Iñigo Dávila Fernández
Expediente 127/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 127/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Iñigo Dávila Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación precedente de la cual se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra el proveído donde se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el citado auto ha quedado firme. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo Vigésimo del acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 127/2023, promovido por ... contra actos del Juez Décimo Quinto Civil de la Ciudad De México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. El quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación al juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Décimo Quinto Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, y todo lo actuado en dicho procedimiento. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se negó la suspensión provisional, la responsable rindió su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Juez responsable aceptó la existencia de lo reclamado. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El accionante es parte material en el juicio de origen -codemandado-, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Independientemente de que se satisfagan los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, debe partirse de la premisa de que los efectos del acto reclamado sean suspendibles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2347 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, registro 2007358, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Las medidas suspensionales tienen como objeto la protección transitoria de los derechos que se alegan violentados, para que se preserven durante el periodo que se toma la resolución definitiva del proceso; bajo esta lógica, si la ejecución del reclamo no impacta en un derecho del impetrante, se debe negar la suspensión solicitada, puesto que no habría una materia concreta susceptible de protegerse mediante la paralización del acto. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/44 con número de registro 212751, de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, página 27, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." También se invoca por analogía la tesis XV.4o.7 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2049 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, registro 167825, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE ABSUELVE AL DEMANDADO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS AL CARECER DE EJECUCIÓN. No procede conceder la suspensión en el amparo cuando el acto reclamado consista en la sentencia que determina absolver al demandado de las prestaciones reclamadas, toda vez que por la naturaleza jurídica de dicha resolución, en ella no se contienen actos que puedan paralizarse; y si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna donde se consigne que debe negarse la medida cautelar cuando se ejerce la acción constitucional en contra de ese tipo de determinaciones, lo cierto es, que como el objeto de dicha providencia consiste en suspender su ejecución, si ésta no es susceptible de materializarse, ello hace improcedente decretar el instrumento precautorio de referencia." En el caso, el acto reclamado consistente en lo actuado en el juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Décimo Quinto Civil de la Ciudad de México, y conforme a la información proporcionada por la autoridad judicial responsable en su oficio con número de registro 2776, mismo que obra agregado en autos de esta incidencia, se aprecia que al quejoso se le ha considerado como codemandado en dicho procedimiento; sin embargo, lo jurídicamente relevante para efecto de la suspensión contra los actos reclamados es que la autoridad informó que no existe orden de ejecución alguna en contra del quejoso. Por tanto, es evidente que aun cuando existe un juicio en el que figura como codemandado, no hay algún acto susceptible de paralizarse, debido a que no existe acto de ejecución alguno en su contra. Por lo anterior, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, respecto del acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ... contra actos del Juez Décimo Quinto Civil de la Ciudad De México, por los motivos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
... procede decretar el sobreseimiento en el amparo, en términos de la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 107 fracción VI aplicada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
Visto lo de cuenta, como se ordena en el cuaderno principal, con la copia certificada del proveído de esta fecha, auto admisorio y reproducción simple de la demanda de amparo promovida por..., contra actos del Juez Décimo Quinto Civil de la Ciudad De México; fórmese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 127/2023. PRIMERO. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO. Pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, para lo cual se ordena remitirle copia de la demanda de amparo; lo anterior, de conformidad con los artículos 138, fracción III, y 140 de la ley de la materia. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El quejoso se ostenta tercero extraño por equiparación al juicio ordinario civil 221/2011, del índice del Juzgado Décimo Quinto Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento, y todo lo actuado en dicho procedimiento. TERCERO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO El accionante es parte material en el juicio de origen -codemandado-, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. CUARTO. NEGACIÓN DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Independientemente de que se satisfagan los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, debe partirse de la premisa de que los efectos del acto reclamado sean suspendibles. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXVII.3o. J/2 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2347 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, registro 2007358, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 al 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Las medidas suspensionales tienen como objeto la protección transitoria de los derechos que se alegan violentados, para que se preserven durante el periodo que se toma la resolución definitiva del proceso; bajo esta lógica, si la ejecución del reclamo no impacta en un derecho del impetrante, se debe negar la suspensión solicitada, puesto que no habría una materia concreta susceptible de protegerse mediante la paralización del acto. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia I.3o.A. J/44 con número de registro 212751, de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 76, Abril de 1994, página 27, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día -lejano en muchas ocasiones- declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos." También se invoca por analogía la tesis XV.4o.7 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 2049 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Novena Época, registro 167825, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA SENTENCIA QUE ABSUELVE AL DEMANDADO DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS AL CARECER DE EJECUCIÓN. No procede conceder la suspensión en el amparo cuando el acto reclamado consista en la sentencia que determina absolver al demandado de las prestaciones reclamadas, toda vez que por la naturaleza jurídica de dicha resolución, en ella no se contienen actos que puedan paralizarse; y si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna donde se consigne que debe negarse la medida cautelar cuando se ejerce la acción constitucional en contra de ese tipo de determinaciones, lo cierto es, que como el objeto de dicha providencia consiste en suspender su ejecución, si ésta no es susceptible de materializarse, ello hace improcedente decretar el instrumento precautorio de referencia." En el caso, el acto reclamado consistente en lo actuado en el juicio ordinario civil 221/2011, del índice del Juzgado Décimo Quinto Civil de la Ciudad de México, y conforme a la información proporcionada por la autoridad judicial responsable, se aprecia que al quejoso se le ha considerado como codemandado en dicho procedimiento; sin embargo, lo jurídicamente relevante para efecto de la suspensión contra los actos reclamados es que la autoridad informa que no existe orden de ejecución alguna en contra del quejoso. Por tanto, es evidente que aun cuando existe un juicio en el que figura como codemandado, no hay algún acto susceptible de paralizarse, debido a que no existe acto de ejecución alguno en su contra. Por lo anterior, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, respecto del acto reclamado. QUINTO. DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES, para que tenga lugar la audiencia incidental; fecha que se fija con apoyo en lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
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