Ignacio Mendoza Oropeza

Expediente 1304/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1304/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Ignacio Mendoza Oropeza
  • Carlos Escobedo Suarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de trece de enero del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 1304/2022, promovido por ********************y ******************** por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ********************y ******************** por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 6º, 14, 16, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo el expediente 1304/2022; en proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós [foja13] se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, por lo que se procede resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el lugar en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios señalados, los actos reclamados por la parte quejosa a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, consisten en: La omisión de cumplir con todas y cada una de las obligaciones que mandata la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, dentro de los términos previstos en la misma. La omisión de emitir los lineamientos u otras normas generales de observancia obligatoria, en cuanto intercambio electrónico de información entre las partes del procedimiento penal, en términos de los artículos 50, 51 y 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Fiscalía General del Estado [por conducto del Director de Amparos] señaló que no son ciertos los actos reclamados, sin embargo este Juzgado de Distrito desvirtúa dicha negativa, en tanto que dentro de sus atribuciones, se encuentra la de cumplir con todas las obligaciones que marca la Ley del Gobierno Digital del Estado de Michoacán de Ocampo. Lo anterior es así, toda vez que los actos reclamados en esta instancia constitucional son de carácter omisivos, por lo que su existencia o no, dependerá de que exista previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligado a realizar esas conductas, es decir, si se encuentra constreñida a cumplir con la Ley de Gobierno Digital del Estado, así como emitir lineamientos u otras normas generales de observancia obligatoria, en cuanto al intercambio electrónico de información entre las partes del procedimiento penal; esto es, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación de actuar en la forma que se le exige. Así tenemos que los preceptos cuarto, quinto, sexto y séptimo transitorios, de la Ley de Gobierno Digital del Estado, expresan lo siguiente: T R A N S I T O R I O S "Cuarto.- Para el ejercicio fiscal del año 2022, así como los sucesivos, o conforme a su disponibilidad presupuestaria vigente, cada órgano del Estado deberá de incluir o crear las partidas necesarias para la implementación de la Agenda de Gobierno Digital Estatal y las Agendas de Gobierno Digital de cada órgano del Estado, así como para crear o mejorar las unidades de Gobierno Digital de los mismos, para la aplicación de la presente Ley. Quinto.- En el año siguiente a la publicación de la presente Ley, los órganos del Estado, están obligados a establecer su Agenda Digital y su reglamentación interna en la materia. Sexto.- Todos los órganos del Estado tendrán un plazo a partir de la publicación de la presente ley de un año, para homologar la información, trámites y servicios que ofrezcan en sus sitios web institucionales y para contar con redes sociales oficiales únicas e institucionales. Séptimo.- Los órganos del Estado tendrán un plazo a partir de la publicación de la presente Ley de hasta ciento ochenta días hábiles para que toda su información institucional y de contacto, la que les obliga la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y todos sus trámites y servicios que ofrezcan sean accesibles para las personas con discapacidad visual y auditiva, así como también para que sus contenidos se expongan en las principales lenguas indígenas del Estado. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe. .. De lo anterior deriva la obligación de los Órganos del Estado, entre los que se encuentra evidentemente la Fiscalía del Estado de Michoacán, de incluir o crear las partidas necesarias para la implementación de la agenda de gobierno digital estatal; asimismo, establecer su agenda digital y su reglamentación interna en la materia; homologar la información, trámites y servicios que ofrezcan en sus sitios web institucionales y contar con redes sociales oficiales únicas e institucionales; y, finalmente que toda su información institucional y de contacto, trámites y servicios sean accesibles para las personas con discapacidad visual y auditiva, así como también para que sus contenidos se expongan en las principales lenguas indígenas del Estado. De ahí que, quien resuelve advierte, bajo el parámetro legal expuesto, esto es, a la luz de los artículos transitorios de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, que se contempla la obligación legal o jurídica de la autoridad responsable para actuar conforme los quejosos lo exigen, esto es, las obligaciones que mandata la ley en comento, dentro de los términos previstos en la misma; entonces, es evidente la existencia de los actos materia de estudio. Sustenta lo expuesto, en lo conducente, la tesis aislada 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Pag. 53, Novena Época, registro 196080, de texto: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así como la tesis 1a. XVII/2018 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1092, del Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2016418, que dice: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La Fiscalía General del Estado [por conducto del Director de Amparos] aduce, que en el asunto de que se trata, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que los peticionarios de amparo, no acreditaron su interés legítimo. Argumento que se estima fundado. En efecto, el dispositivo legal en cita, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Dichas figuras (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas. En el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Sobre el tema, el Pleno Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), se ha pronunciado en los términos siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." El contexto anterior evidencia la existencia de elementos constitutivos, tanto del interés jurídico como del interés legítimo, los cuales son concurrentes pues la ausencia de cualquiera de ellos hace que el juicio de amparo sea improcedente. En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. A su vez, para acreditar el interés legítimo el promovente del amparo deberá demostrar: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o bien que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En esa tesitura, para lograr que un juicio de amparo sea procedente, quien lo promueva necesariamente se encuentra obligado a acreditar que es titular de un derecho subjetivo y que éste haya sido violado como consecuencia del acto reclamado, o bien la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo, para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto de los actos como de la autoridad responsable. Ahora, en principio cabe precisar, que el análisis de los actos reclamados se realizará de manera conjunta, toda vez que las omisiones atinentes al Código Nacional de Procedimientos Penales, las hacen depender del cumplimiento de la Ley del Gobierno Digital del Estado de Michoacán. En efecto, los quejosos reclamaron de la Fiscalía General del Estado, lo siguiente: La omisión de cumplir con todas y cada una de las obligaciones que mandata la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, dentro de los términos previstos en la misma. La omisión de emitir los lineamientos u otras normas generales de observancia obligatoria, en cuanto intercambio electrónico de información entre las partes del procedimiento penal, en términos de los artículos 50, 51 y 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, del estudio íntegro de la demanda de amparo deriva, que los impetrantes del amparo hacen descansar la omisión de emitir la normatividad, para darle operatividad a lo previsto en los preceptos 50, 51 y 83 del Código Nacional en comento, en la falta de cumplimiento con las obligaciones impuestas en la Ley de Gobierno Digital del Estado -en los artículos transitorios- relativas a la emisión de lineamientos u otras normas generales que coadyuven al trámite y presentación ante la Fiscalía General del Estado. Lo que dicen, les impide presentar y dar seguimiento hasta su conclusión a denuncias penales mediante sistemas digitales, así como el envío de documentos por la vía digital, incluyendo escritos dirigidos a carpetas de investigación, así como la accesibilidad a las personas con discapacidad visual y auditiva y que su contenido se exponga en lenguas indígenas. Por ende ante la estrecha vinculación de los actos tildados de inconstitucionalidad es que el análisis de su procedencia se hará de manera unida. Establecido lo anterior, a efecto de que quien resuelve determine si en el caso debe analizarse el interés jurídico o legítimo, debe contestarse las siguientes cuestiones: ¿La ubicación de la parte quejosa para combatir la omisión en la implementación de la norma se realiza cómo terceros o cómo destinatarios? En el caso particular, se trata de terceros que resienten una afectación, bajo el argumento que tienen un interés derivado de la obligación que la norma le impone a la autoridad responsable para regular en un tiempo específico lo relativo a la agenda digital; ya que si bien la obligación establecida en las normas que alegan los quejosos se establece únicamente entre los órganos de los Estados a los que se le impone la obligación de implementar su agenda digital una reglamentación interna; lo cierto es que los amparistas aducen que la omisión en la implementación de esa obligación legal, incide en el ámbito de sus derechos o intereses legítimos. De ahí que la omisión en la implementación que alegan los amparistas no es directa, sino que deriva de un derecho objetivo, cuya afectación irradia en la esfera jurídica de los quejosos en un sentido amplio. Lo anterior, toda vez que no ha implementado y cumplido cabalmente ninguna de las obligaciones contenidas en la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán, no obstante que transcurrieron en exceso los plazos previstos en los artículos transitorios, que a la letra dicen: T R A N S I T O R I O S "Cuarto.- Para el ejercicio fiscal del año 2022, así como los sucesivos, o conforme a su disponibilidad presupuestaria vigente, cada órgano del Estado deberá de incluir o crear las partidas necesarias para la implementación de la Agenda de Gobierno Digital Estatal y las Agendas de Gobierno Digital de cada órgano del Estado, así como para crear o mejorar las unidades de Gobierno Digital de los mismos, para la aplicación de la presente Ley. Quinto.- En el año siguiente a la publicación de la presente Ley, los órganos del Estado, están obligados a establecer su Agenda Digital y su reglamentación interna en la materia. Sexto.- Todos los órganos del Estado tendrán un plazo a partir de la publicación de la presente ley de un año, para homologar la información, trámites y servicios que ofrezcan en sus sitios web institucionales y para contar con redes sociales oficiales únicas e institucionales. Séptimo.- Los órganos del Estado tendrán un plazo a partir de la publicación de la presente Ley de hasta ciento ochenta días hábiles para que toda su información institucional y de contacto, la que les obliga la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo y todos sus trámites y servicios que ofrezcan sean accesibles para las personas con discapacidad visual y auditiva, así como también para que sus contenidos se expongan en las principales lenguas indígenas del Estado. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique y observe. Conforme a lo expuesto, en el caso es claro que los peticionarios de amparo, resienten una "irradiación colateral de la norma" o "afectación colateral", en la medida que, si bien dichos artículos transitorios regulan una situación jurídica -término para incluir o crear las partidas necesarias para la implementación de la Agenda de Gobierno Digital Estatal y de cada órgano del Estado, asimismo para establecer su Agenda Digital y su reglamentación interna en la materia; para homologar la información, trámites y servicios que ofrezcan en sus sitios web institucionales y para contar con redes sociales oficiales únicas e institucionales; y, finalmente para que toda su información institucional y de contacto, todos sus trámites y servicios que ofrezcan sean accesibles para las personas con discapacidad visual y auditiva, así como también para que sus contenidos se expongan en las principales lenguas indígenas del Estado- que en el casos corresponden en exclusiva a cada Órgano del Estado de Michoacán, lo cierto es que los efectos de esa omisión irradia en los derechos de los quejosos, quienes se ostentan como usuarios y operadores del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. ¿Se está en presencia de un supuesto donde debe analizarse el interés jurídico o el legítimo? Atendiendo a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que si se comparece a combatir la omisión como tercero ajeno al contenido o relación jurídica contemplada por la norma, debe considerarse que se ejercita aduciendo la titularidad de un interés legítimo. Se invoca como criterio orientador a lo anterior, la tesis aislada 1a. CLXXXII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, Página 445, Décima Época, Registro 2009198, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA. Al momento de analizar si la parte quejosa acredita contar con interés legítimo para impugnar una norma, el juez de amparo debe precisar en primer lugar la ubicación jurídica desde la que se le combate: como destinatario o como tercero. Ello se logra mediante el análisis del ámbito personal de validez de la norma y de la posición del quejoso frente a ésta. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que mediante la introducción constitucional del concepto de interés legítimo, las personas pueden acudir a cuestionar la validez de normas desde la ubicación de terceros al contenido o relación jurídica por ella contemplada, en cuyo caso la respuesta a responder para tener por acreditado ese requisito es: ¿La puesta en operación de la norma impugnada genera al quejoso una afectación jurídicamente relevante? Las distintas hipótesis de actualización de esa afectación se describen en la tesis aislada 1a. CCLXXXII/2014 (10a.),¹ de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO.". Para describirlas, se han utilizado fórmulas como "irradiación colateral de la norma a los quejosos como terceros", o simplemente, "afectación colateral". Ahora bien, conviene precisar que la premisa básica de este estándar es el requisito de que la afectación colateral alegada debe presentar una relación causal con la norma impugnada que no puede ser hipotética, conjetural o abstracta. En otras palabras, debe tratarse de una afectación palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley, al grado de ser calificable como una verdadera creación de la obra del legislador. El principio de división de poderes que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer interés legítimo únicamente a la persona que acredite una afectación real en sentido cualitativo, pero también temporal, actual o inminente, nunca hipotético o conjetural." Lo resaltado es propio. ¿En el caso los quejosos acreditan su interés legítimo para exigir la revisión judicial de omisión que estima inconstitucional? NO, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencialmente que para que demostrar interés legítimo se requiere: Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Señaló también que la actualización de esos tres elementos constitutivos son concurrentes y que basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente, es decir, para que no se actualice la demostración del interés legítimo. Tales acotaciones quedaron establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materia Común, Página 1598, Décima Época, Registro 2019456, que dice "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En el asunto que se estudia, la suscrita juzgadora estima que la parte quejosa carece de interés legítimo para reclamar la omisión en la implementación de los medios electrónicos que contempla la Ley de Gobierno Digital del estado de Michoacán, en la medida que no demostró que el acto reclamado transgreda ese interés legítimo, de manera individual y mucho menos colectivo como lo aduce en diversas porciones de la demanda. En efecto, se exige indefectiblemente la afectación a la esfera jurídica entendida en el sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico, atendiendo a que, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció los rasgos definitorios del interés legítimo de la siguiente manera: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) El quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. De esa ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 60, Décima Época, Registro 2007921, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Así, en el asunto que se estudia se afirma que los quejosos no acreditaron en esta instancia de amparo, su interés legítimo para exigir el cumplimiento de las obligaciones que imponen los artículos transitorios de la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán de Ocampo, dado que no demostraron el vínculo que tienen con la afectación aducida. En efecto, de acuerdo a lo asentado en los párrafos que preceden, aunque por principio es cierto que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, lo cierto es que se exige que quien pretende el análisis del acto, demuestre el vínculo que tiene con la afectación y que pueda apreciarse bajo un parámetro de razonabilidad, y no como una simple posibilidad, ante lo cual ante una eventual sentencia de amparo, implique la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que se llegase a pronunciar. De esta forma, los accionantes del amparo tenían la obligación de acreditar ser usuarios de los servicios de la Fiscalía General; esto, porque la parte dispositiva cuya omisión se alega regula la conducta de dos tipos de actores; por un lado, los órganos del Estado de Michoacán a quienes les impone una obligación para implementar una agenda digital, su reglamentación interna etcétera; y por otro, quienes son usuarios de los sitios web institucionales, redes oficiales únicas e institucionales, además de las personas con discapacidad visual y auditiva e indígenas del Estado. Ahora, atento a la complejidad para definir quiénes se beneficiarían en torno a la implementación de los servicios electrónicos a que se refieren los quejosos, cabe precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha adoptado diversos criterios para identificar el vínculo existente entre quien ostenta un interés legítimo con la afectación reclamada. En efecto, la citada Sala al resolver el amparo en revisión 152/2013, acogió el criterio de "relación de proximidad" para determinar si una persona tiene interés legítimo para impugnar una ley de la que no es destinatario. En dicho caso, señaló que para probar si existía interés legítimo para impugnar una norma por razón de su afectación por estigmatización, se configuraba cuando el destinatario del mensaje, quien lo combatía por estimar que lo estigmatizaba, guardaba una proximidad geográfica con el lugar a que está llamado proyectarse dicho mensaje y, donde, por tanto, sería aplicada la parte dispositiva de la norma, pues, como todo mensaje, pretendía proyectarse para un cierto ámbito de interlocutores. Por ello precisó como requisito, -entre otros- que el quejoso debía acreditar que guardaba una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se esperaba la proyección del mensaje. Así, tuvo por demostrado dicho aspecto por parte de los quejosos, atendiendo a que se ubicaban dentro del perímetro de proyección del mensaje negativo que acusaban ser discriminatorio. De igual forma, la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 54/2021, consideró que el "entorno adyacente" de un ecosistema, entendido como su área de influencia delimitada a partir de los servicios ambientales que presta, podía ser utilizado como criterio para verificar el interés legítimo en los juicios de amparo ambientales. Al respecto, estimó que en esos casos se podía acreditar dicho interés con la existencia del vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y de los servicios que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que surgía, por ejemplo, cuando la parte quejosa demostraba habitar o utilizar su "entorno adyacente". Lo que estimó ocurría en el caso que analizó, atento a que la parte quejosa demostró con diversos medios de convicción habitar en la zona de influencia del Sistema Arrecifal Veracruzano. Esto es, en ambos asuntos, la Primera Sala tomó en consideración el vínculo del acto tildado de inconstitucional en relación con su aplicación física o geográfica en que se encontraban los quejosos. Ahora, en la especie, quien resuelve estima, que los impetrantes del amparo no tienen que demostrar que habitan en el Estado de Michoacán, ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción la Fiscalía General señalada como responsable; dado que puede ser que residan en una entidad federativa diversa, pero hagan uso de los servicios que otorga aquélla. Sin embargo, este Órgano Constitucional considera que el criterio para determinar la existencia del vínculo entre quienes alegan ser titulares del derecho y los servicios que otorga la responsable; como operadora del sistema de justicia penal, acusatorio y oral, se configura cuando la parte quejosa demuestra utilizar los servicios de las dependencias de la Fiscalía del Estado, en el ámbito territorial en donde ejerce jurisdicción. Dicho ello, en el caso sujeto a regularidad constitucional, debe decirse que los quejosos no reunieron los elementos necesarios para tener por acreditado su interés legítimo, dado que no lograron demostrar el vínculo que guardan como usuarios de los servicios de la Fiscalía General, y por ende la afectación que les ocasiona la falta de implementación de las obligaciones contenidas en la Ley de Gobierno Digital del Estado de Michoacán. Se dice de este modo, toda vez que en el escrito inicial de demanda únicamente se limitaron a aducir "bajo protesta" que son "usuarios de los servicios e instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Michoacán"; empero no aportaron ningún medio de convicción que lo ponga de manifiesto. La anterior decisión se adopta, porque el interés con el que se ostenta la parte quejosa no debe inferirse, sino debe ser actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en su favor derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio. Sin que impida estimar lo anterior, el hecho de que hubiesen realizado tal manifestación "bajo protesta", toda vez que no se encuentran en algún supuesto subjetivo en el que sea suficiente una autoadscripción y/o manifestación de pertenencia a un grupo o colectivo social específico, como sucedió en el amparo en revisión 152/2013, en el que se analizó una norma que impedía el matrimonio igualitario y contenía un mensaje estigmatizador. En este asunto los promoventes manifestaron su pertenencia a un colectivo LGTBTQ+ y al tratarse de un aspecto de identidad y pertenencia que se realiza desde el fuero interno y subjetivo del sujeto, basta dicha manifestación. Por ende, se insiste, en el caso debieron acreditar que realmente son usuarios. En apoyo a lo anterior, es de citar la Jurisprudencia Tesis: 1a./J. 38/2016 (10a.), consultable en el Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 690, de la Décima Época, Materias(s): Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2012364, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En conclusión, atendiendo a que al inicio del estudio de este apartado, se indicó que para demostrar el interés legítimo que permite impugnar las normas o en su caso las omisiones legislativas, se requiere la actualización de los tres elementos constitutivos, dado que los mismos son concurrentes y que basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente, y atendiendo además a que la parte quejosa no acreditó la existencia de un vínculo con la afectación aducida; con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes se opusieron a la publicación de sus datos personales; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, omítase incluir datos generales y personales de los quejosos, en las listas de este juzgado, así como en el sistema electrónico de publicación; tómese las medidas pertinente para tal efecto. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por los motivos expuestos en los considerando tercero y quinto de esta resolución, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************y ********************, contra la autoridad responsable y por los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", hasta hoy trece de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistida de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del dos de enero de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1304/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta a la Encargada del Despacho con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La encargada del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y hace constar que las demás partes no las ofrecieron. Al respecto, la encargada del despacho acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas y por precluído el derecho de las demás partes para exhibirlas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. La encargada del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la encargada del despacho para dictar sentencia.Licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos. Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de diciembre de dos mil veintidós, en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/6910/2022 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA".

  4. Incidental

    Morelia, Michoacán, quince de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese en autos el informe previo que rinde el Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Sin que haya lugar a proveer al respecto toda vez que el ocho del mes y año en curso, se llevó a cabo la audiencia incidental. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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