Ines Rodríguez Román
Expediente 318/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 318/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ines Rodríguez Román
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta este momento se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, la secretaria encargada de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 318/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; y, B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y la accionante ofrecieron diversas documentales. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la quejosa los formuló y el Registro responsable invocó la improcedencia del juicio y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
V I S T O S para resolver el juicio de amparo 318/2023, promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México; y RESULTANDO Primero. Demanda. La quejosa demandó el amparo contra actos de las autoridades en cita, al estimarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Admisión de la demanda y trámite. El veintisiete de marzo de dos mil veintitrés se admitió la demanda; se dio intervención a la representación social adscrita, se requirieron informes justificados; y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. De autos se advierte que la representante social no formuló intervención, las autoridades responsables rindieron su informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada; y la audiencia constitucional se celebró en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra una omisión derivada de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común, residente dentro del ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. La quejosa reclama la omisión del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México de dar cumplimiento a la sentencia definitiva de trece de agosto de dos mil dieciocho, en el juicio ordinario civil ..., del índice del Juzgado Trigésimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. Tercero. Informe Justificado. El Juez responsable negó la omisión combatida por la peticionaria bajo los siguientes argumentos: Sostuvo que mediante oficio ..., de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, el Jefe de Unidad Departamental de Embargos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México informó que para estar en condiciones de dar cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, le era necesario contar con copia certificada del poder notarial ... de trece de octubre de mil novecientos noventa y nueve, otorgado por el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, quien adujo imposibilidad para remitírsela en virtud de que los instrumentos que obran en su resguardo, no se encuentran identificados por ubicación de vivienda o dígito consecutivo, sino por el nombre del titular y número de crédito, precisando que en los casos de entrega del documento original al titular del inmueble no se conserva ninguna copia. Además, indicó que el ocho de mayo de dos mil diecinueve, nuevamente se requirió a la autoridad registral para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva, quien reiteró la necesidad de la exhibición de la copia certificada del poder notarial ..., asimismo, informó haber realizado una búsqueda a través de los medios electrónicos sin localizar algún antecedente registral con los datos aportados. Concluyó informando que en auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, por petición del actor, se ordenó girar oficio de nueva cuenta al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para que diera cumplimiento a la sentencia definitiva, el cual se puso a disposición de persona autorizada de la actora, empero, dicha parte no exhibió el acuse con el que acreditara que dicha misiva fue debidamente notificada a la autoridad registral. Por su parte, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México negó y aceptó la omisión que se le atribuye, manifestando que el trámite relativo a la entrada ... de seis de noviembre de dos mil dieciocho se calificó como suspendido por las razones expuestas por el Juez responsable en su informe justificado. Agregando que, al no haberse subsanado el motivo de suspensión, el estado de la solicitud se registró como "listo para entrega como salida sin registro", y que dicha institución sólo actúa a petición de parte y no de oficio, pues sus funciones se limitan a dar publicidad a los actos que constan inscritos en los asientos registrales, y por tanto, son meramente declarativas y no constitutivas de derechos. En efecto, ambas autoridades responsables expusieron razonamientos similares para negar la existencia de la omisión reclamada, mientras que la quejosa omitió aportar medios de convicción que desvirtúen esas manifestaciones, no obstante que se le dio vista con los informes justificados en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que ante la negativa señalada por las responsables, la parte quejosa tenía la carga de probar la existencia de la omisión reclamada, puesto que así lo rigen las normas de la carga probatoria en el juicio de amparo, y si ésta se abstuvo de acreditarla, entonces no es posible atribuir el agravio que reclama a dichas autoridades. Además las manifestaciones de las autoridades responsables se corroboran con las constancias allegadas por el Juez natural, a las que se les otorga valor probatorio pleno, acorde a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, por disposición del segundo párrafo de su artículo 2. Esto es, de las constancias remitidas por el Juez responsable se desprende que la autoridad registral informó cuáles eran los documentos indispensables para dar continuidad con el trámite que le fue requerido, en razón de que los datos que le fueron aportados resultaban insuficientes. Asimismo se advierte que el treinta de septiembre de dos mil veinte se ordenó girar oficio nuevamente al Registro Público de la Propiedad y del Comercio para requerir el cumplimiento, y que la quejosa fue omisa en exhibir el acuse con el que acreditara la notificación de dicha misiva. Por lo que no es posible considerar que se trata de una conducta contumaz de la autoridad para dar cumplimiento, pues a la parte actora le corresponde dar el impulso procesal en el juicio de origen y tiene la carga procesal de promover, gestionar y accionar en el procedimiento, entonces si omite hacer uso del derecho que la ley otorga para la práctica de un acto judicial, tal omisión sólo es imputable a dicha parte. Ello en razón de que en los juicios donde se afectan únicamente intereses particulares, como son, los juicios del orden civil, son las partes quienes encauzan y determinan el desarrollo del procedimiento, porque en éste se ventilan sus propios intereses; esto es, en este tipo de procedimientos pesa sobre las partes el impulso procesal. De esta forma, es criterio reiterado del Máximo Tribunal de este país que, para que se acredite la existencia de la omisión debe tomarse en consideración si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado, entonces, sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. De esta forma, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) Que sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) Los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) Los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2o. J/2 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2351, Décima Época, registro digital 2017654, de rubro y texto: "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA. La omisión jurídica es un estado pasivo y permanente, parcial o absoluto, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a la autoridad. En este sentido, si se trata de actos omisivos, la carga de la prueba recae, por regla general, en las autoridades, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, están obligadas a actuar y no lo hacen, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en sus atribuciones. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XXIV/98, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder que exige el gobernado; en estos casos, su deber es en proporción al supuesto normativo incumplido, es decir, el presupuesto de la omisión es la facultad normativa que habilita a las autoridades y las constriñe a actuar en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, ya que sólo pueden omitirse conductas, fáctica y legalmente probables, donde el Estado teniendo conocimiento de un acto o hecho no acata la facultad normativa. Luego entonces, el conocimiento de la autoridad que la constriñe a actuar se divide en tres hipótesis: 1) que ésta sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, la autoridad lo conoce directamente y sólo espera ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente la habilitan y constriñen, por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial la omisión de ejecutar, entregar, pagar o liberar; 2) los casos donde no tenga como presupuesto una condición, por ejemplo ante una falta o accidente de tránsito, un delito flagrante, una contingencia ambiental son hechos que la autoridad conoce o debe conocer por razones notorias, en estos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista; y, 3) los actos que requieren de una solicitud, petición o condición, siendo aquellos que prevén la existencia de requisitos previos de impulso del gobernado, para actualizar las facultades y el conocimiento directo de la autoridad, por ejemplo cuando ésta requiere algún tipo de formulario, pago o bien una solicitud, que son requisitos o condiciones para que el Estado actúe. En este tenor, en la medida que va dependiendo de la omisión y sus presupuestos como facultad normativa y conocimiento de la autoridad, podrá establecerse su existencia." Es así que el acto que pretende ejecutar la quejosa ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México requiere de su intervención e impulso, para exhibir la documentación necesaria. Entonces, la omisión que le atribuye no obedece a que la autoridad no quiera realizarlo, sino a la falta de gestiones necesarias para que se encuentre en posibilidades de ejecutar lo ordenado por el Juez natural. Atento a lo anteriormente vertido, el acto señalado como reclamado, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia definitiva no transgrede en perjuicio de la quejosa lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como se precisó en el presente fallo, no se demostró la existencia de dicho acto negativo. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones vertidas por la quejosa, donde refiere que es una persona de la tercera edad, y solicita que ello se considere para juzgar el presente asunto. Empero, es pertinente precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1399/2013 estableció que si bien del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" se desprende la obligación del Estado de otorgar una especial protección a los derechos de los adultos mayores; ello no implica que en todos los casos en los que intervengan esa clase de personas, deba suplirse la deficiencia de la queja a su favor, pues el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y su susceptibilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora e intelectual. Por ello, la simple manifestación de la quejosa en el sentido de que su edad sea considerada para juzgar resulta insuficiente para estimar que se trata de alguien perteneciente a un grupo vulnerable, pues para ello tendría que demostrar que el envejecimiento la ha colocado en esa situación y que la disminución por su edad, le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que estiman violentado. Resulta aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja" Máxime que la accionante omitió aportar mayores elementos que permitan a este juzgador considerar lo contrario, pues sólo proporcionó su edad, así como las razones por las que el envejecimiento la ha colocado en una situación de vulnerabilidad. En ese orden de ideas, es evidente que, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio promovido por ..., contra actos del Juez Trigésimo Octavo de lo Civil y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México, por los motivos precisados en esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy doce de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (Firma electrónica) (Firma electrónica) EL JUEZ LA SECRETARIA
- Principal
Agréguese el ocurso de la parte quejosa; en atención a su contenido, se tienen por hechas sus manifestaciones en vía de alegatos, con lo que se ordena hacer relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE.
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