos; sin embargo, la aplicación del principio de interés superior de la niñez no implica obviar el cumplimiento de los presupuestos de procedencia del juicio de amparo. Es aplicable la tesis XXVII.3o.130 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, registro digital 2018164, de rubro y texto: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Iris Patricia Gallo Razo, por su propio derecho y en cuanto representante legal de sus menores hijos Carlos, Cristina y Carola de apellidos Salomón Gallo; contra los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo del presente fallo, por las razones expuestas en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de marzo de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite el secretario del Juzgados Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del asunto promovido por ********************, en su calidad de apoderado de ********************.****************************************Ahora bien, y como lo solicita, remítase al juez competente los cuadernos incidentales de los que derivan el cuaderno principal, para los efectos legales conducentes.****************************************Por último, solicítese a la autoridad oficiante que de no tener impedimento legal o material alguno, se sirva acusar recibo de dichos cuadernos.****************************************Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Roberto Ponce de León Félix, asesor del tercero interesado, mediante el cual solicita copias del presente asunto. Con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa copias en los términos que solicita en su ocurso, previa identificación y recibo que se deje en autos para debida constancia legal. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.ORF
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