Ines Rodríguez Román
Expediente 1187/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ines Rodríguez Román
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. No obra en autos documento original, en los términos que establece el arábigo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al diverso 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1187/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México..., asistido de..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo, y; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el Registro Público responsable ofreció la documental anexa a su informe. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 1187/2022, promovido por..., por propio derecho, contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La quejosa demando´ el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las citadas autoridades, que considero´ violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Admisión. Este Juzgado admitió la demanda, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió los informes justificados; y, fijo´ hora y día para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la autoridad responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución General de la República; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de una autoridad con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia. El acto reclamado es la omisión del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México de dar cumplimiento a la sentencia emitida el trece de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio ordinario civil ..., del índice del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. Tercero. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que se le reclama; lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; documentales que gozan de valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Cuarto. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado: I. El uno de septiembre de dos mil diecisiete..., demandó a..., y..., en la vía ordinaria civil, la rectificación del asiento registral del inmueble ubicado en avenida..., Ciudad de México (anteriormente..., con folio real..., II. El juicio fue registrado con el número de expediente ..., del índice del Juzgado Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México; asimismo, se admitió a trámite y, una vez, seguida la secuela procesal, el trece de agosto de dos mil dieciocho el juez de origen dictó la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- La suscrita ha sido competente para conocer y resolver del presente asunto. SEGUNDO.- Ha sido procedente la vía Ordinaria Civil, en donde la parte actora ..., acreditó su acción, el codemandado ..., acreditó parcialmente sus excepciones y defensas; el..., no acreditó sus excepciones y defensas; mientras que el codemandado..., se constituyó en rebeldía; en consecuencia: TERCERO.- Se ordena al C....., a realizar la rectificación del asiento registral del bien inmueble ubicado en AVENIDA..., EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL, ANTERIORMENTE IDENTIFICADO CON EL ...., NÚMERO DE FOLIO REAL..., y realizar el traslado del asiento al Folio Real correcto donde debe de constar, por lo que una vez que quede firme, la presente sentencia, gírese el oficio a dicha autoridad para los efectos precisados en líneas previas. CUARTO.- Se absuelve al codemandado..., de las prestaciones exigidas, por no ser quien deba cumplir la condena, en atención a que ésta corresponde a una autoridad administrativa como es el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México." III. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la sentencia aludida causó ejecutoria y se ordenó girar oficio al ..., en la Ciudad de México, a efecto de requerirle el cumplimiento de lo dispuesto en el resolutivo tercero de la sentencia definitiva, consistente en rectificar el asiento registral del inmueble con folio real 312506 y realizar el traslado del asiento al folio real correcto donde debe de constar. IV. Mediante oficio DGRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/311/2019, de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el...., señaló que para estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia le era necesario copia certificada del instrumento notarial 09-1339671 de trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, otorgado por el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; asimismo, requirió dicho instrumento al Instituto referido; sin embargo, le fue informada la imposibilidad física y jurídica para hacer entrega su en razón de que, si fue entregado al titular del inmueble, no se cuenta con copia. Además, refirió que, de no presentarse la documentación requerida en un plazo de treinta días hábiles, el trámite sería publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Sección Boletín Registral, como salida sin registro, se enviaría toda la documentación ingresada a la Ventanilla Única y se perdería la prelación correspondiente. En ese contexto, previos requerimientos y, ante su manifestación de imposibilidad para realizar el trámite relativo sin la documentación referida, mediante oficio DGRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/7022/2019, de once de septiembre de dos mil diecinueve, informó haber procedido conforme a las acciones descritas en el párrafo precedente. Quinto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiar de oficio el juzgador antes de examinar las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la ley de la materia. El presente juicio es improcedente por inviabilidad de los efectos de la sentencia constitucional, debido a que no se encuentra integrada la relación jurídico procesal, porque el acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, en esencia, consiste en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia emitida el trece de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio ordinario civil..., del índice del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. Sin embargo, la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al juez responsable del proceso de origen, siendo este quien se encuentra facultado para calificar el cumplimiento o incumplimiento de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que establece los lineamientos a seguir cuando se está ante esa hipótesis. En ese sentido, el Director del ..., de la Ciudad de México, al ser la parte demandada en el juicio ordinario civil, sus actos con relación al cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en esa instancia, se encuentran regidos por las determinaciones del juez de origen como el facultado para lograr el cumplimiento de esa resolución definitiva. De modo que no se puede juzgar en forma aislada lo relativo a las omisiones o actuaciones del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en la Ciudad de México, ya que a fin de integrar la relación jurídico procesal en la instancia constitucional, era necesario que el juez de origen fuera señalado como autoridad responsable; ello es así, pues los efectos de una eventual sentencia concesoria, implicarían necesariamente su participación para calificar que la conducta de la parte demandada en el juicio ordinario civil de origen, se ajuste a la condena decretada en su contra siendo esto algo que solo le corresponde a dicho juzgador; lo cual actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija (.)." La causal de improcedencia invocada se refiere a la inviabilidad de los efectos de la sentencia de amparo, que se actualiza cuando de concederse una resolución protectora, ésta no podría surtir efectos porque alteraría una situación jurídica diversa; y en el caso, implicaría sustituirse en la calificación del cumplimiento de la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, cuya facultad se encuentra reservada para el juez instructor del procedimiento natural. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis XVIII.2o.P.A.5 A (11a.), de la Undécima Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. AL CALIFICARLO, DEBE VIGILARSE QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL QUE CONOZCA DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD DE ORIGEN, ATIENDA SU OBLIGACIÓN LEGAL DE EXIGIR SU EXACTA OBSERVANCIA CONFORME AL PRINCIPIO DE COMPLETITUD. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la falta de cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en un juicio contencioso administrativo federal. El Juez de Distrito determinó que la autoridad responsable infringió el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción, por lo que concedió el amparo para el efecto de que de inmediato tomara las medidas necesarias y cumpliera el fallo definitivo. Posteriormente, el Juez de Distrito declaró cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad demandada en el juicio natural, por así haberlo determinado la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito establece que el Juez Federal, al calificar el cumplimiento del fallo protector, debe vigilar que la autoridad jurisdiccional que conozca del cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio de nulidad de origen, atienda su obligación legal de exigir su exacta observancia conforme al principio de completitud, sin que ello implique que el órgano de amparo se sustituya en el arbitrio que legalmente le corresponde a aquélla, ni que las gestiones para el debido cumplimiento del fallo respectivo ahora se trasladen al Juez de Distrito, pues ello escapa del ámbito de su competencia; sin embargo, debe cerciorarse que la responsable informe al actor, ahora quejoso, del derecho que le asiste para impugnar aquellas determinaciones novedosas de la autoridad demandada que estime le deparan perjuicio en relación con lo resuelto en la sentencia primigenia, mediante la promoción de un nuevo juicio de nulidad. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 17 de la Constitución General prevé el principio de plena ejecución de las sentencias, que establece una prerrogativa en favor de las personas, consistente en contar con un acceso pronto, completo e imparcial a la administración de justicia para la solución de sus controversias, lo que comprende los medios eficaces para la plena ejecución de lo resuelto por los tribunales; de manera que las decisiones judiciales, con fuerza legal, de ninguna forma queden incumplidas o se ejecuten en plazos prolongados e inciertos, sino que sean efectivas e integrales, desde un punto de vista material y no únicamente formal. Así, en sede constitucional implica obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho fundamental trastocado y a cumplir lo que el mismo exige conforme al marco constitucional, convencional y legal, a fin de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prevé que los Estados Parte se comprometen a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puntualizó en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), que la legalidad de las consideraciones que la autoridad responsable formula en acatamiento al fallo protector no puede ser objeto de análisis para determinar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, en términos del artículo 58, fracción IV, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene la obligación de informar al actor del derecho que le asiste para promover un nuevo juicio de nulidad donde impugne las cuestiones novedosas en relación con lo resuelto en la primera sentencia de nulidad." De conformidad con lo previsto en el artículo 1º y 77 de la Ley de Amparo, la finalidad de este juicio es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, lo que a criterio de este órgano no se concretaría plenamente sometiendo a juzgamiento una cuestión jurídica que no es autónoma, como ocurre con las actuaciones de la autoridad demandada en el juicio de origen, en las que manifestó imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia definitiva por resultarle necesaria cierta documentación a fin realizar la corrección del asiento registral ordenada, lo que, evidentemente, realiza derivado de la ejecución de dicha resolución ordenada por el juez natural. De tal forma que siguiendo los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, se advierte que no se colmaría legítimamente el principio restitutorio a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo, como sería una sustitución en las facultades del juez de origen para calificar si es o no correcta la forma en que eventualmente se venciera la resistencia y la autoridad atendiera lo sentenciado en el procedimiento natural; o si las razones que da para no hacerlo se ajustan a la sentencia definitiva. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2000583. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1059, que dispone: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." En efecto, de las actuaciones del Director del Registro Público de la Propiedad, se aprecia que informó que para realizar la rectificación del asiento registral, le era necesario copia certificada del instrumento notarial ... de trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, otorgado por el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; asimismo, que el trámite fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en la Sección Boletín Registral, como salida sin registro, y se envió toda la documentación ingresada a la Ventanilla Única y perdiendo la prelación correspondiente; actuaciones que no son autónomas, ya que fueron emitidas en el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada el trece de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Trigésimo de lo Civil de la Ciudad de México. Y tampoco son una omisión, sino que constituyen la respuesta al requerimiento de cumplir la sentencia definitiva cuya calificación sólo compete al juez local, incluso, por ejemplo, en el oficio DGRPPC/DPRIC/SPRI/JUDE/6364/2019, de catorce de agosto de dos mil diecinueve, la autoridad indica que no se niega a dar cumplimiento, sino que requiere constancias a fin de determinar el antecedente registral correcto. De modo que dichas actuaciones, al encontrarse directamente relacionadas con la ejecución de la sentencia definitiva emitida en el procedimiento natural y dar cuenta de la alegada imposibilidad de cumplir, deben ser calificadas por el juez del proceso, quien es el único facultado para tal efecto, sin que este órgano jurisdiccional pueda sustituirse a la autoridad de origen en dicha función, que en estricta legalidad le corresponde a la autoridad del fuero común. Sin embargo, pese a dicha circunstancia y haberle dado vista a la parte quejosa en la tramitación de la instancia constitucional a efecto de que señalara como autoridad responsable al Juez Trigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México, fue omisa en realizarlo, lo que impide que la relación procesal se encuentre correctamente integrada, generando una inviabilidad jurídica de los posibles efectos de protección que pudieran otorgarse. Lo anterior es así, porque debido a la naturaleza del juicio de amparo como medio constitucional por excelencia para la defensa de los derechos humanos, los Tribunales Federales no puedan sustituirse, al resolver en amparo, a la autoridad jurisdiccional rectora del procedimiento de origen como la facultada para calificar el cumplimiento de sus determinaciones, pues jurídicamente la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria, sino que es puramente constitucional, por lo que va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías y no la ley común. Así, no obstante que en el amparo los jueces federales amplían su esfera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias, ello no implica que pueden sustituirse en funciones propias de la autoridad jurisdiccional, sino sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido. En consecuencia, si este juzgador estudiara de forma directa el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de origen, se sustituiría en el juez de origen, analizando cuestiones de legalidad, desvirtuándose con ello la naturaleza de este medio de control constitucional; razón por la cual, al no ser llamada la autoridad cuyos actos pudieran ser objeto del control, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para emitir un fallo en el que se analicen de forma autónoma los actos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Consecuentemente, al advertirse la inviabilidad jurídica de los efectos de una posible sentencia concesoria de amparo; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en el diverso artículo 63, fracción V, de la misma ley, debe sobreseerse el presente asunto. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio de amparo promovido por..., contra actos del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, por los motivos expuestos en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento ordenado en proveído cuatro de enero de la presente anualidad, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ordenado y no se tiene como autoridad responsable al Juez Trigésimo Octavo Civil de la Ciudad de México y por precluido su derecho para señalarlo con posterioridad; debiéndose seguir el juicio tal como está integrado en este momento, fallándose lo conducente en sentencia. NOTIFÍQUESE.
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