Ignacio Giovanni Guerrero Martinez
Expediente 27/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 27/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ignacio Giovanni Guerrero Martinez
- Martha Alejandra Robles Cedeño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyanse el juicio y el original del incidente, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las constancias que acompañó al presente asunto, toda vez que es innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de nueve de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 27/2023, promovido por ********************, por su propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez y del Actuario adscritos al Juzgado Séptimo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en el artículo 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segundo. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número de expediente 27/2023 y en proveído de once de enero de dos mil veintitrés, la admitió; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al agente del Ministerio Público Federal; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental. Tercero. Reconocimiento de carácter de tercero. En auto de treinta de enero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de tercera interesada a Martha Alejandra Robles Cedeño, por sí y en representación de Giovanni Antonio, Eduardo Alejandro y Ernesto de apellidos Guerrero Robles y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el precepto citado, en atención a la lectura integral de la demanda así como de los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso consisten en: Al Juez Séptimo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: El proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio ordinario familiar 833/2022 y su acumulado 849/2022, sobre divorcio sin expresión de causa, el primero promovido por ******************** frente a Martha Alejandra Robles Cedeño; y, el segundo por Martha Alejandra Robles Cedeño frente a ********************. En dicho acuerdo, el juez responsable decretó medidas provisionales a favor de Martha Alejandra Robles Cedeño, consistentes en: La separación de personas, ordenando al presunto generador de violencia [********************] que salga inmediatamente del domicilio ubicado en la calle Rey Tezozomoc número ciento noventa y cinco, colonia Pascual Ortiz Ayala, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Orden de restricción para que se abstenga de acercarse, molestar o agredir física o materialmente a su esposa, o introducirse en el domicilio conyugal ubicado en la calle Rey Tezozomoc número ciento noventa y cinco, colonia Pascual Ortiz Ayala, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Al Actuario adscrito al Juzgado Séptimo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán: La ejecución del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, emitido dentro del juicio ordinario familiar 833/2022 y su acumulado 849/2022. Tercero. Certeza de los actos reclamados. El Juez y el Actuario adscritos al Juzgado Séptimo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe el mencionado juez, consistente en copias certificadas de los expedientes 833/2022 y 849/2022 (dos tomos). Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por un funcionario público en el desempeño de su encargo, entre las que se encuentra, el acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, mediante escrito presentado en este juzgado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la parte tercera interesada adujo "vengo a solicitar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que se desprende de la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, y consecuentemente la prevista en la fracción XII del artículo 61, del mismo ordenamiento legal", esto es, hizo valer la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo así como la contemplada en el artículo 61,fracción XII del mismo ordenamiento. Causales de improcedencia que son infundadas, porque este juzgador estima que están relacionadas con el fondo del asunto, toda vez que la tercera interesada aduce que se actualizan las causales en estudio porque la medida cautelar materia del amparo no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso así como que no es un acto de imposible reparación; y, el quejoso, es sus conceptos de violación, aduce que tal providencia precautoria afecta su derecho de propiedad, por lo que su planteamiento debe desestimarse. Es aplicable la jurisprudencia P./J.135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 187973, que a la letra dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". En ese contexto, al no actualizarse las causas de improcedencia hechas valer por la tercera interesada y toda vez que este juzgador no advierte, de manera oficiosa, la actualización de una diversa, lo conducente es analizar los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El quejoso en sus conceptos de violación manifiesta -en esencia- que con los actos reclamados se le pretende privar de un derecho consagrado por el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto es, del derecho de propiedad, con violación a los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Motivo de inconformidad que es infundado. Para evidenciar la calificativa de dicho concepto de violación, es necesario recordar lo reclamado por el quejoso en este juicio de amparo es el proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el cual el juez responsable decretó medidas provisionales a favor de Martha Alejandra Robles Cedeño, consistentes en: La separación de personas, ordenando al presunto generador de violencia [********************] que salga inmediatamente del domicilio ubicado en la calle Rey Tezozomoc número ciento noventa y cinco, colonia Pascual Ortiz Ayala, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Orden de restricción a para que se abstenga de acercarse, molestar o agredir física o materialmente a su esposa, o introducirse en el domicilio conyugal ubicado en la calle Rey Tezozomoc número ciento noventa y cinco, colonia Pascual Ortiz Ayala, de esta ciudad de Morelia, Michoacán. Asimismo debe precisarse que el quejoso en su demanda de amparo adujo que la propiedad de dicho inmueble se encuentra acreditada ante la autoridad responsable; y, en efecto, del sello de acuse de la demanda del juicio de origen 849/2022 se advierte que exhibió original de certificado de propiedad (foja 1 del tomo de pruebas I) así como dicho certificado, del cual se advierte que el referido bien raíz se encuentra registrado a favor de ******************** (foja 4 del tomo de pruebas I). Finalmente, también es pertinente transcribir el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 17 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad". Precisado lo anterior, y como se adelantó, este juzgador determina que es infundado el concepto de violación analizado, toda vez que si bien pudiera verse afectado de derecho de propiedad en su goce y disfrute, ello no tiene el carácter de arbitrario, toda vez que tuvo su origen en la medida cautelar solicitada por Martha Alejandra Robles Cedeño bajo de argumento de la existencia de violencia en contra de ella y de sus menores hijos, la cual, por cierto es de carácter temporal, tal como lo establece el artículo 842 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Asimismo, porque para la concesión de dicha providencia precautoria, el juez responsable, en el auto materia del presente juicio de amparo, analizó su procedencia en términos de lo estipulado por los artículos 324, 325, 842, 843 y 857 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. Aunado a lo anterior, el quejoso no hizo valer concepto de violación alguno en contra de los argumentos vertidos por el juez responsable para otorgar las medidas cautelares contenidas en el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, por lo que en ese aspecto sus conceptos de violación son inoperantes. En efecto, el juez responsable en el auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, transcribió los artículos 322, 324, 325, 842 y 843 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, posterior a ello, adujo que toda vez que las controversias inherentes a la familia se consideran de orden público, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores y de personas mayores de edad, y en ejercicio de esta facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y a proteger a sus miembros, lo que implica que se deben decretar las providencias inmediatas y eficaces. También precisó que para determinar una medida de prevención, bastaba la existencia de una situación de riesgo que comprometa los bienes y derechos de las personas integrantes del grupo familiar, sin que sea necesario que se verifique un daño. En ese contexto -adujo- que del texto del escrito de demanda y demás anexos así como de las testimoniales a cargo de María Concepción Pérez Jacinto, Laura Acosta Gómez y Ana Xóchitl Bañuelos Rico, se advertía que Martha Angélica Robles Cedeño contrajo matrimonio con ******************** el ocho de octubre de dos mil cuatro; quienes procrearon tres hijos, los cuales a la fecha eran menores de edad; que durante los últimos años la violencia física y verbal hacia la actora y sus menores hijos ha subido de intensidad; a uno de sus menores hijos lo castigaba y corregía de manera más violenta toda vez que en varias ocasiones le ha gritado que si era gay lo mata; además, Martha Angélica Robles Cedeño, exhibió escrito de denuncia 1003202229175, a través del cual denunció los hechos ocurridos el seis de agosto de dos mil veintidós, por lo que estimó que existían pruebas suficientes para decretar la providencia precautoria. De igual manera determinó que la solicitud de Martha Angélica Robles Cedeño respecto de la medida cautelar encuadraba propiamente en las establecidas en el Título Quinto denominado "Medidas Cautelares", Capítulo III del Código Familiar del Estado de Michoacán, ya que en el artículo 857 de ese ordenamiento establece que el cónyuge que intentó demandar, denunciar o querellarse contra su cónyuge, puede solicitar la separación al juez instructor. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 860 del citado código, que señala que "Presentada la solicitud, el juez sin más trámite, con excepción de lo dispuesto en el artículo anterior, resolverá sobre su procedencia, y de concederla, atendiendo las circunstancias particulares del asunto, dictará las medidas pertinentes para que se practique, la que se notificará al otro cónyuge, previniéndole para que se abstenga de impedir la separación o les cause molestias, bajo apercibimiento que de no acatar dichas disposiciones se dará vista al ministerio público para que proceda legalmente". Por tanto -determinó el juez responsable- en atención a la narrativa de hechos de la demanda, así como al desahogo de las testimoniales, en las que se advierte la existencia de una situación de riesgo que compromete los bienes y derechos de la compareciente, antes los indicios de violencia familiar cometidos en su contra y a efecto de proteger, prevenir y evitar la continuación de actos o conductas de amenazas, agravios, ofensas o cualquier otro tipo de agresión en su persona que puedan repercutir en la salud tanto física como emocional de la solicitante, así como con fundamento en los artículos 324, 325, 842 y 843 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, en congruencia con los diversos preceptos 27, 28 y 29, fracción II de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, era procedente decretar las medidas provisionales reclamadas por el quejoso. Por su parte, el promovente del amparo en su demanda de amparo, únicamente manifestó que con los actos reclamados se le pretende privar de un derecho consagrado por el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto es, del derecho de propiedad, con violación a los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Por ende, al contrastar el contenido del acto reclamado con lo alegado por el quejoso, es evidente que éste no combatió las razones que plasmó el juez para conceder las medidas provisionales materia de este juicio de control constitucional, ya que debió argumentar, porque qué contrario a lo señalado por el juez, no eran procedentes; y si el quejoso no rebate, a través de argumentos jurídicos concretos, las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, éstas permanecen intocadas y son aptas para seguir rigiendo su sentido. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/15, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 191572, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Por otra parte, no pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso solicita se resuelva el presente juicio de amparo "teniendo siempre presente el principio pro persona"; sin embargo, no cumple con los requisitos mínimos para que se atienda el fondo de la solicitud de su aplicación, los cuales fueron establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.) y son los siguientes: Pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable. Señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende. Indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental. Precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles Ello es así, porque si bien el quejoso solicitó su aplicación, y pudiera advertirse que el derecho fundamental cuya maximización pretende es el de propiedad [requisitos identificados como a) y b)], no indicó la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; ni precisó los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles [requisitos c) y d)]. Al respecto es aplicable la citada 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007561, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. REQUISITOS MÍNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL FONDO DE LA SOLICITUD DE SU APLICACIÓN, O LA IMPUGNACIÓN DE SU OMISIÓN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Así, como deber, se entiende que dicho principio es aplicable de oficio, cuando el Juez o tribunal considere necesario acudir a este criterio interpretativo para resolver los casos puestos a su consideración, pero también es factible que el quejoso en un juicio de amparo se inconforme con su falta de aplicación, o bien, solicite al órgano jurisdiccional llevar a cabo tal ejercicio interpretativo, y esta petición, para ser atendida de fondo, requiere del cumplimiento de una carga mínima; por lo que, tomando en cuenta la regla de expresar con claridad lo pedido y la causa de pedir, así como los conceptos de violación que causa el acto reclamado, es necesario que la solicitud para aplicar el principio citado o la impugnación de no haberse realizado por la autoridad responsable, dirigida al tribunal de amparo, reúna los siguientes requisitos mínimos: a) pedir la aplicación del principio o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable; b) señalar cuál es el derecho humano o fundamental cuya maximización se pretende; c) indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental; y, d) precisar los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles. En ese sentido, con el primer requisito se evita toda duda o incertidumbre sobre lo que se pretende del tribunal; el segundo obedece al objeto del principio pro persona, pues para realizarlo debe conocerse cuál es el derecho humano que se busca maximizar, aunado a que, como el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad, es necesario que el quejoso indique cuál es la parte del parámetro de control de regularidad constitucional que está siendo afectada; finalmente, el tercero y el cuarto requisitos cumplen la función de esclarecer al tribunal cuál es la disyuntiva de elección entre dos o más normas o interpretaciones, y los motivos para estimar que la propuesta por el quejoso es de mayor protección al derecho fundamental. De ahí que con tales elementos, el órgano jurisdiccional de amparo podrá estar en condiciones de establecer si la aplicación del principio referido, propuesta por el quejoso, es viable o no en el caso particular del conocimiento". Aunado a lo anterior, como también ya lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la aplicación del principio pro homine o pro persona no implica deriva necesariamente que lo planteado por los gobernados sea resuelto favorablemente, ya que no puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Criterio que sustentó la mencionada Sala en la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), con registro digital 2004748, la cual es del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". En ese contexto, la parte quejosa no demostró que el acto reclamado transgreda los derechos fundamentales consignados en los artículos 1°, 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución al no haberse reclamado por vicios propios. Apoya lo expuesto la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 207616, de rubro y texto: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada". Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos y autoridades que precisadas quedaron en el considerando segundo de este fallo, por las razones expuestas en el diverso quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy nueve de marzo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito signado por ********************, asesora jurídica federal, en cuanto representante especial de las menores quejosas, mismo que fue dirigido de manera errónea al homólogo en cita. De lo anterior no se hace mayor pronunciamiento en virtud de que en proveído de veintiuno de febrero del año en curso se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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