Iris Patricia Gallo Razo

Expediente 1224/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1224/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Iris Patricia Gallo Razo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, del acuse de recibo del oficio 22243, mismo que obra glosado en autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable rinda el informe justificado requerido en el presente asunto, pues el requerimiento respectivo le fue notificado el veintinueve de septiembre del año en curso. Para dar margen a que obre el informe justificado referido se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el informe previo signado por el Administrador Desconcentrado Jurídico en Michoacán "1", con residencia en esta ciudad; lo anterior, en virtud de que a las trece horas con treinta minutos del tres de octubre del año en curso se celebró la audiencia correspondiente y se resolvió en definitiva dicho incidente de suspensión. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio signado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita la vinculación del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa, al diverso 1263/2023, de su índice, con el fin de esté en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. En virtud de lo anterior, de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el sumario en que se actúa ya se encuentra disponible en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto; hágase del conocimiento lo anterior al juzgado homólogo en cita, a efecto de que comisione a su analista jurídico y lleve a cabo la vinculación correspondiente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad referida. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las trece horas con treinta minutos del tres de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al juicio de amparo 1224/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva, en términos del artículo 141 de la Ley de Amparo. Dentro del periodo probatorio el secretario da nueva cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y hace constar que las demás partes no lo hicieron. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas referidas y se declara precluido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Asimismo, dado que no hay pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara precluído el derecho de las partes para hacerlo. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del juez, quien resolverá en definitiva este incidente. C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. La parte quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable: Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: El embargo ordenado dentro del expediente 7S. 41/2018, respecto del inmueble posesión de la quejosa y sus menores hijos. Segunda. La autoridad responsable fue omisa en rendir su informe previo, aún y cuando quedó debidamente notificada del auto de veintiséis de septiembre del año en curso, tal como se advierte del oficio, el cual fue recibido el veintinueve de ese mes y año. En ese sentido, de conformidad con el artículo 142, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados a la referida autoridad, por las razones expuestas en el párrafo que antecede. Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado; en ese sentido, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en los artículos 125, 128, 129, y 131, de la Ley de Amparo y dado que existe solicitud expresa de la parte quejosa para decidir sobre la suspensión del acto reclamado. En consecuencia, se niega a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, toda vez que no acredita ni siquiera presuntivamente su interés jurídico para tal efecto, pues pese a que manifieste en su demanda que derivado de un juicio familiar, se determinó que la quejosa y sus menores hijos vivan en el inmueble como parte de la prestación de alimentos (vivienda) que está obligado a cubrirle su esposo, quien es el propietario del inmueble; circunstancia que únicamente la convierte en una simple poseedora precaria del bien, pues no acredita de manera alguna contar con un derecho para poseer el bien por sí. De lo anteriormente expuesto, se concluye que no puede ejercer un derecho independientemente al del propietario del inmueble a Carlos Alfonso Salomón Martínez. Es por ello que al no exhibir constancia alguna con la que acredite su derecho original o derivado, procede negar la suspensión definitiva solicitada, pues corresponde a los peticionarios de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente son titulares del derecho afectado con la ejecución del acto reclamado. Lo anterior es así, pues aún y cuando en un juicio familiar se haya determinado como parte de las obligaciones del deudor alimentario permitir el uso del bien inmueble mientras tal procedimiento se resuelve, ello no autoriza a la acreedora a impedir las facultades de diversa autoridad respecto del señalado bien, el cual no es propiedad de la parte quejosa y mismo que se está afectando en un procedimiento al deudor alimentario, quien sería el único que podría resentir un perjuicio que le pueda generar interés suspensional. Desde esa perspectiva por su calidad de poseedora precaria, debe considerarse que sólo tiene interés simple, lo cual no es suficiente para oponerse al procedimiento que se sigue en contra de su causante. Pues tratándose de posesión de bienes inmuebles, cuando la parte quejosa se ostenta tercera extraña a juicio es necesario la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que le genere el derecho a poseer -como sería, por citar algunas, un título traslativo de dominio, arrendamiento, usufructo, entre otros-. Lo anterior, debido a que sólo con dicho precepto legal estará en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender el inmueble antes descrito. Lo anterior es así, ya que la calidad de esposa e hijos de Carlos Alfonso Salomón Martínez, no les da derecho a poseer en forma independiente el inmueble, es decir, no se les otorga diverso derecho al que cuenta su esposo y menos aún sustentado en alguna figura jurídica que le transmita el derecho real que alega. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia P./J.1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo XV, página 5, de febrero de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187733, que a la letra dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En concordancia con lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.47/2018 (10a)., emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo l, página 224, de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018690, que a la letra dice: "INMUEBLE ESTABLECIDO COMO DOMICILIO CONYUGAL. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO DE UNO DE LOS CÓNYUGES QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EN EL JUICIO DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, ES INSUFICIENTE LA SOLA POSESIÓN MATERIAL. El artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que tratándose de actos provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, lo que constituye la exigencia del interés jurídico. Por otra parte, en relación con el derecho de posesión y el interés jurídico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 1/2002,(1) definió que la posesión constituye objeto de protección en el juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio del orden civil, siempre que se funde en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Con base en estas premisas, resulta que la figura del domicilio conyugal remite al establecimiento de una vivienda o lugar físico en donde los cónyuges vivirán para organizar su vida en común, sin que constituya una figura que genere "el derecho a poseer" un determinado inmueble, por tanto la posesión simple o mera tenencia material que ejercen los cónyuges sobre una vivienda a partir de la designación del domicilio conyugal, no es el tipo de posesión que se tutela en el juicio de amparo indirecto contra actos provenientes de tribunales judiciales, y por ello, resulta insuficiente por sí sola para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble, aun cuando el domicilio conyugal se haya establecido antes de la celebración del arrendamiento. Sin embargo, cuando la prueba de la posesión del domicilio conyugal, se complementa con la prueba de algún título sustentado en una figura jurídica (diversa al contrato de arrendamiento controvertido) o en un precepto legal que genere el derecho a poseer el domicilio conyugal (como podría ser que uno de los cónyuges es propietario del inmueble), tales elementos sí podrían servir en su conjunto para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo en el que uno de los cónyuges se ostenta tercero extraño al procedimiento judicial de arrendamiento que culminó en condena para su consorte con orden de lanzamiento del respectivo inmueble y el establecimiento del domicilio conyugal fue previo a la celebración del arrendamiento. Lo anterior, sin que el reconocimiento del interés jurídico implique pronunciamiento alguno respecto de la cuestión de fondo, la que quedaría sujeta a que las pruebas o argumentos de la parte quejosa, arrojaran razones jurídicas para sostener que existió, o no, un derecho de audiencia que debió respetarse en el procedimiento cuya tramitación y resolución se reclama. Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia l.5o.C.96 C(10)a., emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicada en el Tomo lV, página 2725, de Marzo de 2017, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2014049, que a la letra dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. LA CALIDAD DE SIMPLE DETENTADOR MATERIAL DEL INMUEBLE, SIN TÍTULO JURÍDICO QUE AVALE LA POSESIÓN NO PUEDE ACREDITAR AQUÉL, AUNQUE EL QUEJOSO SEA MENOR DE EDAD. El interés superior del menor obliga al juzgador a tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo, así como el pleno ejercicio de sus derechos, fundándose en la dignidad del ser humano, en las características de aquél y en la situación particular en que se halle, pero cuando el quejoso menor se ostenta como persona extraña al juicio civil y dice poseer el inmueble litigioso, porque lo ocupa en compañía de sus padres, su pertenencia a un sector considerado como vulnerable no genera la existencia de derechos posesorios, si no se acredita una calidad distinta a la de simple ocupante. Ello es así, toda vez que ningún ordenamiento prevé la posibilidad de que el juzgador reconozca o constituya a favor de un menor un derecho que no esté debidamente acreditado en el procedimiento judicial, por el solo hecho de ser menor de edad. En el juicio de amparo la posesión es susceptible de protegerse, pero será aquella definida por el derecho común y el quejoso que se ostente como persona extraña al juicio civil y poseedor de un inmueble objeto de una controversia, debe exhibir un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Ahora bien, respecto de la suspensión del acto reclamado existe la posibilidad de que el quejoso reclame la orden de desposesión de un inmueble y solicite la medida cautelar, pero le corresponde la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de esa posesión sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución del acto. El marco jurisprudencial y legal permite concluir que la posesión de un inmueble es susceptible de protegerse a través del juicio constitucional, siempre y cuando derive de un título basado en alguna figura jurídica o precepto de la ley común y puede decretarse la suspensión del acto reclamado que pretenda despojar de esa posesión cuando el quejoso acredite, al menos de forma presuntiva o indiciaria, la titularidad de ese derecho posesorio sustentado en una causa legal que podría afectarse con la ejecución de dicho acto. Por el contrario, si un menor sostiene que posee el inmueble basado en la titularidad de un derecho de esa naturaleza y sustenta la acción constitucional en una posesión de hecho, entendida como aquella que se ejerce sobre un inmueble por la circunstancia de que en ese lugar vive en compañía de sus padres, como simple detentador material de éste, sin título jurídico que avale dicha posesión o, en su caso, invoca un derecho del que hace derivar la posesión, pero no la acredita, la suspensión definitiva no será procedente, pues en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, el otorgamiento de la suspensión no puede tener como efecto constituir derechos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda de amparo, aun tratándose de menores de edad; es decir, el juzgador estará obligado a garantizar los derechos del niño, siempre y cuando existan y estén acreditados pues, de lo contrario, no existe derecho que garantizar." De igual manera, resulta relevante la jurisprudencia l.4o.C.110 C, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicada en el Tomo XXV, página 2007, de Enero de 2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 173516, que a la letra dice: "POSEEDOR Y OCUPANTE DE UN INMUEBLE. SUS DIFERENCIAS PARA EFECTOS DEL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE OSTENTAN COMO TERCEROS EXTRAÑOS AL JUICIO CIVIL. Para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer; de manera que el quejoso tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate y no tener el carácter de simple detentador material del inmueble, en virtud de que esa no es la posesión que protege el artículo 14 constitucional; entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En esas condiciones, no debe confundirse al poseedor de un inmueble con su simple ocupante, pues mientras que el primero ejerce un poder de hecho al amparo de un título que define la calidad de su posesión, originaria o derivada; el segundo, esto es, el ocupante simplemente es la persona que habita el inmueble que carece de título, ya que depende de quien ejerce la posesión. En virtud de lo anterior, tenemos que la parte quejosa, no tiene un derecho real sobre el bien inmueble que defiende, por lo que no es posible constituirle uno que no tenía antes de la promoción del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, como lo establece el artículo 131 de Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular del derecho afectado con la ejecución del acto reclamado le corresponde a la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E: Único. Se niega a Iris Patricia Gallo Razo, por sí y en representación de los menores de iniciales C.S.G, C.S.G y C.S.G, la suspensión definitiva respecto de la autoridad responsable y de lo precisado en la consideración segunda. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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