Irineo Alvarado Arroyo

Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 36 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
732/2020
Año
2020
Actuaciones
36
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Irineo Alvarado Arroyo
  • Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, con residencia en Zitácuaro, Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 36.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que por una parte se sobreseyó, y por otra se negó el amparo en el presente expediente, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán, el disco compacto que allegó al presente asunto, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa y a la Asesora Jurídica María Luisa Malagón Quinto de la Víctima indirecta Josefina Galván Gómez por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 27 de mayo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c),de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 732/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental y disco compacto que allegó la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, Michoacán. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la totalidad de las partes formularon alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de mérito. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, ********************por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán y de otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 22 de la Constitución. Segundo. Radicación, admisión de la demanda. Por razón de turno le tocó conocer a este juzgado de Distrito, en donde se registró bajo el número 732/2020, y el seis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite; asimismo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsable y se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal de la Adscripción. Con posterioridad, se reconoció el carácter de terceros interesados a Ruperto Lucatero Sánchez y Santos Gómez Herrera, quienes actuaron en el proceso penal de origen en cuanto Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Huetamo, Michoacán, ordenándose su emplazamiento -proveído de once de diciembre de dos mil veinte-. De igual forma, el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Josefina Galván Gómez, madre de la víctima directa Felipe Torres Galván, a quien se ordenó emplazar a juicio; así, seguido el juicio por sus trámites legales, celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues la orden de aprehensión reclamada es susceptible de tener ejecución material en el ámbito territorial sobre el que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por el quejoso Irineo Alvarado Arrollo, es: La orden de aprehensión dictada en su contra el veinte de agosto de dos mil veinte, dentro de la causa penal ZIT-260/2020, por el delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 117, 122, 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado, en agravio de Felipe Torres Galván; así como su ejecución. Acto que atribuyó a las siguientes autoridades: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán; Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Zitácuaro, Michoacán. Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión reclamada, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En ese sentido, se tiene por inexistente el acto reclamado a la autoridad en cita. De modo que, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la autoridad de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza de los actos. El Juez de Control y enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán y el Coordinador General de la Policía de Investigación (en la denominación correcta de la autoridad señalada como Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía General de Justicia del Estado), aceptaron la existencia de los actos reclamados, lo que se corrobora con el disco magnético que remitió la primera de las autoridades citadas, como complemento a su informe justificado, en el que obra la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión desahogada el veinte de agosto de dos mil veinte. Probanza que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Quinto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado aduce, que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues refiere que el quejoso no demostró encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y que por tanto, no acreditó una afectación en su interés jurídico o legítimo. Lo argumentado en torno a dicha causa de improcedencia es infundado, ya que de autos se advierte que en contra del quejoso, se emitió una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, por lo que, si ésta constituye la materia del acto reclamado, evidentemente afecta su interés jurídico, pues lo considera violatorio de sus derechos; además, no se advierte que en el presente juicio los actos reclamados consistan en una norma, como lo refiere el representante social adscrito. Por tanto, toda vez que no se hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. Sexto. Análisis de fondo. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." El peticionario de amparo manifiesta en esencia, que el juez responsable vulneró en su perjuicio el contenido de los artículos 1º,14 y 16 de la Constitución; en virtud de que la orden de aprehensión emitida en su contra no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Como ya se adelantó los conceptos de violación devienen infundados. Para dar sustento a la premisa anterior, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: Que sea dictada por autoridad judicial competente; Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Que el mandamiento se emita por autoridad competente. El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión que se reclama la emitió una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán. Se estima lo anterior, porque de los artículos 1, 20, 133, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 37, 38, 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán; de los que se desprende, en esencia, que los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; que el Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que ese Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que son atribuciones del Juez de Control: resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; presidir las audiencias que legalmente le corresponda y asumir las decisiones atinentes al caso, entre otros. Así la juez responsable tomó en consideración que los hechos delictivos acontecieron en la localidad de Zicuirán, Tenencia de Turitzio de Huetamo, Michoacán, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción el Juez responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que la Juez de Control de la Región Zitácuaro, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. Que preceda querella o denuncia. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, se cumplió en el caso, ya que la carpeta de investigación que se integró en contra de ********************fue por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122, 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado, con pena privativa de libertad. Ello, debido a la denuncia formulada por Josefina Galván Gómez. Que los datos de prueba expuestos por el fiscal, determinen la acreditación de un hecho señalado por la ley como delito. Para justificar que se actualiza el cumplimiento del requisito del inciso c), es importante mencionar que los numerales que prevén y sancionan el hecho delictivo que nos ocupa disponen lo siguiente: Código Penal del Estado de Michoacán. "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá una pena de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: [.] b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él;" A fin de afirmar que efectivamente existe un hecho previsto y sancionado por los numerales transcritos, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, son los siguientes: Noticia criminal de treinta de junio de dos mil vente, suscrita por el Agente de la Policía de Investigación, Felipe de Jesús Molín Pérez [Min 18:39:47]. Informe policial homologado de treinta de junio de dos mil veinte, suscrito por Fidencio Díaz [Min 18:40:49]. Acta de reconocimiento e identificación realizada por Josefina Galván Gómez, el treinta de junio de dos mil veinte, ante el Agente del Ministerio Público de Huetamo, Michoacán, en la que reconoce e identifica el cadáver de quien en vida respondiera al nombre de Felipe Torres Galván [Min 18:40:49]. Testimonio de Josefina Galván Gómez rendida ante la representación social [Min 18:43:30]. Acta de reconocimiento e identificación de cadáver realizada el treinta de junio de dos mil veinte por Carlos Alfredo Romero Galván, ante el Agente del Ministerio Público de Huetamo, Michoacán [Min 18:47:36]. Testimonio de Carlos Alfredo Romero Galván, rendida ante la representación social [Min 18:48:18]. Acta de entrevista de testigo de Rigoberto Aguirre Aguirre, de treinta de junio de dos mil veinte, ante la representación social de Huetamo, Michoacán [Min 18:48:52]. El acta de entrevista del testigo Guillermo Romero Vázquez, de primero de julio de dos mil veinte [Min 18:56:08]. Informe pericial de necropsia médico legal, de quien en vida respondía al nombre de Felipe Torres Galván, de treinta de junio de dos mil veinte, suscrito por la Perito Médico Forense adscrita a la Coordinación de Servicios periciales de la Fiscalía [Min19:00:06]. Dictamen pericial de inspección de lugar y levantamiento de cadáver de treinta de junio de dos mil veinte, suscrito por el perito técnico criminalista J. Inocencio Mariano Martínez [Min 19:03:01]. Dictamen en materia de química forense de radisonato realizado a Felipe Torres Galván, de seis de julio de dos mil veinte, por el perito Raymundo Suárez García [Min 19:09:04]. El acta en química forense relacionada a prueba de walker, en ropa pertenecientes al cadáver de seis de julio de dos mil veinte, suscrita por el perito Raymundo Suárez García [Min 19:09:46]. Dictamenes en materia de químico forense toxicológico, en la muestra de sangre de Felipe Torres Galván de seis de julio de dos mil veinte, por el perito Raymundo Suárez García [Min 19:12:18- Min 19:12:55 Min19:13:37]. En concordancia con lo anterior, determinó la juez responsable, la existencia de un hecho que reviste el carácter de delito, toda vez que el día treinta de junio del dos mil veinte, alrededor de las diecisiete horas, la víctima Felipe Torres Galván se encontraba con ********************en la Avenida principal de Zicuirán, Tenencia de Turitzio de Huetamo, Michoacán, cuando comenzaron a insultarse, forcejearon; que la víctima traía un tubo en sus manos y el imputado un rifle calibre veintidós. Que la víctima le dio golpes a Irineo con el tubo en la cabeza, este sangró e intentó pegarle con el rifle; que al seguir con esas agresiones y forcejeando se fueron recorriendo rumbo a una cerca de alambre de púas y fue ahí en donde Irineo le disparó a Felipe a la altura del pecho, produciéndole las lesiones que le causaron la muerte, a saber una hemorragia toráxica interna por laceración de órganos internos pulmón derecho, hirio pulmonar secundario a la penetración de arma de fuego a tórax; que posteriormente el imputado se retiró del lugar. En concordancia con lo anterior, debe decirse que el juez responsable en forma correcta tuvo por acreditado el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en perjuicio de Felipe Torres Galván. Es así, pues advirtió que con los medios de prueba aportados, quedó evidenciado que en las referidas circunstancias de tiempo, modo y lugar Felipe Torres Galván fue privado de la vida, por proyectil de arma de fuego, de las que destacó además de los dictámenes periciales, el testimonio de Rigoberto Aguirre Aguirre quien se percató que alrededor de las diecisiete horas del treinta de junio de dos mil veinte, tanto la víctima como el investigado, forcejearon afuera de su casa que vio que la víctima traía un tubo y el imputado un rifle calibre 22, que Felipe le pegaba en la cabeza a Irineo con el tubo y que posteriormente este último le apuntaba a aquél con el rifle, que forcejearon y se recorrieron hacia una cerca y que fue en ese lugar en que Felipe disparó el rifle en varias ocasiones a la víctima, que vio que cayó y que Irineo se fue, entró a su casa y después llegó la señora Josefina madre de la víctima. Calificativa. De igual manera, la juez penal señaló que en la especie se encontraba justificada La calificativa prevista por el artículo 135, fracción I, inciso b) del Código Penal del estado, al considerar que la víctima no se encontraba en las mismas circunstancias que el sujeto activo, dado que mientras el primero portaba un tubo con el cual le golpeó la cabeza al imputado, éste traía un arma de fuego con la cual le disparó, es decir existía una evidente ventaja Probable participación. La juez responsable estimó, que con base en los datos de prueba antes citados, el quejoso ********************fue quien probablemente discutió, forcejeó y le disparó a la víctima con un arma de fuego, produciéndole las lesiones que le causaron la muerte. Lo que evidenció principalmente, con el testimonio de Rigoberto Aguirre Aguirre, quien presenció el momento en el que la víctima y el quejoso pelearon y forcejearon; vio que el primero traía un tubo con el cual golpeó a Irineo en la cabeza quien sangró, y este último portaba un rifle; que se fueron recorriendo hacia una cerca y que fue ahí cuando el imputado le disparó a la víctima, retirándose del lugar y que después de unos veinte minutos salió de su casa encontrándose a Josefina madre de la víctima, quien le reclamó lo sucedido. Testimonio respecto del cual adujo que si bien era único, señaló las circunstancias de tiempo, modo y lugar, identificó al quejoso, proporcionó sus características, precisó que era vecino del lugar, lo que podría ser un señalamiento de manera directa. Medio de convicción, que también se encontraba corroborado con el diverso deposado de Josefina Galván Gómez, madre de la víctima, quien señaló que fue informada de lo ocurrido, motivo por el que acudió al lugar de los hechos, que se encontró con el imputado a quien le reclamó del porqué le había hecho eso a su hijo y éste le respondió que fue porque estaba enamorado de su esposa; vio que se subió a una camioneta y se retiró, aspecto último del cual también hizo referencia Rigoberto Aguirre Aguirre. Aunado a que del informe químico forense, del tubo recolectado, se concluyó que la sangre que tenía era de una persona humana. Necesidad de cautela. En cuanto a la necesidad de cautela para poder emitir la orden de aprehensión reclamada, debe decirse que fue solicitada por la fiscalía, la que se concedió, en razón de que al encontrarse el hecho delictivo dentro del catálogo que amerita prisión preventiva oficiosa, se podía ver afectada la comparecencia del imputado a la audiencia inicial. Además que de los testimonios de Josefina Galván Gómez y Rigoberto Aguirre Aguirre, se advertía que después de ocurridos los hechos que se le imputan, salió de su casa con bolsas en una camioneta rumbo a la carretera, lo que según la lógica hace pensar, que si accionó un arma y privó de la vida a otra, es que este estuviera emprendiendo una acción de sustracción de la justicia; motivo por el que la juez dictó orden de aprehensión en su contra, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto en los artículos 117, 122, 135 fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado. Circunstancias de tiempo, modo y lugar. Se reitera, que la juez responsable consideró que los datos de prueba son suficientes para establecer razonablemente que el día treinta de junio del dos mil veinte, alrededor de las diecisiete horas, la víctima Felipe Torres Galván se encontraba con ********************en la Avenida principal de Zicuirán, Tenencia de Turitzio de Huetamo, Michoacán, cuando comenzaron a insultarse, forcejearon; que la víctima traía un tubo en sus manos y el imputado un rifle calibre veintidós. Que la víctima le dio golpes a Irineo con el tubo en la cabeza, este sangro e intentó pegarle con el rifle; que al seguir con esas agresiones y forcejeando se fueron recorriendo rumbo a una cerca de alambre de púas y fue ahí en donde Irineo le disparó a Felipe a la altura del pecho, produciéndole las lesiones que le causaron la muerte, a saber una hemorragia toráxica interna por laceración de órganos internos pulmón derecho, hirio pulmonar secundario a la penetración de arma de fuego a tórax; que posteriormente el imputado se retiró del lugar. Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por el quejoso existen datos de prueba idóneos pertinentes y suficientes para emitir una orden de aprehensión en su contra, porque con los referidos por el fiscal se acreditan los elementos constitutivos del hecho delictuoso de homicidio calificado, así como su probable intervención en su comisión. De tal forma, también es infundado el argumento de que el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, pues la autoridad responsable refirió que la conducta que se imputa al peticionario de amparo, encuadra con lo establecido en los artículos 117, 122, 135 fracción I, inciso b) del Código Penal del Estado. Es así porque el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad. Cabe señalar que tal derecho de legalidad se encuentra previsto en el artículo 16 constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad, circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, también resulta infundado el concepto de violación que se analiza, pues en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñadas por el agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. Asimismo, es dable destacar, que resulta innecesario que se pronuncie una diversa resolución por escrito, ya que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento que tomó en cuenta el juzgador para pronunciar su decisión, es la videograbación del desarrollo de la audiencia; ello atento a las razones vertidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que quedaron plasmadas en la tesis 1a. XXVIII/2019 (10a.), del Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 789, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro digital: 2019617, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA. Al ser la orden de detención, un acto dictado en la audiencia por el Juez de Control, en el que deberá expresar el fundamento legal y las razones por las que lo emitió, será innecesario que pronuncie una diversa resolución por escrito, ya que la constancia que dota de seguridad jurídica al imputado para conocer las razones y el fundamento que tomó en cuenta el juzgador para pronunciar su decisión, es la videograbación del desarrollo de la audiencia. Máxime que de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, el Constituyente determinó que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, como es el proceso penal acusatorio y oral, bastará con que quede constancia del acto de molestia por cualquier medio, no sólo por "escrito". En otro orden, tampoco le asiste la razón al peticionario de amparo en cuanto esencialmente aduce que se vulnera en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, en razón de que ésta resulta una medida que tiene como objetivo, localizar a la persona contra la que se emitió y ponerla a disposición del juez que la dictó, para dar paso a la audiencia de formulación de imputación, con el fin de que se dicte, en su caso, un auto de vinculación a proceso, el que constituirá una autorización para continuar con la investigación de los hechos, de manera formalizada y judicializada. De ahí que para efectos de la etapa procesal de que se trata -emisión de la orden de aprehensión- resulta inaplicable la argumentación relativa al aludido principio de presunción de inocencia. Finalmente, devienen inatendibles los motivos de inconformidad en los que se aduce que existe riesgo inminente de que en caso de ser privado de su libertad, se le apliquen golpes y tormentos para confesar hechos delictuosos que no hubiese cometido, en razón de que ellas son apreciaciones subjetivas carentes de sustento. En consecuencia al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso ********************y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo, se sobresee el presenta juicio de amparo promovido por ********************respecto del acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, en Morelia con residencia en esta ciudad. Segundo. Por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************contra los actos reclamados al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro y Coordinador General de la Policía de Investigación con residencia en esta ciudad. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el telegrama que remite la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huetamo, Michoacán, mediante el cual informa que el despacho sin número ya fue devuelto, sin que haya lugar a realizar un pronunciamiento sobre el fondo de la promoción, en virtud de que en auto de seis de mayo del año en curso, se tuvo por recibida la comunicación oficial y se proveyó al respecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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