Ingrid Evelín Solano Cisneros

Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
329/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2023

Partes del expediente

  • Ingrid Evelín Solano Cisneros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; atento a su contenido, expídase el acuse del oficio 2803/2023, al cual adjuntó el amparo directo ..., un anexo certificado y los traslados de la demanda de amparo; además, se ordena remitirle copia autorizada del auto de veintinueve de marzo de la presente anualidad. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja contra el auto, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que hasta este momento se haya hecho valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO ACUERDO. ARCHÍVESE COMO ASUNTO CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que señala el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un expediente en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias; en devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de legajos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. En otro sentido, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario citado, requiérase a la quejosa para que acuda al local de este juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió, apercibida de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el termino de cinco días concedido a la parte quejosa en el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, para dar cumplimiento al requerimiento formulado, sin que lo hiciera; consecuentemente, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en ese auto, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Agréguese la razón de imposibilidad para notificar a la quejosa, la determinación de veintinueve de marzo de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista, esa determinación, este auto y los subsecuentes. Sin que obste a lo anterior la información que se le proporcionó a la fedataria, pues conforme al numeral invocado, en caso de resultar inexacto el domicilio, lo conducente es notificarle a la quejosa por medio de lista. NOTIFÍQUESE. LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE MARZO DE LA PRESENTE ANUALIDAD. SEÑALA: "Visto el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el que remite la demanda que promueve ..., contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Cuadragésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los preceptos 1, 14 y 16 Constitucionales, al efecto se acuerda: Se acepta la competencia del asunto, acúsese de recibido. Con las documentales remitidas, fórmese el cuaderno auxiliar l.Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno electrónico con el número 329/2023. Tramítese el presente asunto observando los términos del ordinal 3° de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 114 de la ley de l materia, previo a acordar lo que proceda sobre la demanda, requiérase personalmente a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, cumpla con lo que a continuación se especifica: ÚNICO. La quejosa deberá ratificar su demanda ante este órgano jurisdiccional a fin de continuar con su tramitación, para lo cual tiene que comparecer a este Juzgado de Distrito, debidamente identificado con credencial oficial vigente, ante la presencia de Fedatario Judicial. Lo anterior, obedece a que la promoción del presente juicio de amparo podría retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que rige para una situación jurídica en la que no es parte, lo que se traduciría para los justiciables de la instancia común, en una transgresión de la impartición de justicia expedita, prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, que deben respetar todas las autoridades del Estado Mexicano. Es así, pues no debe perderse de vista que constituye un hecho notorio y máxima de experiencia, que los conflictos del orden jurisdiccional, generan, en la gran mayoría de los casos, el resentimiento entre las partes, sobre todo en el vencido, ya sea por considerar -entre otros supuestos- que el litigio no fue equitativo, que no fue debidamente representado o que su falta de recursos económicos se constituyó en factor determinante para el sentido de la sentencia firme; circunstancias las anteriores, que provocan la resistencia de quien no fue favorecido en la controversia para aceptar y cumplir, a título voluntario, con la decisión emanada de una contienda en la que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento. La resistencia de que se viene hablando, se patentiza aun cuando es de explorado derecho que la sentencia firme, es decir, la que decide el juicio en lo principal y que no admite ningún medio de impugnación ordinario o extraordinario, que ha adquirido la categoría de cosa juzgada, característica que se presenta cuando lo decidido en ella es inmutable y en consecuencia debe ser atendida como la verdad legal, debe ejecutarse con independencia de la voluntad contraria de la parte derrotada o de cualquier otra persona que sin haber intervenido en el litigio pretenda hacer valer prerrogativas en contra del cumplimiento de aquélla. Así pues, la ejecución de las sentencias firmes derivadas de las controversias jurisdiccionales, generan en la mayor parte de los casos, la deslealtad del interesado que fue derrotado o, en su defecto -por lo general-, la intervención de terceros relacionados con aquél, ostentándose tanto a título de terceros extraños a juicio como en su calidad de supuestos justiciables que pretenden pasar por encima de la voluntad de los órganos jurisdiccionales y, desconocer en consecuencia, los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada que derivan de la sentencia firme que resolvió la contienda de origen en lo principal. Dentro de las maniobras apuntadas, los pretendidos "terceros extraños a juicio", abusan de la institución del Juicio de Amparo y de los principios inherentes de buena fe y legalidad que prevén a favor de todo gobernado, entre otros, los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se constituyen además en los principios rectores que norman el actuar de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito que integran el Poder Judicial de la Federación. Al promover el juicio de derechos fundamentales, se ha establecido como una práctica perniciosa por parte de los indicados "terceros extraños a juicio", ostentarse como poseedores con justo título del bien inmueble cuya desocupación y restitución ya fue ordenada en sentencia firme, razón por la cual, para acreditar a título presuntivo tanto la certeza de sus afirmaciones como el interés jurídico que dicen les asiste para instar la tutela constitucional, exhiben, en la mayoría de los casos, contratos privados -compra-venta, arrendamiento, comodato etcétera- celebrados ya sea con él o los integrantes de la parte demandada o con personas totalmente diversas, que por lo regular carecen de fecha cierta y que en nada prosperan en la acción constitucional promovida, pues al momento de emitirse la sentencia respectiva son asuntos que no progresan al no quedar acreditado el interés jurídico por parte del promovente, obteniendo con ello el entorpecimiento de una ejecución en el juicio de origen. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXVII, Abril de 2008, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que intitulada: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO." En efecto, en la mayoría de las ocasiones la interposición de los sumarios constitucionales por parte de los "terceros extraños a juicio", es retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, por tanto, la ratificación de la firma de la demanda de amparo, ante la presencia de Fedatario Judicial, permitirá a este Juzgador federal formarse la plena convicción de que el libelo constitucional no se interpone con el fin referido, sino con el objetivo de acreditar y demostrar la ilegalidad del acto que se reclama. Por lo cual, hágase del conocimiento a la parte quejosa que de comparecer a ratificar dicho libelo constitucional y al emitirse la sentencia correspondiente, de estimarse que aun así el presente juicio se promovió con la intención de entorpecer la ejecución en el controvertido de origen, se hará acreedor el promovente, así como sus autorizados a una sanción conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, según las circunstancias del caso que se estimen pertinentes. Lo anterior se robustece con la tesis de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Tomo CXXIX, visible en la página 250, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "MULTA, POR INTERPONER AMPARO SIN MOTIVO." En ese tenor, el actual precepto 261 de la ley de la materia sustancialmente establece que, se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a la parte quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, o si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. En atención a lo expuesto, en caso de que se observe alguna irregularidad en el presente asunto, se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a efecto de que manifieste lo que a su representación social corresponda. En ese orden de ideas, la decisión asumida es armónica con los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque es prerrogativa discrecional del juez constitucional que la propia ley de la materia le otorga, que cuando lo estime necesario por existir deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda las mande corregir a través de un requerimiento. Lo cual de modo alguno obstaculiza la impartición de justicia o actualiza una indebida actuación judicial por parte del Juzgador, si precisamente esa facultad va dirigida a generar las condiciones para salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, en relación con el principio del buen derecho, asegurar el legal trámite del juicio, no afectar derechos de terceras personas en el procedimiento de origen así como tener la certeza de que es la voluntad del quejoso la tramitación de la demanda de amparo. De ahí que si el juzgador en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la ley de la materia, ordena la ratificación de la demanda por parte de su pretendido suscriptor, apercibiéndolo que de no hacerlo se tendría por no presentada la demanda, actúa al amparo de la Constitución Federal y conforme a una facultad discrecional que le permite actuar en los términos de esta prevención, en los casos donde por motivos de seguridad jurídica lo considere necesario. Planteamientos que, además, ya fueron sustancialmente compartidos por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la queja civil ... . Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda, en términos de lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quienes autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, tendrán las facultades amplias que prevé, si tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; pues de lo contrario únicamente estarán autorizadas para oír y recibir notificaciones. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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