Irma Angeles Leon

Expediente 1358/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1358/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Irma Angeles Leon

Actuaciones

  1. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 939/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial el veintiséis de agosto del año pasado por ********************, recibida al día hábil siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Morelia y turnado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós a este órgano jurisdiccional, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y actos mencionados a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán. 2.- Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán. 3.- Titular de la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarias. 4.- Directora del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán. Todos con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: ".1. Del C. Gobernador Constitucional de Michoacán de Ocampo Se reclama la expedición, promulgación y orden de publicación del Acuerdo mediante el cual se designa al Licenciado ********************, Notario Público Titular Número ******************** ciento noventa y dos, con ejercicio y residencia en el Distrito judicial de Zitácuaro y residencia en Tuxpan, Michoacán, que tiene por finalidad designar la titularía de la Notaria ********************, de manera inconstitucional contraviniendo los principios de legalidad, debido proceso, audiencia previa y seguridad jurídica, emitiéndose con notoria mala fe para privar al quejoso de su derecho adquirido. 2. Del C. Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo Se reclama la expedición, promulgación y orden de publicación del Acuerdo mediante el cual se designa al licenciado ********************, Notario Público Titular Número ******************** ciento noventa y cinco, con ejercicio y residencia en el Distrito judicial de Zitácuaro y residencia en Tuxpan, Michoacán de Ocampo, que tiene por finalidad designar la titularía de la Notaria ********************, de manera inconstitucional contraviniendo los principios de legalidad, debido proceso, audiencia previa y seguridad jurídica, emitiéndose con notoria mala fe para privar al quejoso de su derecho adquirido. 3. Del C. Titular de la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarias: Se reclama los actos relacionados con la aplicación y ejecución del Acuerdo mediante el cual se designa al licenciado ********************, Notario Público Titular Número ******************** ciento noventa y cinco, con ejercicio y residencia en el Distrito judicial de Zitácuaro y residencia en Tuxpan, Michoacán de Ocampo, tildado de inconstitucional. 4.- Del C. Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo. Se reclama la publicación del Acuerdo mediante el cual se designa al licenciado ********************, Notaria Pública Titular Número ******************** ciento noventa y cinco, con ejercicio y residencia en el Distrito judicial de Zitácuaro y residencia en Tuxpan, Michoacán de Ocampo, tildado de inconstitucional.." SEGUNDO. Trámite. Por proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad jurisdiccional con sede en esta ciudad, en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004, se procede a fijar en forma clara y precisa el acto reclamado en la presente litis constitucional, el cual se advierte del análisis integral de la demanda de garantías, en vinculación con la totalidad de la información que obra en el presente juicio. Así, de la demanda de amparo se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, son sede en esta ciudad. La expedición, promulgación, orden de publicación y la propia publicación del Acuerdo mediante el cual se designa al licenciado ********************, Notario Público Titular Número ******************** ciento noventa y cinco, con ejercicio y residencia en el Distrito judicial de Zitácuaro y residencia en Tuxpan, Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo, el cinco de agosto de dos mil veintidós, en el número 92, del tomo CLXXX. De la Titular de la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarias. La aplicación y ejecución del citado acuerdo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, todos del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Además, dicha certeza respecto a la emisión y publicación del acuerdo impugnado se encuentra probada con el hecho de que sus actos se encuentran publicados en el diario oficial del Estado, el cual, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no está sujeto a prueba, al tratarse de hechos públicos y notorios. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cita: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por su parte, la Titular de la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarias, residente en esta ciudad negó la existencia de los actos reclamados, sin embargo, al atribuírsele la aplicación del acuerdo reclamado mismo que corresponde en parte a ella, por los registros que debe hacer, se desvirtúa dicha negativa y se tienen por ciertos los actos a ella atribuidos. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia del juicio, sea que las propongan las partes o que se hagan valer de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5 y 6 de dicho ordenamiento y 107, fracción I, de la Constitución Política, dado que la promovente del amparo ******************** no acreditó un interés jurídico, ni legítimo para acudir al juicio de amparo. Ahora, a efecto de analizar si se actualiza la causal de improcedencia citada, es preciso señalar que el juicio de amparo, por su naturaleza extraordinaria, se rige por principios fundamentales contenidos en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, los cuales lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Entre esos principios rectores se encuentra el de agravio personal y directo que se exige para la procedencia de la acción constitucional, previsto en la fracción I del citado precepto constitucional, y en los numerales 5, fracción I y 6 de la ley de la materia, que guardan relación estrecha con la fracción XII del arábigo 61 de la mencionada legislación, los cuales disponen lo siguiente: De la Constitución Federal: "Artículo 107. "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De la Ley de Amparo: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ." Conforme a dichos numerales el juicio de amparo indirecto procede contra leyes u ordenamientos generales que por su sola vigencia o con motivo del primer acto de aplicación causen un agravio a la parte quejosa. En el juicio de amparo contra leyes, para acreditar que el quejoso cuenta con interés jurídico o bien, legítimo para controvertir una norma general, es indispensable que ésta haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un perjuicio real y concreto, ya sea por su sola vigencia o por su aplicación mediante un acto material o jurídico concreto. Así, el juicio de amparo será improcedente cuando el acto reclamado no lesiona el interés jurídico o legítimo del quejoso. Dichas figuras (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas. El primero -interés jurídico- se identifica como un derecho subjetivo, derivado de una norma objetiva, a favor de un sujeto determinado, resultando en consecuencia para éste una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad que trastoque ese derecho; por lo que, para que un gobernado pueda estar en aptitud de solicitar el amparo de la justicia federal, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho legítimamente tutelado por el orden normativo vigente, y que aquél haya sido vulnerado por actos de la autoridad. El segundo -interés legítimo- consiste en el poder de exigencia con que cuenta un sujeto, que si bien no esgrime a su favor un derecho subjetivo, impugna la actuación -o la omisión- de una autoridad, bajo el argumento que con ello se le afecta, dada una situación favorable o ventajosa en la que se encuentra respecto de determinadas disposiciones jurídicas; supone un beneficio jurídico a favor del accionante, el cual puede ser en el ámbito económico, profesional, etcétera, pero al no acreditarse tal beneficio se tiene únicamente un interés simple. En otras palabras, el interés jurídico, busca la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos derechos de grupo o individuales indirectos. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En relación con el interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado los aspectos siguientes: Se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales, sin que se requiera de una facultad otorgada a cierta persona por el orden jurídico. El demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante; Requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, Ante una eventual sentencia de protección constitucional, el quejoso debe obtener un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro, pero cierto. Lo anterior se obtiene de la tesis de jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del siguiente tenor: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Así las cosas, para la acreditación del interés legítimo como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, es necesario que los intereses del gobernado se vean afectados por el acto de autoridad, correspondiendo a éste acreditar que se ubican en el supuesto de afectación. Al presente juicio constitucional acude el quejoso porque considera que la expedición, promulgación y publicación del acuerdo por el que se designó al titular de la Notaria ********************, así como su aplicación, Notaría respecto de la cual refiere tener un derecho reconocido al haber participado en una convocatoria anterior -publicada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno-, vulnera los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y de audiencia previa, contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política, en cuanto vulnera sus derechos fundamentales de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y debido proceso. Además, refiere que se le priva del derecho de acceder a un cargo público o función del Estado; derecho que se le reconoció mediante la constancia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por el Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo. Para acreditar su dicho exhibió en copia cotejada el acuerdo materia de reclamo, que, como se dijo en el considerando cuarto, su existencia se encuentra acreditada dada su naturaleza y obligatoriedad, al tratarse de un ordenamiento público. Asimismo, exhibió en copia cotejada constancia de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, expedida por el entonces Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, en la que se asentó que la misma constituía un reconocimiento de derechos al haber acreditado los requisitos y haber aprobado los exámenes relativos a la convocatoria para designación de Notarios publicada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Así como copia simple de su credencia para votar expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, pese a dichos documentos la quejosa no acredita contar con interés jurídico, ni legítimo para reclamar la designación de la titular de la notaría citada; ya que no justifica contar con la titularidad de un derecho a su favor, ni que exista un perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho proveniente de las autoridades responsables, que le ocasionara un agravio personal y directo (interés jurídico), tampoco evidenció en forma alguna que el acuerdo reclamado le irroga perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, no acredita una afectación a sus derechos difusos (interés legítimo), entendidos éstos como su interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que en caso de concederse el amparo le trajera un beneficio jurídico derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Se afirma lo anterior, en virtud que el quejoso no acreditó cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, para obtener el nombramiento de titular de la notaría en cita, alguna otra, pues no exhibió medio de prueba alguno para acreditar que reúne las exigencias que precisa la ley para aspirar a las Notarías de reciente creación o vacantes. Si bien exhibe una constancia que refiere le reconoció el derecho para ocupar la Notaría ******************** mencionada, la misma quedó sin efectos al haberse nulificado la convocatoria y sus consecuencias, misma que le había dado origen. Nulidad que fue del conocimiento del público, general, al haberse publicado el cinco de agosto de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial, como de la propio quejosa -al menos desde que presentó la demanda que dio origen a este asunto-, pues refirió al respecto lo siguiente: . No es obstáculo de lo anterior que el Ejecutivo del Estado emitiera otro pretendido acuerdo en misma fecha 05 de agosto del presente año que pretende nulificar la convocatoria de fecha 19 de julio de 2021, que derivó en la constancia que le reconoce a la suscrita el derecho para que en el momento oportuno se realice el nombramiento respectivo como Notaria Pública Titular de la Notaría Pública número ******************** ciento noventa y cinco del distrito judicial de Zitácuaro, ya que el mismo es materia de diverso juicio contencioso administrativo. (Foja 21). De lo que se advierte que conocía de la nulidad del proceso de designación de notarios relativo a la convocatoria de data diecinueve de julio de dos mil veintiuno, lo cual no combatió en esta instancia sino, a su decir, en la vía contenciosa administrativa, lo que se toma como una confesión de su parte y que no permite el análisis de dicha nulidad. De lo expuesto se advierte la nulidad del proceso de designación de notarios relativa a la convocatoria publicada el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, y sus consecuencias, incluida la constancia con la que el quejoso refiere acreditar su interés; además de que en la Dirección de Notarias no se cuenta con evidencia de los exámenes y calificaciones derivadas de ese proceso. De igual forma, del informe justificado del Gobernador del Estado de Michoacán, se advierte que manifestó que se inició un nuevo proceso de designación de notarios, el cual fue publicado el cinco de agosto de dos mil veintidós, lo cual se corrobora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán. Así como, la publicación de uno de agosto de dos mil veintiuno, donde se dio a conocer fecha y hora para la aplicación del examen teórico práctico a los aspirantes a Notarios, el que tuvo verificativo el cuatro siguiente. Por lo que, al haber quedado sin efecto la convocatoria de diecinueve de julio de dos mil veintiuno y haberse iniciado nuevo procedimiento, el quejoso debió haber acreditado haber participado en éste, para impugnar su resultado, lo que no hizo. Tampoco acreditó cumplir con los requisitos establecidos en los numerales 21, 22 y 23 de la Ley del Notariado: Ser ciudadano mexicano por nacimiento, haber cumplido veintiocho años de edad, estar en pleno uso de sus derechos, acreditar buena conducta, y no pertenecer al estado eclesiástico; Tener residencia y domicilio efectivo e ininterrumpido en el Estado, por más de tres años; Ser Licenciado en Derecho, contar con cédula profesional y acreditar cinco años de ejercicio profesional; Gozar de buen estado de salud física y mental; No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso o preterintencional; Acreditar haber tomado y aprobado el curso de práctica y actualización notarial, que imparta el Colegio de Notarios del Estado. La asistencia a dicho curso y su aprobación no debe tener una antigüedad mayor de dos años a la fecha en que se practique el examen de oposición correspondiente; y, Aprobar el examen de oposición, teórico práctico a que se refiere la base cuarta de la presente Convocatoria, con una calificación mínima de ocho, sobre un máximo de diez. Lo que hace patente que la quejosa acudió a instar la protección constitucional con el interés que le concierte a todos los integrantes de la sociedad, lo que se traduce en que el grado de afectación en su esfera de derechos no es cualificado, personal o directo; es decir, con un interés simple, como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado, insuficiente para instar el juicio constitucional, ya que una posible sentencia concesoria del amparo no le traería beneficio alguno. Se invoca a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de voz y contenido siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Se afirma lo anterior, pues al no haber participado en el nuevo proceso de designación de notarios ni haber acreditado contar con todos los requisitos para ello, la eventual concesión del amparo no podría concretar sus efectos en términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, en la esfera jurídica del quejoso. Esto es, porque al margen de que llegara a ser dable alegar que el beneficio jurídico de una sentencia protectora le permitiría ser considerado para ocupar la titularidad de la notaría ******************** o alguna otra, lo cierto es que con ello no se eliminaría el obstáculo relativo a que dicho beneficio debe ser real, objetivo e inmediato, como elemento integrador del interés legítimo, para lo cual se requería acreditar que presentó su solicitud y que ésta le fue rechazada, pues su pretensión se basa en una situación hipotética que no distingue a la pretensión del resto de los ciudadanos. Por lo anterior, es que se considera que el quejoso no acreditó que el acuerdo reclamado en que se designó a la titular de la Notaría Pública Número ******************** del Estado le genere una afectación real y actual en sus derechos, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 5 de la propia norma; es decir, no justificó contar con interés jurídico o legítimo, necesarios para la procedencia de esta instancia constitucional, en términos del artículo 61 fracción XII de la ley de la materia. Por ende, al no haberse acreditado que la parte quejosa sea titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa con el acto impugnado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley Amparo, de ahí que procede sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. En ese contexto, existe impedimento para analizar el fondo del mismo, es decir, si los actos reclamados son inconstitucionales, de conformidad con los conceptos de violación expuestos en la demanda de mérito; así, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 49, Volumen 24, Tercera Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se. R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra la autoridad responsable Gobernador del Estado de Michoacán y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia SEGUNDO. Publiquese esta sentencia en los terminos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto por el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que lo haya hecho; por tanto, se tiene por consentido el auto por el que se declaró sin materia el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 17, fracción IIl, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es conservable dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 17 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, transfiérase el juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y con éste dése cuenta en la audiencia constitucional. Asimismo, en virtud de la solicitud para que se le expida copia de la sentencia definitiva, dígase a la fiscal federal que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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